La sociedad civil colombiana demostró una vez más su capacidad para la deliberación y para la reflexión colectiva. Durante 8 meses en un intenso periplo la Unión Sindical de los trabajadores del petróleo con el auspicio de Ecopetrol convocó junto a la Universidad Nacional y el Ministerio del Trabajo la realización de 42 asambleas subregionales y 12 Asambleas Regionales que produjeron los insumos para el encuentro de los últimos tres días en el que participaron 1500 delegadas y delegados de todo el país.

¿Cuáles son a nuestro modo de ver las principales virtudes de este ejercicio?

La primera de ellas la amplitud y generosidad de la USO, que realizó una convocatoria para hablarle al país, no solo a los trabajadores petroleros. Eso no es usual.

La segunda, en parte consecuencia de lo anterior la agenda de discusión no estuvo solamente alrededor del tema minero-energético, aunque este ocupara un importante lugar en la deliberación.

En tercer lugar la USO logró mantener la centralidad del tema de la paz como articulador de la reflexión.

En cuarto lugar la USO mostró un avance de las características que deberá tener un ejercicio de Paz Territorial, desde y con los territorios.

En síntesis, la USO hizo un ejercicio plural, respetuoso, intenso y desprendido, como el país lo necesita, hacia la construcción de la paz.

En cuanto a los contenidos se refiere la agenda estuvo articulada alrededor de tres ejes temáticos. El eje de Política Minero Energética; el eje de Desarrollo Regional y Construcción de Paz y el eje de Cultura de Paz y Pos acuerdos.

Sin duda la riquísima discusión en estos ejes temáticos será objeto de un muy detallado análisis por parte de la USO.

Quisiera inicialmente destacar algunos aspectos de central importancia.

Política minero energética

En lo referente a política minero energética: “Se destaca entre las demandas de los delegados la preocupación por el tema ambiental (31%), en segundo orden por el control y la participación (25%), la responsabilidad estatal y empresarial (22%) en el manejo de los recursos y su impacto; menos peso presenta el rechazo a la política (11%) y la normativa constitucional (10%). Esta jerarquía puede explicarse por el carácter más sentido que tienen entre la población los tres primeros temas: los impactos ambientales, la participación y la responsabilidad del Estado y de las empresas.

A nivel de la demanda ambiental las exigencias se concentran en los siguientes cinco temas: 1. Minería ambiental y alternativa (42%) 2. Conocimiento y pedagogía sobre la temática (35%) 3. Moratorias, legalizaciones y exploración (7.5%) 4. Reparaciones y participación (7.5) y 5. Ordenamiento territorial (7.5%).

Del conjunto podemos destacar tres aspectos: 1. El peso que tiene el factor ambiental en esas exigencias 2. El requerimiento por el conocimiento y la educación en la mayoría de los factores, y 3. El hecho que enfaticen en el factor Institucional”[1].

En cuanto a las propuestas estas se centraron en Cuatro aspectos 1. Lo ambiental (36%) 2. La defensa del recurso y la empresa estatal (31%). 3. Sobre el extractivismo (20%) 4. Regalías. (13%)

La propuesta de nueva política petrolera y energética (NPPE) en un escenario de una Colombia del siglo XXI, gira alrededor de cuatro políticas fundamentales: 1. Una política o programa ambiental 2. Una política y/o programa de defensa de los recursos y respectivas empresas estatales. 3. Una política y/o programa sobre el extractivismo y 4. Una política y/o programa sobre las regalías y la misma renta. Como se puede ver se trata de asuntos nodales para la construcción de paz.

Desarrollo Territorial y Paz

En lo que tiene que ver con Desarrollo Territorial y Paz las distintas asambleas regionales erigieron sus propuestas sobre elementos de diagnóstico que giran en torno a los siguientes enunciados generales:

El modelo de desarrollo económico impuesto en Colombia ha sido el causante de la inequidad social, especialmente en la ruralidad, siendo el principal motor del conflicto armado. Ese modelo de desarrollo se ha erigido sobre economías extractivistas y de despojo que afectan de manera estructural los ecosistemas, impactan negativamente el medio ambiente y generan procesos de exclusión, inequidad, desigualdad social y pobreza generalizada. La Constitución Política de 1991 abrió caminos para el ejercicio democrático, pero es poco conocida y aplicada por las y los colombianos en la defensa de sus derechos y del territorio, siendo esto aprovechado por empresas y grupos o actores privados que en complicidad con los distintos gobiernos imponen sus intereses sobre los territorios y las comunidades.

