Cuando todos fuimos homosexuales y lesbianas (I)
Otra familia es posible. Otra Iglesia, difícil
15/07/2010
- Opinión
Argentina igualó derechos en el acceso a la institución laica del matrimonio. Pero no sólo eso: inició un fuerte debate en torno al concepto de familia y a la relación entre Estado e Iglesia.
El gobierno encabezado por Cristina Fernández impulsó una legislación revolucionaria y sin precedentes en la región. Entre el mediodía del 14 de julio y la madrugada del 15, el Senado argentino sancionó la modificación al Código Civil que habilita el matrimonio igualitario.
El tratamiento de la medida en la Cámara de Diputados había sido tan sonado como en la Cámara alta. Tras la sanción en aquella, a comienzos de mayo pasado, se instaló el debate en la sociedad y emergió una fuerte puja de intereses.
Las organizaciones y sujetos que defienden la igualdad en la diversidad organizaron charlas, manifestaciones y actos culturales en apoyo a la propuesta. A su vez, la Iglesia Católica -y sus primas evangelistas- se pusieron a la cabeza de una cruzada que adoptaría ribetes místicos y una retórica belicista.
Esto ocurrió en una Argentina que ha sido escenario de arduas confrontaciones entre el oficialismo -junto a sus aliados progresistas- y la oposición de derecha, que especula con un cambio de rumbo en 2011.
El gobierno argentino enfrentó a los responsables militares y civiles del genocidio(1976-1976) al dejar nulas las leyes de impunidad y someter a más de seiscientos de ellos a juicio.
Soporta las arremetidas del conglomerado mediático concentrado, que no le perdona la promoción de la antimonopólica Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Es presionado por el poderío financiero, tras estatizar el sistema previsional y fomentar una potencial reconfiguración del sistema financiero. Además, se enfrentó a las denuncias por demagogia cuando, en una medida sin precedentes, implementó la Asignación Universal por Hijo, que asiste, por fuera del clásico esquema de planes sociales, a más de 3 millones de menores de 18 años y discapacitados.
Respecto del debate por la igualación de derechos para personas de diversas identidades sexuales, la voz opositora se calzó la sotana. Los sectores reaccionarios de las iglesias organizaron la oposición a través de sus representantes en el ámbito político. Pero también hicieron uso de su tropa más maleable: grupos de jóvenes recolectaron firmas en calles de todo el país y se cursaron comunicados homofóbicos mediante los colegios religiosos.
El cardenal Jorge Bergoglio, quien tuvo un comprobado apoyo al régimen dictatorial(1976-1983), adoctrinó mediante comunicados leídos en misa. Esgrimió que se había desatado una “guerra de Dios”, y llamó a sus huestes a resistir un paso más en la secularización del Estado.
¿Por qué Bergoglio habló de guerra? Hay dos asuntos de fondo. Uno es la discusión acerca de la dimensión del concepto de familia. Se ponen en cuestión las premisas esenciales que sostuvieron a la familia como reproductora de la sociedad (tema tratado en “El matrimonio homosexual es más democracia” y “Romper con la represión y el patriarcado, en ediciones anteriores de APM).
El otro aspecto central es la relación –siempre conflictiva y cambiante- entre Estado e institución religiosa. Un análisis de este tema puede leerse en el artículo “Iglesia y Estado: el laicismo que no fue”, publicado por APM en noviembre de 2009.
Un cura de la provincia de Córdoba se manifestó a favor de la ley y será sometido a un juicio canónico. En la provincia de Mendoza, el presbítero Vicente Reale se manifestó en acuerdo con la modificación al Código Civil, al igual que muchas veces lo hizo en contra de mantener vigente el celibato: “No tenemos derecho a condenar o a obligar a otros y otras a que la compartan (la propia creencia), mientras no se afecten derechos de terceros", dijo.
Alessio y Reale son miembros del grupo de Curas en la Opción por los Pobres, colectivo que se manifestó en apoyo a la medida y que se reconoce heredero de la Teología de la Liberación. Su máximo referente, Eduardo de la Serna, dijo a la agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO): “No se entiende la sanción a Alessio.Hay un cura responsable de delitos de lesa humanidad (Christian Von Wernich) y otro que atentó contra los preferidos de Jesús, que son los niños, (Julio Grassi); y ambos siguen dando misa. Sin embargo, un cura emite una opinión respetuosa y argumentada, y es sancionado”.
