A partir del 13 de enero 2017, el Gobierno del Ecuador asumió la Presidencia Pro Témpore del G77 + China; este es sin temor a equivocación el grupo más representativo en el seno de las Naciones Unidas.  Aglutina a casi la totalidad de los países en vías de desarrollo; en total lo integran 134 países.

En el caso de América Latina, ya lo han presidido la compañera Cristina Fernández, Presidenta de Argentina (2011), y el compañero Evo Morales, Presidente de Bolivia (2014); hoy el compañero Rafael Correa, Presidente de Ecuador, asumió la presidencia el año 2017.

Lo significativo con la presidencia del Ecuador del G77 es la dinámica agenda internacional que ha desarrollado este país en los últimos años, poniendo en el centro del debate internacional temas importantísimos de carácter global y particularmente de regulación y control del poder corporativo mundial, con énfasis en la defensa de los intereses y necesidades de los países del sur.

Una primera iniciativa ha sido la creación del Observatorio del Sur sobre Inversiones y Transnacionales, como resultado de las Conferencias Ministeriales de Estados Afectados por Intereses Transnacionales.  Este Observatorio tiene como uno de sus propósitos fundamentales “la creación de mecanismos de coordinación e intercambio de información y conocimientos entre instituciones de Estado, centros de pensamiento y organizaciones sociales en la construcción de ideas sobre la normativa internacional en materia de inversiones, la resolución de conflictos y el tratamiento de las inversiones extranjeras”[1].

Desde la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATINDADD) hemos apoyado con mucha fuerza esta iniciativa por considerarla una valiosa oportunidad para evidenciar que el actual sistema internacional de arbitraje entre Estados y Corporaciones Transnacionales es absolutamente asimétrico en beneficio del poder corporativo, así mismo que la normativa internacional para favorecer la inversión extranjera en nuestros países es totalmente lesiva a los intereses de los estados nacionales y particularmente de los estados del Sur. Esta iniciativa del gobierno ecuatoriano al crear este Observatorio sobre Inversiones y Transnacionales nos brinda una oportunidad al conjunto del movimiento social que a lo largo de los años hemos venido denunciando las inequidades del sistema internacional de protección de inversiones y la necesidad de una reforma integral del mismo en beneficio de los países y sus ciudadanos y no en beneficio del poder corporativo.

Otra iniciativa del gobierno ecuatoriano que tiene también una repercusión internacional importantísima ha sido la creación y el trabajo desarrollado por la Comisión de Auditoría Integral de los Tratados de Inversión y del Sistema de Arbitraje (CAITISA), que a lo largo de varios meses ha logrado desentrañar todo el entramado de intereses de grupos de poder ecuatorianos y capitales extranjeros a fin de favorecer tratados y acuerdos comerciales y de inversión que sólo han beneficiado a intereses privados en detrimento del bien común.

En esta misma línea colocamos la iniciativa del gobierno ecuatoriano en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de crear un grupo de trabajo intergubernamental encargado de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales en congruencia con el derecho internacional en derechos humanos.  Desde el movimiento social creamos la Campaña Global contra el Poder Corporativo que respalda fuertemente esta iniciativa y en la que participa Latindadd.  La existencia de un instrumento vinculante de carácter global para normar el accionar de las transnacionales ha sido una demanda histórica del movimiento social internacional.

La lucha por un nuevo orden fiscal internacional

En este contexto de acción internacional decisiva por parte del gobierno ecuatoriano es que vemos que su Presidencia Pro Témpore del G77+China podrá ser un momento importantísimo para fortalecer la lucha del movimiento global por la justicia fiscal.  Principalmente porque ha hecho suya una demanda que hemos venido levantando desde hace bastante tiempo el movimiento social como es la creación de un Órgano Tributario Intergubernamental en el marco de las Naciones Unidas que tenga dos tareas fundamentales: la tarea de reformar el sistema tributario internacional y que principalmente tenga capacidad regulatoria vinculante de carácter universal.

