Entre lo político y lo humanitario
23/11/2007
- Opinión
De forma sorpresiva, aunque no inesperada, el presidente Uribe dio por terminada la facilitación de la senadora Piedad Córdoba y la mediación del presidente Hugo Chávez en relación con el eventual acuerdo de intercambio humanitario que permitiera la liberación de los soldados, policías y dirigentes políticos que las FARC tiene secuestrados o tomados como rehenes. ¿Qué hay detrás de esta determinación luego de semanas de una gestión que, aunque no lograba concretar la liberación de estas personas si alcanzó a producir hechos positivos que alentaron la esperanza de su eventual liberación?
Los antecedentes
Los acuerdos de intercambio humanitario no son una novedad en el conflicto colombiano. Las guerrillas han recurrido al secuestro como instrumento de lucha política y negociado la liberación de los secuestrados a cambio de ciertas decisiones por parte del gobierno. Baste recordar que el ELN, en 1970 secuestró al ex ministro Fernando Londoño y lo liberó a cambio de un cese de acciones militares en Caldas; el M19 en su momento hizo del secuestro un arma de acción política para obligar a los gobiernos a adoptar determinadas decisiones. La toma de la Embajada Dominicana en febrero de 1980 fue tal vez la más resonante de estas acciones. En medio de la vigencia del Estatuto de Seguridad, a la sombra del cual se produjo una grave crisis de derechos humanos por las arbitrariedades de la fuerza pública, el M19 obligó al gobierno del presidente Turbay Ayala a negociar con el grupo insurgente. Pero se trató de negociaciones para liberar a personas secuestradas o tomadas como rehenes con fines políticos. Práctica común de los grupos insurgentes en sus guerras.
Pero en Colombia, en las dos últimas décadas, el secuestro fue utilizado por las guerrillas como una de sus fuentes de financiamiento. En esta dirección se produjo un escalamiento del secuestro sin precedentes en las guerras insurgentes. Las FARC inventaron las “pescas milagrosas” y mediante este mecanismo el secuestro colectivo indiscriminado se convirtió en un instrumento atroz para la comisión en gran escala de este crimen de lesa humanidad. Los secuestrados con fines económicos no son objeto de propuestas de intercambio. Su liberación está condicionada al pago de rescates y por eso, cuando se habla de intercambio, estas personas son tácita o expresamente excluidas. Los secuestrados “canjeables” son los militares, policías y dirigentes políticos.
En 1997 el Pleno del Estado Mayor de las FARC decidió recurrir a la captura de soldados y policías en combate o su secuestro en “pescas milagrosas” y otro tipo de acciones para canjearlos por guerrilleros presos en cárceles del Estado. Desde entonces plantearon la necesidad de lo que ellos llaman “canje de prisioneros de guerra” y que, en las negociaciones con el gobierno de Pastrana, propusieron como Ley del Canje, que debería ser acordada en una mesa especial al frente de la cual designaron a Manuel Marulanda Vélez, lo que revela la importancia que las FARC le atribuyen al tema. Desde esta posición negociaron con el presidente Samper, en mayo de 1997, la liberación de varias decenas de policías y soldados, a cambio del despeje temporal en Cartagena del Chairá. Posteriormente, en el marco de las negociaciones de paz con el gobierno de Pastrana, acordaron la liberación de quince guerrilleros enfermos por cuarenta y dos policías y soldados igualmente enfermos. Unos días después las FARC dejaron en libertad más de un centenar de policías y soldados. En este caso el intercambio no fue realizado como “canje de prisioneros de guerra” pero sí fue un acuerdo de intercambio de naturaleza humanitaria, que sentó un precedente importante que ha sido ignorado el actual gobierno. En estos movimientos uno de los intereses de las FARC es el ser reconocidas como fuerza beligerante a través del intercambio de prisioneros de guerra. Sin embargo no han alcanzado este objetivo como quiera que el intercambio, tal como se ha desarrollado, ni implica el reconocimiento del estatus de beligerancia.
