Fomento de inversiones que ignoran la violación sistemática de los derechos humanos por parte de las multinacionales

En los últimos años, el espectacular incremento de la oposición pública a las negociaciones comerciales de la Unión Europea ha sorprendido a analistas y personas de todo el espectro político. Tal es así que incluso el año pasado se llegó a poner seriamente en duda la firma del Acuerdo Económico y Comercial Global entre la UE y Canadá (CETA). Actualmente, la ratificación del CETA en los parlamentos nacionales de todos los Estados miembros de la UE parece afrontar un futuro incierto. [1]

Lo que quizá no se conoce tanto es que la UE está negociando otros acuerdos que comprenden muchas de las mismas disposiciones controvertidas y que, sin embargo, no están sujetos a ningún tipo de control mediático. Las negociaciones que mantienen en estos momentos la UE y México para modernizar el tratado de libre comercio (TLCUEM) que ambas partes firmaron hace quince años es un ejemplo paradigmático en este sentido.

Uno de los principales elementos de dicha modernización pasa por incorporar al texto un polémico capítulo relativo a la protección de las inversiones, que tendría las mismas características que el que se incluyó recientemente en el CETA. Este sistema de tribunales de inversiones (ICS) que está promoviendo la Comisión Europea se ha presentado como una reforma significativa del mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS), que ha perdido todo crédito. A pesar de ello, el examen en detalle realizado por expertos y expertas jurídicas y personas investigadoras especializadas pone de manifiesto que el ICS sigue garantizando a las grandes empresas amplios derechos para demandar a los gobiernos cuando estos adoptan medidas en pro del interés general. [2]

Precisamente, México es ya uno de los países más demandados del mundo (ocupa el séptimo lugar, según estadísticas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD) y ha sido condenado a pagar 246 millones de dólares en indemnizaciones, sin contar los costos procesales. Un tratado con las condiciones previstas en estos momentos desencadenará casi con toda seguridad una nueva oleada de demandas arbitrales contra México. Las inversiones de la UE en México no solo están creciendo de forma notable (se han triplicado desde 2000), sino que los inversores con sede en la UE son quienes han interpuesto el mayor número de demandas ISDS en todo el mundo (53 por ciento).

De manera destacada, las grandes empresas petroleras se beneficiarán del acuerdo. El tratado blindará las reformas que en 2013 abrieron la explotación de la industria del gas y el petróleo a compañías extranjeras. Así, empresas del sector de la energía de la UE, como Shell, BP y Total, tienen un importante interés en el mercado petrolero mexicano. A los futuros gobiernos mexicanos les resultará muy difícil revertir estas políticas sin correr el riesgo de ser demandados ante tribunales internacionales de inversión, aunque cuenten con el mandato popular para ello.

Demandas arbitrales

Pero México no es el único que se arriesga a ser objeto de demandas en el marco de este tratado. Los gobiernos europeos, y el Estado español en particular, también podrían enfrentar demandas arbitrales interpuestas por transnacionales mexicanas. México se convirtió en el quinto mayor inversor en el Estado español en 2015, y en los últimos dos años ha efectuado catorce adquisiciones por un valor de casi 2000 millones de dólares en los sectores de automoción, químico, cementero y bienes de consumo. Entre estas figuran inversiones de los conglomerados empresariales del multimillonario Carlos Slim, el cuarto hombre más rico del mundo.

Mientras tanto, la Comisión Europea sigue haciendo la vista gorda frente a las violaciones de los derechos humanos perpetradas por compañías europeas. En la propuesta de la UE no se impone ninguna obligación a los inversores, con lo que se acentuará aún más el desequilibrio entre la legislación vinculante para que las grandes empresas puedan proteger sus beneficios, por un lado, y las directrices meramente voluntarias e inaplicables en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos por parte de los inversores, por el otro.

Derechos humanos y frustración popular

En este sentido, el historial de México en materia de derechos humanos se ha deteriorado en los últimos años. Según el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos [3], México es “un país en que el 98 por ciento de los delitos cometidos quedan sin resolver, la mayoría de ellos nunca son debidamente investigados”. Además, varias grandes empresas de la UE, como Holcim, Unión Fenosa y Continental AG, han sido acusadas de violar derechos humanos y ambientales en México. Incluso Ecorys, una consultora que elaboró la evaluación del impacto sobre la sostenibilidad del acuerdo para la Comisión Europea, llegó a la conclusión de que “se han producido violaciones de los derechos humanos por parte de empresas multinacionales de la UE en México”.

La frustración popular con respecto a una clase política que no asume sus responsabilidades no cesa de aumentar en toda la UE, lo cual está dando lugar al auge de los partidos de extrema derecha y a la posible salida inminente del Reino Unido. Si la UE desea recuperar su legitimidad, debe dejar de negociar acuerdos comerciales escritos por y para las multinacionales y escuchar a los tres millones de personas de toda Europa que le han pedido que celebre unas negociaciones comerciales basadas en los principios de la cooperación, la solidaridad y los derechos humanos.

Lunes 23 de abril de 2018

Cecilia Olivet es investigadora del Transnational Institute y está especializada en el ámbito del comercio y la inversión.

 Artículo publicado en el nº 76 de Pueblos – Revista de Información y Debate, primer cuatrimestre de 2018, monográfico “Tratados comerciales, ofensiva contra nuestras vidas”.