El próximo domingo 30 de Julio el pueblo venezolano está convocado a elegir una Asamblea Nacional Constituyente para modificar algunos aspectos de la Constitución vigente. El presidente Maduro convocó a esta instancia a fin de dar solución a la creciente violencia instigada por una oposición cerrada a continuar participando en los mecanismos de diálogo y a la desestabilización económica alimentada por una manifiesta intencionalidad golpista.

En su discurso del 1° de Mayo – fecha conmemorativa con carga simbólica evidente y explícita – Maduro delineó las cualidades pretendidas por la Revolución Bolivariana para esta nueva convocatoria constitucional: “Constituyente ciudadana, popular, democrática, electa por el pueblo de manera directa, secreta. Democracia verdadera, participativa, protagónica.”

La composición que tendrá la Asamblea es acorde con esta idea directriz: 364 constituyentistas serán electos territorialmente (311 en representación de 354 municipios, 46 por los 23 Estados más siete por el distrito capital). En términos de voces sectoriales ocho serán elegidos por los pueblos originarios entre candidatos previamente ungidos por Asambleas comunitarias y generales en diez estados en los que residen sus comunidades. Por su parte, ciento setenta y tres constituyentes serán electos por los distintos sectores sociales: 5 empresarios, 8 campesinos y pescadores, 5 por las personas con discapacidad, 24 estudiantes, 79 trabajadores, 24 representantes de las Comunas – 1 por Estado – y 28 pensionadas o pensionados.

Según la información dada a conocer por el Consejo Nacional Electoral, se inscribieron inicialmente 52 mil precandidatos. A nivel territorial se postularon 19 mil 876 personas y 35 mil 438 a nivel sectorial: 2.008 campesinos y pescadores, 9.045  comuneros, 1.986 empresarios, 2798 estudiantes, 5.073 pensionados, 1.458 personas con discapacidad y 3.880  trabajadores. Es destacable, posiblemente una señal de entusiasmo en la base social, el hecho de que las precandidaturas sectoriales prácticamente doblen las territoriales, siendo que los elegidos por los sectores sociales constituirán en la Asamblea algo menos de la mitad que los territoriales.

Finalmente, los constituyentistas serán electos entre 5500 candidatos que lograron consignar los recaudos establecidos, es decir algo más del 10% de los que manifestaron su voluntad inicial. Tres mil doscientos de ellos dirimirán la elección en el nivel territorial y dos mil doscientos en el sectorial.

La propuesta gubernamental, centrada en nueve temas, intenta dar respuesta a las contradicciones políticas y económicas presentes abriendo perspectivas creativas a futuro. El temario sugerido, a ser ampliado y desarrollado, incluye el logro de la paz, un nuevo modelo económico post petrolero diversificado, la formalización en el texto constitucional de los derechos sociales adquiridos, la modificación del sistema de justicia para atacar los diversos delitos, la constitucionalización de nuevas formas democráticas protagónico-participativas (Poder Comunal, organizaciones sociales), la defensa de la soberanía, la identidad pluricultural, la inclusión de un capítulo sobre Derechos de la Juventud y especificaciones para la protección medioambiental y el desarrollo de una cultura ecológica.

¿Qué demócrata podría estar en desacuerdo con, al menos, debatir seriamente este interesante catálogo? ¿Cuál es la razón por la que las variadas oposiciones presionan para inhibir este proceso? El ala más radical de la derecha, políticos pertenecientes a partidos del Punto Fijo, congresistas republicanos y gobierno norteamericano, medios hegemónicos de difusión, gobierno español, Organización de Estados Americanos, jerarquía eclesiástica venezolana, gobiernos neoliberales y ex presidentes conservadores de América Latina y también un contingente importante de la población venezolana, en su mayoría perteneciente a los sectores económicos medios y altos, se oponen férreamente a la convocatoria, negando la posibilidad de que el pueblo delibere en su conjunto sobre el modelo legal que rija la vida en común.

La composición de la oposición no admite dudas sobre el signo político que representa, mucho menos acerca del carácter de las medidas contrarrevolucionarias que tomaría en caso de lograr su objetivo común: derrocar al actual gobierno.

Los intentos de bloqueo a los avances de la Revolución Bolivariana han sido una constante durante todo el proceso liderado por Hugo Chávez desde aquella elección ganada en 1998 con más del 56% de los votos con alta participación ciudadana (63.45%). El golpe de estado de 2002, posterior a la ratificación popular de una nueva Constitución (1999) y a la reelección de Chávez en el cargo presidencial con casi el sesenta por ciento de los sufragios, fue la manifestación evidente de la poca vocación democrática de la derecha. Doce años después, en 2014 grupos opositores encabezados por Leopoldo López, volvieron a promover por vía insurreccional la operación llamada “la salida” con un saldo de 43 muertos, numerosos heridos y cuantiosas pérdidas materiales.

Es evidente que en la coyuntura actual, en un contexto internacional de crisis económica posterior a la implosión de la burbuja especulativa de 2008 junto al conexo ascenso de opciones de derecha en EEUU y otros países de América Latina, la oposición política cree llegada su hora. El aparato de poder norteamericano ve la oportunidad de detener un proceso que ha impulsado la soberanía regional y que ha desafiado la pretensión ilegítima de dominación no sólo sobre lo que considera su “patio trasero” latinoamericano, sino sobre los territorios adyacentes en el mar Caribe, sumando un nuevo dolor de cabeza a la indomable hidalguía cubana.

