Los Procedimientos Especiales con los que cuenta el organismo pueden ser de vital importancia a la hora de proteger los Derechos Humanos. Pero algunos Estados quieren socavar su eficacia. Diversas ONG salieron al cruce.

La Organización de la Naciones Unidas (ONU) se encuentra en un momento clave a la hora de definir su accionar en materia de protección y control de los Derechos Humanos (DDHH), ya que el recientemente creado Consejo de Derechos Humanos – que reemplazó a la antigua Comisión homónima – se encuentra examinando y perfeccionando los mecanismos y responsabilidades de su antecesora. Pero el alcance y eficacia del Consejo corre peligro de verse limitado.

Es que dicho organismo cuenta con un sistema de Procedimientos Especiales, en el cual un conjunto de relatores y representantes especiales, expertos independientes y grupos de trabajo del Consejo son algunos de los instrumentos más innovadores que ha creado la ONU para promover y proteger los derechos. Con este sistema, el grupo de expertos puede realizar investigaciones en torno a violaciones de estos derechos en cualquier país del mundo, aún en los que no hayan ratificado el Consejo, justamente por su carácter de “Especiales”.

Los mandatos de los Procedimientos Especiales han sido creados para examinar violaciones de derechos civiles y políticos, además de derechos económicos, sociales y culturales, y abarcan una amplia gama de asuntos, desde la tortura, las "desapariciones" y los defensores de los derechos humanos a la violencia contra las mujeres, el derecho a una vivienda adecuada y el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

Pero debido a esto es que muchos Estados han reaccionado en contra de estos procedimientos y buscan socavar sus alcances y logros, acusándolos de invasivos y sosteniendo que ellos mismos pueden dar cuenta de las violaciones a los DDHH que ocurren en sus territorios. Es sabido que esto último está muy alejado de la realidad. Países como Estados Unidos y China, se niegan una y otra vez a cooperar con estos organismos, al mismo tiempo que le escapan a la ratificación de los mismos.

Ante esta situación, diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG), entre las que se destacan Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y Forum Asia, han reafirmado la importancia de los procedimientos especiales y la necesidad no sólo de mantenerlos, sino también de reforzarlos.

“El fortalecimiento de la ONU depende de la solidez del Consejo de Derechos Humanos. Y un Consejo sólido necesita un sistema robusto de expertos independientes que sean capaces de ejercer su tarea de vigilancia con eficacia, de responder con rapidez y de informar al Consejo sobre las violaciones de derechos humanos que se cometen en el mundo sin injerencias políticas ni intimidación. Las víctimas y los titulares de derechos merecen que así sea", afirmó Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional.

En un extenso informe, Amnistía afirma que “Un sistema sólido de Procedimientos Especiales independientes y especializados es fundamental para conseguir un Consejo de Derechos Humanos efectivo; si no se mantiene este sistema, estará en peligro la credibilidad del Consejo”. Al mismo tiempo denuncia los casos en donde “varios Estados han propuesto medidas que debilitarían gravemente los Procedimientos Especiales al limitar su independencia y determinar sus métodos de trabajo. Amnistía Internacional considera que si estas propuestas salieran adelante, los Procedimientos Especiales y el propio Consejo se verían gravemente comprometidos”.

Para que dichos Procedimientos gocen del respeto requerido, la ONG propone entre otras cuestiones, aumentar la transparencia del proceso de nombramiento de investigadores en todas sus fases con el fin de garantizar que personas independientes y expertas asuman los mandatos, buscando el modo de ampliar la selección de candidatos y por otro lado, la integración total de la actividad de los Procedimientos Especiales con el Consejo de Derechos Humanos.

Asimismo, Reed Brody, portavoz de Human Rights Watch declaró: “Los procedimientos especiales son el legado más importantes que ha dejado la Comisión al Consejo de Derechos Humanos. Han de ser fortalecidos, no socavados”. Y agregó: "Los procedimientos especiales son independientes y eficientes. Es por ello que están bajo ataque,".

Pero los países escogidos para ser investigados dicen que la elección es “a dedo”, selectiva y motivada políticamente. Por eso quieren abolir a los relatores.

Los relatores son expertos de todas las regiones del mundo que prestan sus servicios de forma independiente y no remunerada. No responden a órdenes de las cancillerías de los países sino a las necesidades de las victimas de violaciones a los DDHH. Su labor es la de vigilar y responder en forma rápida y objetiva, elevando informes sobre las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos. Así mismo realizan recomendaciones y en algunos casos accionan sobre los gobiernos, además hacen contribuciones a la ONU, cuando el fenómeno estudiado no está contemplado en un instrumento internacional, promoviendo la confección de un pacto y dando opiniones al respecto.

Por último, Simia Ahmadi, representante de la FIDH ante la ONU en Ginebra concluyó que “la negativa de los Estados a colaborar en la esfera de los derechos humanos debería preocupar al Consejo de Seguridad del mismo modo que le preocupa la falta de cooperación de un Estado que incumple sus obligaciones en materia de energía nuclear”.

Actualmente, unas 17 ONG – entre las que se encuentran las citadas - han formulado una petición global en favor de los Procedimientos Especiales, en la que se solicita a los Estados miembros que mantengan un sistema reforzado de Procedimientos Especiales capaz de hacer un seguimiento de las denuncias de violaciones de derechos humanos en todo el mundo y de actuar rápidamente, con eficacia y sin intromisiones. Personas y organizaciones de más de 60 países de todas las regiones del mundo ya han firmado la petición.

Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Mar del Plata / Argentina
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