En el día internacional de las mujeres, me gustaría reflexionar sobre algunos de los mecanismos que siguen impidiendo el ejercicio pleno de la ciudadanía para éstas.

La representación política y el ejercicio del poder han sido temas fundamentales en la construcción del concepto de ciudadanía plena para las mujeres, cobrando una fuerza particular en América Latina a partir de la IV Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing 1995), ya que se convierte en un eje articulador de muchas de las propuestas de los movimientos organizados de mujeres y feministas, dándole un nuevo sentido político a la necesidad de vincular la ciudadanía con el ejercicio del poder, en el proceso de construir un nuevo tipo de contrato social más justo, igualitario y equitativo, donde la conquista e incorporación de derechos fundamentales, pero restringidos en su ejercicio, ha sido el marco de avance para las mujeres.

Así, el reconocimiento de que la ciudadanía no tiene el mismo valor para todos los colectivos sociales, hace evidente que la complejidad del cambio en las relaciones políticas y en el ejercicio del poder, no puede ser resuelto sólo a partir de cambios en los marcos jurídicos. Sino que requiere de transformaciones más profundas e institucionales que impliquen la resignificación del poder, visualizando los aspectos positivos que este puede tener en la creación de alternativas.

Entendiendo el “poder para” como una herramienta para lograr que la acción concertada de los actores colectivos realice transformaciones basadas no sólo en el interés y la voluntad de éstos, sino mediante la creación, adquisición y acumulación de medios para vencer las condiciones preexistentes y las resistencias que se generan frente a los cambios. Para las mujeres esto significa, entonces, que el “empoderamiento”, es decir la creación, adquisición y acumulación de poder, es una condición indispensable para el ejercicio pleno de la ciudadanía.

En este marco, en los últimos 20 años las mujeres hemos ido conquistando y desarrollando derechos ciudadanos antes impensables para nosotras, pero la adquisición de ciudadanías plenas está en relación directa con las posibilidades que tiene un momento histórico determinado, no sólo propiciar los cambios, sino de mantener los procesos de transformación. En términos globales las mujeres representamos la mitad del electorado, pero apenas el 12.7% del total de bancadas parlamentarias en el mundo está ocupado por mujeres; en América Latina no alcanzamos ni el 10%, lo que demuestra que aún cuando en algunos países puede haber avances, en otros han sido relativamente nulos, a pesar de las acciones afirmativas implementadas para ello, que en muchos casos, como Guatemala, no son medidas de carácter vinculante a la Constitución Política de los Estados, por lo tanto su aplicación se encuentra circunscrita a la voluntad de los gobiernos o los partidos políticos, que aún no reconocen que la paridad en la participación y representación política de las mujeres, es un requisito indispensable para la transformación de la democracia y su cultura política, así como en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

A este debate se suma la discusión acerca de los tipos de liderazgos que requieren estas nuevas propuestas de ejercicio de poder, donde se comparte cada vez más la idea de que las mujeres que llegan a instancias de poder y decisión, automáticamente por ser tales, no plantean la agenda de las mujeres como una prioridad ya que no todas adquieren un compromiso genérico con las otras y la mayoría de las veces son resistentes a la realización de acciones “radicales”, porque consideran que las enfrentan a sus mismos compañeros, por lo que ser mujer, como nos señalan ya algunas analistas feministas “no parece ser garantía contra las formas de ejercicio del poder como dominio, ni contra la corrupción, la ineficiencia o la frivolidad…”; ya que “no importa que sean mujeres si cumplen con las funciones previstas por un orden social pensado por los hombres”. El desafío está, entonces en el cómo, ¿cómo desarrollar estrategias políticas que vinculen el liderazgo, con la definición del tipo de sociedades que queremos construir, en base a nuevos paradigmas, que reflejen una visión del desarrollo basada en el respeto irrestricto de los derechos humanos de todas las personas y particularmente los de las mujeres, que reconozca el sentido y la riqueza que tienen las diferencias y la diversidad en las propuestas democráticas?

Parte de la respuesta a esta interrogante estará, seguramente, como nos explica Ximena Machicao , en entender como el “empoderamiento es un fin y un medio a la vez. Es un fin, en tanto que busca construir sociedades más justas donde las personas puedan desarrollar plenamente sus potencialidades; y es un medio en tanto que a través de él se busca promover un desarrollo justo, inclusivo y sustentable…”.

Esto significa que no basta sólo con tener mujeres que aumenten el porcentaje de nuestra representación política, sino que requerimos compromisos explícitos de las mujeres en espacios de toma de decisión y de sus referentes políticos, para que las agendas de las mujeres no sean abandonadas frente a los “grandes” temas nacionales en desmedro, una vez más, del avance en el ejercicio de los derechos ciudadanos para todas las mujeres.

Fuente: Reporte Diario, IDEM -Incidencia Democrática, Guatemala, 08 de marzo de 2007 – Nueva Época número 1158. www.i-dem.org