La postura de la OEA se explica por sí sola, ya que es un apéndice de la política exterior de la otrora indiscutida potencia del norte. El apoyo opositor de algunos países europeos, con el gobierno español a la cabeza, se entiende por su avidez de nuevos negocios y por la necesidad de demonizar al progresismo. Dicha necesidad es compartida – posiblemente el único campo donde se permiten compartir – por los demás gobiernos de la alianza neoliberal, para justificar sus políticas de regresión social. Estrategia en la que emulan a la política exterior norteamericana de la “guerra permanente”, lo que supone la creación permanente de enemigos, “enemigos de la libertad y la democracia”, “ejes del mal”, etc.

La oposición del clero venezolano tiene su raíz en el control moral y social que esta iglesia pretende conservar en América Latina, no coincidente con la ética bolivariana, laica, de fuerte tinte iluminista. Por otra parte, revolución y sometimiento nunca se llevaron bien y la iglesia católica, desde su instalación imperial en el siglo IV, siempre estuvo más cerca del segundo término que del primero.

Es justamente la perspectiva histórica, la que permite en definitiva discernir y optar. Cambiar ordenamientos sociales injustos nunca fue asunto sencillo. Basta recordar el origen moderno de una democracia que apenas logró imponer condiciones de ciudadanía mínimas, ante la virulenta oposición de los poderes monárquicos vecinos y el interés de los sectores burgueses predominantes.

Basta recorrer los avatares de esa incipiente democracia del siglo XVIII que a través del voto censitario, el analfabetismo y la concentración de poder, devino durante el siglo siguiente en plutocracia. Amerita en especial mencionar la resistencia que suscitó – más de un siglo después de las poderosas proclamas iniciales – el logro del sufragio femenino. Subrayar el todavía enorme camino que hubo que recorrer para que la mujer pudiera ocupar sitiales de decisión y el trecho que, aunque encaminado, todavía falta por recorrer para que iguales derechos se transformen en iguales oportunidades.

Y qué decir de la segregación racial a los negros, poblaciones que luego de bregar por derechos civiles otorgados hace pocas décadas, continúan sufriendo el yugo de cuatrocientos años de esclavitud, sumergidas en condiciones sociales de manifiesta inferioridad.

Del mismo modo, los otrora propietarios de estas tierras, los pueblos indígenas, hace apenas unos pocos años que consiguieron afirmar el reconocimiento formal de derechos, luego de quinientos años de exterminio y expoliación.

¿Y qué decir de las revoluciones cubana o nicaraguense, atacadas por el imperialismo de múltiples formas, qué de los innumerables golpes, guerras y dictaduras con las que las oligarquías vernáculas y foráneas sepultaron reformas y progreso humano en Guatemala, Haití, El Salvador, Perú, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, por tan sólo citar algunos? ¿Qué de las manipulaciones mediáticas, amenazas físicas y persecuciones judiciales contra líderes populares de toda la región en pos de sojuzgar todo indicio de reclamo social? ¿Qué de los recientes golpes disfrazados con formalidades parlamentarias contra presidentes progresistas en Honduras, Paraguay o Brasil?

Las transformaciones nunca fueron fáciles porque la relación de fuerzas y poder preexistentes determina una estructura que se resiste a aceptar dejar atrás lo inaceptable.

Dicha estructura de resistencia anida no solamente en el campo objetivo sino también en el poder de anticuados hábitos de conducta, de usos y abusos de reconocimiento social extendido, de morales perimidas que conservan su rigidez a fuerza de repetición educativa. Más recientemente, la subjetividad suele quedar atrapada por la maraña del mensaje mediático, renuente a todo cambio que haga peligrar su posición hegemónica y sus dividendos.

En el campo geopolítico, es un orden, o mejor dicho un desorden lo que está en juego. El caos generado por el avance irrestricto de los negocios corporativos y la especulación por sobre la posibilidad de mejoras en las vidas de las mayorías.

Por eso las reformas constitucionales recientes, impulsadas por gobiernos antiimperialistas en América Latina y ratificadas por amplísimas mayorías populares, fueron criticadas con dureza y sus promotores calificados como dictadores. Venezuela, Bolivia, Ecuador atravesaron esa difícil senda con mejoras evidentes no tan sólo en el campo social, sino precisamente en la profundización de los procedimientos democráticos.

Por lo mismo son tan resistidas las Asambleas Constituyentes pendientes en Chile, en Brasil, en Colombia, en México y otros países de la región, permitiendo así la continuidad de una fachada bajo la cual florecen prácticas de corrupción y clientelismo generalizadas, generando en la población distanciamiento, abstención y desmovilización política, favorables a la mantención del statu quo.

Las opciones en Venezuela y el mundo entero están a la vista. De un lado, la conservación, el privilegio para pocos, la opresión cultural, la exclusión social, la pérdida de soberanía, el individualismo. Del otro, la obtención de derechos sociales crecientes, la diversidad, la autodeterminación, la vida en comunidad. Sólo hay que elegir. Por eso, porque la revolución nunca fue ni será tarea fácil, la Constituyente Sí va.