Las historias de desplazamiento y migración, pérdida del sustento y del hogar, hambre y miseria, son realidades cotidianas para muchos pueblos y comunidades asiáticos.  Sus capacidades para ejercer su derecho a la libre determinación y a la soberanía alimentaria, a la riqueza medioambiental y a los recursos naturales se encuentran amenazadas por las fuerzas del mercado.

Mediante una estrategia global y multifacética, las corporaciones transnacionales y las instituciones financieras internacionales (IFIs) han reconocido las enormes ganancias que se pueden obtener con el control de los recursos naturales del mundo.  La tierra y el agua son consideradas como activos clave para la minería, la industria, la agricultura de exportación y los agronegocios de gran escala, todos ellos inversiones lucrativas que significan, además, ingresos muy requeridos por las arcas públicas con fondos escasos.  Las oligarquías nacionales y los gobiernos poco transparentes son aliados naturales de las corporaciones transnacionales y de las IFIs, ambas utilizadas como un pretexto para implementar leyes que alteran drásticamente el panorama de la abundancia natural.

A nombre del desarrollo, de la disminución de la pobreza y de la eficiencia económica, los grandes proyectos de infraestructura y los programas de privatización están transformando los recursos naturales en oportunidades de inversión y en commodities comercializables, con lo cual socavan las posibilidades de la gente de acceder a y controlar la tierra, los bosques, el agua, los minerales, la biodiversidad, los recursos genéticos y el conocimiento indígena tradicional.

Para citar un ejemplo, a partir de diciembre de 2006, el Banco Mundial (BM) ha asignado US$ 1,64 mil millones para sus proyectos de  recursos naturales, agricultura y agua en Asia, que representan el 23 por ciento del total de sus préstamos en la región.  El alcance de la intervención del BM en la agricultura y el entorno natural se extiende desde proyectos de administración y gerencia de la tierra, hasta proyectos de infraestructura, como, por ejemplo, los caminos que conectan la granja y el mercado. 

En el mismo período, el Banco de Desarrollo Asiático (ADB) ha desembolsado cerca de US$ 1,5 mil millones para proyectos de agricultura, recursos naturales y abastecimiento de agua, que representan el 18 por ciento del total de sus préstamos.  Muchos de estos proyectos incluyen paquetes de privatización que supuestamente beneficiarían a la gente pobre y marginada.

No obstante, contrariamente a lo que pretenden las IFIs, muchos de estos proyectos han fracasado notoriamente en sus objetivos anunciados de reducción de la pobreza, mejoría en la provisión de servicios y desarrollo económico.  Un caso patente son los programas del BM de reforma agraria basada en el mercado o negociada, que se han aplicado en unos 30 países en desarrollo.  Éstos facilitan la creación de mercados de tierras al establecer créditos y bancos de tierras, como mecanismo para privatizar los servicios de apoyo. Así, las familias pobres de las zonas rurales pueden comprar tierras y luego venderlas en un mercado compuesto supuestamente de "vendedores y compradores voluntarios".  El resultado de estas políticas agrarias no es sólo quebrantar la demanda perenne por una reforma agraria amplia y verdadera, sino agudizar la problemática de los sin tierra y de la concentración de tierras, cuando numerosas familias campesinas se ven obligadas a revenderlas -muchas de estas tierras tienen suelos pobres y marginales y un escaso acceso a los mercados- aunque para su compra se hayan endeudado con altas tasas de interés.

Esta situación genera más hambre y pobreza en el campo, aumenta el éxodo del campo a la ciudad y agudiza el malestar rural.  En Tailandia, los campesinos del noreste se encuentran amenazados con expulsión de sus tierras y con la restricción obligada de sus prácticas agrícolas.  Esta situación ha sido patrocinada por el Banco Mundial y el gobierno tailandés a través de un programa de "titulación de tierras" o de "reforma agraria basada en el mercado", que convierte a la tierra en una mercancía a ser comprada e intercambiada en mercados de tierras.  Todo esto resulta aún más problemático en un país donde la titulación formal de tierras es reciente.

La política de desarrollo rural de las IFIs exige la transformación de la agricultura de subsistencia en un modelo agro-exportador.  El campesinado y los aldeanos en Indonesia están sufriendo violencia, hostigamiento y desahucios forzados por parte de la policía y los gobiernos locales, cuando sus tierras son asignadas al cultivo de plantaciones de palma de aceite.  En el vecino Laos, con el Proyecto de Desarrollo de Plantaciones de Bosques, financiado por el Banco Asiático del Desarrollo, cerca de 150.000 hectáreas de plantaciones de eucalipto están substituyendo los cultivos y bosques tradicionales.  Si bien la pretensión es reducir la pobreza e incrementar los ingresos estatales, los campesinos y aldeanos temen que eso traiga mayor pobreza y pérdida creciente de acceso a sus tierras.  Del otro lado del Océano Índico, miles de granjeros en el estado de Andhra Pradesh se han suicidado debido al incremento de las deudas que contrajeron para cambiar sus propias formas de producción por la agricultura mecanizada y basada en el mercado.

Otras formas de privatización incluyen las áreas comunales de pesca, como es el caso de la cuenca del Lago Tonle Sap, que amenaza la seguridad alimentaria de Camboya, además de su economía y su identidad cultural.

Inversiones en el recurso agua

Las IFIs también han dirigido sus recursos hacia la privatización del agua y de los derechos del agua.  En 2005, el BM invirtió un total de US$ 1,8 mil millones para el abastecimiento de agua y saneamiento (no incluyendo la irrigación, la energía y el ambiente), representando el ocho por ciento del total de préstamos.  En cuanto a la ADB, ha invertido un total de US$ 15 mil millones entre 1968 y 1999, o sea el 19 por ciento del total de préstamos en operaciones relacionadas con el agua. En 2006, este mismo total destinado al abastecimiento de agua y al saneamiento sumaba US $ 648 millones.

