El país sin norte, sin rumbo

Las élites económicas y políticas, en los últimos años, no llegaron a presentar un proyecto nacional, una agenda nacional, con una visión y misión del país que se pretendería alcanzar a largo plazo, incluyendo objetivos y estratégicas políticas, programas y proyectos viables. Se han limitado a sus propias reivindicaciones sectoriales y gremiales.

Las élites, a través de los diversos órganos del Estado, consiguieron mantener los subsidios a los combustibles, exoneraciones de impuestos a nuevas inversiones, cinco remisiones tributarias, esto es, condonación de intereses, multas y recargos por las deudas que tenían con el Servicio de Rentas Internas (SRI). Y últimamente presionan por la eliminación del impuesto a la salida de capitales, flexibilización laboral, concesiones de las empresas más grandes y rentables del Estado, y tratan de convertir al país en un paraíso fiscal para los grupos económicos y empresas multinacionales.

A pesar de las 18 cartas de intención que suscribió Ecuador con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyos efectos económicos y sociales fueron negativos y la reciente experiencia desastrosa del plan de rescate financiero por USD 57.000 millones con Argentina, los representantes de los gremios empresariales, que ocupan las carteras más importantes en el “gobierno de todos”, promovieron para que Ecuador suscriba una nueva carta de intención a fin de obtener un préstamo de USD 4.200 millones.

En el marco de la carta de intención el Gobierno nacional se planteaba como objetivos: reforzar el sistema de dolarización, incrementar los niveles de vida de los ciudadanos más vulnerables, fortalecer la competitividad y la creación de empleo, así como asegurar que el gobierno rinda cuentas a la población que sirve.

El Gobierno nacional se comprometía con el organismo multilateral, en un plazo corto, reducir la deuda por debajo de la meta referencial del 40% del PIB y bajar el déficit primario no petrolero del sector público no financiero en un 5% del PIB en los próximos tres años. Para alcanzar esta meta se estableció la contracción de la masa salarial del sector público, la optimización del subsidio a los combustibles, la reforma del sistema tributario y una reducción del gasto público de capital y de bienes y servicios.

El Ejecutivo se comprometía, en 2019, continuar con la optimización del subsidio a los combustibles mediante la normalización de los precios al diésel de uso industrial, mejorar los términos y las condiciones en la contratación pública de bienes y servicios; actualizar las tarifas por servicio al ciudadano de entidades públicas para que refleje con mayor exactitud los costos; y monetizar activos que permanecerán bajo propiedad pública pero cuyos derechos de concesión serán otorgados a socios privados.

Acelerado endeudamiento público

El “gobierno de todos” ha continuado con la dinámica contratación de deuda publica cuyo servició de amortización e intereses crece exponencialmente. En marzo de 2017, la deuda pública era de USD 43.106 millones, equivalente al 41,3% del PIB, y al mes de agosto de 2019, con la nueva metodología para su cálculo, asciende a USD 55.729 millones, que representa cerca del 50% del PIB, por encima del techo establecido en la Constitución de la República (ME y F, 2019).

En el Boletín de deuda pública con metodología actualizada del Ministerio de Economía y Finanzas, 7 de junio de 2019, se informa:

“Es importante señalar que el Señor Presidente de la República mencionó días atrás que las obligaciones que el Estado ecuatoriano mantiene con diversos actores alcanza los USD 75.000 millones. Esta cifra contempla, además de la deuda pública, fondos de terceros, obligaciones por convenios de cooperación, provisiones a la seguridad, entre otros pasivos del Sector Público No Financiero”.

Únicamente el servicio de la deuda pública externa, que incluye el pago de amortización e intereses, a fines de 2016 se destinó USD 3.038 millones, que representa el 3% del PIB, y en 2019 (hasta agosto) se desembolsó USD 5.249 millones, equivalente a 4,8% del PIB. Se prevé que hasta diciembre podría llegar el 7% del PIB (Ver cuadro Nº 1).

