Las innovaciones tecnológicas son presentadas inicialmente como procesos que mejoran las condiciones de vida, reducen el tiempo de trabajo y optimizan el desarrollo. Las transformaciones que se han producido desde la revolución industrial en sus diversas etapas han traído consigo, además de avances, cambios radicales en la estructuración del trabajo y en sus formas de organización. Al mismo tiempo que ciertos puestos de trabajo dejaron de existir, se desarrollaron muchos otros y se produjo un salto en las condiciones de vida de una parte importante de la población.

Hoy estamos viviendo una nueva transformación en el modelo productivo y económico que plantea nuevos retos para las formas del trabajo. Presentado de diversas maneras, como la 4ª revolución industrial o la industria 4.0, el modelo caracterizado por el acelerado proceso de automatización y digitalización de la economía, la robótica avanzada y el uso intensivo de la biotecnología y la nanotecnología aporta, a diferencia de las otras "revoluciones" productivas, un nuevo aspecto que es la velocidad con la que se desarrolla y que, frente a la falta de una regulación que siga a su ritmo, también aumenta la desigualdad en niveles nunca antes vistos. Las tecnologías, por sí mismas, no son el problema, sino la lógica que impulsa su introducción.

El PIB mundial se ha triplicado en los últimos 40 años, pero no ha traído beneficios para la población en su conjunto. Datos de la OIT¹ muestran que en 2018, 172 millones de personas en todo el mundo estaban desempleadas, pero que, a pesar de la disminución en comparación con el año anterior, las condiciones de trabajo no han mejorado.

La misma investigación señala que más de 3.300 millones de personas empleadas no tenían niveles adecuados de seguridad económica, bienestar material u oportunidades de progreso, advirtiendo que los empleos creados por la digitalización son cada vez más precarios, temporales y con escasas posibilidades de negociar derechos.

En cuanto a la desigualdad, Oxfam² señala que el 1% de la población mundial concentra el 99% de su riqueza. Desigualdad que es condicionada por factores como: región, sexo, edad y raza. Mientras los trabajadores europeos se adaptan, no sin pérdidas, a este nuevo proceso del mercado laboral, los países del Sur Global se enfrentan a la falta de acceso a las tecnologías e Internet, lo que genera una distancia abismal en cuanto al tipo de beneficios y capacidades para participar en esta nueva economía.

La división del trabajo internacional es aún más desigual

Una cuestión determinante en el proceso de acumulación de capital y directamente ligada a esta nueva distribución son las cadenas globales de producción, donde existe una clara división entre países que concentran tecnología de punta, desarrollo de productos con alto valor agregado y concentración de "propiedad intelectual" y otros países relegados a una producción con bajo valor agregado, baja capacidad de innovación tecnológica, que se resignan apenas a reproducir o ensamblar productos y equipos.

Este modelo se caracteriza por una producción fragmentada en varios países, llevada a cabo por una empresa matriz, generalmente transnacional, con sede en el Norte Global, que se encuentra lejos de donde se producen y/o comercializan los productos. La publicación Cadenas Globales de Producción y Acción Sindical, de la Confederación de Trabajadores de las Américas (CSA) muestra que el 20,6% del trabajo global forma parte de las largas cadenas productivas³, donde la mayor parte de la fuerza laboral no es reconocida por las empresas matrices, ignorando los derechos de millones de trabajadores en todo el mundo.

Dentro de este mapa de la división de la producción internacional, ¿cuáles son los empleos y sus características para los países latinoamericanos? El 95% de la fuerza laboral de 25 multinacionales que operan en América Latina (El Salvador, Panamá, Costa Rica, Brasil, Argentina) está compuesto por trabajadores ocultos. Hay 17 trabajadores ocultos en estas cadenas por cada trabajo directo. ⁴

De hecho, nuestra región en particular continúa profundizando su especialización como proveedora de materias primas de origen mineral o agrícola, ubicadas en las primeras fases de las cadenas, mientras que pierde peso en las etapas de mayor elaboración, ubicadas en las fases superiores.

Al estructurar grandes cadenas de producción, las empresas transnacionales pueden trasladar las cargas sociales, ambientales y laborales y las amenazas para la institución a los últimos eslabones de la cadena, a empresas locales ubicadas en los países del Sur, mientras que los principales beneficios se concentran en las manos de las empresas matrices, generalmente en el Norte, pero también en países como Brasil y México que son sedes de estas empresas matrices.

La precarización de los derechos como tendencia

Un estudio⁵ de la OIT muestra que entre 2008 y 2014, 110 países se sometieron a reformas legales para debilitar la legislación laboral, aumentando las horas de trabajo, fomentando los contratos temporales, el despido colectivo e interfiriendo en la negociación colectiva y las formas de contratación.

Las reformas en curso en Brasil desde 2016 están fuera del período de investigación de la OIT, pero forman parte del mismo patrón de recorte de los derechos adquiridos históricamente, favoreciendo así a una mayor inseguridad laboral, la tercerización y los ataques a las organizaciones sindicales.

Los cambios cada vez más rápidos de los modos de producción y el aumento del nivel de desempleo señalan un futuro poco promisorio para la clase obrera, si no se reformulan estas normas y si la legislación no se adapta a las nuevas características para garantizar la preservación de los derechos y la protección de los trabajadores.