Las reacciones violentas, las expresiones cerradas de la jerarquía católica y las manifestaciones públicas en los días previos a la votación en el Senado, generaron malestar aún en los adeptos a esa confesión. Repetir en pleno siglo XXI que la homosexualidad es una enfermedad y que las familias que no cuentan con un padre y una madre no son naturales derivó, incluso, en la modificación de su voto en algunos legisladores.
No conforme con su inconveniente reacción, tras la aprobación de la ley, la agencia católica ACI Prensa tituló “Senado contra Argentina: Aprueba ‘matrimonio’ homosexual”. Además, Justo Carbajales, representante del departamento de laicos de la Conferencia Episcopal Argentina, denunció un supuesto “pacto detrás de la ciudadanía” y esbozó una amenaza: “no nos quedaremos con los brazos cruzados”.
Por su parte, desde la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas expresaron su horror porque “con esta ley, no importa si uno nace hombre y mujer, a partir de ahora vamos a enseñar que uno puede elegir la orientación sexual que quiera. Eso es otro mundo”. Y a su vez sentenciaron que es negativo el cambio “en el modelo social que las personas traen de por vida”.
La estrategia poco fina de la Iglesia puede ser, también, una explicación para la ligera morigeración en la línea de los principales representantes mediáticos de la oposición: los diarios La Nación y Clarín.
El tratamiento en el Senado se inició en la Comisión de Legislación General, presidida por Liliana Negre de Alonso, miembro activo del grupo ultraconservador Opus Dei. Allí se intentó dilatar la llegada del proyecto al recinto mediante audiencias en las provincias y consultas populares que dejaron entrever el velado rechazo a la iniciativa.
Finalmente, en el debate que derivó en la sanción de la ley, la mayoría de las exposiciones de los senadores giraron en torno a convicciones personales, que dejaron de lado los mandatos populares y partidarios. Así, hubo oficialistas que se resistieron a la medida y opositores que la avalaron.
La derecha parlamentaria votó dividida de acuerdo a una línea de corte: los legisladores de matriz liberal ortodoxa, aún reconociendo su fe, acompañaron la medida, y los conservadores más penetrados por la tradición eclesiástica se opusieron. De todos modos, los primeros y los segundos acusaron al gobierno nacional de “crispar” los ánimos. Esta vez al caballito de batalla de la “crispación” muy pronto se le cansaron las patas; enfrente tenía a Bergoglio, quien llamaba a la “guerra”
Al interior del bloque oficialista se visibilizó un corte similar. Muchos senadores dieron su aprobación a la medida tras optar por una lectura político-estratégica. Si bien el proyecto no se originó en la estructura oficial, la suerte del mismo se inscribe en un escenario de disputa más amplio, en el que se dirime el avance de un proceso de transformación iniciado hace algunos años. Fue la propia presidenta Cristina Fernández la que asumió los eventuales costos políticos que podría acarrear una victoria de la derecha conservadora, cuando en reiteradas oportunidades defendió el criterio de igualdad y se enfrentó con la jerarquía eclesiástica
En la sesión, el oficialista Daniel Filmus, expresó que se debía avanzar porque “no estamos legislando sólo para la comunidad homosexual”, la ampliación de derechos redunda en una democracia más profunda para todos.
A esas palabras, se sumó lo dicho por el Néstor Kirchner, actual presidente de la UNASUR, tras la sanción definitiva: “estamos ante un modelo de ampliación de derechos muy importante. Argentina dio un paso trascendente. Cada vez que un país se decide a la ampliación de derechos, ese país está creciendo". A su vez interpeló a la Iglesia para que “se modernice y no repita los mismos pecados del pasado".
El jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto, tuvo a su cargo la intervención final en el recinto. Dijo que esta ampliación de derechos está inspirada en el laicismo de la Revolución Francesa (cuyo aniversario se cumplió al comienzo de la sesión). Denunció el “oscurantismo medieval de la derecha vaticana” y de sacerdotes como Antonio Marino, quien sostuvo que “los homosexuales son más violentos y promiscuos, llegan a tener 500 parejas a lo largo de su vida”.