La clase política tradicional ha gobernado históricamente a las regiones realizando una mala gestión pública, la cual se ve reflejada en el poco desarrollo regional. Las clases políticas locales de los partidos tradicionales han impedido la apertura de espacios democráticos a otras fuerzas políticas y sociales, así como le han inculcado a los sectores más vulnerables una cultura política gamonal y clientelista.

Las políticas sociales desarrolladas en las regiones son de carácter asistencialista, lo cual perpetúa el clientelismo e impide el desarrollo humano y social. Estas políticas no se implementan desde un enfoque que se fija como propósito esencial garantizar a los habitantes el goce efectivo de derechos, sino, como acciones de encubrimiento de prácticas de corrupción de los funcionarios estatales que es identificada como un factor importante que explica el poco desarrollo de las regiones. Estas prácticas unidas al narcotráfico y el conflicto armado son percibidos como elementos de estancamiento social, político y económico en los distintos territorios del país.

No en pocas ocasiones las elites políticas regionales se han aliado con los grupos armados ilegales para someter a un régimen de terror y miedo a las poblaciones y usufructuar el potencial electoral local en sus aspiraciones a llegar y mantenerse en los cargos públicos.

Las economías extractivistas y la presencia de las empresas transnacionales para la explotación de los recursos naturales se hace de manera inconsulta, devastadora y excluyente y no en pocas ocasiones acompañada de la violencia institucional y paramilitar.

La explotación minera a gran escala y de manera irracional afectan ambientalmente los territorios generando situaciones críticas que impactan directamente a las poblaciones.

Las instituciones ambientales como las corporaciones regionales manipulan, evaden y retrasan las consultas a las comunidades y entregan licencias a empresas privadas sin las consultas a las poblaciones campesinas y a los grupos étnicos.

Los planes de desarrollo son inconsultos e impuestos y responden más a la arbitrariedad de los mandatarios nacionales y regionales, que a las realidades y a las necesidades de los territorios y sus poblaciones.

Las consultas que se realizan no son vinculantes y se utilizan más para legitimar prácticas de gobierno que para concertar procesos de desarrollo.

En las distintas zonas donde el conflicto ha sido más agudo, se ha producido la criminalización de los líderes sociales, políticos y populares y, el desconocimiento del campesinado y de los sectores populares como interlocutor político válido.

Las cinco ideas fuerzas que constituyen el soporte argumentativo de este eje son:

1. Deben existir unas relaciones armónicas, equilibradas y racionales de los procesos sociales y productivos con el medio ambiente, salvaguardando los bienes comunes y los bienes ambientales de la nación, base esencial de su supervivencia. La política pública ambiental debe concertarse con las comunidades en los territorios dirigiéndose a la protección de los recursos estratégicos de la nación en materia de la recuperación y conservación eco-sistémica, la protección de la biodiversidad y la diversidad climática, la salvaguarda de los ecosistemas productores de agua estableciendo para estos la condición de bienes comunes. La sustentabilidad ambiental de los territorios debe priorizarse garantizando la integridad de los mismos, la supervivencia de las poblaciones y especies, el manejo adecuado y racional de los recursos y la generación de condiciones de vida digna para los habitantes.

2. Las economías extractivistas a través de las empresas trasnacionales se han desarrollado en muchos casos sobre la degradación del medioambiente, la explotación irracional de los recursos, las economías del despojo, la concentración de la riqueza y las prácticas violentas (privadas, institucionales y paramilitares), en abierto desconocimiento de los procesos territoriales, las poblaciones y comunidades locales. Las comunidades salen en defensa de modelos productivos sustentables que garanticen el acceso a la propiedad de la tierra, la soberanía y seguridad alimentaria de la nación y una minería ecológica y social protegida por una política pública y una normatividad pensada desde el bienestar de las comunidades y la protección de los territorios. Las comunidades y las distintas poblaciones han desarrollado una percepción de los territorios que está más unida al interés general que al usufructo particular y degradante de las potencialidades ambientales y eco-sistémicas en modelos extractivistas que se muestran indiferentes y ajenos a las problemáticas sociales de las poblaciones y al goce efectivo de derechos que definen su nivel de vida en un proceso de dignificación creciente.

