La victoria electoral de Barack Obama supone una nota de esperanza por un cambio de dirección en las relaciones de los Estados Unidos con América Latina y dentro de Norteamérica; un cambio que se aleje de la doctrina Monroe de superioridad estadounidense por encima de los vecinos del ‘patio de atrás’. Los expertos norteamericanos ya han empezado a apuntar que el nuevo Gobierno estadounidense debe centrar sus energías en la actual crisis económica y en las guerras de Iraq y Afganistán, lo cual no dejaría tiempo para cumplir con otras promesas electorales como la de poner en marcha una política de ‘buen vecino’ en las Américas y revisar los tratados de libre comercio pendientes.

Puede que esos expertos no estén demostrando demasiada confianza en la capacidad del 44º presidente y su equipo para gestionar varias tareas a la vez. Teniendo en cuenta lo mucho que se espera de él, Obama deberá moverse simultáneamente en varios frentes para ser visto como el hombre que trabaja para cumplir con las esperanzas suscitadas. Los próximos meses serán muy importantes para demostrar al resto de países del continente americano –desde Canadá a la Argentina– que los Estados Unidos están dando la espalda a la animadversión continental generada por el Gobierno de Bush. En su lugar, Obama deseará comunicar que los Estados Unidos tienen una nueva visión para esta parte del mundo; una visión basada en la igualdad, el respeto y el entendimiento. El nuevo Gobierno deberá enfrentarse a una fecha límite para demostrar esta nueva dirección política: el momento en que los jefes de Estado de todos los países del continente estén presentes en la V Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Trinidad y Tobago entre el 17 y el 19 de abril de 2009.

El nuevo Gobierno de Obama deberá reconocer que las mayores economías de Sudamérica se han ido alejando del Consenso de Washington, una camisa de fuerza neoliberal impuesta a los países en desarrollo durante las últimas tres décadas por instituciones de préstamo respaldadas por los Estados Unidos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El concepto de ‘libre comercio’ que lo caracteriza se ha convertido en algo odioso para la mayoría de los habitantes del continente, ya que la brecha entre ricos y pobres se ha exacerbado espectacularmente a pesar de las promesas que auguraban lo contrario. El reciente fenómeno de la elección democrática de un creciente número de Gobiernos con tendencias de izquierda en este continente es resultado directo del fracaso de las políticas de ajuste estructural que Washington ha impuesto desde los años ochenta con la ayuda de las elites dirigentes de la mayoría de países latinoamericanos.

Iniciar el cambio en Norteamérica replanteando el TLCAN

El hecho de que Obama convierta en realidad su promesa electoral de replantear el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, o NAFTA en inglés) será un paso en una dirección positiva teniendo en cuenta las graves repercusiones de este injusto acuerdo sobre los trabajadores y los pequeños campesinos de México, Canadá y los Estados Unidos. Desde que Obama comenzó su campaña para la candidatura presidencial por el Partido Demócrata, declaró que el TLCAN y otros tratados de libre comercio se deberían modificar para garantizar que en ellos primara la aplicación de las disposiciones en materia laboral y medioambiental. El Partido Demócrata se ha hecho eco de esta idea en un documento titulado ‘Renovando la promesa de los Estados Unidos’. De especial interés en el documento resulta la intención de “volver a comprometerse con una alianza de las Américas” y la necesidad de adoptar “políticas comerciales inteligentes, fuertes y justas”, lo cual incluiría una enmienda del TLCAN.

Aunque algunos sospechen lo contrario, la promesa de modificar el TLCAN podría resultar ser algo más que pura retórica electoral. Tras las elecciones del 4 de noviembre, en la página web de Obama se ha añadido lo siguiente: “Enmendar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte: Obama y Biden creen que se hizo una campaña excesiva a favor del TLCAN y sus posibilidades entre el pueblo estadounidense. Trabajarán con los dirigentes de Canadá y México para modificar el TLCAN de forma que funcione para los trabajadores estadounidenses”.

