La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP impulsa iniciativa de nueva ley de medios audiovisuales y condena la campaña tergiversadora de las empresas concentradas.

 

La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), decana de los ámbitos académicos dedicados a la materia, apoyó y celebró la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de impulsar el debate parlamentario en torno al proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Reivindicó asimismo el proceso de discusión previa, que en los últimos cinco meses el proyecto original ha tenido, en los múltiples foros de discusión, llevados adelante con la participación de miles de actores de la sociedad civil, a lo largo y a lo ancho del país.

 

También repudió la actitud de algunas de las más destacadas empresas de medios de comunicación del país y de las cámaras que las nuclean, las que abandonando el más mínimo vestigio de “objetividad” e “independencia periodística”, han desatado una colosal campaña difamatoria, que busca intimidar y amedrentar la voluntad política de los legisladores nacionales.

 

En una resolución de su Consejo Académico, conocida el pasado 1 de septiembre, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP comprometió “su presencia durante las próximas semanas, en todas las instancias parlamentarias y extraparlamentarias donde se produzcan los debates necesarios, que permitan fortalecer el apoyo que la discusión de la ley necesita, como así también contribuir a la defensa de la dignidad profesional y de las fuentes laborales de los trabajadores de prensa, muchos de ellos graduados de nuestras casas de estudios, ante la mínima amenaza que puedan sufrir de parte de las empresas que los contratan”.

 

En un mismo sentido, convocó a sus espacios de organización universitarios a retomar articuladamente el esfuerzo y el protagonismo que el momento que atravesamos requiere.

 

En su declaración oficial, esa institución académica tomó en cuanta la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de enviar al Congreso de la Nación el Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, otorgándole estado de tratamiento parlamentario a una propuesta, basada en los 21 puntos que la “Coalición por una Radiodifusión Democrática” acordó en 2004, y a los cuales ese centro de altos estudios oportunamente adhiriera.

 

Entre las consideraciones formuladas por la resolución del Consejo Académico se destacan las siguientes.

 

Las carreras de comunicación de las universidades públicas han trabajado históricamente para la elaboración de una legislación en la materia que garantice los principios sobre derecho a la comunicación, consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, a la que ha suscripto nuestro país y la ha adoptado con jerarquía constitucional.

 

“Partimos de la idea de que la actividad radiodifusora -entendida en su concepto más amplio, abarcando a la radio y a la televisión en sus diversas modalidades de prestación- integra el derecho humano a la información y como tal constituye un servicio esencial para el desarrollo social, cultural, educativo e integral del país que atañe a todos los habitantes tanto individual como colectivamente”, afirma la resolución.

 

También destaca que los trabajos de investigación en nuestro campo se han comprometido en la denuncia inclaudicable de los procesos de privatización de la información en pocas manos, por considerarlos contrarios al derecho a la comunicación.

 

Recuerda que fueron y son numerosas las investigaciones que han demostrado cómo los medios son actores que participan junto a otros, de la lucha por la nominación legítima de la vida, desde intereses y apuestas propias. Esto conlleva a afirmar que los medios y las tecnologías infocomunicacionales no reflejan la realidad sino que contribuyen a crearla, lo que habilita y demanda la necesaria discusión en torno al papel que juegan los medios por parte del Estado y la sociedad civil en su totalidad.

 

La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP resaltó que en toda la región se ha sistematizado un trabajo empírico que da clara cuenta de cómo la cultura de los sectores populares y subalternos ha estado instrumentalizada por los medios de comunicación masiva, no en función de su revalorización sino en función de las lógicas de reproducción de los sectores dominantes, por lo tanto se hace impostergable la definición de políticas de real inclusión de estos sectores y no sólo de su mera visibilización amarillista y perversa.

 

Asimismo, destacó que “reconocer a la comunicación masiva como una de las grandes marcas de época que construyen sentido en nuestras sociedades, implica considerar la presencia del Estado como una protección y garantía para la libertad de expresión y comunicación. La legitimidad de la intervención pública se impone como en cualquier otra función colectiva de la sociedad”.

 

Por ultimo, consideró que, en ese sentido, el objetivo fundamental de cualquier marco regulatorio democrático de los medios de comunicación debiera de garantizar la diversidad y el pluralismo; siendo necesarias medidas efectivas para promover la diversidad de contenidos y perspectivas, el acceso a los medios de radiodifusión y el reconocimiento de una diversidad de formas jurídicas de propiedad, finalidad y formas de funcionamiento, incluyendo medidas para prevenir la concentración de medios.