En estos precedentes ha sido claro que la liberación de los secuestrados, trátese de soldados y policías o dirigentes políticos, ha sido un hecho político en el que lo humanitario ha ocupado un puesto secundario. Las personas en cautiverio han jugado como instrumento de negociación política, tanto para las FARC como para el gobierno. Desde luego, toda acción humanitaria tiene contenidos y efectos políticos. Hasta ahora lo político ha subordinado a lo humanitario y es eso lo que sigue prevaleciendo. Lo fundamental, para las partes, es sacarle ventajas al enemigo a costas del llamado “acuerdo humanitario”. Parte del esfuerzo que hay que hacer es lograr invertir la relación y que lo humanitario prevalezca sobre lo político.
El gobierno de Uribe y las posibilidades del intercambio
La ruptura de las negociaciones entre el gobierno nacional y las FARC y el triunfo de Uribe Vélez con su política de “seguridad democrática” modificaron sustancialmente el contexto político para un posible intercambio. El Presidente lo condicionó a un proceso de paz y las FARC al despeje de dos departamentos. Sin embargo, estos “inamovibles” iniciales fueron modificados. Las presiones nacionales e internacionales llevaron al presidente Uribe a aceptar la posibilidad de un acuerdo para la liberación de los secuestrados al margen de un proceso de paz y las FARC redujeron sus pretensiones de despeje a los municipios de Pradera y Florida. Posteriormente tanto las FARC como el gobierno variaron en algo sus posiciones. El gobierno nacional dice estar dispuesto a liberar guerrilleros procesados o sindicados por rebelión a condición de que no vuelvan a las armas y se comprometan con la construcción pacífica del país. Por su parte las FARC no aceptan condicionamientos y exigen negociar en el territorio nacional, sin intermediarios, a través de sus voceros y los del gobierno. A las dificultades para el acuerdo humanitario que derivan de estas dos posiciones contrapuestas se sumaron tres adicionales: la captura y extradición a los Estados Unidos de Simón Trinidad y Sonia, las tentativas de rescate militar en ejecución de la estrategia de guerra del gobierno y la captura por parte de las FARC de tres contratistas norteamericanos que los incluyeron en el grupo de los llamados “canjeables”, integrados por policías, militares y dirigentes políticos.
Durante el gobierno del presidente Uribe las presiones nacionales e internacionales a favor del acuerdo de intercambio se incrementaron y es el gobierno quien finalmente acepta la presencia de facilitadores internacionales. Primero a través del grupo de países integrados por Francia, España y Suiza que propusieron una zona ubicada en los municipios de Pradera y Florida para el encuentro entre el gobierno y las FARC. Esta propuesta fue aceptada públicamente por el gobierno y desechada por las FARC señalando que el Presidente la utilizaba demagógicamente en el marco de su campaña para la reelección. Desde agosto pasado el gobierno abrió de nuevo las puertas para la facilitación internacional al aceptar la propuesta formulada por la senadora Piedad Córdoba para vincular al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en funciones de facilitación y mediación.
La mediación de Chávez y los inamovibles
Si en algo coincidimos casi todos los analistas a propósito de la posibilidad de un acuerdo para liberación de las personas secuestradas por las FARC es en el reconocimiento de que no existen obstáculos jurídicos para su concreción y que lo que ha faltado es la decisión política, tanto por parte del gobierno como de las FARC. En contraste con lo que reiteradamente señala el Presidente, un acuerdo de intercambio no afectaría la política de Seguridad Democrática ni desmoralizaría a la fuerza pública. Por el contrario fortalecería su moral al encontrar gobernantes dispuestos a hacer lo necesario para garantizar su libertad en caso de ser secuestrados o capturados en combate. Y ganaría el apoyo de amplios sectores de la sociedad que no entienden el porqué el gobierno no hace políticamente lo necesario para conseguir la liberación de los secuestrados y agota sus esfuerzos en tentativas de rescate militar que han terminado trágicamente. Y las FARC se beneficiarían por el reconocimiento que ganarían, nacional e internacionalmente, al dejar en libertad víctimas de un crimen de lesa humanidad. Si algo se ha ganado en estos años de lucha por el acuerdo humanitario es la creciente condena de este comportamiento criminal.
