Desde sus inicios, la SIP fue la punta de lanza de los intereses estadounidenses en la región. El gendarme de la “libertad de expresión” avaló dictaduras y atacó a gobiernos populares y democráticos.

 

En 1951 se llevó adelante una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Montevideo. El periodista José Steinsleger retrata pasajes de ese encuentro en su artículo “SIP: mordaza de libre presión”. Allí recuerda que Miguel Otero Silva, entonces propietario del diario El Nacional de Caracas, calificó de "tendencioso" un informe de la entidad en el que el dictador nicaragüense Anastasio Somoza aparece casi "como un ángel tutelar de la libertad de pensamiento, a la vez que se ponen como arquetipos de la democracia al chileno González Videla y a los dictadores bolivianos”. Otero Silva también admitió que le “daba vergüenza ver en aquella asamblea de Montevideo a los esbirros intelectuales de Rafael Leónidas Trujillo bramando en la tribuna para decir que Perón era un tirano y que en su país, en cambio, se disfrutaba de una absoluta libertad de pensar."

A efectos de desarrollar el núcleo duro del ideario de la SIP, repasemos cuál era el contexto de aquel cónclave de 1951 en relación con los gobiernos a los cuales hizo referencia ese informe.

En Nicaragua detentaba el poder el golpista Anastasio Somoza, quien mantuvo su dictadura desde 1937 hasta 1956. Antes fue Jefe Director de la Guardia Nacional desde donde, en momentos de la ocupación norteamericana, luchó junto a los marines contra las fuerzas del líder guerrillero Augusto César Sandino, cuyo asesinato finalmente planeó y ordenó.

Cuando las fuerzas estadounidenses evacuaron el país, dejaron al general Somoza como encargado de la defensa. Luego de esto, su ascenso en el poder siguió hasta que, en 1934, encabezó la revuelta que derrocó al presidente Juan Bautista Sacasa. El dictador era elogiado por la SIP.

En Chile gobernaba el liberal Gabriel González Videla quien llegó al gobierno con el aval de radicales, comunistas y demócratas en 1946. Pero durante su mandato traicionó su alianza política con el Partido Comunista y fue un aliado de la política norteamericana.

Dictó la Ley de Defensa de la Democracia, mediante la cual se prohibía la existencia de la orgánica comunista, y reprimió violentamente las protestas sociales (en particular, las de los mineros). También rompió relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y los demás países del llamado "bloque oriental". Años más tarde, ya fuera de la órbita del gobierno, en 1973 tomó un papel activo en la oposición al gobierno socialista de Salvador Allende y hasta su muerte (en 1980) colaboró con la dictadura militar de Augusto Pinochet como vicepresidente del Consejo de Estado. La SIP avaló a todos los golpistas y violadores de la Constitución.

Desde 1935, Bolivia estaba gobernada por militares nacionalistas que habían protagonizado la Guerra del Chaco. En 1951 tomó el poder una junta militar con el general Hugo Ballivián a la cabeza, luego de que la elite política-minera impidiera la asunción del líder del Movimiento Nacionalista Revolucionario, Víctor Paz Estenssoro, electo en las elecciones presidenciales de 1951. Empresarios y golpistas fueron aplaudidos por la SIP.

República Dominicana estaba, a mitad de siglo, bajo la sombra del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, quien llegó al poder luego del golpe de Estado a Horacio Vásquez en febrero de 1930. Trujillo, en 1952 fue recibido por el tirano español Francisco Franco. Su política fue de franca connivencia con los intereses norteamericanos, de frontal anticomunismo y, en los 31 años que se mantuvo en el poder, toda tortura o condena era borrada y negada. Una muerte era encubierta en un accidente o sus supuestos autores encarcelados. En 1961, Trujillo mandó a asesinar a las reconocidas hermanas Mirabal (Patria Mercedes Mirabal, Minerva Mirabal, y María Teresa Mirabal) férreas activistas opositoras a la dictadura. La dictadura, en todas sus etapas, fue saludada por la SIP.

Juan Domingo Perón cursaba aún la primera presidencia en 1951. Su gobierno se caracterizó por la organización y desarrollo del movimiento obrero y por la industrialización del país a partir de la gestación de una burguesía nacional, en el marco del modelo keynesiano. Su gestión fue fuertemente repudiada por la SIP, sobre todo cuando, con discusión parlamentaria mediante, expropió el diario La Prensa, histórico vocero de los sectores conservadores y difusor del liberalismo económico. El diario pasó a manos de la central obrera.

El trabajo de la SIP en el derrocamiento del presidente guatemalteco Jacobo Arbenz, ocurrido en 1954, puede también observarse en documentos de la CIA, desclasificados en 1999, y recogidos en el libro “La CIA en Uruguay” del historiador Roberto García (Doc. Nº 135875, 12 November 1953 y Doc. Nº 913376, 16 February 1954), que detalla los apoyos hemisféricos para el plan de desinformación.

En la época de las dictaduras en el Cono Sur, entre las décadas de 1960 y 1970, descubrimos nuevos capítulos del terrorismo informativo a cago de la SIP. Tienen que ver con su papel en la oposición a la Unidad Popular de Chile que llevó a Salvador Allende a la presidencia en 1970. La acción estuvo encabezada por el diario El Mercurio, cuyo director y propietario, Agustín Edwards, era el vicepresidente de la SIP. Al respecto puede revisarse el documental “El diario de Agustín”, realizado por estudiantes de la Universidad de Chile y estrenado hace dos años.

