Deseo resaltar la necesidad de que el Estado uruguayo haga un reconocimiento oficial del crimen de lesa humanidad que significó la diáspora y esclavización de la población africana en nuestros territorios durante la época colonialista, así como del genocidio indígena perpetrado en esos tiempos, hechos desgraciados que históricamente han determinado la desventaja social de los descendientes de dichos grupos humanos raíces de nuestra uruguaya identidad, desclasados y desplazados en forma endémica, insertos en una sociedad racista y discriminatoria desde sus estructuras institucionales primigenias y hasta la actualidad.

Por más esfuerzos que se han hecho y bienvenidos sean, existe todavía un liderazgo de elite legitimado socialmente que se refleja en diversos ámbitos de poder, donde aún el discurso de equidad racial no se transforma en realidad, fortalecido por adolecer de un reconocimiento o acto de constricción estatal, punto de partida esencial como reparación simbólica de gran significación, respaldo a las acciones afirmativas y políticas públicas que ha llevado adelante nuestro Gobierno desde el 2005 en adelante.

Los delitos contra la población originaria y africana esclavizada determinados por la invasión de Europa en las posteriormente llamadas Américas, que posibilitaron la acumulación de riquezas y el surgimiento del capitalismo en gran parte del mundo europeo signando a explotados y a explotadores con la marca indeleble de las injusticias de efectos perennes y actuales, son violaciones a los derechos humanos fundamentales que nos acompañan sin ser denunciados públicamente como tales y serían determinantes en visibilizar la vocación plural de un país. Sin embargo, al no ser puestas de relieve en su magnitud delictual masiva explotadora y masacrante, continúan ejerciéndose de alguna manera en dicha omisión, contaminando nuestra calidad democrática, a riesgo de volver a repetir tales repudiables acciones por no señalarse debidamente en forma ejemplificante de lo que nunca más debe repetirse. Ese es el racismo institucional que denunciamos y que no se vence con placebos sino que debe revertirse desde los órdenes establecidos sobre inequidades sociales. No es de extrañar en tal contexto que sigan apareciendo situaciones de explotación de seres humanos, venta y esclavización, si no logramos sanear el inconsciente colectivo y llamar a las cosas por su nombre.

Es el Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes 2015-2024 – Reconocimiento, Justicia y Desarrollo. ¿Qué tal si lo honramos?

En el caso afrouruguayos, recién con la ley de cuotas en lo laboral en el 2013, parcialmente el gobierno a través del Poder Legislativo, hace un reconocimiento del daño históricamente sufrido por las víctimas del racismo, la discriminación y la estigmatización desde el tiempo de la trata y tráfico esclavista.

Téngase presente que a estos territorios comenzaron a llegar personas africanas esclavizadas en el siglo 16, hay versiones de que antes. Cinco siglos después aún no hay un reconocimiento oficial de la masacre. Ni del delito social ni de los aportes culturales, políticos y económicos. Sucede lo mismo con la población originaria.

En la ley del Día de la Nación Charrúa y la identidad Indígena se habla tímidamente de “los hechos de Salsipuedes” sin hablar siquiera del intento de exterminio.

Y hablamos de dos de las tres raíces étnicas, conformadoras de nuestra nación oriental.

Uruguay ha reconocido el Genocidio Armenio y el Holocausto Judío ¿Y por casa?

También estas acciones darían pie a una inserción educativa adecuada de los temas en la enseñanza pública.

Es necesario que verdad, justicia y nunca más abarquen todas las barbaries que nuestra cercana humanidad ha sido capaz de cometer y de las cuales debe arrepentirse notoriamente como real acto de intención de no repetición.