Estado, política económica y sector social productivo
13/11/2009
- Opinión
Los recientes acontecimientos en torno a la Ley de Ingresos y la liquidación de LFC en el contexto del decálogo calderónico del 2 de septiembre, obligan a la ciudadanía responsable y patriota a manifestar su opinión y solicitar su participación en el Congreso de la Unión.
La dotación de suficientes recursos al Estado para cumplir metas de crecimiento económico superiores a la de la población, destinados a las prioridades nacionales, hacen evidente el cortísimo alcance de la propuesta del Ejecutivo y las enmiendas de la Cámara de Diputados. Asimismo, la liquidación de LFC hacen explicita la tendencia al sometimiento del factor trabajo a favor del gran capital que busca privatizar los servicios públicos.
En las condiciones actuales de crecimiento económico y distribución de la riqueza y el ingreso, para una recuperación sustancial en el desenvolvimiento de la nación, es necesario reconstituir y dinamizar el sistema de economía mixta donde el sector social productivo deberá jugar un papel determinante. Obviamente el marco referencial más amplio deberá ser una verdadera reforma de los poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) en los ámbitos federal, estatal y municipal, acompañados de un sistema nacional de planeación democrática cuyo eje articulador sean las políticas hacendaria-monetaria-financiera y la ocupacional-laboral orientadas al fortalecimiento del mercado interior, descuidado en razón de la atención excesiva a la globalización.
La actual discusión sobre la Ley de Ingresos y la que vendrá sobre el Presupuesto de Egresos que se está dando entre diputados y senadores sobre cuestiones muchas veces accesorias, evidencian la falta de un enfoque integral e integrador de fondo para la solución de la problemática y el aprovechamiento de oportunidades a efecto de incorporar al proceso productivo importantes recursos, muchos de ellos subempleados, con los que cuenta la nación.
Por un lado la insuficiencia de ingresos y por el otro, el despilfarro y el desperdicio, el extravío de prioridades, la iniquidad en las cargas tributarias cancelan la posibilidad de una dinámica a la altura de las necesidades que plantea el crecimiento de la población nacional y los desafíos del entorno mundial.
Hasta ahora gobernantes, representantes populares, cámaras de comercio e industria, sindicatos y ciudadanos en general hemos eludido el compromiso de convocar a una convención nacional fiscal a efecto de ponernos de acuerdo en nuestras contribuciones al fisco y la forma inteligente del gasto y la inversión pública para un auténtico progreso económico y social.
El gran capital orientado más a los rendimientos especulativos que al riesgo productivo, la pequeña y mediana empresas con sus serias limitaciones y los trabajadores lastimados en sus percepciones reales, en los términos del modelo actual, favorecen el estancamiento. Así las cosas, tanto la oferta productiva como la demanda efectiva están constreñidas y por tanto obstaculizarán la salida de la crisis.
Puesta la mira preponderantemente en el petróleo crudo para exportación hasta que se acabe o se cuente con nuevas reservas probadas, tal actitud nos distrae de otras acciones para generar riqueza e ingreso equitativamente distribuidos desde su origen, en el campo, el trópico, los mares, la minería, las manufacturas, etcétera.
Por consiguiente es un imperativo replantear la organización y administración del Estado y su política económica y social hacia la realización de obras prioritarias de infraestructura física en la medida de lo conveniente, mano de obra intensiva, montarle amplias estructuras económicas, sociales, participativas y rediseñar la superestructura y el instrumental jurídico que lo propician.
Un elemento clave radica en impulsar la economía solidaria y cooperativa con tecnologías de avanzada y a escala competitiva desde la producción agroindustrial hasta las de bienes de capital, lo cual implica facilitarle capital de riesgo y financiamiento oportuno, asequible y barato, así como asistencia técnica a partir de la elaboración de un catálogo de proyectos que sustituyan importaciones, todo bajo el riguroso cálculo de rentabilidad económica general y no puramente comercial.
El combate a los privilegios de los monopolios privados y a los resultantes de la corrupción sindical y/o burocrática, significarán un medio ambiente favorable a una mayor libertad competitiva y concurrente de nuevos agentes económicos, capaces de lograr productividad sin seguir sacrificando al factor trabajo. Indudablemente la piedra de toque para este propósito será una educación para la cooperación, misma que debe iniciarse desde una pedagogía vivencial implantada en el sistema educativo nacional.
Bajo estas consideraciones la asociación civil Constitución y República, Nuevo Milenio llevará acabo la próxima reunión del Seminario Actualización Política, una Agenda Legislativa con Opinión Ciudadana.
Fuente: Forum en línea
https://www.alainet.org/pt/node/137700
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