Concluyó hoy 25 de agosto, en tribunales federales de Córdoba (Argentina) la denominada Megacausa La Perla, luego de tres años y ocho meses de sesiones, 352 audiencias, y declaraciones de 581 testigos sobre los casos de 716 víctimas de la represión en la década del ´70. Los imputados fueron 43 (11 de ellos fallecidos en el transcurso de este juicio) y hubo varias condenas a prisión perpetua.

Por estos mismos días de agosto, hace exactamente cuatro décadas, yo había pasado, en Córdoba, por las mazmorras del centro clandestino de detención D-2, había padecido interminables interrogatorios en el campo de concentración La Perla, y me encontraba como detenido-desaparecido en un pabellón especial de la antigua Cárcel de Encausados de esa ciudad. Las condiciones eran infrahumanas, en régimen de aislamiento riguroso, y sometido a constantes amenazas, requisas, traslados e incertidumbre acerca de mi propia sobrevivencia. No entraré en detalles, ya que el caso está estupendamente investigado y detallado en el libro del sociólogo jesuita Gustavo Morello (Dónde estaba Dios –católicos y terrorismo de Estado en la Argentina de los setentas-, Ediciones B, 2014 ¹).

Con la sentencia que emitió hoy el juez Jaime Díaz Gavier se cierra parcialmente un larguísimo calvario que se prolongó durante cuarenta años. Sólo entre los casos asumidos por las abogadas de la Fundación María Elba Martínez leo una larga lista con treinta y dos nombres de personas desaparecidas; el mío integra otra, brevísima, de siete personas identificadas como “sobrevivientes”, que actuamos en la Megacausa como testigos querellantes. Cada uno de los centenares de casos presentados con otros patrocinios, pero también el conjunto, son una exposición contundente de los mecanismos del terrorismo de Estado en Argentina.

Las cuatro décadas transcurridas fueron escenario de marchas y contramarchas en el ámbito de los derechos humanos, incluyendo estrategias de indulto y amnistía a favor de los genocidas, impulsadas por varios gobiernos. No fue sino hasta las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández que muchas de las causas pendientes cobraron impulso, a partir de notables cambios en las políticas públicas de derechos humanos, los tenaces esfuerzos de diversas organizaciones, las masivas movilizaciones populares, y una consecuente profundización de la memoria histórica.

Paradójicamente, llegamos a este punto cuando en paralelo se comienzan a abrir todo tipo de interrogantes, debidos en lo fundamental a las evidentes mudanzas de la actual administración de gobierno, que insiste en negar, menospreciar y desechar aquellas conquistas, y a la vez en crear climas que favorecen a los genocidas. Estos, por su parte, se envalentonan y anuncian en público que no tardará el día en que puedan marchar por las calles, tal y como lo hicieron algunos en las recientes celebraciones de la independencia nacional en el mes de julio. Miembros del Poder Judicial y multimedios poderosos de información como Clarín o el periódico La Nación se ocupan de atizar el fuego. Funcionarios de gobierno, encabezados por el propio presidente, exhiben públicamente su desprecio por temas relacionados con los procesos de memoria y justicia, preparando un escenario que desbarate todo lo avanzado con tanta lucha y dolor. Es, en definitiva “lo esperado en una etapa gubernamental que pretende rescatar la Dictadura del ´76”, tal como sintetiza en forma implacable y certera Aníbal Sicardi, director de Ecupres.