Este compromiso para volver a negociar el TLCAN ha sido bienvenido por la sociedad civil de los tres países signatarios. En México y Canadá, las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos y las asociaciones de productores se asegurarán que cualquier acuerdo entre nuestros países también funcione para los mexicanos y los canadienses. Sin embargo, tanto el primer ministro de Canadá, Harper, como el presidente mexicano, Calderón, se han mostrado reticentes a abrir el TLCAN para renegociarlo por miedo a abrir una ‘caja de Pandora’. Ambos mandatarios temen que cuando sus respectivas poblaciones tengan la oportunidad de evaluar el impacto de 15 años de TLCAN se produzca un clamor por un cambio radical del modelo o se exija que se abandone por completo. Sin duda, durante los primeros meses de gobierno de Obama se vivirá un intenso tira y afloja entre los pocos pero poderosos que defenderán como están las cosas y los muchos que aspiran a un cambio.

Frenar la ampliación de la ASPAN al resto del continente

Por si no bastara con el desafío del TLCAN, quedan aún muchas otras cosas por cambiar. Desde 2005, cuando ‘los tres amigos’ –Bush, Martin y Fox– se reunieron en la ciudad texana de Waco y anunciaron la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), ésta se ha utilizado como un mecanismo antidemocrático para la expansión del poder empresarial y la ampliación del perímetro de la ‘guerra contra el terrorismo’ de los Estados Unidos. Los poderes legislativos y la sociedad civil se han visto totalmente excluidos de toda participación en la ASPAN, mientras que 30 grandes compañías que integran el Consejo de Competitividad de América del Norte (NACC) dictan “recomendaciones” a los Gobiernos a través de sus grupos de trabajo sobre “prosperidad” y “seguridad”, rodeados de un total secretismo.

De momento, la ASPAN se ha traducido en toda una retahíla de medidas de convergencia (a menudo hacia los mínimos estándares posibles), una desregulación más profunda en áreas que no abordaba el TLCAN, y una mayor presión para que México abra su estratégica industria de la energía a inversiones extranjeras y Canadá acelere su volumen de exportaciones petroleras de arenas bituminosas. En el ámbito de la seguridad, la ASPAN ha supuesto una mayor militarización de las fronteras y medidas de seguridad como la Iniciativa Mérida, por la que los Estados Unidos ayudan al Gobierno mexicano con 500 millones de dólares anuales (durante tres años) para formación y equipos militares. En una línea muy parecida, Canadá aceptó el 14 de febrero de 2008 el Plan de Asistencia Civil (CAP) entre los Estados Unidos y Canadá, firmado en el cuartel general del Comando Norte del Ejército estadounidense en Fort Sam Houston, Texas. Este acuerdo permite a los ejércitos de ambos países enviar tropas al otro lado de la frontera en caso de ‘emergencia’.

En septiembre de 2008, mientras la crisis económica mundial saltaba a las portadas de todos los medios, Bush instaba a los jefes de Estado y a los representantes gubernamentales de 11 países del continente americano presentes en Nueva York para la apertura del nuevo período de sesiones de las Naciones Unidas a firmar un acuerdo denominado Caminos hacia la Prosperidad en la Américas (CPA). Todos los países signatarios tienen un tratado de libre comercio con los Estados Unidos o lo están negociando. (1) Curiosamente, la iniciativa CPA fue anunciada en la sede del Consejo de las Américas, una institución patrocinada por grandes compañías que actúa en los Estados Unidos como secretaría de la poco democrática y misteriosa iniciativa de la ASPAN.