Brasil en este contexto

En este marco, la realidad brasileña se agrava tras los reveses que se vienen dando desde 2016, con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff y con los gobiernos de Temer y Bolsonaro, caracterizados por el desmantelamiento de las políticas sociales y laborales, así como por una inversión cada vez menor en tecnologías y la priorización de las economías primarias, lo que plantea una perspectiva bastante desafiante para el futuro del trabajo en el país.

Dentro de la economía mundial, Brasil profundiza su rol como uno de los principales exportadores de productos básicos minerales y agrícolas, que tienden a caracterizarse cada vez más por un alto grado de automatización y robotización, con poca generación de empleo y un gasto cada vez mayor en energía y recursos naturales.

Esta realidad transfiere no sólo más empleos precarios a estas regiones, sino también modelos económicos basados en la primarización y exportación de bajo valor agregado y, frecuentemente, con altos costos ambientales y sociales.

Frente a una política de Estado que no prioriza las inversiones en investigación y tecnología y la diversificación de la economía, los trabajadores son vulnerables ante una dinámica de mercado cada vez más cruel y agresiva. En tiempos de disputa mundial por el control de las ganancias obtenidas de la alta especialización de la economía, el proyecto del gobierno que hoy ejerce el poder en Brasil, vinculado al ultraliberalismo internacional, renuncia subordinadamente a las posibilidades de obtener beneficios de las nuevas tecnologías para el desarrollo del país.

El papel del Estado y la democracia

Los Estados fuertes y democráticos son fundamentales ante una dinámica económica cada vez más rápida que exacerba las desigualdades. Por otra parte, es necesario incorporar al actual proceso de transformación las políticas sociales y económicas que garanticen derechos más justos y posibilidades de competitividad, como formas de compensación ante los rápidos cambios en el mundo del trabajo. El tema de las tecnologías y su papel en la economía no es una cuestión de determinismo tecnológico, sino de su control y aplicación en beneficio de la mayoría de la población. El Sur Global en general tiene poca participación en este debate, acaparado por las economías desarrolladas y especialmente por las grandes empresas transnacionales.

Al no tener el protagonismo en esta disputa, nuestras economías y países refuerzan el papel que se les otorga en la distribución internacional del capital como fuentes de materias primas, proveedoras de energía y mano de obra barata.

Dada la tendencia al desmantelamiento acelerado de las capacidades regulatorias y de control por parte de las instituciones estatales en Brasil, la población trabajadora se encuentra sin mecanismos de protección y defensa. El sector privado brasileño, el mayor beneficiario del golpe judicial, legislativo y mediático, ha recibido diversos tipos de beneficios desde 2016 (impuestos, condonación de deudas con el Estado, facilitación e incentivos en la privatización de empresas públicas, entre otros), además de ser el principal promotor de las contrarreformas laborales implementadas por los gobiernos de Temer y Bolsonaro.

En este contexto, también existe una creciente tendencia a desconocer los mecanismos de intermediación social construidos desde la redemocratización, así como la criminalización de las diversas formas de organización social en el campo y en la ciudad.

Transición justa como estrategia sindical frente a los cambios en el mundo del trabajo

Frente a un contexto de ataques, pero entendiendo la urgencia de actuar para hacerles frente, en la actualidad, la bandera sindical de una transición justa puede entenderse como una forma posible y necesaria de responder a un panorama inicialmente devastador para el empleo.

En una perspectiva de cambio del sistema de producción y de las formas de empleo, un debate que presenta ciertas similitudes con relación a los impactos sobre la clase obrera es el del cambio climático y las transformaciones hacia una economía baja en carbono.

Tanto la industria 4.0 como la economía baja en carbono traen consigo cambios fundamentales que implican un alto uso de tecnologías con la sustitución de modelos que afectan a un gran número de trabajadores, lo que plantea retos en cuanto a las respuestas necesarias y urgentes para los trabajadores implicados.

Para una transición justa, abogamos por una política que involucre a los Estados, empresas, trabajadores y comunidades afectadas, donde se garantice que la clase obrera no cargue con la responsabilidad de las transformaciones necesarias o implementadas para una nueva economía, ni de las deudas sociales de las empresas, que no están dispuestas a hacer una transición socialmente justa.

Esta política debe implicar la capacitación de los trabajadores para las nuevas tecnologías y la recalificación e inserción de los trabajadores de los sectores que serán transformados o dejarán de existir, asegurando la participación de los sindicatos y las comunidades en la formulación de las políticas desarrolladas, incluyendo perspectivas como de género, raza y generacional. Implica también conseguir la generación de nuevos y mejores empleos sobre la base del trabajo decente y el respeto a la organización sindical.

Si no se observan esta realidad y esta necesidad, veremos que las nuevas tecnologías ensancharán aún más la brecha entre la precariedad y la miseria sistémica de la clase obrera y las condiciones mínimas para el desarrollo sostenible y la dignidad humana. Si conseguimos tener un control social en la implantación de estas nuevas tecnologías, seremos capaces de crear un trabajo de calidad, con una reducción de la jornada laboral y una mejora de los parámetros de seguridad y salud en el trabajo.

- Daniel Gaio es sociólogo, master en Políticas Públicas de Educación por la Universidad de Brasilia. Funcionario de la Caixa Econômica Federal, dirigente de la Confederación de Trabajadores Financieros (Contraf-CUT) y Secretario Nacional de Medio Ambiente de la Central Única de los Trabajadores (CUT).