Al incluirse el servicio de la deuda interna que tiene el Ejecutivo con las instituciones públicas -IESS, BEDE, Petroamazonas, bonos emitidos en el mercado nacional, incentivos por jubilación- más de USD 14 mil millones, se estima que el servicio de la deuda pública supera el 10% del PIB, lo cual es insostenible a mediano plazo por el acelerado ritmo de crecimiento.

El 24 de septiembre de 2019, el Ejecutivo realizó una nueva emisión de bonos colocados en los mercados financieros internacionales por un monto de USD 2.000 millones, de los cuales USD 600 millones fueron a tasas de interés de 7,8% y USD 1.400 millones a tasas de 9,5%. Se sigue contratando deuda no para realizar inversiones en obras de infraestructura que demandan mano de obra, tanto calificada como no calificada, sino para pagar deuda, no salimos del perverso círculo vicioso.

La incesante salida de capitales

Entre 2014 y 2019 (hasta julio), el déficit de la balanza comercial no petrolera, básicamente del sector privado, asciende a USD 25.344 millones. En cambio, la balanza comercial petrolera, fundamentalmente del sector público, registra un superávit comercial de USD 23.539 millones, es decir, las empresas públicas petroleras con sus ingresos compensan el déficit comercial del sector privado (Ver cuadro Nº. 2).

A pesar de los sucesivos gobiernos que se han comprometido a fortalecer la dolarización, en el periodo comprendido entre 2010 y 2018, la transferencia neta de recursos, que es el resultado del total de ingresos netos de capitales menos los pagos netos de utilidades e intereses fueron de -USD 9.851 millones, únicamente en el año 2013 se registró un saldo positivo de USD1.450 millones, lo que significa una incesante salida de capitales del país (CEPAL, 2019).

El flujo de las remesas de los migrantes ecuatorianos que trabajan en el exterior ha sido un elemento importante para el sostenimiento del sistema de la dolarización. En el primer semestre de 2019, los migrantes enviaron por concepto de remesas USD 1.546 millones que comparado con el primer semestre de 2018 registró una contracción de 0,2%. Las principales ciudades beneficiarias de las remesas fueron Guayaquil USD 338 millones, Quito USD 254 millones y Cuenca USD 245 millones (BCE, 2019).

Sin embargo, con la llegada masiva de migrantes de diversos países a Ecuador, sin ningún control, que realizan actividades de servicios, comercio, hoteles, restaurantes y actividades informales, las remesas enviadas por los trabajadores desde Ecuador al exterior empiezan a crecer significativamente.

El flujo de remesas enviadas al resto del mundo en el primer semestre de 2019 ascendió a USD 317 millones que representa un crecimiento de 85,6% con respecto al primer semestre de 2018. Los principales países beneficiarios de las remesas desde Ecuador son Colombia USD 221 millones, Perú USD 28 millones, China USD 9,7 millones, entre otros (Ibidem).

Pobre desempeño de la economía

En el Anexo 1 titulado Memorando de políticas económicas y financieras de la carta de intención se dice lo siguiente: “Tenemos el firme compromiso… de dejar a las siguientes generaciones una economía correctamente administrada, más equitativa, eficiente y competitiva.”

En el ranking del PIB per cápita de los doce países de Suramérica, en 2019, en el primer lugar se ubica Uruguay con un PIB per cápita de USD 17.870, seguido de Chile USD 16.280, Brasil USD 9.160, Argentina USD 9.050. Ecuador se ubica en la octava posición con un PIB per cápita de USD 6.280 por debajo de Perú (USD 7.360) y Colombia (USD 7.050), que en años anteriores estaban en peores condiciones económicas que en el país.

Desde el año 2015 hasta fines de 2019, la economía nacional está prácticamente estancada. Si a este estancamiento de la producción se relaciona con la población y en valores constantes, el PIB per cápita, que es un indicador referencial del nivel de vida de la población, registra tasas negativas de crecimiento: en 2015 (-1,4%), 2016 (-2,7%), 2018 (-0,1%) y seguramente se reedite en 2019 (BCE, 2019).

