Los cocaleros exigen que se suspenda la erradicación hasta tanto no haya un empadronamiento de los cultivadores. Existen denuncias sobre las presiones de la embajada de Estados Unidos para el uso de la fuerza contra los pobladores.

Los cocaleros peruanos amenazaron con un paro nacional si se reinicia la erradicación de plantaciones de hoja de coca, suspendida sólo por diez días, mediante un acuerdo concretado la semana pasada con el gobierno de Alan García.

Los cocaleros de la región selvática de Cocache, ubicada en el Alto Huallaga, habían ganado una batalla al acordar con el ministro de Agricultura, Juan José Salazar, detener al menos de forma temporal, la amenaza del gobierno.

Los cocaleros exigen que se suspenda la erradicación hasta tanto no haya un empadronamiento de los cultivadores de hoja de coca. El censo comenzará en los próximos 30 días, además se prevé la reconversión de la economía de las zonas cocaleras, para impulsar cultivos alternativos, y el pago de indemnizaciones a los cultivadores afectados por la erradicación iniciada en 2001.

La coca en Perú se utiliza para medicinas, alimentos y actividades rituales, aunque el Gobierno, apoyado por Washington, asegura que un porcentaje importante se destina al narcotráfico.

Estimulada por la Administración de Drogas y Narcóticos (DEA) estadounidense y su filial peruana “Pro Vida Perú”, la campaña del Estado arguye la búsqueda de la eliminación de aquellos cultivos de coca destinados al narcotráfico.

En ese sentido, el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), Rómulo Pizarro, manifestó en un Foro sobre el presente y futuro de la hoja de coca, que la lucha antidrogas no se detendrá y que la erradicación de cultivos proseguirá.

Asimismo, aclaró que en el acuerdo suscrito entre el Gobierno y los cocaleros, no están comprendidas las zonas aledañas a pozas de maceración donde se proseguirá con la interdicción. Así, DEVIDA continuará con la implementación de su estrategia antidrogas 2007-2011, que comprende tres ejes: la prevención, la interdicción y el desarrollo sostenible.

La amenaza de un paro nacional cocalero se produce cuando la postura del ministro Salazar fue objeto de cuestionamientos que casi lo llevan a su salida del gobierno. En solidaridad, los cocaleros se movilizaron a favor de Salazar, ya que consideran que su accionar fue el único contrario al Estado. De todos modos, García desmintió la ida del ministro, y aseguró que “nunca ha estado en duda su permanencia en el Gabinete Ministerial”.

En tanto, Elsa Malpartida, representante en el Parlamento Andino y dirigente gremial expresó: “Si (Salazar) es sacado de su puesto tendrá el apoyo, porque es el único que ha sido capaz de agarrar al toro por las astas en un problema tan grave. Tendrá el respaldo de todos los cocaleros a nivel nacional. Ahí van a ver a los verdaderos cocaleros cómo luchan en defensa de alguien que les tendió la mano”.

La eliminación de las plantaciones, es uno de los objetivos del gobierno de García. Entre marzo del 2005 hasta la fecha, la DEA y su filiar peruana Pro Vida, realizaron decenas de operaciones de erradicación.

Wilfder Satalaya, presidente de los cocaleros de la zona, subrayó que altos funcionarios del gobierno y la embajada de Estados Unidos presionaron de manera sostenida para exigir el empleo de la fuerza contra los pobladores, pero el titular de Agricultura percibió que ese camino no contribuía a resolver nada.

Perú es el segundo productor más grande de coca del mundo, después de Colombia. Los indígenas peruanos cultivaron la planta durante millares de años por sus propiedades sacramentales, nutricionales y suavemente estimulantes. La planta es sembrada legalmente en algunas partes del país bajo el arreglo con la ENACO, la Empresa Nacional de la Coca, que detiene el monopolio sobre las ventas y compras legales.

Durante años, el país viene adoptando una política de extirpación de los llamados cultivos ilícitos, tarea que fue en complacencia con las presiones de Estados Unidos, pero dejó a los cocaleros peruanos frustrados y en conflicto con el gobierno. En octubre pasado durante una reunión en Washington con el presidente George W. Bush, García prometió seguir la política de erradicación.

En ese contexto, el actual estado peruano asegura que el 90 por ciento del producto tiene como fin el narcotráfico; motivo por el cual la supresión de esa siembra es política oficial. Pero lo concreto es que este accionar perjudica a los cultivadores, ya que sostienen, la coca es su principal fuente de supervivencia, sumado a su tradición milenaria y los abusos que las fuerzas represoras del Estado hacen bajo el manto de la erradicación de los “cultivos ilícitos”.

Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Mar del Plata / Argentina
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