El COVID-19 somete a nuestras sociedades a grandes niveles de presión, los cuales no son homogéneos porque su impacto se agudiza en los países que cuentan con infraestructuras precarias y en las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad. De este modo, una lectura desde la óptica de los Derechos Humanos nos lleva a observar que el único problema no es el COVID (la posibilidad de contagiarse, enfermarse o fallecer) sino el gran reto de continuar atendiendo las necesidades de la población.

Esas necesidades jurídicamente son derechos humanos, casi todos del conjunto representado por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que se deben garantizar porque el reto es asegurarse que la población trabaje, coma, se eduque y tenga acceso a la salud, aunque el mundo se encuentre detenido. Para lograrlo, nosotros no podemos pensar el mundo en términos liberales que piensa en un sujeto abstracto, que se encuentra empoderado, que tiene un buen nivel de salud, de educación o de ingresos.

Debemos mirar el mundo en su diversidad y complejidad. Pensando primero en los grupos que se encuentran en una situación especialmente vulnerables para darles las herramientas que requieren para sobrevivir dignamente, con tranquilidad y sus derechos esta situación. Uno de esos grupos es el de las mujeres.

Para decirlo, tomamos en cuenta algunos elementos: el primero, es la incidencia de la violencia doméstica que según la ONU afecta al 35% de los hogares en el mundo. El segundo, la feminización de la pobreza que significa que la mayor parte de las familias pobres se caracterizan por la ausencia del padre y porque las mujeres tienen condiciones labórales más precarias. Así como que las personas sanas que requieren mayormente atención permanente son las mujeres embarazadas, lactantes o que tienen a su cargo el control de niños y niñas de corta edad.

De igual forma, los esquemas de emergencia que se adoptan significan una presión familiar centrada en las mujeres que, de ordinario. acumulan la atención del hogar y el cuidado de los niños y que ahora deben hacer frente a la carga educativa de sus hijos que venían delegando en las escuelas. Esta tarea es particularmente álgida para madres que tienen a su cargo varios niños y/o personas mayores, que tienen bajo grado de instrucción y que continúan trabajando ya sea de manera virtual o porque pertenecen a los sectores exceptuados de la cuarentena.

De este modo, nosotros evidenciamos que no podremos adecuar el marco jurídico a la pandemia de una manera conforme a los derechos humanos sino incorporamos una perspectiva de género que busque una repartición equilibrada de las cargas, así como que declare en emergencia los servicios públicos y privados de atención a las víctimas de violencia de género.

Nosotros, en específico, desde Venezuela debemos además considerar que esta situación ocurre en el 2020 un año que se viene caracterizando por su inusual tasa de femicidios que demuestra una debilidad en las respuestas estatales a la violencia de género, así como la existencia de condiciones sociales que favorecen la comisión de estos delitos.

Partiendo desde estas consideraciones y tomando en cuenta que la respuesta del gobierno de Venezuela a la pandemia tiene como principales fortalezas la existencia de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) como un mecanismo universal, permanente y directo para el acceso a los alimentos desde el hogar; y, el uso del Carnet de la Patria como un sistema de una base de datos que se actualiza periódicamente y permite coordinar las políticas de respuesta sanitaria, visitas médicas a domicilio, etc., parece que podríamos hacer mucho más para garantizar en este contexto los derechos de las mujeres.

Por ejemplo, asegurar a través de los CLAP el acceso de las mujeres a productos de higiene menstrual, así como a los insumos, alimentos y suplementos que requieren las mujeres embarazadas y aquellas que tienen niños lactantes. Así como a alternativas de contracepción que eviten embarazos no deseados y no controlados en medio de esta situación, complementos cuya necesidad pueden verificarse a través de las encuestas que se han venido incorporando a través del Carnet de la Patria y de los censos que localmente pueden realizar las estructuras organizativas que existen,

Otro aspecto fundamental es incluir dentro de estas encuestas mecanismos rápidos, sencillos y discretos para denunciar violencia de género que puedan activar los mecanismos del Estado. De modo que, una mujer que se encuentre confinada con un agresor pueda denunciarlo de manera personal, inmediata, discreta y segura, sin depender de un tercero o de salir del hogar, cosas que se encuentran muy limitadas en la situación actual.

Así las cosas, queremos observar que la eficiente respuesta gubernamental que se ha dado en Venezuela puede mejorar al incorporar miradas que atiendan a las situaciones previas o concurrentes de vulnerabilidad de la población, de modo a otorgar una respuesta integral, oportuna y suficiente, que entienda que los problemas que genera el COVID-19 no se limitan a los daños que el mismo genera, sino que incluye muchas otras aristas de situaciones que se agravan al darse el confinamiento.

https://anicrisbracho.wordpress.com/2020/04/14/perspectiva-de-genero-ante-el-covid-en-venezuela/