En este contexto surge la mediación del presidente Chávez y se crean condiciones excepcionalmente favorables para avanzar hacia el acuerdo de intercambio. Las FARC reciben a la senadora Piedad Córdoba aceptando de hecho su gestión facilitadora, y se desplazan a Caracas para iniciar conversaciones con el presidente Chávez con lo que renuncian a la exigencia de negociar el acuerdo en territorio nacional y exclusivamente con los voceros del gobierno. Por su parte el gobierno asume una posición de apertura política y lanza un mensaje fuerte en el sentido de colocar en manos de dirigentes distantes de su posición ideológica y política la gestión del posible acuerdo.
La facilitación y mediación produjo resultados positivos. Logró concretar el reinicio de las conversaciones entre el gobierno nacional y el ELN, evento previsto para fines de diciembre próximo. Y avanzó en la presentación de propuestas entre el gobierno y las FARC orientadas al intercambio y a un eventual diálogo de paz, en las que se articularían la liberación de los secuestrados con el inicio de conversaciones de paz en el territorio nacional con acompañamiento internacional. Sin embargo, las partes sostienen algunos de sus inamovibles: el gobierno su negativa a despejar parte del territorio nacional para la negociación del acuerdo, y las FARC su exigencia del despeje de Pradera y Florida. Pero es claro que estas son apuestas, caces iniciales para le negociación sujetos a eventuales modificaciones. Sin embargo, simbólicamente, se convirtieron en “piedras en el zapato” de los facilitadores. Con todo, la facilitación de la senadora Piedad Córdoba y la mediación del presidente Chávez avanzaron positivamente: lograron que se acercaran de nuevo el ELN y el gobierno nacional y se concretara una nueva ronda de diálogo para diciembre próximo y, sirvieron de medio de intercambio de propuestas entre el presidente Uribe y las FARC para un futuro encuentro sobre el acuerdo de intercambio y una posible negociación de paz. De allí que resulte deplorable la decisión del presidente Uribe de dar por terminada esta gestión a raíz de la comunicación del mandatario venezolano con el general Mario Montoya.
La primacía de lo político sobre lo humanitario
¿Qué hay detrás de esta precipitada y desafortunada decisión del presidente Uribe? Debo decir que terminó por imponerse la falta de voluntad política para el acuerdo de intercambio. Más allá del peculiar estilo del presidente Chávez para desarrollar la mediación, de la ausencia de discreción indispensable en un proceso tan complejo, las partes no ayudaron a su exitoso desarrollo. Las FARC jugaron una vez más a ganar espacio político sin hacer concesiones significativas. No respondieron positivamente a la liberación de Rodrigo Granda, no aportaron las pruebas de supervivencia de los secuestrados y fueron incapaces de responder a la gestión internacional con la liberación de algunos de los secuestrados. Tal como lo hicieron durante las negociaciones en San Vicente del Caguán, le jugaron a ganar posiciones políticas utilizando a los secuestrados como una mercancía en subasta. Y el gobierno fue incapaz de entender que en una negociación de esta naturaleza tiene que hacer concesiones y asumir que la otra parte gane posiciones políticas que no son una amenaza para la estabilidad institucional ni van a inclinar la balanza de la guerra en contra del Estado colombiano. El gobierno no hizo los esfuerzos necesarios para facilitar el trabajo del facilitador, como lo ilustra el haber negado salvoconductos a los delegados de las FARC para su desplazamiento a Caracas, el haber fijado un límite de tiempo a la facilitación cuando esta avanzaba. Y con el pretexto de una llamada del presidente Chávez a un general del ejército colombiano –-llamada que no debió hacerse-- cedió ante las presiones que descalificaron desde un comienzo a los facilitadores, o encontró un argumento para salir de un proceso que le resultaba incómodo. De nuevo se impuso la lógica de la guerra y primaron los intereses políticos sobre las urgencias humanitarias. Con la suspensión de la mediación venezolana ganan, por el momento, los partidarios de la guerra.