El acuerdo CPA lleva muchos de los sellos distintivos de la ASPAN. Según la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC), el CPA se basa en “dos componentes parecidos a la ASPAN: por un lado, una agenda económica, mercantil y financiera cubierta por el término ‘prosperidad’ y, por el otro, una agenda de ‘seguridad’ dedicada a fortalecer los poderes militares y policiales para luchar contra el terrorismo, el narcotráfico, la inmigración ilegal, etcétera”. La iniciativa CPA, al igual que la ASPAN, es poco más que un intento por justificar la desregulación financiera y fomentar una intensificación del militarismo en la región (véase el regreso de la IV Flota de los Estados Unidos, que estaba medio sepultada, a aguas latinoamericanas).

Ahora, en los meses que transcurrirán hasta la Cumbre de Trinidad y Tobago, es hora de que el Gobierno de Obama anuncie la supresión de la ASPAN y el fin de la expansión continental del plan CPA. Afortunadamente, a principios de este año Obama declaró que: “A partir de mi primer año en el poder, convocaré reuniones anuales con el señor Calderón y con el primer ministro de Canadá. A diferencia de cumbres parecidas con el presidente Bush, éstas se conducirán con un nivel de transparencia que represente los estrechos vínculos entre nuestros tres países. Buscaremos la participación activa y abierta de los ciudadanos, de los trabajadores, del sector privado y de las organizaciones no gubernamentales para fijar la agenda y realizar avances”. El reto de responder a esta aspiración servirá de prueba de lo que sucederá en la Cumbre de Trinidad y Tobago.

Obama debería apresurarse a enterrar el ‘plan B’ al ALCA de Bush

El Gobierno de Bush está haciendo un último intento desesperado por redefinir el ‘libre comercio’ a través del plan CPA, recurriendo a la ahora ya familiar retórica de que “esta iniciativa permitirá contar con un foro en el cual los líderes pueden trabajar para asegurarse que los beneficios del comercio sean ampliamente compartidos. Se profundizarán las relaciones entre los mercados regionales”. Sin embargo, Bush sigue ignorando muy convenientemente las pruebas que demuestran que todos los demás intentos por abrir mercados han desembocado de hecho en la desintegración regional y han provocado un aumento de la desigualdad y la pobreza en la región.

El acuerdo CPA representa una estrategia tremendamente divisora concebida para acabar con el proceso de integración latinoamericana. Bush manifestó que “la iniciativa CPA está abierta a todos los países del hemisferio occidental, ya sea como socios o como observadores, que comparten nuestro compromiso con la democracia, la apertura de los mercados y el libre comercio”. Equiparar mercados abiertos y libre comercio con democracia es una fórmula bastante desgastada y no es difícil adivinar qué criterios se usarán para definir esa democracia. Pero más allá de esta simplificación, la gravedad del proyecto CPA estriba en su intención de asegurarse un bloque de Gobiernos latinoamericanos sumisos y fieles que se pueda utilizar en contra de procesos de integración regional como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Son ya 12 los países sudamericanos –entre ellos, los gigantes económicos de la región– que se han apuntado a UNASUR, mientras que una serie de países de la costa del Pacífico, exceptuando Ecuador y Nicaragua, se han visto obligados por los Estados Unidos a sumarse a la vía neoliberal de los Caminos de Washington.

Otros actores que están mostrando su respaldo por la iniciativa CPA son el Banco Mundial y el BID. A pesar de las dimensiones épicas de la crisis financiera estadounidense que se ha extendido por todo el mundo y no ha perdonado a América Latina –donde México ha sido uno de los países más afectados–, el Banco Mundial y el BID siguen sosteniendo que necesitamos más de lo mismo en el terreno de las políticas económicas. Estas instituciones han aplaudido la iniciativa Caminos como “un esfuerzo oportuno para defender los logros económicos de América Latina ante la inestabilidad financiera mundial [dado que] el comercio ha demostrado ser una herramienta poderosa para promover el crecimiento en esta región, que ha recurrido a las exportaciones para recuperarse de crisis pasadas”. El presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, ha manifestado que “saludo esta iniciativa porque el comercio puede jugar un papel importante en la lucha contra la pobreza. Dado el estancamiento de las negociaciones multilaterales de la Ronda de Doha, hoy es más importante que nunca que los países sigan adelante con la liberalización del comercio”. Finalmente, el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, ha asegurado que “este no es el momento de retroceder en el proceso de liberalización sino de profundizar nuestra integración económica. La ratificación de los acuerdos de libre comercio entre Estados Unidos, Colombia y Panamá sería un paso importante en la dirección correcta”.

