Hace poco más de un año, el diario El Telégrafo publicó una entrevista a Eirik Vold, periodista noruego, a quien ese mismo periódico editó un libro: Ecuador en la Mira. Las revelaciones de Wikileaks y la conspiración en el gobierno de Rafael Correa (Quito, 2017). Vold analizó más de mil documentos diplomáticos - confidenciales, clasificados o secretos - redactados por diferentes agencias norteamericanas - principalmente de sus sedes diplomáticas de Guayaquil y Quito, así como las respuestas de Washington, entre mediados de la década de los setenta y el año 2010, mismos que fueron dados a conocer por la organización fundada por Julian Assange.

El libro del noruego se concentra en los primeros años del gobierno de Correa (2007-2010), aunque también dedica algunas páginas al periodo de la crisis y derrocamiento del General Guillermo Rodríguez Lara (1975-1976). De acuerdo a un cable diplomático titulado “El tipo de sistema político con que estamos tratando en Ecuador y lo que significa para los intereses de EE.UU.”, y firmado por el embajador norteamericano de esa época, Richard Bloomfield, el General “fue depuesto por la erosión de su aceptación entre los sectores productivos, es decir, la oligarquía”. Oligarquía que, dicho sea de paso, se apoyó en un triunvirato pro-norteamericano para la tarea de deshacerse de Rodríguez Lara, quien no era un hombre de confianza de los Estados Unidos.

Vold analiza con lujo de detalles diversas coyunturas políticas recientes desde el punto de vista de la diplomacia estadounidense instalada en el Ecuador, la cual se encargó de tender puentes de entendimiento y colaboración con las diversas corporaciones de seguridad en el país - Fuerzas Armadas y Policía -, así como de abrir espacios de “diálogo” con una amplia gama de políticos y empresarios cercanos a sus intereses. Como era de esperarse de una diplomacia acostumbrada a hacer valer los intereses de su país por sobre la soberanía de los países a los que considera vasallos, a los representantes de los Estados Unidos no les vino en gracia las pretensiones de mayor autonomía geopolítica que el Ecuador comenzó a esbozar a partir de 2007, caracterizando a las ideas y políticas del nuevo gobierno como portadoras de “anti-americanismo”, según otro de los cables de la Embajada fechado el 24 de febrero de 2010.

En ese mismo sentido injerencista, el 15 de octubre de 2009, la entonces embajadora  Heather Hodges - posteriormente expulsada del país en 2011 - remitió un cable confidencial a propósito de la cooperación militar entre ambos países, en donde se sostenía lo siguiente: “Mientras señales mixtas hacen más complicada la cooperación [militar] la Embajada ha desarrollado una estrategia para mantener la interacción con las fuerzas militares de Ecuador. Utilizando nuestra experiencia de la cooperación con la Policía Nacional ecuatoriana vamos a hacer que la presión contra el liderazgo político del gobierno de Ecuador surja desde adentro de las fuerzas militares para [restablecer] la amplia asistencia de calidad que solo el gobierno de EE.UU. ofrece”.

Del análisis de los cables, así como de las declaraciones que hizo a inicios de marzo durante su visita a Ecuador Thomas A. Shanon, Subsecretario para Asuntos Políticos de los Estados Unidos, se desprende que, desde el punto de vista norteamericano, la orientación del gobierno encabezado por Correa nunca fue del agrado de la potencia imperial. Sin embargo, como lo remarca una nota editorial de la Revista  Crisis, la década de sano distanciamiento con los Estados Unidos parece estar dando paso a una nueva era de colaboración mucho más estrecha bajo la conducción del gobierno de Lenin Moreno. Durante las últimas semanas han sucedido algunos acontecimientos que sugieren que la intervención del coloso del Norte en nuestro país está adquiriendo nuevos bríos. Dos son los ámbitos principales en donde dicha tendencia se ve reflejada.

En primer lugar, a raíz de la serie de acontecimientos violentos en la frontera colombo-ecuatoriana, que aún no han sido por completo esclarecidos, diferentes agencias y representantes de los Estados Unidos han recuperado en pocos días el protagonismo que había perdido - al menos públicamente - durante el gobierno anterior. En su artículo para el portal Ruta Krítica, Martín Pastor llama la atención sobre las declaraciones que realizó el embajador Todd Chapman durante un acto público con la Policía Nacional al cual fue invitado. Allí, el diplomático manifestó que el compromiso de su país era “dar seguridad al Ecuador”, asumiendo implícitamente que nuestro país no está en capacidad de asumir esa tarea por su cuenta. A esa postura habría que añadir la del subcomandante del Comando Sur, Joseph P. DiSalvo, quien en entrevista con el diario Expreso anotó: “estamos alentados, animados por las señales que el Gobierno está enviando al Comando Sur al restablecer esta cooperación conjunta”, agregando que los representantes de la cúpula militar ecuatoriana con quienes se reunió le manifestaron la intención de reactivar los programas de formación de las FFAA ecuatorianas en los centros de capacitación militar de los Estados Unidos.

El segundo ámbito de acción se refiere a los virajes de la política económica y comercial del gobierno ecuatoriano y al posicionamiento norteamericano frente a aquellos. En el marco de una visita de congresistas estadounidenses al país a inicios de abril, el embajador Chapman se reunió con los ministros de Industrias; de Economía y Finanzas; de Comercio Exterior; y de Acuacultura del Ecuador para “estrechar la relación bilateral”. En posterior entrevista con El Universo el embajador felicitó al Ecuador por el nuevo programa económico, enfatizando que es “muy importante este énfasis de que el sector privado sea el motor del crecimiento económico y nosotros vamos a hacer todo en nuestro poder para aprovechar de esta nueva oportunidad, para aproximar más nuestros sectores privados”.

Este pronunciamiento debe ser leído en el contexto más amplio del nuevo rumbo que está tomando la política económica en el país y, sobre todo, de los cambios en la correlación de fuerzas sociales, que comienzan a manifestarse en la expulsión de funcionarios estatales con orientaciones críticas de las políticas neoliberales, y el creciente protagonismo ministerial de otros que apuestan por esquemas de “libre” comercio y “libre” empresa, harto rentables para las élites económicas del país, principalmente aquellas ligadas a las exportaciones y las importaciones. Es difícil no tener en mente a las oligarquías de mediados de los setenta a las que se refirió Richard Bloomfield como las principales responsables del golpe contra “Bombita”. La diferencia, es que hoy no parece ser necesario deponer al gobierno en turno, pues este da cada vez más claras muestras de estar dispuesto a cooperar con las fracciones oligárquicas y con el gigante del Norte, con quien esas élites han demostrado tener más que un buen entendimiento.

Miguel Ruiz

Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central, doctor en Estudios Latinoamericanos.

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