El grupo de oficialistas que rechazó el proyecto se amparó en sus creencias religiosas. No avizoraron la relevancia de la contradicción entre el Estado laico y el intervencionismo eclesiástico en el ordenamiento social.
Esa contradicción tiene una fuerte presencia en la región. Se agudizó en los últimos años con el advenimiento de gobiernos con proyectos populares y democráticos. El presidente boliviano Evo Morales fue acusado por la iglesia de “querer una patria sin Dios”. “Otra iglesia es posible”, sostuvo el mandatario tras imponerle tributos por actividades lucrativas y eliminar la educación religiosa de las escuelas.
En Venezuela, el presidente Hugo Chávez encomendó recientemente a la Cancillería una revisión del convenio entre el Estado y el Vaticano. Argumentó que la Iglesia católica “goza de privilegios que se contradicen con la Constitución”. Según lo pactado en 1965, la curia “se queda con una parte de los ingresos por la exportación de petróleo” con lo cual financia sus propios programas. La jerarquía religiosa en ese país es aliada del bloque opositor y en más de una ocasión acusó al presidente de “marxista”.
La relevancia internacional de la medida sancionada radica en que sólo nueve países en el mundo tienen legislaciones semejantes, y ninguno en la región. Actualmente, en Argentina ya se celebraron nueve matrimonios entre personas del mismo sexo, bajo amparo judicial.
Por ese motivo, el titular de la Comunidad Homosexual Argentina, César Cigliutti, afirmó que el matrimonio igualitario se trata de "una conquista histórica, que va a figurar en la cronología de la Argentina y Latinoamérica".
En consonancia con lo que señalamos como debate de fondo, María Rachid, presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, aseguró que este es el primer paso para discutir “todas las familias”, más allá del lazo sanguíneo y la procreación, impuestos como valor superlativo.
Rachid valoró además que esta discusión “abre la puerta a otras, referidas a migrantes, discapacitados, o el aborto, que tiene un obstáculo común con la de matrimonio igualitario, ya que la Iglesia quiere imponerse sobre el conjunto de la sociedad”.
Como dijo Enrique Martínez, titular del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, "en un rato deberemos volver a las asignaturas pendientes, pero por este instante disfrutemos de pertenecer a la sociedad argentina”.
El tratamiento de la medida en la Cámara de Diputados había sido tan sonado como en la Cámara alta. Tras la sanción en aquella, a comienzos de mayo pasado, se instaló el debate en la sociedad y emergió una fuerte puja de intereses.
Las organizaciones y sujetos que defienden la igualdad en la diversidad organizaron charlas, manifestaciones y actos culturales en apoyo a la propuesta. A su vez, la Iglesia Católica -y sus primas evangelistas- se pusieron a la cabeza de una cruzada que adoptaría ribetes místicos y una retórica belicista.
Esto ocurrió en una Argentina que ha sido escenario de arduas confrontaciones entre el oficialismo -junto a sus aliados progresistas- y la oposición de derecha, que especula con un cambio de rumbo en 2011.
El gobierno argentino enfrentó a los responsables militares y civiles del genocidio(1976-1976) al dejar nulas las leyes de impunidad y someter a más de seiscientos de ellos a juicio.
Soporta las arremetidas del conglomerado mediático concentrado, que no le perdona la promoción de la antimonopólica Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Es presionado por el poderío financiero, tras estatizar el sistema previsional y fomentar una potencial reconfiguración del sistema financiero. Además, se enfrentó a las denuncias por demagogia cuando, en una medida sin precedentes, implementó la Asignación Universal por Hijo, que asiste, por fuera del clásico esquema de planes sociales, a más de 3 millones de menores de 18 años y discapacitados.
Respecto del debate por la igualación de derechos para personas de diversas identidades sexuales, la voz opositora se calzó la sotana. Los sectores reaccionarios de las iglesias organizaron la oposición a través de sus representantes en el ámbito político. Pero también hicieron uso de su tropa más maleable: grupos de jóvenes recolectaron firmas en calles de todo el país y se cursaron comunicados homofóbicos mediante los colegios religiosos.