Las voces de la guerra se oyen de nuevo. Del lado del gobierno reclaman haber sido generosos y haber hecho todo lo posible por el intercambio ratificando que con los terroristas de las FARC no es posible la negociación y que, en consecuencia, lo que procede es la guerra para derrotarlos. Y las FARC seguramente reiterarán que los gestos del gobierno fueron una estratagema para colocarlos a la defensiva política como quiera que nunca tuvo verdadera voluntad negociadora.
En esta situación es indispensable no desandar lo caminado. El diálogo hay que retomarlo en el punto en el que lo dejó la facilitación de la senadora Córdoba y la mediación del presidente Chávez. Esto es, hay que retomar las conversaciones en el exterior, con acompañamiento internacional y concretar el encuentro entre los voceros de las FARC y el gobierno nacional para acordar los términos del intercambio. El acompañamiento internacional debería comprometer a Francia, los gobiernos latinoamericanos que apoyaron esta gestión y a los Estados Unidos que abrieron una ventana de expectativas significativas ante la posible liberación de los tres ciudadanos norteamericanos.
Las iniciativas de paz, las organizaciones de la sociedad desde las empresariales hasta las populares, los partidos y movimientos políticos, unidos en una sola voz con los familiares de los secuestrados debemos mantener en alto la bandera de los acuerdos humanitarios y de la solución política negociada y cerrarle el paso a los amigos de la guerra que aún sueñan con la victoria militar de los grupos insurgentes o de las fuerzas estatales.
Noviembre 23 de 2007
Jaime Zuluaga Nieto
Profesor emérito
Universidad Nacional de Colombia
Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía.
semanariovirtual@viva.org.co
www.vivalaciudadania.org
Los antecedentes
Los acuerdos de intercambio humanitario no son una novedad en el conflicto colombiano. Las guerrillas han recurrido al secuestro como instrumento de lucha política y negociado la liberación de los secuestrados a cambio de ciertas decisiones por parte del gobierno. Baste recordar que el ELN, en 1970 secuestró al ex ministro Fernando Londoño y lo liberó a cambio de un cese de acciones militares en Caldas; el M19 en su momento hizo del secuestro un arma de acción política para obligar a los gobiernos a adoptar determinadas decisiones. La toma de la Embajada Dominicana en febrero de 1980 fue tal vez la más resonante de estas acciones. En medio de la vigencia del Estatuto de Seguridad, a la sombra del cual se produjo una grave crisis de derechos humanos por las arbitrariedades de la fuerza pública, el M19 obligó al gobierno del presidente Turbay Ayala a negociar con el grupo insurgente. Pero se trató de negociaciones para liberar a personas secuestradas o tomadas como rehenes con fines políticos. Práctica común de los grupos insurgentes en sus guerras.
Pero en Colombia, en las dos últimas décadas, el secuestro fue utilizado por las guerrillas como una de sus fuentes de financiamiento. En esta dirección se produjo un escalamiento del secuestro sin precedentes en las guerras insurgentes. Las FARC inventaron las “pescas milagrosas” y mediante este mecanismo el secuestro colectivo indiscriminado se convirtió en un instrumento atroz para la comisión en gran escala de este crimen de lesa humanidad. Los secuestrados con fines económicos no son objeto de propuestas de intercambio. Su liberación está condicionada al pago de rescates y por eso, cuando se habla de intercambio, estas personas son tácita o expresamente excluidas. Los secuestrados “canjeables” son los militares, policías y dirigentes políticos.