En el marco de la carta de intención el “gobierno de todos” redujo drásticamente las inversiones públicas orientado a bajar el déficit fiscal que ha sido un factor determinante en la contracción de la economía. La formación bruta de capital descendió de USD 10.293 en 2016 a USD 6.456 millones en 2018 y para fines de 2019 se estima que no llegará a los USD 4.000 millones (Ibidem). En el último año, el FMI estima una tasa negativa de crecimiento de la economía de 0,5%, esto es, el país entrará en una nueva recesión.

Decenas de proyectos como centrales hidroeléctricas, escuelas, hospitales, centros de salud, viviendas, complejos deportivos, parques, se encuentran paralizados por falta de recursos. Sin embargo, paradójicamente desde Carondelet se sigue ofertando proyectos como el “tren playero”, la organización del mundial de futbol en el año 2030 juntamente con otros países.

Crece dramáticamente la informalidad y la pobreza

Si la economía no crece, se mantiene estancada, la consecuencia lógica es el deterioro de las condiciones sociales en el país. El subempleo y otras formas de empleo, considerado como aquellos segmentos de la población cuyos ingresos son inferiores al salario mínimo, crece sustancialmente en los últimos años.

El empleado adecuado, segmento de la población que percibe ingresos iguales o mayores al salario mínimo, cae de 3,4 millones de personas en junio de 2016 a 3,1 millones al mismo mes de 2019. Por el contrario, en el mismo periodo, el subempleo aumenta de 1,3 millones a 1,7 millones, es decir, 300 mil personas migraron del empleo adecuado al subempleo (INEC, 2019).

Los niveles de pobreza y extrema pobreza registran un sistemático crecimiento como consecuencia de las políticas económicas liberales y la masiva migración de venezolanos. A junio de 2019, se considera a una persona pobre por ingresos si percibe un ingreso familiar per cápita menor a USD 85 mensuales.

A nivel nacional, la pobreza aumentó de 22,9% a fines de 2016 a 25,5% a junio de 2019. En este último año, la pobreza urbana fue de 16,8% y la rural de 43,8%. Las ciudades de Quito y Machala registraron los mayores porcentajes de pobreza 11,9%, seguido de Guayaquil 8,4%, Ambato 6,8% (INEC, 2019).

En el periodo 2016 y 2019 (a junio), la pobreza extrema, se considera cuando una persona percibe un ingreso familiar per cápita menor a USD 48 mensuales, sube de 8,7 a 9,5%. En el último año, a nivel urbano la pobreza extrema fue de 5,6% y la rural 17,9% (Ibidem).

En el Patrimonio Cultural de la Humanidad se evidencia el crecimiento del desempleo, subempleo, pobreza y extrema pobreza. En sus calles, avenidas, plazas, hombres y mujeres con niños en sus brazos pidiendo una ayuda económica, discapacitados esperando que algún transeúnte les de alguna moneda, personas con cocinetas y tanques de gas que preparan y venden alimentos en condiciones precarias, vendedores ambulantes con canastos vendiendo papas, choclos, habas en las principales avenidas, a ellos se suman limpia parabrisas, malabaristas, generando una imagen nada atractiva para el turismo que paradójicamente se pretende fomentar.

Las medidas económicas sin consenso

Como parte del acuerdo con el FMI, el Ejecutivo, el 1 de octubre de 2019, sin intentar de alcanzar un consenso mínimo con los sectores sociales, sorpresivamente resolvió eliminar los subsidios a la gasolina extra y diésel, medida que generarían ingresos al fisco por USD 1.400 millones. El precio referencial se establecía a nivel internacional, en función del comportamiento del marcador de crudo WTI, con lo cual la venta al público por galón quedaba en 2,30 y USD 2,27, respectivamente.

La gasolina extra y el diésel son utilizados por diversos sectores de la economía -agrícola, pesca, industria, transporte de carga y pasajeros-, por lo que los incrementos de costos, empresarios y transportistas iban a transferir a los consumidores, lo que a su vez habrían generado alzas generalizadas de los precios de los bienes y servicios.