El actual modelo de gobernanza internacional a nivel tributario/fiscal, que privilegia los acuerdos bilaterales entre países o el establecimiento de normas que se establecen con carácter global dictadas desde los países del norte, ya sea el G20, la OCDE, la Unión Europea o los mismos Estados Unidos, no hacen más que acentuar la asimetría histórica Norte/Sur en detrimento de nuestros países.

Vemos con optimismo esta Presidencia del G77 en manos del Ecuador, máxime después del Seminario Internacional “Hacia Una Agenda Internacional basada en los derechos y la igualdad: Por el fin de los Paraísos Fiscales y por un Organismo Tributario Intergubernamental dentro de la ONU”, que coorganizamos LATINDADD, organizaciones internacionales y la Cancillería Ecuatoriana, los días 13 y 14 de febrero en la ciudad de Quito.

En ese seminario acordamos “…profundizar la articulación de las organizaciones de sociedad civil global que luchamos por la justicia fiscal y el Estado Ecuatoriano por una nueva gobernanza mundial en materia fiscal, por el combate contra las guaridas fiscales y por un nuevo orden fiscal internacional alineado con las normas de derechos humanos que ponga el acento en beneficio de la ciudadanía global y no en el poder corporativo”.

Como resultado del Seminario, hemos creado un grupo de trabajo entre las plataformas de organizaciones sociales que luchamos por la justicia fiscal y la Cancillería del Ecuador, a fin de preparar acciones conjuntas en el plano internacional y además apoyar desde la sociedad civil las iniciativas que promueva el Gobierno ecuatoriano como Presidencia Pro Témpore del G77.

La consulta popular en Ecuador

No se puede dejar de mencionar el exitoso resultado del referéndum o consulta contra los paraísos fiscales, en la que la ciudadanía ecuatoriana votó el pasado 19 de febrero por más del 55% de los votos válidos a favor de que todo funcionario público electo o nombrado no pueda tener activos financieros en sociedad OffShore en Paraísos Fiscales.

Este resultado le da una significativa legitimidad al gobierno ecuatoriano en su calidad de Presidente del G77, pero además nos brinda a los movimientos sociales internacionales que luchamos contra los paraísos fiscales un empuje muy importante, al ver a un pueblo que masivamente vota por poner fin a la acción de estos instrumentos de saqueo y robo fiscal por parte de las élites económicas y de las corporaciones multinacionales.

Todo pareciera indicar que este año 2017 será importantísimo para quienes luchamos por un nuevo orden tributario internacional, a pesar de que las fuerzas del gran capital y de la derecha conservadora que no quieren cambios progresivos en materia tributaria y que tampoco quieren modificaciones en la gobernanza fiscal internacional, han tenido éxitos electorales parciales en Europa y en América Latina, incluidos golpes de estado.

Sostenemos nuestro optimismo a partir de los hechos reseñados en Ecuador, que nos vuelven a poner a la ofensiva, ya que desde la sociedad civil hemos conseguido una alianza con un gobierno que está dispuesto a dar pasos reales y concretos por mover el tema de una nueva gobernanza internacional, pero que principalmente está promoviendo una agenda de acción por cerrar portillos a la existencia de los paraísos fiscales y a regular decididamente el accionar de las transnacionales contra nuestras comunidades, pueblos y estados nacionales.

Ha llegado la hora de que pongamos en marcha un gran movimiento global ciudadano orientado a promover que las grandes riquezas y capitales paguen impuestos en nuestros países; a impedir que dichos capitales sigan evadiendo el pago de los mismos; a cerrar todos los caminos que llevan a la existencia de los paraísos fiscales; a impedir la impunidad de las multinacionales; a establecer marcos internacionales regulatorios vinculantes a las mismas y a crear una nueva gobernanza tributaria internacional.  En fin, de lo que se trata es que logremos una verdadera Justicia Fiscal.

Jorge Coronado es analista político, de Costa Rica, experto en temas de fiscalidad internacional.  Actualmente forma parte del Consejo Directivo de Latindadd, representando a la Comisión Nacional de Enlace.