En 1997 el Pleno del Estado Mayor de las FARC decidió recurrir a la captura de soldados y policías en combate o su secuestro en “pescas milagrosas” y otro tipo de acciones para canjearlos por guerrilleros presos en cárceles del Estado. Desde entonces plantearon la necesidad de lo que ellos llaman “canje de prisioneros de guerra” y que, en las negociaciones con el gobierno de Pastrana, propusieron como Ley del Canje, que debería ser acordada en una mesa especial al frente de la cual designaron a Manuel Marulanda Vélez, lo que revela la importancia que las FARC le atribuyen al tema. Desde esta posición negociaron con el presidente Samper, en mayo de 1997, la liberación de varias decenas de policías y soldados, a cambio del despeje temporal en Cartagena del Chairá. Posteriormente, en el marco de las negociaciones de paz con el gobierno de Pastrana, acordaron la liberación de quince guerrilleros enfermos por cuarenta y dos policías y soldados igualmente enfermos. Unos días después las FARC dejaron en libertad más de un centenar de policías y soldados. En este caso el intercambio no fue realizado como “canje de prisioneros de guerra” pero sí fue un acuerdo de intercambio de naturaleza humanitaria, que sentó un precedente importante que ha sido ignorado el actual gobierno. En estos movimientos uno de los intereses de las FARC es el ser reconocidas como fuerza beligerante a través del intercambio de prisioneros de guerra. Sin embargo no han alcanzado este objetivo como quiera que el intercambio, tal como se ha desarrollado, ni implica el reconocimiento del estatus de beligerancia.
En estos precedentes ha sido claro que la liberación de los secuestrados, trátese de soldados y policías o dirigentes políticos, ha sido un hecho político en el que lo humanitario ha ocupado un puesto secundario. Las personas en cautiverio han jugado como instrumento de negociación política, tanto para las FARC como para el gobierno. Desde luego, toda acción humanitaria tiene contenidos y efectos políticos. Hasta ahora lo político ha subordinado a lo humanitario y es eso lo que sigue prevaleciendo. Lo fundamental, para las partes, es sacarle ventajas al enemigo a costas del llamado “acuerdo humanitario”. Parte del esfuerzo que hay que hacer es lograr invertir la relación y que lo humanitario prevalezca sobre lo político.
El gobierno de Uribe y las posibilidades del intercambio
La ruptura de las negociaciones entre el gobierno nacional y las FARC y el triunfo de Uribe Vélez con su política de “seguridad democrática” modificaron sustancialmente el contexto político para un posible intercambio. El Presidente lo condicionó a un proceso de paz y las FARC al despeje de dos departamentos. Sin embargo, estos “inamovibles” iniciales fueron modificados. Las presiones nacionales e internacionales llevaron al presidente Uribe a aceptar la posibilidad de un acuerdo para la liberación de los secuestrados al margen de un proceso de paz y las FARC redujeron sus pretensiones de despeje a los municipios de Pradera y Florida. Posteriormente tanto las FARC como el gobierno variaron en algo sus posiciones. El gobierno nacional dice estar dispuesto a liberar guerrilleros procesados o sindicados por rebelión a condición de que no vuelvan a las armas y se comprometan con la construcción pacífica del país. Por su parte las FARC no aceptan condicionamientos y exigen negociar en el territorio nacional, sin intermediarios, a través de sus voceros y los del gobierno. A las dificultades para el acuerdo humanitario que derivan de estas dos posiciones contrapuestas se sumaron tres adicionales: la captura y extradición a los Estados Unidos de Simón Trinidad y Sonia, las tentativas de rescate militar en ejecución de la estrategia de guerra del gobierno y la captura por parte de las FARC de tres contratistas norteamericanos que los incluyeron en el grupo de los llamados “canjeables”, integrados por policías, militares y dirigentes políticos.