El cardenal Jorge Bergoglio, quien tuvo un comprobado apoyo al régimen dictatorial(1976-1983), adoctrinó mediante comunicados leídos en misa. Esgrimió que se había desatado una “guerra de Dios”, y llamó a sus huestes a resistir un paso más en la secularización del Estado.
¿Por qué Bergoglio habló de guerra? Hay dos asuntos de fondo. Uno es la discusión acerca de la dimensión del concepto de familia. Se ponen en cuestión las premisas esenciales que sostuvieron a la familia como reproductora de la sociedad (tema tratado en “El matrimonio homosexual es más democracia” y “Romper con la represión y el patriarcado, en ediciones anteriores de APM).
El otro aspecto central es la relación –siempre conflictiva y cambiante- entre Estado e institución religiosa. Un análisis de este tema puede leerse en el artículo “Iglesia y Estado: el laicismo que no fue”, publicado por APM en noviembre de 2009.
Un cura de la provincia de Córdoba se manifestó a favor de la ley y será sometido a un juicio canónico. En la provincia de Mendoza, el presbítero Vicente Reale se manifestó en acuerdo con la modificación al Código Civil, al igual que muchas veces lo hizo en contra de mantener vigente el celibato: “No tenemos derecho a condenar o a obligar a otros y otras a que la compartan (la propia creencia), mientras no se afecten derechos de terceros", dijo.
Alessio y Reale son miembros del grupo de Curas en la Opción por los Pobres, colectivo que se manifestó en apoyo a la medida y que se reconoce heredero de la Teología de la Liberación. Su máximo referente, Eduardo de la Serna, dijo a la agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO): “No se entiende la sanción a Alessio.Hay un cura responsable de delitos de lesa humanidad (Christian Von Wernich) y otro que atentó contra los preferidos de Jesús, que son los niños, (Julio Grassi); y ambos siguen dando misa. Sin embargo, un cura emite una opinión respetuosa y argumentada, y es sancionado”.
Las reacciones violentas, las expresiones cerradas de la jerarquía católica y las manifestaciones públicas en los días previos a la votación en el Senado, generaron malestar aún en los adeptos a esa confesión. Repetir en pleno siglo XXI que la homosexualidad es una enfermedad y que las familias que no cuentan con un padre y una madre no son naturales derivó, incluso, en la modificación de su voto en algunos legisladores.
No conforme con su inconveniente reacción, tras la aprobación de la ley, la agencia católica ACI Prensa tituló “Senado contra Argentina: Aprueba ‘matrimonio’ homosexual”. Además, Justo Carbajales, representante del departamento de laicos de la Conferencia Episcopal Argentina, denunció un supuesto “pacto detrás de la ciudadanía” y esbozó una amenaza: “no nos quedaremos con los brazos cruzados”.
Por su parte, desde la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas expresaron su horror porque “con esta ley, no importa si uno nace hombre y mujer, a partir de ahora vamos a enseñar que uno puede elegir la orientación sexual que quiera. Eso es otro mundo”. Y a su vez sentenciaron que es negativo el cambio “en el modelo social que las personas traen de por vida”.
La estrategia poco fina de la Iglesia puede ser, también, una explicación para la ligera morigeración en la línea de los principales representantes mediáticos de la oposición: los diarios La Nación y Clarín.
El tratamiento en el Senado se inició en la Comisión de Legislación General, presidida por Liliana Negre de Alonso, miembro activo del grupo ultraconservador Opus Dei. Allí se intentó dilatar la llegada del proyecto al recinto mediante audiencias en las provincias y consultas populares que dejaron entrever el velado rechazo a la iniciativa.
Finalmente, en el debate que derivó en la sanción de la ley, la mayoría de las exposiciones de los senadores giraron en torno a convicciones personales, que dejaron de lado los mandatos populares y partidarios. Así, hubo oficialistas que se resistieron a la medida y opositores que la avalaron.