“Sí, podemos”: un cambio para las Américas desde abajo

La resistencia en todo el continente al primer intento de los Estados Unidos por imponer el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) a todos los países de la zona condujo finalmente a su derrota en la IV Cumbre de las Américas, celebrada en Argentina en 2005. Los organizadores de la V Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en abril de 2009, esperaban poder centrarse en una agenda social para proporcionar una vivienda digna a todas aquellas personas que consideran que su hogar está en las Américas. La llegada del proyecto Caminos –el plan B de Bush al ALCA– supone una amenaza a la apremiante necesidad de que todas las naciones del continente se concentren en abordar las brechas que hacen que la región sea la más desigual del mundo.

Según Obama, “lo que es bueno para los pueblos de las Américas, es bueno para los Estados Unidos”. Entre las propuestas concretas de Obama (libertad política y democracia; libertad de temor y seguridad; libertad de necesidad y oportunidad), en el documento ‘Nueva alianza de las Américas’ afirma que “ha llegado el momento de una nueva alianza de las Américas” que dejé atrás “ocho años de políticas fracasadas” y “reformas impuestas desde arriba”. En lugar de ello, Obama propone una “agenda que avance en la democracia, la seguridad y la oportunidad desde abajo hacia arriba”. Para que el próximo inquilino de la Casa Blanca pueda alcanzar esta visión de una nueva ‘alianza’ en las Américas, la divisiva iniciativa Caminos de Bush debe pasar a mejor vida antes de la V Cumbre de las Américas que tendrá lugar en abril de 2009.

La IV Cumbre de los Pueblos en Trinidad y Tobago

Entre el 17 y el 19 de abril de 2009, tendrá lugar la IV Cumbre de los Pueblos en Puerto España, Trinidad, mientras los jefes de Estado se reúnen con motivo de la V Cumbre de las Américas. Los movimientos sociales procedentes de todos los puntos del continente, desde Alaska a la Tierra del Fuego, llevarán a esta nación isleña el mensaje de una ‘agenda de cambio’. Uno de los temas clave de los debates durante la Cumbre de los Pueblos será sin duda la debacle económica que ha golpeado al sistema capitalista, así como la oportunidad que esto ofrece para la puesta en marcha de un agenda de los pueblos que promueva el desarrollo sostenible, la justicia social, la igualdad y la coexistencia pacífica.

Junto con la Alianza Social Continental, (2) los movimientos sociales presentes en Trinidad y Tobago presentarán una ‘agenda de cambio’ de la que probablemente se harán eco, en gran medida, muchos de los Gobiernos recién elegidos de Latinoamérica y el Caribe. La V Cumbre de las Américas será un espacio óptimo para que Obama estrene un nuevo papel –basado en el respeto y la consulta– para los Estados Unidos en las Américas. ¿Aprovechará Obama la oportunidad de dar este valiente paso adelante? ¡Ojalá que sí!

Notas

(1) La Alianza Social Continental es una red que lleva diez años funcionando y que cuenta con secciones nacionales, regionales y sectoriales. En Norteamérica, está compuesta por Common Frontiers y Reseau Quebecois sur L’Integration Continentale (RQIC) en Canadá, Alliance for Responsible Trade (ART) en los Estados Unidos y la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC) en México.

(2) Los países que han firmado la iniciativa Caminos son los siguientes: Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú y la República Dominicana.

Rick Arnold es coordinador de Common Frontiers Canada; Manuel Pérez-Rocha es investigador asociado del Institute for Policy Studies y participa en la Alliance for Responsible Trade de los Estados Unidos.

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