3. Para las comunidades, el “desarrollo territorial ” está definido por la forma en que se establecen las relaciones productivas y distributivas sobre un territorio con el propósito de asegurar, en primera instancia, el ejercicio de los derechos de la población en la construcción de un modelo de vida seguro, sustentable y digno, que garantice el bienestar general y el buen vivir y, sólo en segunda instancia, los procesos de acumulación y expansión económica en una racionalidad de sustentabilidad ambiental y social. Forma parte de ello el ejercicio de acciones para garantizar el consentimiento previo, libre e informado.

4. La participación social y ciudadana se ubica en la línea de “radicalización de la democracia” en el sentido de que pretende buscar una participación activa, decisoria y eficaz de las poblaciones, fortaleciendo su capacidad de organización, movilización y resolución de problemas, así como la definición de líneas claras de interlocución e incidencia con el Estado y el gobierno para lograr un goce efectivo de derechos y un ejercicio democrático que supere la mera representatividad formal.

5. La paz con justicia social, remite a la idea de un estado de buen vivir alcanzado luego de un largo proceso de construcción social e institucional a partir de la confluencia de acuerdos sobre agendas sociales y políticas en torno a la construcción del bienestar general de la población, la convivencia política democrática, la conservación sustentable de los recursos ambientales y en general el goce efectivo de derechos; se construye sobre la base del respeto por el derecho a la vida, la construcción colectiva, la defensa de los bienes comunes, la ampliación y profundización incluyente de la democracia y el respeto a las luchas sociales y populares. Para ello se exigen políticas públicas con enfoque de derechos, ciudadanía de alta intensidad que se concibe como titular de derechos, y gobernantes dispuestos a ser garantes de la construcción de una democracia profunda y extensa.

Eje de cultura de paz

Centró su reflexión en los retos de construcción de paz; el Debate de género que cuestiona la débil agenda de género en la construcción de paz e incluso en el desarrollo de la asamblea misma; la Criminalización de la protesta y confianza para la participación es uno de los aspectos que más preocupa a las comunidades para la construcción de paz. En las Agendas para la Cultura de Paz se cuestionó la Doctrina militar y policial por las violaciones de derechos humanos.

A su vez la relación entre educación y paz fue mucho más allá de la pedagogía, por demás muy necesaria, sobre lo que está pasando en La Habana. Hubo énfasis en la deuda social que, en materia de educación, tiene el Estado; los problemas de falta de recurso humano; la falta de oportunidades para garantizar el acceso a la educación superior; etc. En referencia a la participación y sus mecanismos, más allá de proceso de la ANPP se considera necesario avanzar hacia un movimiento amplio por la paz. Se propuso “fortalecer espacios organizativos locales, en los cuales se generen escenarios de autonomía, autogestión y gobierno territorial, que impulsen mandatos populares y planes de desarrollo comunitarios, además de espacios a nivel nacional, como una nueva asamblea constituyente con participación de todos los sectores y la consulta previa, libre e informada, como herramienta de participación real de la sociedad”.

Hay mucho más en esta valiosa reflexión. Nos limitamos a decir que afortunadamente esta se dio liderada por una organización de los trabajadores, y por tanto se alimenta nuestra esperanza de construcción de paz.

CODA: Se insistió en el pronto inicio de las conversaciones públicas entre el gobierno y el ELN. Ojalá se escuche esa exigencia y las partes no cometan la irresponsabilidad de dejar pasar esta oportunidad y terminar el año sin diálogos formales.

- Antonio Madariaga Reales es Director Ejecutivo Corporación Viva la Ciudadanía

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 473

Semana del 20 de al 26 de noviembre de 2015

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