La rueda de prensa de Luis Almagro¹, en las adyacencias al Puente Internacional Simón Bolívar², en la cual declaró que: “En cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro creo que no debemos descartar ninguna opción”³, constituye el clímax de la excitación belicista desatada por los factores más conservadores del continente, estimulada por el Presidente de los Estados Unidos de América Donald Trump, quien afirmó en agosto de 2017, que su gobierno no descarta una opción militar contra Venezuela⁴.

Las declaraciones de Almagro resultaron tan ignominiosas, que el autodenominado Grupo de Lima (un cartel de gobiernos subordinados de manera explícita a la política exterior de Washington), emitió un pronunciamiento en el cual expresó "su preocupación y su rechazo a cualquier curso de acción o declaración que implique una intervención militar o ejercicio de la violencia, amenaza o uso de la fuerza en Venezuela"⁵; e incluso, en una bufonada extrema, el mismo Almagro alegó que sus palabras fueron malinterpretadas⁶.

El frenesí belicista contra Venezuela ha derivado en conspiraciones de altos funcionarios de la Casa Blanca con militares venezolanos para la promoción de un Golpe de Estado⁷; en la promoción explícita de una salida cruenta para Venezuela por parte de agentes como Marco Rubio, Senador de los EE.UU.; en iniciativas de adefesios del derecho internacional como una “intervención legal”, planteada por el Senador Álvaro Uribe ante el Congreso de Colombia⁸; así como en las fórmulas belicistas del Ministro de Defensa de Colombia Carlos Trujillo y su mención respecto a la preparación para “una respuesta militar a Venezuela”⁹, y del Embajador de Colombia ante Washington Francisco Santos, quien postula que una invasión contra Venezuela representa la única solución ante lo que denomina “una bomba de tiempo a punto de estallar"¹⁰.

Como se puede observar, el conjunto de declaraciones reseñadas, las cuales fueron expresadas en los últimos días por altos funcionarios de los gobiernos de los Estados Unidos y de Colombia, así como por el Secretario General de la OEA, no son hechos casuales o aleatorios. Por el contrario, es evidente la existencia de un plan orquestado para posicionar y normalizar ante la opinión pública la opción militar contra Venezuela.

No es difícil inferir cuáles son los intereses de los agentes que propugnan una intervención militar contra Venezuela. Los pregoneros de la guerra aseveran que su intención es defender la democracia, mientras su agenda se orienta por una parte, a socavar el tejido institucional venezolano (la bochornosa instalación de un Tribunal Supremo de Justicia en Ciudad de Panamá, de donde fue expulsado, y posteriormente en Bogotá, son una demostración de su práctica intervencionista y su desprecio a la constitución y las leyes venezolanas), y por otra parte a decidir el destino de Venezuela e imponer a sangre y fuego sus designios.

Los carroñeros de la política belicista y supremacista de Washington, se esfuerzan en manifestar una falsa filantropía y un humanismo simulado ante la grave crisis económica venezolana, mientras promueven sanciones económicas que acentúan las dificultades para el pueblo venezolano (en un próximo artículo se tratará ese tópico), y fomentan salidas cruentas que significarían una catástrofe mayor para el país. Basta con valorar los resultados en materia de democracia, estabilidad económica-política y derechos humanos, así como términos de víctimas civiles de las “filantrópicas”, “humanistas” y “demócratas” invasiones a Iraq¹¹, Afganistán y Libia¹² (guerras de despojo ante las cuales se mantienen como fervorosos defensores), para vislumbrar las nefastas consecuencias que tienen las intervenciones “humanitarias” bajo el paradigma estadounidense.

Los promotores de una intervención militar contra Venezuela se jactan de amparar los derechos humanos, mientras estigmatizan, criminalizan y utilizan la trágica migración de venezolanos como un arma política, hasta el punto de caracterizar a la misma como una amenaza para la seguridad de la región, es decir como una casus beli.

En síntesis, la intervención que se teje sobre Venezuela desde los factores más proclives a la política exterior norteamericana, no tienen interés alguno en garantizar los derechos humanos del pueblo venezolano, mucho menos en salvaguardar la democracia o proteger la estabilidad de la región. El interés de estos factores es la aniquilación de la República Bolivariana de Venezuela (sin importar el baño de sangre y la espiral de violencia que se puedan desencadenar sobre todo el continente), como prerrequisito para despojar a esta nación de sus ingentes y valiosos recursos.

Venezuela presenta una crisis multidimensional de alcances graves y severos, la cual ha fracturado el metabolismo económico y social del país (hasta desencadenar en una crisis de hiperinflación y en el colapso de servicios públicos), ha lesionado gravemente el tejido institucional, ha socavado garantías de derechos fundamentales de la población y además ha significado un retroceso drástico en los logros sociales alcanzados durante los gobiernos de Hugo Chávez (que ha redundado en la precarización de las condiciones materiales del pueblo, especialmente de la clase trabajadora).

Sin embargo, la fiebre belicista contra Venezuela, cuyo objetivo es el despojo de nuestros recursos y un baño de sangre de nuestro pueblo, no ayudará en nada a la superación de una crisis como la que experimenta Venezuela en la actualidad, por el contrario, la acentuará aún más. La única intervención legítima en el marco de nuestras leyes, del derecho internacional, de la democracia y de la justicia, es la del pueblo venezolano en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Jorge Forero

Investigador del Centro Internacional Miranda

Notas