Adicionalmente, el “gobierno de todos” envió un conjunto de reformas tributarias y laborales con carácter económico urgente a la Asamblea Nacional, entre ellas la eliminación del anticipo en impuesto a la renta, reducción del impuesto a la salida de capitales (2,5%), las vacaciones de empleados públicos bajan de 30 a 15 días, se pagará 20% menos en remuneración en los contratos que se renueven, los trabajadores de las empresas públicas aportarán con un día de sueldo, entre otras. Por un lado, se establecían incentivos a los sectores empresariales y, por otro, el peso de las medidas recaía fundamentalmente en empleados, trabajadores y en general en los sectores de menores ingresos de la población.

Al siguiente día de las medidas decretadas por el Ejecutivo, empezaron las movilizaciones de las organizaciones indígenas lideradas por la CONAIE, Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Federación de Afiliados al Seguro Social Campesino y los gremios de los transportistas. La Federación de Transportistas del Ecuador resolvió la paralizaron de sus actividades a nivel urbano y rural, tanto el transporte de carga como el de pasajeros. Los gremios de los taxistas bloquearon calles y avenidas en las principales ciudades para evitar la circulación de vehículos particulares.

En las capitales provinciales, las organizaciones indígenas y sociales realizaron concentraciones, marchas y se tomaron varias instituciones públicas como gobernaciones exigiendo la derogatoria del decreto 883. El bloqueo de vías no permitía la movilización de pasajeros y el abastecimiento de alimentos a las ciudades, así como los productos destinados a las exportaciones, flores, brócoli, entre otros.

A medida que pasaban los días, las movilizaciones y protestas de las organizaciones sociales se fueron intensificando y radicalizando. En la región oriental, grupos de manifestantes se tomaron campos petroleros, con lo cual suspendieron temporalmente la producción. El movimiento indígena se hallaba dividido entre quienes exigían la derogatoria de las medidas económicas y aquellos sectores que además querían la renuncia del presidente Moreno, vinculados al movimiento de la Revolución Ciudadana.

Las organizaciones indígenas realizaron marchas a la capital de la República exigiendo la cesación de las medidas económicas, focalizaron sus protestas en Asamblea Nacional y en el Palacio de Carondelet. Los manifestantes llegaron a ingresar a la planta baja del Palacio legislativo, pero fueron desalojados por las fuerzas de seguridad.

Igualmente, intentaron llegar al Palacio de Carondelet, pero por mutuo acuerdo con funcionarios del Ejecutivo, la marcha indígena se realizó por las calles aledañas. No obstante, grupos radicales pretendían reeditar las caídas de los gobiernos de Mahuad, Bucaram y Gutiérrez, y en sus intentos causaron grandes daños en centro histórico del Patrimonio Cultural de la Humanidad.

El clímax de las protestas llegó el sábado 12 de octubre. Grupos de manifestantes bloquearon las vías en sectores estratégicos de la capital de la República que se convirtió en el epicentro de las protestas. En las redes sociales se informaba que grupos de saqueadores trataban de ingresar a conjuntos habitacionales, lanzaban piedras y palos a las ambulancias y vehículos de los bomberos. En lo canales de televisión se transmitía en vivo la quema de vehículos en Teleamazonas y la destrucción de una parte de su infraestructura. Otros grupos violentamente ingresaron al Edificio de la Contraloría y provocaron el incendio del edificio, donde seguramente se hallaban documentos de las auditorías realizadas a los proyectos emblemáticos del régimen anterior.

Los hechos vandálicos causaron temor en la población por lo cual se cerraron tiendas, almacenes, pequeños y grandes negocios. En conjuntos habitacionales se empezaron a organizar para impedir el ingreso de grupos vandálicos. La fuerza pública fue desbordada por los grupos más violentos de los manifestantes, más de doscientos cincuenta policías y soldados fueron retenidos. El Ejecutivo tuvo que declarar el estado de excepción y el toque de queda en la ciudad de Quito.

Sin embargo, miles de manifestantes seguían protestando. Ante la gravedad de los hechos el presidente Moreno se vio obligado a llamar a un diálogo a los dirigentes indígenas, quienes mantenían sus exigencias de derogar el decreto que eliminaba el subsidio a los combustibles. Las movilizaciones y protestas del movimiento indígena y de los grupos sociales fueron las más grandes e inéditas registradas en Ecuador desde el retorno a la democracia.