Durante el gobierno del presidente Uribe las presiones nacionales e internacionales a favor del acuerdo de intercambio se incrementaron y es el gobierno quien finalmente acepta la presencia de facilitadores internacionales. Primero a través del grupo de países integrados por Francia, España y Suiza que propusieron una zona ubicada en los municipios de Pradera y Florida para el encuentro entre el gobierno y las FARC. Esta propuesta fue aceptada públicamente por el gobierno y desechada por las FARC señalando que el Presidente la utilizaba demagógicamente en el marco de su campaña para la reelección. Desde agosto pasado el gobierno abrió de nuevo las puertas para la facilitación internacional al aceptar la propuesta formulada por la senadora Piedad Córdoba para vincular al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en funciones de facilitación y mediación.
La mediación de Chávez y los inamovibles
Si en algo coincidimos casi todos los analistas a propósito de la posibilidad de un acuerdo para liberación de las personas secuestradas por las FARC es en el reconocimiento de que no existen obstáculos jurídicos para su concreción y que lo que ha faltado es la decisión política, tanto por parte del gobierno como de las FARC. En contraste con lo que reiteradamente señala el Presidente, un acuerdo de intercambio no afectaría la política de Seguridad Democrática ni desmoralizaría a la fuerza pública. Por el contrario fortalecería su moral al encontrar gobernantes dispuestos a hacer lo necesario para garantizar su libertad en caso de ser secuestrados o capturados en combate. Y ganaría el apoyo de amplios sectores de la sociedad que no entienden el porqué el gobierno no hace políticamente lo necesario para conseguir la liberación de los secuestrados y agota sus esfuerzos en tentativas de rescate militar que han terminado trágicamente. Y las FARC se beneficiarían por el reconocimiento que ganarían, nacional e internacionalmente, al dejar en libertad víctimas de un crimen de lesa humanidad. Si algo se ha ganado en estos años de lucha por el acuerdo humanitario es la creciente condena de este comportamiento criminal.
En este contexto surge la mediación del presidente Chávez y se crean condiciones excepcionalmente favorables para avanzar hacia el acuerdo de intercambio. Las FARC reciben a la senadora Piedad Córdoba aceptando de hecho su gestión facilitadora, y se desplazan a Caracas para iniciar conversaciones con el presidente Chávez con lo que renuncian a la exigencia de negociar el acuerdo en territorio nacional y exclusivamente con los voceros del gobierno. Por su parte el gobierno asume una posición de apertura política y lanza un mensaje fuerte en el sentido de colocar en manos de dirigentes distantes de su posición ideológica y política la gestión del posible acuerdo.
La facilitación y mediación produjo resultados positivos. Logró concretar el reinicio de las conversaciones entre el gobierno nacional y el ELN, evento previsto para fines de diciembre próximo. Y avanzó en la presentación de propuestas entre el gobierno y las FARC orientadas al intercambio y a un eventual diálogo de paz, en las que se articularían la liberación de los secuestrados con el inicio de conversaciones de paz en el territorio nacional con acompañamiento internacional. Sin embargo, las partes sostienen algunos de sus inamovibles: el gobierno su negativa a despejar parte del territorio nacional para la negociación del acuerdo, y las FARC su exigencia del despeje de Pradera y Florida. Pero es claro que estas son apuestas, caces iniciales para le negociación sujetos a eventuales modificaciones. Sin embargo, simbólicamente, se convirtieron en “piedras en el zapato” de los facilitadores. Con todo, la facilitación de la senadora Piedad Córdoba y la mediación del presidente Chávez avanzaron positivamente: lograron que se acercaran de nuevo el ELN y el gobierno nacional y se concretara una nueva ronda de diálogo para diciembre próximo y, sirvieron de medio de intercambio de propuestas entre el presidente Uribe y las FARC para un futuro encuentro sobre el acuerdo de intercambio y una posible negociación de paz. De allí que resulte deplorable la decisión del presidente Uribe de dar por terminada esta gestión a raíz de la comunicación del mandatario venezolano con el general Mario Montoya.