La derecha parlamentaria votó dividida de acuerdo a una línea de corte: los legisladores de matriz liberal ortodoxa, aún reconociendo su fe, acompañaron la medida, y los conservadores más penetrados por la tradición eclesiástica se opusieron. De todos modos, los primeros y los segundos acusaron al gobierno nacional de “crispar” los ánimos. Esta vez al caballito de batalla de la “crispación” muy pronto se le cansaron las patas; enfrente tenía a Bergoglio, quien llamaba a la “guerra”
Al interior del bloque oficialista se visibilizó un corte similar. Muchos senadores dieron su aprobación a la medida tras optar por una lectura político-estratégica. Si bien el proyecto no se originó en la estructura oficial, la suerte del mismo se inscribe en un escenario de disputa más amplio, en el que se dirime el avance de un proceso de transformación iniciado hace algunos años. Fue la propia presidenta Cristina Fernández la que asumió los eventuales costos políticos que podría acarrear una victoria de la derecha conservadora, cuando en reiteradas oportunidades defendió el criterio de igualdad y se enfrentó con la jerarquía eclesiástica
En la sesión, el oficialista Daniel Filmus, expresó que se debía avanzar porque “no estamos legislando sólo para la comunidad homosexual”, la ampliación de derechos redunda en una democracia más profunda para todos.
A esas palabras, se sumó lo dicho por el Néstor Kirchner, actual presidente de la UNASUR, tras la sanción definitiva: “estamos ante un modelo de ampliación de derechos muy importante. Argentina dio un paso trascendente. Cada vez que un país se decide a la ampliación de derechos, ese país está creciendo". A su vez interpeló a la Iglesia para que “se modernice y no repita los mismos pecados del pasado".
El jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto, tuvo a su cargo la intervención final en el recinto. Dijo que esta ampliación de derechos está inspirada en el laicismo de la Revolución Francesa (cuyo aniversario se cumplió al comienzo de la sesión). Denunció el “oscurantismo medieval de la derecha vaticana” y de sacerdotes como Antonio Marino, quien sostuvo que “los homosexuales son más violentos y promiscuos, llegan a tener 500 parejas a lo largo de su vida”.
El grupo de oficialistas que rechazó el proyecto se amparó en sus creencias religiosas. No avizoraron la relevancia de la contradicción entre el Estado laico y el intervencionismo eclesiástico en el ordenamiento social.
Esa contradicción tiene una fuerte presencia en la región. Se agudizó en los últimos años con el advenimiento de gobiernos con proyectos populares y democráticos. El presidente boliviano Evo Morales fue acusado por la iglesia de “querer una patria sin Dios”. “Otra iglesia es posible”, sostuvo el mandatario tras imponerle tributos por actividades lucrativas y eliminar la educación religiosa de las escuelas.
En Venezuela, el presidente Hugo Chávez encomendó recientemente a la Cancillería una revisión del convenio entre el Estado y el Vaticano. Argumentó que la Iglesia católica “goza de privilegios que se contradicen con la Constitución”. Según lo pactado en 1965, la curia “se queda con una parte de los ingresos por la exportación de petróleo” con lo cual financia sus propios programas. La jerarquía religiosa en ese país es aliada del bloque opositor y en más de una ocasión acusó al presidente de “marxista”.
La relevancia internacional de la medida sancionada radica en que sólo nueve países en el mundo tienen legislaciones semejantes, y ninguno en la región. Actualmente, en Argentina ya se celebraron nueve matrimonios entre personas del mismo sexo, bajo amparo judicial.
Por ese motivo, el titular de la Comunidad Homosexual Argentina, César Cigliutti, afirmó que el matrimonio igualitario se trata de "una conquista histórica, que va a figurar en la cronología de la Argentina y Latinoamérica".
En consonancia con lo que señalamos como debate de fondo, María Rachid, presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, aseguró que este es el primer paso para discutir “todas las familias”, más allá del lazo sanguíneo y la procreación, impuestos como valor superlativo.
Rachid valoró además que esta discusión “abre la puerta a otras, referidas a migrantes, discapacitados, o el aborto, que tiene un obstáculo común con la de matrimonio igualitario, ya que la Iglesia quiere imponerse sobre el conjunto de la sociedad”.
Como dijo Enrique Martínez, titular del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, "en un rato deberemos volver a las asignaturas pendientes, pero por este instante disfrutemos de pertenecer a la sociedad argentina”.
APM | Agencia Periodística del Mercosur | http://www.prensamercosur.com.ar
Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Universidad Nacional de La Plata.
https://www.alainet.org/pt/node/142906
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