El Congreso de República Dominicana aprobó, el 8 de abril, la prohibición constitucional de la interrupción legal del embarazo, mediante la modificación al Artículo 30 de su carta magna que establece la "inviolabilidad" de la vida desde la concepción hasta la muerte. La propuesta fue enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional y fue aprobada por 167 asambleístas contra 32 que no la aceptaron. El artículo fue aprobado mientras en los medios de comunicación se desató un intenso debate que el país hizo evidente el apoyo de la Iglesia católica a la iniciativa gubernamental. Votaron a favor asambleístas del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC), y una parte del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

En Dominicana, de acuerdo con cifras de The Alan Guttmacher Institute, en el informe "Aborto Clandestino una Realidad Latinoamericana, 1993", durante 1992 ocurrieron 82.500 abortos clandestinos. Ese mismo año, fueron hospitalizadas 14.650 mujeres como consecuencia de la práctica clandestina de la interrupción del embarazo. Datos más recientes, según el informe "Análisis de la Situación del Aborto Inseguro", de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, indican que la cifra de muerte materna en ese país se incrementó en los últimos años de 150 a 159 por cada 100 mil nacidos vivos al año, de los cuales 20 por ciento corresponde a muertes por abortos inducidos, señala una nota de Yajaira Figari, en clavedigital.com.do

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Fuente: Servicio de Noticias de la Mujer Latinoamericana y el Caribe, SEMLAC www.redsemlac.net