A finales de febrero recibíamos dos noticias con el mismo protagonista: Gas Natural-Unión Fenosa. En varios diarios se nos informaba del beneficio récord obtenido por esta empresa: 1.195 millones de euros netos para 2009, un 13,1% más que en 2008.

 

Horas después recibíamos de Guatemala la noticia del asesinato de Octavio Roblero, dirigente del Frente de Resistencia de los Recursos Naturales y Derechos de los Pueblos (FRENA). Su nombre figuraba en la lista de personas que, por estar bajo amenaza de muerte, interpusieron un recurso de exhibición personal, entregado a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala el 20 de enero como una medida de protección. Las amenazas de muerte las había recibido por denunciar, desde FRENA, los abusos contra la población que estaba causando Deocsa, filial guatemalteca de Gas Natural-Unión Fenosa en el Malacatán, en el departamento de San Marcos.

 

El primer dirigente del FRENA asesinado fue Víctor Gálvez, cuñado de Octavio, el 24 de octubre del año pasado. Poco después, en el marco del Estado de Prevención, una suerte de Estado de sitio decretado por Álvaro Colom para proteger los intereses de Gas Natural-Unión Fenosa de las protestas de la población, fue asesinada Evelinda Ramírez. Parecen crímenes con un objeto común: descabezar a los movimientos populares que están denunciando a esta empresa. No tenemos pruebas de la relación directa entre Gas Natural- Unión Fenosa y los asesinatos, pero la eliminación de la protesta beneficia a la transnacional española.

 

Y ante dichos crímenes, ¿qué podemos esperar de los directivos de la compañía y el Gobierno español? Poco, basta con echar un vistazo a la dependencia que tienen las empresas españolas del IBEX’35 de sus filiales en América Latina. El resultado operativo de Gas Natural y Unión Fenosa en 2006 dependía en un 25% de sus filiales latinoamericanas. Demasiado dinero parece para que la compañía anteponga el respeto de los derechos humanos al beneficio y para que abandone Guatemala devolviendo las empresas distribuidoras de energía al Estado, y restituyendo a la población por los impactos generados.

 

Demasiado dinero para que Zapatero ponga los derechos humanos en la cúspide de la pirámide normativa del Estado español y obligue a las transnacionales españolas a respetarlos fuera de sus fronteras. Demasiado dinero para que lidere en la ONU la iniciativa de crear un código normativo vinculante para las transnacionales y proponga la creación de un Tribunal Internacional para juzgar a dichas corporaciones por la vulneración de los derechos humanos.

 

Mientras, seguiremos creando redes como Enlazando Alternativas o Respuestas a las Transnacionales (RETS) para resistir y denunciar a estas empresas y para que asesinatos como éstos no queden impunes.

 

- Jesús Carrión es investigador del Observatorio de la Deuda en la Globalización y Erika González es investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) - Paz con Dignidad.

 

- Este artículo ha sido publicado en el periódico Diagonal, nº 121, marzo de 2010.