Tercera parte

Como el lector se habrá dado cuenta, en mis dos primeros artículos, solo muestro una pequeña parte de las criminales acciones de carácter político, económico, social y militar ejecutadas en estos 75 años por el hegemónico poder de la oligarquía liberal-conservadora, sufridas por el humilde pueblo colombiano.

Esos despreciables hechos, recogidos en apretado resumen, pero de trascendencia histórica nacional e internacional, los concluyo con esta tercera y última parte, para demostrar la falsa idea de que en Colombia reina la “democracia más antigua de América Latina y el país de las Leyes”.

Lejos de esa versión, en Colombia realmente reina un poder espurio, fraudulento, a pesar de que hace muchos años se ha denunciado la venta de voto, la corrupción administrativa y la inexistencia de la independencia de poderes, esa política corrupta en Colombia continúa y es conocida como el “manzanillerismo” o “clientelismo”, ejercido por los políticos de los partidos tradicionales colombianos. ¿Y la Justicia dónde está?

Gran escándalo se ha producido en Colombia, por la fuga y pedido de asilo político al gobierno bolivariano de Venezuela, de la exsenadora conservadora Aida Merlano, quien cumplía 15 años de prisión por compra de votos en las elecciones pasadas, donde fue elegido presidente Iván Duque Márquez.

La caja de pandora abierta por la senadora, luego de su presentación y declaraciones ante un tribunal venezolano, rematado con una extensa entrevista a la periodista colombiana Vicky Dávila, revela graves hechos de corrupción política y detalles del funcionamiento de una mafia de políticos costeños, que involucra a la prestante y reconocida familia Gerlein y Char, en la compra de votos, no solo en la Costa atlántica, sino en otros muchos lugares del país, que le dio el triunfo al hoy presidente Duque, y mantiene en vilo a una oligarquía liberal-conservadora que ha detentado el poder en Colombia prácticamente desde 1832.

Es importante señalar que nunca antes se había logrado una testigo tan importante como la ofrecida por la ex senadora Aida Merlano conservadora y uribista convertida en el chivo expiatorio, que pusiera al desnudo la existencia de una mafia política de la que ella formó parte y que ha denunciado públicamente.

Sus declaraciones son aún más graves y serias, pues involucra al candidato a ocupar la presidencia del Congreso, el senador Arturo Char y a la familia Gerlein, específicamente a don Julio Gerlein, de secuestro, con intenciones de asesinarla, acción de la cual sería cómplice el propio presidente Duque. Estas gravísimas declaraciones han conmocionado no solo a Colombia, sino también al movimiento social y político latinoamericano. La incógnita es cómo se manejará el establecimiento para esconder estas muy graves denuncias.

Ella llegó a revelar hechos de corrupción de empresarios colombianos con la empresa brasileña Odebrecht, que involucra al magnate colombiano Luis Carlos Sarmiento Angulo, al ex presidente Juan Manuel Santos Calderón y al también ex fiscal Néstor Humberto Martínez Neira. Ella posee valiosas y delicadas informaciones, pues no debe olvidarse que llevó muchos años una relación sentimental con Julio Gerlein.

El caso de Aida Merlano se ha convertido en un complejo problema para el presidente Duque y su gobierno, pues, de verificarse de que la compra de votos favoreció el triunfo presidencial de Duque, su mandato sería fraudulento e ilegal, como ya señalan muchas y reconocidas voces políticas, incluidas la del senador Gustavo Petro. Ahora sí que la Justicia no puede pasar de agache. Este es un asunto muy grave.

El establecimiento colombiano está maniobrando con su gran aparato de medios informativos, y, para bajar el volumen de lo revelado, trata de politizar el tema con la especulación de que es una conspiración del presidente Maduro y de la Merlano contra Colombia en la figura del presidente Duque. Una fórmula maniquea para exacerbar el ambiente patriótico y anti-venezolano, que desde hace muchos año han esgrimido los santanderistas contra la patria de Bolívar.

Ese manejo les sirvió, cuando el presidente Uribe, para ganar el plebiscito del 2 de octubre del 2016, en contra de las negociaciones de paz, lanzó la idea y la ola de rumores por las redes sociales, de que, si ganaba el SI, la guerrilla de las FARC-EP y Timochenko ocuparían la Casa de Nariño, que esas negociaciones las manejaba el “castro-chavismo” y sería la fórmula de que Colombia se convirtiera en otra Venezuela. Ha sido un hecho triste e inusual en la historia de la humanidad, que una importante parte de la población, obnubilada y creída por la propaganda uribista, votara a favor de la guerra.

Lo que ha resultado significativo ha sido la noticia de la rueda de prensa, en la que el Fiscal de la Republica y un Magistrado de la Corte Suprema, alegando razones de seguridad, señalan que ningún funcionario de la Fiscalía o de la Corte viajará a Venezuela a entrevistar a la senadora Aida Merlano. Proponen hacerlo mediante video conferencia.