La promesa de introducir "servicios mejorados a bajo precio" con estos proyectos no se ha cumplido.  Muchos de los problemas (deudas, sub-financiamiento y falta de inversión, tarifas de agua que están en las nubes, tuberías rotas y robo del agua) que caracterizaban la época pre-privatización han vuelto a aparecer e incluso se han empeorado.  En la ciudad de Manila, las mujeres pobres tienen que comprar agua a un carro-cisterna privado a un  precio que supera los US$ 3 por metro cúbico, lo cual representa más de la mitad de su ingreso diario.  Estos hogares pobres han adoptado "estrategias de ahorro del agua", como son la reutilización del agua para la lavandería, limpieza de baños y riego de las plantas.  Entre tanto, siguen aguardando el cumplimiento de la promesa de agua entubada, hecha hace diez años por la compañía privada Maynilad Water Services Inc.  En la vecina Tailandia, el proyecto de tratamiento de aguas residuales de Samut-Prakarn, de la ADB, que apuntaba a minimizar la contaminación por las aguas residuales, ha hecho todo lo contrario, afectando directamente a las comunidades costeras y matando mangles.

De hecho, las pretendidas respuestas a las necesidades de energía y control de inundaciones de países en desarrollo están exacerbando el desplazamiento y el empobrecimiento de comunidades rurales.  En la India, la polémica represa de Sardar Sarovar ha desplazado y dejado en la miseria a millones de indígenas de comunidades pesqueras y agrícolas.  Asimismo, en Nepal está vigente la amenaza de desastre ambiental, ecológico y social en torno al Proyecto de Abastecimiento de Agua de Melamchi, un proyecto inter-cuencas que desviará el agua del Río Melamchi al valle de Katmandú mediante la construcción de un túnel.

Queda claro que se ha ocultado información a las comunidades, a los granjeros, a los pescadores, a los pueblos indígenas, a los consumidores y al público en general, y no se les ha consultado sobre el manejo de su tierra y de su agua.  Cuando los mecanismos de mercado y la capacidad de pago de las personas se convierten en los medios para la redistribución de la riqueza y el poder, el resultado deriva en una mayor exclusión de la gente pobre y ya marginada.

Toda esta situación genera una creciente resistencia y la consecuente defensa de enfoques innovadores para la gestión de la tierra y del agua.  Las comunidades afectadas por las represas, ecologistas, ONGs, académicos y otros sectores en la región de Mekong han resistido repetidamente y, con toda legitimidad, han defendido sus vidas y hogares contra la ofensiva de los proyectos de mega-infraestructura.  También existe un movimiento activo y dinámico anti-IFI en Asia del Sur y Asia del Sur-Este que denuncia los impactos verdaderos de los programas de privatización en sus comunidades y propugna que estas instituciones salgan de Asia.  En Tailandia, la Asamblea de los Pobres, la Red de Reforma de Tailandia y otros movimientos han emprendido ocupaciones de tierras como alternativa a la incapacidad del mercado y del gobierno para ejecutar la redistribución de la misma.  De esta manera, 4.000 comunidades rurales en el Norte han accedido a cerca de 2.300 hectáreas de tierra a través de un movimiento comunitario de reforma agraria.  Lo mismo está sucediendo en Bangladesh, Filipinas e Indonesia.  Los modelos alternativos, tales como las asociaciones para el agua de tipo público-público (PUPs), hacen un contrapeso a la privatización y a las asociaciones de tipo público-privado.  En Malasia e Indonesia, la empresa de agua más eficiente cobra las tarifas más bajas para el líquido y, sin embargo, tiene ingresos de millones de dólares, siendo una empresa pública.  En Taguig, Filipinas, las comunidades urbanas pobres han formado asociaciones vecinales para invertir en tuberías y se están organizando desde sus bases para manejar sus sistemas de agua y recursos de agua subterránea.

Hoy, esta resistencia se está aglutinando bajo el modelo alternativo de la soberanía alimentaria de los pueblos.  Existen numerosos movimientos rurales y urbanos en Asia que están luchando por él: los Pueblos y Trabajadores de los Bosques en la India, la Federación de Uniones Campesinas de Indonesia, la Asociación de Mujeres Campesinas de Korea, la Red Asia-Pacífico por la Soberanía Alimentaria, la Coalición Nacional de Mujeres Campesinas de Filipinas, y muchos otros.  La soberanía alimentaria de los pueblos, entendida como el derecho de los pueblos y de las comunidades a tener los medios seguros, suficientes, saludables y ecológicamente sostenibles para producir, recolectar, consumir, almacenar y distribuir alimentos, sencillamente no será posible si los pueblos no tienen acceso y control sobre los recursos naturales. 

Más de 500 agricultores, pescadores/as, mujeres, pueblos indígenas, jóvenes, pastores y consumidores/as de 98 países, que se congregaron en Selingué, Malí, el pasado mes de febrero, para consolidar un movimiento global por la soberanía alimentaria, atestiguaron la urgencia y la importancia de que la gente tenga potestad sobre los recursos.  Es más, Nyéléni significa ímpetu, inspiración y esperanza de que ya llegó la hora de que el modelo de soberanía alimentaria sea implementado.  Los movimientos asiáticos están dispuestos a seguir enfrentando el desafío.


- Mary Ann Manahan, de Filipinas, es investigadora de Focus on the Global South, del área de recursos comunes compartidos (tierra y agua), y miembro de la Land Research Action Network.