Tal como lo relata Steinsleger, “según investigaciones del Senado de Estados Unidos, el llamado Comité de los 40 autorizó a la CIA a una operación secreta de propaganda el 14 de septiembre de 1970. Menos de una semana después, la SIP emitió en Washington un comunicado que denunciaba las amenazas a la ‘libertad de prensa’ en Chile por los comunistas y sus aliados marxistas". Edwards, en 1970, llegó a reunirse con Richard M. Helms, director de la CIA. El periodista chileno Hernán Uribe señala que “la CIA manejó la gran prensa local y a los afiliados de la SIP. El Mercurio recibió millones de dólares para librar una campaña mediática de descrédito contra el gobierno de Allende”.

En 1974, la sociedad de patrones mediáticos decretó que el peor enemigo de la libertad de prensa en el continente era el gobierno nacionalista peruano de Juan Velasco Alvarado. Esa administración les había hincado el dedo en el ojo con algunas medidas de expropiación de la gran prensa. Pero mientras se preocupaban desde Miami en hacer estas denuncias, la brutal represión y el amordazamiento en las dictaduras de Chile y Uruguay eran prácticamente ignorados por los amos de la prensa.
Aunque a simple vista resulte contradictorio, en 1978 la SIP realizó una visita a Argentina con el objetivo de relevar la situación de la prensa en la dictadura (1976-1983), e hizo públicas sus críticas. De aquella actitud podrían inferirse valores democráticos por parte de la SIP.

Sin embargo, esa actitud de la gremial patronal mediática respondía al dictado del Departamento de Estado y de la CIA, toda vez que había sido instruida en el sentido de respaldar la posición adoptada un año antes por la administración estadounidense de Jimmy Carter, quien dio un vuelco a la política exterior que había promovido el golpismo en la región. Por su parte, los principales animadores de la SIP en este país, como el diario La Nación, entre otras empresas mediáticas se encolumnaron detrás de la dictadura y avalaron las practicas terroristas de Estado de la misma.

La vinculación de los amos de la prensa con los golpes militares del Cono Sur dejó sus huellas. En el año 2000, Danilo Arbilla Frachia asumió la presidencia de la SIP. Este personaje fue, nada más y nada menos, que director del Centro de Difusión e Información de la Presidencia de Uruguay durante la dictadura de Juan María Bordaberry.

Durante la estadía de Arbilla en el gobierno de facto se produjeron clausuras de medios, allanamientos de redacciones y se encarceló y torturó a decenas de periodistas, entre ellos al histórico dirigente de la Asociación de la Prensa Uruguaya, Rubén Acasuso, y al periodista y dirigente sindical Héctor Rodríguez.

En abril de 2002, en ocasión del golpe de Estado contra el presidente de Venezuela Hugo Chávez, la SIP se sumó a fenomenal acción mediática contra la democracia en ese país.

Lejos de repudiar al golpe, en las resoluciones de su Asamblea Anual, la SIP no hizo mención alguna a los episodios de abril de aquél año. Sin embargo sí se encargó de seguir descargando su odio contra gobierno popular repuesto: “en un clima de hostigamiento continuo a la prensa en Venezuela se gesta ahora un proyecto de la denominada Ley Orgánica de Participación Ciudadana que contiene la creación de un Consejo Nacional de Vigilancia de los Medios de Comunicación Social integrado por asociaciones vecinales que tendrían facultades para imponer multas o decretar el cierre de cualquier medio de comunicación que infrinja sus presuntas disposiciones”.

Luego, durante el sabotaje petrolero contra el gobierno venezolano, los medios privados no hicieron más que transmitir mensajes de división y odio para derrocar a Chávez. La SIP guardó cómplice silencio. Sí hizo una férrea defensa de Radio Caracas Televisión (RCTV) cuando el Ejecutivo Nacional decidió, en 2007, no renovar la concesión a esa empresa, haciendo uso de sus facultades legales y constitucionales, acordes con el derecho internacional.

En 2003, la consejera de Seguridad Nacional estadounidense, Condoleezza Rice, ordenó a la Asamblea General de la SIP, apoyar al gobierno boliviano de Gonzalo Sánchez de Losada. En ese momento, Bolivia estaba envuelta en un gran estallido social, en el cual su pueblo exigía la renuncia del presidente tras el asesinato de más de 80 personas por la represión policial. Sin embargo, en el año 2006, la SIP señaló que en Bolivia estaba en peligro la libertad de prensa. El pecado que hizo merecer estas denuncias fue el propósito del presidente Evo Morales de apoyar la formación de una red de medios comunitarias.

Respecto del golpe de Estado que vive Honduras desde hace cuatro meses, la SIP simplemente ha emitido expresiones del tipo “lamentamos las limitaciones a la libertad de prensa que sufren los medios de comunicación opuestos al golpe de Estado”. Asimismo, en sus comunicados se refiere al gobierno de facto de Roberto Micheletti como “nuevas autoridades” o “nuevo gobierno”.

A esto se suman diversas denuncias, por parte de periodistas que resisten el golpe, respecto de actuaciones de socios de la SIP en el derrocamiento de Manuel Zelaya. Se trata de Carlos Roberto Flores Facussé, ex presidente de Honduras y dueño del periódico La Tribuna, y Jorge Canahuati Larach, el multimillonario dueño de los diarios La Prensa y El Heraldo. Ambos aparecen entre los conspiradores que han iniciado el proceso golpista.

 

- Natalia Brite es integrante de APM