La primacía de lo político sobre lo humanitario
¿Qué hay detrás de esta precipitada y desafortunada decisión del presidente Uribe? Debo decir que terminó por imponerse la falta de voluntad política para el acuerdo de intercambio. Más allá del peculiar estilo del presidente Chávez para desarrollar la mediación, de la ausencia de discreción indispensable en un proceso tan complejo, las partes no ayudaron a su exitoso desarrollo. Las FARC jugaron una vez más a ganar espacio político sin hacer concesiones significativas. No respondieron positivamente a la liberación de Rodrigo Granda, no aportaron las pruebas de supervivencia de los secuestrados y fueron incapaces de responder a la gestión internacional con la liberación de algunos de los secuestrados. Tal como lo hicieron durante las negociaciones en San Vicente del Caguán, le jugaron a ganar posiciones políticas utilizando a los secuestrados como una mercancía en subasta. Y el gobierno fue incapaz de entender que en una negociación de esta naturaleza tiene que hacer concesiones y asumir que la otra parte gane posiciones políticas que no son una amenaza para la estabilidad institucional ni van a inclinar la balanza de la guerra en contra del Estado colombiano. El gobierno no hizo los esfuerzos necesarios para facilitar el trabajo del facilitador, como lo ilustra el haber negado salvoconductos a los delegados de las FARC para su desplazamiento a Caracas, el haber fijado un límite de tiempo a la facilitación cuando esta avanzaba. Y con el pretexto de una llamada del presidente Chávez a un general del ejército colombiano –-llamada que no debió hacerse-- cedió ante las presiones que descalificaron desde un comienzo a los facilitadores, o encontró un argumento para salir de un proceso que le resultaba incómodo. De nuevo se impuso la lógica de la guerra y primaron los intereses políticos sobre las urgencias humanitarias. Con la suspensión de la mediación venezolana ganan, por el momento, los partidarios de la guerra.
Las voces de la guerra se oyen de nuevo. Del lado del gobierno reclaman haber sido generosos y haber hecho todo lo posible por el intercambio ratificando que con los terroristas de las FARC no es posible la negociación y que, en consecuencia, lo que procede es la guerra para derrotarlos. Y las FARC seguramente reiterarán que los gestos del gobierno fueron una estratagema para colocarlos a la defensiva política como quiera que nunca tuvo verdadera voluntad negociadora.
En esta situación es indispensable no desandar lo caminado. El diálogo hay que retomarlo en el punto en el que lo dejó la facilitación de la senadora Córdoba y la mediación del presidente Chávez. Esto es, hay que retomar las conversaciones en el exterior, con acompañamiento internacional y concretar el encuentro entre los voceros de las FARC y el gobierno nacional para acordar los términos del intercambio. El acompañamiento internacional debería comprometer a Francia, los gobiernos latinoamericanos que apoyaron esta gestión y a los Estados Unidos que abrieron una ventana de expectativas significativas ante la posible liberación de los tres ciudadanos norteamericanos.
Las iniciativas de paz, las organizaciones de la sociedad desde las empresariales hasta las populares, los partidos y movimientos políticos, unidos en una sola voz con los familiares de los secuestrados debemos mantener en alto la bandera de los acuerdos humanitarios y de la solución política negociada y cerrarle el paso a los amigos de la guerra que aún sueñan con la victoria militar de los grupos insurgentes o de las fuerzas estatales.
Noviembre 23 de 2007
Jaime Zuluaga Nieto
Profesor emérito
Universidad Nacional de Colombia
Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía.
semanariovirtual@viva.org.co
www.vivalaciudadania.org
https://www.alainet.org/pt/node/124433
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