Hablar de energía en el continente requiere, en primer lugar, ubicar el marco en el que se debe dar el debate.

Es imperioso marcar que aún en América Latina y el Caribe más de 45 millones de habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica, y una cantidad muy grande -pero no analizada cabalmente por los organismos internacionales- acceden de manera muy precaria a ella.  Más de 80 millones de habitantes aún cocinan con biomasa en condiciones que afectan su salud.[1]

Existen países del continente donde el sector de población que se encuentra en el quintil más bajo de ingresos, presenta una relación gastos en energía sobre monto de ingresos, diez veces superior que el sector de población de mayores ingresos.

Hablamos de un continente donde, a pesar de su “abundancia energética”, aún no ha resuelto el acceso de sus habitantes a los bienes energéticos necesarios para un vida digna.  Ya sea por falta de infraestructura, que solo es pensada para abastecer a los grandes consumidores, o por cuestiones sociales y económicas.

Pero estos no son los únicos problemas e impactos del sistema energético regional.  Debemos contabilizar también los fuertes impactos de las obras de energía, mega represas, extracciones hidrocarburíferas, nucleares, etc.  A esto se sumarán ahora seguramente los impactos del modelo de producción de agrocombustibles.

El proceso de globalización, apertura económica, privatización y transnacionalización de los recursos, bienes y servicios, por una parte; y las políticas de desarrollo promovidas por los gobiernos latinoamericanos, basadas en la exportación y uso intensivo de recursos naturales (con miras al incremento sostenido del Producto Interno Bruto), por otra parte, causaron y causan estragos en la región.  Esta dinámica, lejos de resolver, acrecentó -en América Latina y en todos los países no industrializados- la desigualdad social, la violación de los derechos de las personas y sus comunidades, y la destrucción masiva de territorios.  Sin embargo, hasta fines de los años 90 las señales de crisis, manifiestas en las alarmantes estadísticas de desarrollo humano y los magros resultados en los indicadores macroeconómicos de los países, fueron abordadas con un endurecimiento de las políticas de liberalización y privatización de los recursos, estrategia que beneficiaba y protegía a las grandes empresas transnacionales de las potenciales crisis locales.  Para ese entonces, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos seguían –unos más complacientes que otros- los dictámenes de las organizaciones financieras internacionales, según los cuales la venta de recursos y el crecimiento económico sostenido serían, al fin, la única opción viable y legítima para resolver los graves problemas de la región.

En este escenario, la energía, como “insumo” fundamental del desarrollo, resultó un sector especialmente atractivo para la inversión extranjera; y los augurios de agotamiento o restricciones al suministro de las fuentes convencionales volvían más interesante la incursión de las empresas en un bien que, con el tiempo, resultaría cada vez más escaso y costoso –por ende, más rentable-, permitiendo augurar un rápido retorno de las inversiones realizadas.  El petróleo, el gas natural y las grandes centrales hidroeléctricas despertaban el interés de las empresas transnacionales como REPSOL, ENDESA, IBERDOLA, AES Gener, Unión FENOSA, por citar algunas.

 Esta frágil estabilidad se diluyó en medio de profundas crisis sociales y políticas que desde comienzos del 2000, modificaron significativamente el mapa geopolítico de la región.

Se mantiene el mismo esquema

La llegada de los gobiernos progresistas en la región, lamentablemente aún no ha planteado un debate que permita revertir esta situación y avanzar en la construcción del concepto de energía como derecho humano.

El sistema energético actual en el continente es el resultante del proceso de liberalización impulsado por los organismos multilaterales desde los noventa.  Proceso que avanzó sobre la propiedad de los recursos, sobre la soberanía y que no se limitó a las empresas privatizadas, sino que invadió la lógica de todas las empresas, inclusive las de propiedad estatal que ahora responden a dicha lógica.

A pesar de las diferencias con las cuales los nuevos gobiernos de la región abordaron la problemática energética, que contempla desde nacionalizaciones, incremento de las retenciones a las exportaciones, etc.  todo indica que el rumbo general no ha cambiado y aún la energía sigue siendo pensada como una mercancía necesaria por las grandes empresas extractivistas e industrias asociadas de la región que se configura como un insumo relativamente abundante y barato frente a otras regiones del planeta.

Es posible adherir a la estrategia de re-nacionalización como mecanismo fundamental para la recuperación de soberanía territorial sobre recursos estratégicos, sin embargo, la composición de la matriz energética latinoamericana, basada principalmente en la producción de energía a partir de fuentes contaminantes, para la alimentación de grandes empresas, industrias, el sector transporte y la generación de electricidad, sigue siendo poco sustentable y altamente costosa, en términos sociales, económicos y ambientales.  En la lógica del desarrollo, la mayoría de los gobiernos de la región coinciden en la necesidad de ampliar y sostener grandes proyectos energéticos basados en fuentes convencionales; encaminados como están en la senda del crecimiento económico sostenido, continúan promoviendo matrices energéticas funcionales a las estadísticas macroeconómicas, más que a las necesidades, derechos y prioridades de la población que representan.  Menos relevancia aún se otorga a la protección y resguardo de los ecosistemas y territorios de los que dependen tanto gobernantes como representados para vivir.

Biocombustibles

Pero una nueva fascinación ha capturado a gran parte de los gobernantes de la región y es la de constituirla como proveedora mundial de combustibles, en este caso de origen vegetal.
La realidad del cambio climático hace que regiones como la Unión Europea, Japón o EEUU demanden de combustibles de origen vegetal con la idea de disminuir emisiones de gases de efecto invernadero sin alterar sus modos de vida y consumo.

Los impactos del desarrollo de la industria de los agrocombustibles en la región son totalmente predecibles y están asociados a la profundización de un modelo de agricultura concentrador de la tierra, expulsor de campesinos, altamente contaminante, de gran amenaza para la biodiversidad del continente y sumamente preocupante a la hora de impulsar un proceso de avance hacia la soberanía alimentaria.  Pero tal vez el problema mayor sea que a pesar de los discursos referidos al cambio climático, la profundización de este modelo resulte negativo frente a la posibilidad de mitigar las causas que están produciendo el calentamiento global.  La preocupación de la Unión Europea debiera ser, por un lado, cómo garantizar la protección de los bosques y florestas de nuestro continente de manera que puedan cumplir con su función climática y, por el otro, cómo actuar realmente sobre su modelo de consumo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de manera efectiva.

Recuperando las primeras palabras, en un continente en el cual no está resuelto el acceso digno a la energía para sus habitantes, en el cual los impactos sobre los territorios, los pueblos y la biodiversidad están causando desastres sin precedentes, donde, en muchos casos, las transnacionales siguen siendo los actores privilegiados, se hace necesario debatir realmente para qué y para quién hace falta la energía y cuales deben ser los caminos que permitan desestructurar el modelo extractivista exportador y construir otro modelo de relacionamiento con la naturaleza.

- Pablo Bertinat es integrante del Programa Conosur Sustentable

 La presente nota fue elaborada con base al trabajo: “Políticas Energéticas en América Latina: Aspectos críticos y propuestas de la sociedad civil, Informe Regional.” Elaborado por el Programa Conosur Sustentable y el Institute for Policy Studies que será presentado en el encuentro Enlazando Alternativas 3 en la ciudad de Lima.