Paz entre bandas: guerra a la ciudadanía
21/02/2010
- Opinión
Como de costumbre, las grandes decisiones de Estado, aquellas en las que se le va la vida a los colombianos, no se conocen por comunicaciones oficiales, sino por informes de prensa. Así se supo de la tregua que pactaron las bandas de paramilitares que asolan a Medellín, cuando ya tenía más de una semana de realizada, a instancias de una comisión armada por el Gobierno Nacional.
La primera reacción de las autoridades fue de indignación, no por los interlocutores, ni por los resultados de la gestión de los autodenominados notables, sino porque se filtró la noticia. Al menos esa fue la reacción del Alcalde de Medellín, a quien se le vio muy molesto por darse a conocer el pacto. Acaso por eso, él, a su vez, divulgó los nombres de los integrantes de la comisión, lo que suscitó el malestar de los nombrados.
Ahí se supo que participaban uribistas pura sangre como Jaime Jaramillo Panesso, quien, puesto en evidencia y con medio nalgatorio en la sepultura, decide tomar la vocería de la comisión; aparece Jorge Gaviria Vélez, hermano del tal José Obdulio y, hasta hace poco, cuota de este en el Gobierno de Medellín, justamente manejando los paras desmovilizados, ahora se desempeña como contratista de este municipio y del Gobierno Nacional. También aparece Jorge Ignacio Castaño, el hombre del gobernador de Antioquia, Luís Alfredo Ramos, asesor de paz del departamento, y quien en enero, cuando todo está casi cocinado, se retira misteriosamente de la comisión. Casi a la vez del retiro del “notable” Castaño, el Gobierno introduce a uno de sus hombres, al señor Gustavo Villegas, quien saltó a la notoriedad al descubrirse el paso de información, y el favorecimiento en contratos multimillonarios, a Felipe Sierra, de la red de alias Don Mario. Por esta conexión non sancta Villegas salió de la Alcaldía de Medellín y se decía que estaba bajo investigación de las autoridades. En el cruce de palabras de Jaime Jaramillo y el alto Comisionado para la Paz, Frank Perl, dijo el primero que el señor Villegas lo nombró en esa oficina como enlace entre la comisión y el alto Gobierno. Los dos miembros restantes difícilmente pueden calificarse de uribistas, hasta donde se sabe, como es monseñor Alberto Giraldo, de larga trayectoria en la búsqueda de la paz, y Francisco Galán, exdirigente del ELN, recién liberado.
Como una comisión secreta, con una misión gubernamental secreta, se crea esta comisión en el año anterior, 12 de noviembre, por orden expresa del Presidente de la República.[1] El carácter secreto es acentuado en una comunicación del 23 de noviembre del mismo año, reiterado en muchas formas en la misiva. En esta también aparece un punto que reza: “d. Ante eventuales “acuerdos”, es preciso señalar que estos no representan la voluntad del Gobierno Nacional, ni lo compromete.”[2] Punto este que recuerda la admonición de la grabación en la serie televisiva Misión Imposible: “Si usted, o alguno de sus agentes, cae o es descubierto, nuestro Gobierno negará cualquier vínculo en la misión” Quiere decir que desde el momento de crear la comisión estaba previsto el tipo de “acuerdos” a los que se iba a llegar, así como la reacción gubernamental de negarlos. Este comunicado es el libreto de un sainete.
No es el primer acuerdo de este tipo. Buena parte del desmadre de la criminalidad en Medellín tiene origen en un acuerdo como este, donde el Gobierno del alcalde Fajardo, en consonancia con la política nacional, no se mete con las bandas de alias Don Berna, a cambio que este no deje que nadie en los barrios se meta con Fajardo. Acuerdo conocido como donbernabilidad, o la gobernabilidad de Don Berna, que tiene al ex alcalde Fajardo aspirando a la silla presidencial. Tal pacto fue posible porque cuando se dio la supuesta desmovilización del autodenominado Bloque Cacique Nutibara, estos no presentaron la totalidad de sus hombres, se dice que lo hicieron en menos de la tercera parte, manteniendo el grueso de sus bandas en el control de los barrios de la ciudad.
Hoy, cuando Don Berna está ausente, reclamándole al actual alcalde Salazar que le debe su elección, se dice que hay desgobierno en la llamada oficina de Envigado, y que ese caos mafioso ha disparado las estadísticas de criminalidad. Parece ser que la intervención de la comisión está destinada a reparar este daño, es decir, a hacer que la oficina de Envigado funcione mejor y no se desgaste en pugnas internas.
Quedan muchas incógnitas. ¿Quién financió el funcionamiento de la comisión? ¿Ya resolvió su situación en la Fiscalía el señor Gustavo Villegas? ¿La autorización para seguir en esos pactos sigue vigente para Villegas? ¿Por qué se retiró el señor Castaño? Si no se pueden matar entre ellos, en virtud de la tregua, ¿pueden matar a los demás?, ¿A cambio de qué se dio la tregua?, ¿Vendrán más “felices coincidencias”?[3]
Pese a que el trabajo fue comisionado por el Gobierno, su éxito al lograr este “acuerdo” es un fracaso para las instituciones. Significa que la seguridad democrática poco tiene que ver con la seguridad ciudadana, que mientras la primera está destinada a cazar algunos guerrilleros y proteger terratenientes, la segunda se puede alcanzar como misericordia de los delincuentes. Porque el ciudadano común está desprotegido.
Y no sólo desprotegido. Es ignorado. Con los decretos de Emergencia Social se evidencia esto, pues, mientras el Gobierno niega la interlocución a los gremios médicos, científicos, a los sindicatos y a los pacientes, acepta como contraparte válida a los pillos narcotraficantes y paramilitares. Mientras los sindicatos y los opositores son desautorizados y estigmatizados, los mafiosos son legitimados; sus estructuras optimizadas. También tendrán un respiro en la acción policial, aunque la Policía lo niegue.
Según se vio en la insistencia ante el episcopado, esta es una política nacional tendiente a silenciar las estadísticas, enmascarando la falta de una política de seguridad ciudadana. La Donbernabilidad sigue, sin necesidad que Fajardo sea presidente, sigue como parche a la seguridad democrática. El retroceso hecho en Medellín sólo es un ajuste de cuentas, en lenguaje policial, a la reculada del alcalde Alonso Salazar quien apoyó la red de estudiantes sapos en la ciudad, incluso ofreció financiarla, pero al ver la reacción adversa de la opinión dejó a Uribe sólo. Ahora Uribe deja sólo a Salazar, luego de que este se paseara por los barrios como tombo del bajo mundo, en la ilusión que la ciudadanía le adjudicaría a su patrullaje el éxito de la comisión.
Ya había pasado para la cumbre del BID que los paramilitares impusieron toque de queda, y aterrorizaron con panfletos. Sin embargo, al menos para los juegos suramericanos habrá reducción de asesinatos, aunque incremento de otros delitos, nada es gratis. Pero… ¡hay del que salga a la calle en Medellín después de los juegos!
- José Darío Castrillón Orozco es Psicólogo
Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 195, Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org
[3]“felices coincidencias” fue el nombre que Jaime Jaramillo P dio al hecho que varios jefes paracos que estaban en cárceles de Cómbita, La Dorada, y otras, fueran trasladados a la de Itagüí, cerca de Medellín, o que alguno de ellos recibiera la casa por cárcel.
https://www.alainet.org/pt/node/139609
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