Esta decisión del poder judicial colombiano es incompresible y sin ningún fundamento, como se puede pensar que una comisión oficial del sistema de Justicia colombiano no tenga plenas garantías en realizar su trabajo en Venezuela. Evidentemente es una decisión política del gobierno de Duque para desconocer al gobierno de Maduro, esta conducta confirma la inexistencia de independencia de poderes en Colombia y niega que es un país de leyes.

Unas acusaciones como las que ha declarado públicamente la denunciante e imagino que otras, que debe tener reservadas para entregarla a la justicia colombiana, se convierten en una razón de Estado, y nada es más importante que conocer personalmente y de primera mano lo que conoce ella de las mafias, las compras de votos y los hechos de corrupción en altos niveles de su país. Es evidente que están evadiendo el caso de la Merlano y tratando de bajar los decibeles. La Merlano no debe aceptar una video conferencia, todos esos medios, pueden ser totalmente manipulados.

Una prueba que confirma las denuncias de Aida Merlano, es el hecho de que el Fiscal de la República abre una investigación al presidente Duque, por la investigación periodística que Gonzalo Guillen publica en La Nueva Prensa, el pasado 3 de marzo, basadas en escuchas telefónicas en poder de la Fiscalía de la República, que involucran al presidente Duque y al senador Álvaro Uribe Vélez en la compra de votos.

La Nueva Prensa da cuenta de conversaciones telefónicas sostenidas por José Guillermo Hernández Aponte, conocido por “Ñeñe”, con una persona no identificada, y están en manos del Fiscal de la República.

Según este medio, esas conversaciones fueron captadas cuando se investigaba a Hernández Aponte por su supuesta participación en un asesinato en Barraquilla en el año 2018, cuando el actual presidente Duque estaba en plena carrera electoral y en esa grabación se precisa que Ñeñe Hernández, se consideraba el centro en la compra de votos para la campaña de Duque y decía que habría contado, para esas actividades con mil millones de pesos. Guillen afirma en su investigación, que en esas acciones de compra de votos, se involucra al presidente Duque y al ex presidente Álvaro Uribe, mencionándolos como las personas que indicaron realizar dichas acciones.

José Guillermo “Ñeñe” Hernández Aponte, investigado por sus relaciones con el narcotráfico, fue asesinado en mayo de 2019 en Brasil, en circunstancias poco claras. En vida mantuvo vínculos tanto con Duque como con Uribe, aunque este último lo niega.

Pero las relaciones de Duque con Ñeñe Hernández, al parecer, eran especiales, porque el actual ocupante de la Casa de Nariño, invitó a Ñeñe a su toma de posición a la presidencia el 7 de agosto y se le asignó un lugar de mayor privilegio que a los magistrados de las altas cortes.

Tras las declaraciones que ofreció Merlano a la revista Semana, en las que aseguró que personajes de la política colombiana como Julio Gerlein y Faisal Cure "donaron" 3 mil millones de pesos, cada uno, a la campaña del actual presidente, Guillén incluyó un nuevo nombre en esta lista: el de Álvaro Uribe. De acuerdo con el comunicador, Uribe habría sido la cabeza en un plan que pretendía comprar votos para Iván Duque en departamentos como La Guajira y Valledupar.

Como se puede apreciar a lo largo de estos breves y resumidos artículos he querido llevarle a mis queridos lectores, solo una idea de porque en Colombia no existe un verdadero sistema democrático, más bien autocrático, es un sueño pensar en la existencia de una división de poderes, resulta evidente que existe una subordinación de los poderes, a una filosofía política, que impone el sistema de dominación neoliberal.

El Poder Judicial no goza de prestigio en Colombia y no goza de independencia, no lo digo yo, sino un importante y prestigioso catedrático y ex decano de la Facultad de Derecho de Universidad de Rosario, me refiero al Dr. Juan Manuel Charry Urueña, quien ha dicho y cito: “Es claro que la imagen de la administración de justicia se ha deteriorado dramáticamente y que su desprestigio ha llegado a superar el del Congreso, lo cual contrasta con el supuesto “gobierno de los jueces”, que no es más que la judicialización de las decisiones políticas y fiscales.” Y añadió, “han sido muchos los escándalos que ayudan a este desprestigio: el carrusel de las pensiones, el turismo judicial, los choques de trenes, las descalificaciones hechas por magistrados salientes, el clientelismo y la politización”.

Hay que tener en cuenta que mucho se ha escrito sobre lo que se ha dado en llamar el “cartel de la toga”.

Saquen ustedes sus propias conclusiones.

La Habana, Cuba, 6 de marzo de 2020

Tony López R.

Periodista, politólogo y analista internacional