El Ejecutivo accedió a las demandas del movimiento indígena con lo cual se volvió a una calma relativa en el país, a la espera del contenido del nuevo decreto. Las movilizaciones lideradas por la CONAIE evidenciaron la división interna en su organización entre quienes luchan por reivindicaciones económicas y sociales y aquellos sectores radicales que pretendían la renuncia del Primer Mandatario.

Luego de 11 días de protestas a nivel nacional, a más de las pérdidas económicas (más de USD 2.000 millones), vidas humanas (7 muertos), detenidos (más de 1.200 personas), ha emergido nuevamente el regionalismo en ciertos sectores sociales del puerto principal ya sea para conseguir su autonomía y/o para alcanzar un estado federal en el Ecuador.

¿Qué hacer?

UNO

En condiciones de estancamiento o recesión de la economía el Estado debe fomentar las actividades productivas para estimular la demanda agregada, a través de la dotación de una infraestructura adecuada, financiamiento con bajas tasas de interés, reduciendo impuestos -aranceles, impuesto a la renta, impuesto al valor agregado- que son altos comparados con países como Colombia, Perú, Chile, Paraguay.

El llamado “establishment”, economistas ortodoxos, analistas políticos, voceros de las cámaras empresariales, medios de comunicación, no se han pronunciado referente a la deuda que tienen grandes empresas nacionales y filiales de empresas extranjeras con el SRI. Con corte al 1 de octubre de 2019, las deudas en firme con la institución tributaria llegan a USD 1.462 millones y las deudas impugnadas USD 1.110 millones que en conjunto suman USD 2.572 millones (SRI, 2019).

En vez de cargar el peso de las reformas en los sectores de ingreso medios y bajos de la población, las reformas a las leyes tributarias deberían estar orientadas a agilitar las impugnaciones que interponen en las instancias judiciales los grandes contribuyentes, lo que impide a la autoridad competente cobrar los impuestos oportunamente. Igualmente, las reformas deberían tener como objetivos evitar que se aplique reiteradamente la remisión tributaria y reducir sustancialmente la elusión y evasión tributaria que son altos en el país.

DOS

En contracorriente a los intereses nacionales, se pretende concesionar la refinería de Esmeraldas en condiciones desventajosas, cuya repotenciación tuvo un costo de USD 2.300 millones. A fines de 2018, la venta interna de derivados y las exportaciones de derivados de petróleo por parte de Petroecuador sumaron USD 4.820 millones, la mayor parte de estos recursos fueron generados por la Refinería de Esmeraldas, por lo que al concesionarse se estaría fomentado la salida de capitales.

Entre 2014 y 2019 (a julio), las importaciones de combustibles y lubricantes se realizaron por un valor de USD 23.939 millones, con estos recursos ya se hubieran construidos dos refinerías (Ver cuadro Nº 3). De lo descrito se infiere que es necesario construir una nueva refinería y se lo puede hacer a través de la modalidad de joint Venture, para evitar la salida de capitales que son necesarios para fortalecer el sistema de dolarización.

TRES

Diario Expreso, en su edición del 25 de septiembre de 2019, en una nota titulada el “Gobierno quiso concesionar a las empresas más rentables” informaba que, en los siete primeros meses de 2019, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (Cnt) tuvo ingresos por USD 509 millones y gastos por USD 452,8 millones, por lo que tuvo un excedente de USD 56,3 millones. La Corporación Nacional de Electricidad (Cnel) registró ganancias por USD 220,6 millones. Y la Corporación Nacional Eléctrica del Ecuador (Celec) alcanzó USD 15 millones en utilidades.

A su vez, la más grande empresa pública del Ecuador, Petroecuador, de enero a julio de 2019, reportó un excedente de USD 1.413 millones, Empresa del Agua USD 26,5 millones, Flopec USD 23,7 millones, Ferrocarriles USD 2,3 millones. En conjunto, únicamente las siete empresas públicas de las 21 que administra el Estado generaron excedentes por USD 1.757,4 millones, recursos que ingresaron al presupuesto general del Estado.

