La Comisión permitirá esclarecer los crímenes cometidos en dictaduras militares. También se iniciará la identificación de los 16 restos humanos hallados en una fosa común.

A 27 años del golpe de Estado de Luís García Meza, Bolivia sigue sin saber el destino de los cientos de desaparecidos que fueron secuestrados durante la dictadura militar. Pese a haber suscrito todos los convenios internacionales sobre Derechos Humanos, Bolivia es el único país latinoamericano que aún no ha podido comenzar a reconstruir esa parte de su historia.

“A diferencia de Chile, Argentina y otros países que vivieron dictaduras militares, recién en los últimos años en Bolivia estos temas han sido asumidos realmente, se está viendo de reparar de alguna forma ese daño y reconstruir esa historia sepultada con los más de 150 desaparecidos y las miles de personas torturadas, perseguidas y exiladas y dejadas al olvido”, explica Zulema Callejas, representante en Cochabamba del Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la tortura y la violencia estatal (ITEI).

El 17 de julio de 1980, García Meza lideró un golpe de Estado contra la presidenta provisional Lidia Gueiler Tejada e instauró una feroz dictadura. Uno de los delitos más atroces fue la Masacre de la Calle Harrington, el 15 de enero de 1981, donde fueron asesinados ocho líderes del Movimiento de la Izquierda Nacional (MIR).

Además, entre los actos de corrupción que se le atribuyen, están la venta de los diarios de Ernesto Che Guevara, robados de las bóvedas del Banco Central, el robo de los vidrios rayban de la Piscina Olímpica de La Paz. Además se ha vinculado el crecimiento del narcotráfico en Bolivia.

Una vez restablecida la democracia en 1982, García Meza fue juzgado y sentenciado por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, permaneció fugitivo en Brasil donde vivía con una identidad falsa, hasta que fue hallado y encarcelado el 15 de marzo de 1994. Actualmente cumple una condena de 30 años sin derecho a indulto, en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. Durante su mandato, 24 personas desaparecieron.

Ayer, se presentó un anteproyecto de ley para la creación de la Comisión por la Verdad y la Justicia, que permitirá esclarecer los crímenes cometidos en épocas de dictaduras militares.

Sin embargo, la dictadura de Meza no fue la única en la cual se cometieron crímenes de lessa humanidad. Según los registros de la Asamblea de Derechos Humanos y de la Asociación de Familiares Desaparecidos (Asofam) en Bolivia, hay alrededor de 158 desaparecidos en diferentes gobiernos.

Durante el mandato del general René Barrientos, hubo cuatro casos denunciados, ninguno esclarecido. Entre 1969-1970, gobierno del general Alfredo Ovando Candia, de los 61 guerrilleros detenidos, ocho sobrevivieron y el resto fue ejecutado. Entregaron 11 cuerpos y 42 desaparecieron. Se exhumaron 26 cuerpos. Entre 1971-1978, administración del coronel Hugo Banzer Suárez, hubo 71 casos denunciados: 33 casos de desaparecidos en Argentina y 38 desaparecidos por el Plan Cóndor. En 1979, pleno mandato del coronel Alberto Natush Busch, se denunciaron catorce desapariciones.

En tanto, el presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Guillermo Vilela, sostuvo: "Creemos que es hora de esclarecer todos los hechos de los últimos 36 años que han enlutado a la familia boliviana y nos dejaron un país postergado y sumido en la miseria”. Asimismo, precisó que la finalidad de esa iniciativa, es que los sangrientos y dolorosos hechos que mellaron la dignidad de cientos de bolivianos durante las dictaduras militares no queden impunes.

Por otra parte, la búsqueda de los restos de desparecidos se iniciará en agosto próximo con la llegada a Bolivia de expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). El equipo de expertos iniciará la identificación de los 16 restos humanos hallados en una fosa común en el Cementerio de La Paz.

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