El Congreso de la Republica de Honduras aprobó la ley que da vida al programa Credimujer, orientado a canalizar recursos financieros y técnicos a las organizaciones, grupos, empresas y emprendimientos comerciales de mujeres localizadas mayormente en el medio rural con problemas evidentes de pobreza e indigencia en sus familias. Ha sido un clamor y una lucha de las principales organizaciones campesinas de mujeres agrupadas en la Plataforma Agraria y Mipymes, ya que cerca de 2 millones de mujeres en el medio rural no tienen acceso a medios y recursos productivos sostenibles, en especial servicios de crédito  en condiciones favorables.

Pero también ha sido un esfuerzo de diputados de los partidos políticos representados en el Congreso de la República, en especial de LIBRE y Partido Liberal. El argumento de fondo ha sido que el servicio de crédito agrícola y rural en Honduras se ha vuelto prohibitivo para los productores del campo, en especial para grupos y asociaciones de mujeres que tienen como forma habitual de vida la producción y comercialización de productos alimentarios. La banca privada nacional no presta el servicio de crédito a éste tipo de clientes por no tener garantías reales y evidencia de un riesgo mayor (no pago), la banca nacional destina muy pocos recursos a estas actividades (menos del 2% del crédito total otorgado en 2013) por sus altos costos de manejo, el mayor riesgo al ser productores que ejecutan actividades consuntivas que generan poco valor y vivir en pobreza.

No obstante esta iniciativa presentada por una diputada del Partido Liberal que se celebra como un gran logro del movimiento campesino de mujeres, en términos concretos lo que se aprobó un fondo de 10 millones de lempiras para créditos a las mujeres que será manejado bajo la modalidad de un fidecomiso en un banco de segundo piso para captar fondos de otras fuentes; es decir, el instrumento que se aprobó no es el que corresponde a la realidad observada donde estudios preliminares (Red-comal: 2013), demuestran que la demanda de crédito anual para organizaciones y grupos de mujeres campesinas supera los 300 millones de lempiras. Esta insuficiencia de recursos se explica en parte por los efectos que genera el ajuste económico negociado con el FMI, donde hay una clara intención de recortar el gasto de inversión productiva para cumplir con metas de reducción de déficit fiscal; pero también a la falta de criterios técnicos por el gobierno y miembros de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República por reasignar recursos de otras actividades, partidas o componentes al crédito para mujeres.

Un argumento de defensa de la Ley Nacional del Programa Nacional de Crédito Solidario para la Mujer Rural (Credimujer) por los diputados del Congreso de la República, en particular de los Partidos Libre y Liberal, es lo difícil que ha sido la aprobación de la misma por cuanto existía resistencia de ciertos diputados miembros de la Junta Directiva de dicho Congreso ya que la iniciativa va en contra de la política de austeridad del gobierno; una vez logrado esto, es de esperar que el monto de los recursos asignados aumente por el lado de la asignación del gobierno y cooperación internacional. La evidencia con otras leyes y programas relacionados (seguridad alimentaria por ejemplo) demuestra lo contrario; el gobierno termina absorbiendo una estructura burocrática sin recursos y sin apoyo de las organizaciones de productores rurales. La voluntad política desaparece al aprobarse la ley, y muy pocos políticos y autoridades de gobierno se comprometen a seguir apoyando estas iniciativas cuando las prioridades de inversión son otras.

Ya que Credimujer es un programa con autonomía propia, se necesita avanzar en intervenciones horizontales en las regiones y municipios de Honduras, donde en el marco de las mesas de seguridad alimentaria y desarrollo económico local se canalicen todos los recursos financieros al fortalecimiento del programa, alineando las intervenciones de las agencias cooperantes a estos propósitos.  Igualmente, introducir el componente /eje de género en la dinámica de las cadenas de valor que operan en estas regiones, para posibilitar la vigencia de nuevos productos financieros no bancarios de apoyo a la mujer rural y mí pymes lideradas por mujeres.

Por otro lado, hay que acompañar esta iniciativa con políticas multisectoriales complementarias (tecnología, competitividad, fiscal, formación vocacional, ambiente, precios) de apoyo a las mujeres productoras y emprendedoras. Una iniciativa en este campo es la creación de la Unidad de Políticas Publicas en el Secretaria de Coordinación General de Gobierno (SCGG) que debería ejecutar un plan piloto en regiones seleccionadas de generación y evaluación de políticas publicas de apoyo al desarrollo de la mujer campesina con el acompañamiento de las propias organizaciones.

Tegucigalpa, DC, 2 de octubre de 2015.