Pese a estar preso por un delito que ni siquiera existió y la enorme campaña de desprestigio del terrorismo mediático cartelizado, nacional e internacional, la intención de voto por el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva tuvo un crecimiento en dos meses de más del cinco por ciento, de cara a las elecciones presidenciales del 7 de octubre .

Preso o libre, Lula es el principal protagonista del escenario político brasileño. Si bien la carrera para las presidenciales comenzó el 15 de agosto con la inscripción de 13 candidatos, el principal de esos está preso. La condena de Lula, favorito en todas las encuestas, anuncia el proceso electoral más difícil desde 1989, cuando el obrero metalúrgico, líder sindical y del Partido de los Trabajadores, se estrenó como aspirante a la Presidencia.

El ex mandatario obtendría 37,3 por ciento de los votos para alcanzar la presidencia frente al 32 que tenía en mayo, pese a que su candidatura podrá ser invalidada por el gobierno de facto a causa de su situación judicial. En el segundo lugar, con la mitad de la intención de voto, se ubica el ultraconservador Jair Bolsonaro, con un 18,8 por ciento (16,7% en mayo). Ninguno de los otros 11 candidatos supera el techo del 10%.

El lunes 20, al cierre de las actividades bursátiles, la crisis económica mostraba su cara, y el real (la moneda brasileña) mostraba su valor más bajo frente al dólar desde febrero de 2016. En la noche, la encuesta del instituto Ibope para la TV Globo y el diario O Estado de Sao Paulo, otorgaba al expresidente un 37% de los votos (frente al 33% de finales de junio), por delante de Bolsonaro con 18% (15% en junio), seguidos por la ecologista Marina Silva, con 6%.

Lula, ex líder sindical y dos veces presidente por el Partido de los Trabajadores (PT) purga desde abril una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero, y la justicia electoral podría invalidar su candidatura en función de la Ley de Ficha Limpia, que impide presentarse a cargos electorales a personas condenadas en segunda instancia. Su sustituto sería el exalcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, quien no lo sería fácil heredar el electorado lulista, que se diseminaría entre varios competidores.

Los sondeos muestran que en unas elecciones sin Lula, el vencedor sería el ultraderechista Bolsonaro, con 20% de los votos, seguido por Marina Silva con 12%, el centroizquierdista Ciro Gomes (9%) o el derechista Geraldo Alckmin (7%). Solo en quinta posición aparece el que podría ser el plan B del PT, que apenas seduciría a un magro 4% de los electores, de acuerdo a la encuesta de Ibope. Los “indecisos” sólo alcanzan el 8,8% de los encuestados.

Según MDA, solo un 17,3% de los electores de Lula votaría por Haddad, en tanto que un 11,9% lo haría por la ecologista Marina Silva, un 9,6% por Ciro Gomes, y un 6,2% por Bolsonaro. Pero todos son conscientes de que las encuestas a veces muestran el estado de ánimo de quien las contrata, y el decisivo período de propaganda gratuita por televisión comienza el 31 de agosto.

Lo cierto es que se están acelerando las urgencias típicas de un ciclo electoral que se va a prolongar entre el fin de agosto y octubre, que son particularmente desafiantes para las izquierdas brasileñas porque su principal candidato y el mejor posicionado en todas las encuestas de opinión, está preso y posiblemente sea considerado inelegible, por la (in)justicia brasileña.

Máxime cuando el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indicó el viernes 17 de agosto que el gobierno (de facto) de Brasil debe permitir al ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, quien permanece en prisión, ejercer sus derechos políticos y que no sea descalificado para la próxima elección presidencial, ya que su apelación está en trámite.

"Esto incluye tener un acceso apropiado a los medios de comunicación y a los miembros de su partido político", indicó en una declaración el organismo mundial, que consideró, además, que el ex mandatario de 72 años no puede ser excluido como aspirante "hasta que sus apelaciones ante los tribunales hayan completado los trámites judiciales justos". El Tribunal Superior Electoral (TSE) tiene como máximo hasta el 17 de septiembre para decidir el futuro de Lula.

El intelectual portugués Boaventura de Sousa señala que las irregularidades obvias del proceso contra Lula ha tenido efectos sorprendentes: la obsesión punitiva fue en este caso tan excesiva que el sistema juidicial degradó su imagen y su legitimidad, tanto en Brasil como internacionalmente, a un nivel y con consecuencias que, por ahora son difíciles de evaluar, pero que su imagen política y humana salió fuertemente fortalecida y mejorada.

Víctima de una flagrante injusticia, y considerado por muchos como preso político (quizá el más famosos del mundo) Lula vio aumentar exponencialmente su crédito político y su popularidad en las clases populares y los errores y desaciertos de los gobiernos del Partido de los Trabajadores –que él hegemonizó entre 2003 y 2016- han sido minimizados u olvidados, a lo que contribuyó la crisis económica y la política de austeridad que el régimen de facto desarrolló contra las clases populares.

Si el objetivo político del poder fáctico era destruir la imagen del expresidente, la estrategia falló, aunque por el momento dio resultado dio resultado el objetivo principal, el de eliminar a Lula de la próxima contienda electoral, sin una alteración cualitativa del régimen político y sin niveles incontrolables de perturbación social, añade. Pero Lula mantiene la influencia de decidir, de una u otra forma, en la escogencia del próximo presidente, en medio de un endurecimiento general del régimen y las notorias dificultades para construir hegemonía tanto de la derecha como de la izquierda.

La estrategia de la élite gobernante parece estar enfocada a asegurar que la segunda vuelta electoral sea dilucidada entre dos candidatos de la derecha, sin Lula como candidato. La apuesta de Lula es muy arriesgada, ya que consiste en permanecer en la disputa electoral el mayor tiempo posible, confiando en que de ser declarado inelegible, se producirá una transferencia masiva de votos para Fernando Haddad, por ahora presentado como vicepresidente de la fórmula, de forma de garantizar la presencia en la segunda ronda a dilucidarse el 28 de octubre.

El exjuez español Baltasar Garzón señaló que “Lula y (la expresidenta argentina) Cristina Kirchner están siendo el objetivo para terminar con los proyectos populares en América Latina (…) Son demasiadas casualidades que en los últimos años hayan avanzado contra todos los líderes políticos populares de América Latina. Preocupa mucho eso”.

Juraima Almeida

Investigadora brasileña, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la )