Al 31 de diciembre de 2018, Petroecuador registró superávit del ejercicio por USD 2.942 millones, según el Informe de Gestión-Rendición de Cuentas.

De la información se deduce que con toda la ineficiencia que se les atribuye a las empresas públicas generan ganancias y podrían generar mayores utilidades si fuesen eficientemente administradas. Bajo esta consideración, se debería llamar a un concurso público para que únicamente su administración esté a cargo de una empresa internacional privada, similar a la modalidad que se utilizó con el Banco del Pacífico.

CUATRO

El problema del déficit fiscal ha sido crónico en el país, se pretende reducirlo con las mismas medidas que ejecutaron los sucesivos gobiernos que se alternaron en el poder en los últimos decenios. El déficit fiscal también es consecuencia de los déficits que arrastran los gobiernos autónomos descentralizados (GADs). No ha habido innovación, creatividad, de parte del equipo económico del “gobierno de todos” y en los (GADs) para optimizar el gasto público y generar ingresos.

El Código Orgánico Ambiental en el numeral 4 del artículo 9, que aborda los principios ambientales, establece:

“El que contamina paga. Quien realice o promueva una actividad que contamine o que lo haga en el futuro, deberá incorporar a sus costos de producción todas las medidas necesarias para prevenirla, evitarla o reducirla. Asimismo, quien contamine estará obligado a la reparación integral y la indemnización a los perjudicados, adoptando medidas de compensación a las poblaciones afectadas y al pago de las sanciones que correspondan.”

La Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, incluyó el impuesto a la contaminación vehicular que entró en vigor por el Ministerio de la Ley en 2011. El impuesto llegó a recaudar más de USD 700 millones, entre 2012 y 2018. Sin embargo, el Gobierno nacional por presión de pequeños grupos de propietarios de vehículos solicitó a la Asamblea Nacional la derogación del llamado impuesto a la contaminación vehicular.

El Código Orgánico Ambiental, artículo 27, numeral 10, que describe las facultades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Metropolitanos y Municipales, establece como una de sus obligaciones en el área urbana: “Controlar el cumplimiento de los parámetros ambientales y la aplicación de normas técnicas de los componentes agua, suelo, aire y ruido.”

El transporte vehicular es el que más contamina en las ciudades y afecta a la salud de las personas e incluso causa miles de muertes al año. No obstante, las autoridades de los GADs no aplican las sanciones y multas correspondientes. Lo mismo ocurre con las personas que votan basura, materiales de construcción en calles, avenidas, plazas, parques, playas. Peor aún a las empresas operadoras de televisión por cable, internet, teléfonos, cuyas conexiones lo realizan en forma precaria en las urbes y generan cada vez más contaminación visual.

La Ley de Transporte Terrestre determina distintos niveles de velocidad para circular en vías, avenidas, autopistas, en la ciudad o en carretera, sin embargo, no se aplica las multas correspondientes por falta de voluntad política.

Por tanto, el Ejecutivo y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) tienen las disposiciones legales vigentes no solo para generar ingresos sino también para mejorar la cultura de la población en temas ambientales, tránsito, salud, patrimonio, organización adecuada de las ciudades, pero no lo aplican a cabalidad, con las excepciones puntuales, porque priorizan los intereses personales, políticos, de grupos de presión, frente a los intereses nacionales y/o locales.

Bibliografía:

- BCE, 2019. Información Estadística Mensual N. º 2010-agosto de 2019

- Ministerio de Economía y Finanzas (ME y F), 2019. Versión disponible en: https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/06/Boletín-de-Deuda-Boletin-de-Prensa.pdf

- CEPAL, 2019. Estudio Económico de América Latina y el Caribe, Santiago-Chile.

- BCE, 2019. Evolución de las remesas, 1er semestre 2019. Versión disponible en: https://contenido.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000985

- INEC, 2019. Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, Indicadores laborales, junio 2019

- INEC, 2019. Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, Indicadores de pobreza y desigualdad, junio 2019

- SRI, 2019. Ranking de deudas. Versión disponible en: https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/#/SriPagosWeb/ConsultaRankingDeudas/Consultas/mostrarRankingDeudas