Puerto Príncipe El 4 de enero de 2005, el Gobierno Provisional desembolsó al Banco Mundial (BM) pagos atrasados por un monto de 52.6 millones de dólares US. No es necesario ser experto para tener una idea de las inmensas obras que habrían podido realizarse, en beneficio de nuestro país, con esta suma, que es colosal respecto al tamaño de nuestra hacienda pública. Este gesto esperado desde varios meses por las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) parece haber, finalmente, decidido a los proveedores de fondos a comenzar a honrar una parte de sus promesas de ayuda urgente, proclamadas con bombos y platillos durante y después de la Conferencia de Washington, del 18 y 19 de julio de 2004. Este pago efectuado por las autoridades actuales pone de manifiesto, una vez más, que la gestión de los fondos públicos no responde a la preocupación que se podría suponer primordial, para cumplir con las necesidades de una población que, en su gran mayoría, es abrumada por la pobreza, el analfabetismo, el insuficiente acceso a la asistencia sanitaria primaria y a la educación. En el presupuesto 2004-2005 del actual Gobierno, el 22% de los gastos públicos se consagrará al pago del servicio de la deuda, lo que constituye en términos relativos la prioridad número uno de la política actual. La decisión de seguir pagando una deuda ilegal, ilegítima y criminal en la situación actual que atraviesa nuestro país parece especialmente absurda e irresponsable. Nuestro país es, de lejos, el más pobre del hemisferio y las cifras disponibles sobre el ejercicio fiscal 2003-2004 demuestran un proceso alarmante de degradación. Somos un país en regresión económica rápida con indicadores sociales completamente inaceptables. Nuestro país vive una larga y profunda crisis política e institucional, y por añadidura durante el año 2004, fue afectado por catástrofes naturales de gran amplitud que destruyeron casi por completo las localidades de Fonds-Verettes, de Mapou y la ciudad de Gonaïves. Una de las principales ciudades del país se destruyó completamente, causando más de 350.000 damnificados. Estos estragos tuvieron efectos económicos devastadores en la producción agrícola de numerosas regiones en los Departamentos de Norte, Noroeste y Artibonite, aumentando la inseguridad alimentaria, el desempleo de centenares de millares de ciudadanos y ciudadanas hundidos en el desamparo y la desesperación. ¿Cómo se puede, en una coyuntura tal, tener el atrevimiento de pedirle a nuestro país honrar el servicio de una deuda que corresponde a sumas que, al menos en parte, se pillaron y se utilizaron con fines de enriquecimiento personal? ¿Cómo se puede explicar que los fondos prometidos solemnemente en julio de 2004, en el marco de un programa que ponía de relieve la necesidad de un apoyo financiero masivo y urgente, nunca se hayan desembolsado durante todo el segundo semestre del año? ¿Cómo calificar esta "generosidad" que tarda en concretarse durante seis largos meses y que sólo se despierta gracias al estímulo del desembolso de los 52 millones, el 4 de enero pasado? Destaquemos que el cinismo presente en el marco de las relaciones de nuestro país con las IFIs es un elemento consubstancial del mercado de la ayuda internacional que sólo sirve para mantener la dependencia de los países del Sur y que prolonga un mecanismo de saqueo de nuestros recursos. Recordemos que el volumen de la liquidez pagada anualmente por los países del Sur representa a menudo de 7 a 8 veces el monto total de la mal llamada "ayuda pública al desarrollo". Haití, a pesar de su situación económica deprimida, se convirtió en un exportador neto de capitales hacia el Banco Mundial durante los últimos años. Ojo con las privatizaciones En un comunicado publicado del 8 de enero de 2005, o sea 4 días después del pago recibido de Haití, el BM anuncia que se desembolsaron 73 millones de dólares para Haití. Del monto concedido, se consagrarán 61 millones a la "gobernanza económica". Constatamos que la famosa "generosidad" se manifiesta prioritariamente en el sector que se refiere en la práctica al proceso de privatización de las principales empresas públicas. Es significativo que el primer desembolso, a pesar de una declaración muy confusa de James Wolfhenson, no se refiere a la creación de empleos, ni al apoyo a las pequeñas y medianas empresas, ni al acceso a los servicios sociales básicos, sino, en realidad, a la instauración de los procedimientos de mercado para acelerar el proceso de transferencia de capitales hacia las empresas transnacionales. Asombrosa prioridad, sorprendente generosidad en un contexto de hundimiento económico y urgencia humanitaria. El BM opera en un contexto dominado por los intereses de las grandes potencias y empresas transnacionales que, durante las dos últimas décadas, adquirieron un volumen importante de capitales provenientes de los procesos de privatización del patrimonio de nuestros países. Estas privatizaciones a menudo están manchadas de corrupción e interminables escándalos financieros. A este respecto conviene prevenir al Gobierno Provisional contra toda tentación de privatización rápida de las empresas públicas. No corresponde a las autoridades actuales tomar decisiones tan importantes que modifican las estructuras económicas de nuestro país. Si es normal que el Gobierno actual inicie estudios destinados a mejorar la eficacia y la rentabilidad de las empresas públicas, solamente un Gobierno elegido estará en condiciones de decidir sobre estos expedientes, tras amplias consultas con los actores y usuarios concernidos. La Comisión Nacional Provisional de los Contratos Públicos debería tener una composición equilibrada para evitar que algunos sean a la vez juez y parte en la evaluación de las ofertas de los compradores potenciales. Los documentos firmados con el Banco Mundial ponen de evidencia los verdaderos objetivos de las IFIs en el marco del mercado de la ayuda pública al desarrollo. Los préstamos a menudo se conceden con el fin de permitir a los países endeudados seguir pagando los montos del servicio de la deuda, acelerar el proceso de integración subalterno de nuestras economías al sistema mundial y reforzar el poder de las empresas transnacionales. Anulación de la deuda La PAPDA condena el pago de los 52.6 millones de dólares decidido por el Gobierno actual, que retiró más de 40 millones de dólares US de nuestras reservas para honrar los pagos retrasados. Las pretendidas mejoras en la gestión de la Hacienda Pública serán poco ventajosas para la economía nacional, cuando crecientes recursos son absorbidos por el pago de la deuda. El servicio de la deuda externa más que se duplicó entre 1996 y 2003 y nuestro país ya reembolsó varias veces las deudas que se le atribuyen. Condenamos el modelo de desarrollo impuesto por las grandes potencias y las IFIs, que encierra a nuestros países en la trampa del endeudamiento continuo y de los desequilibrios macroeconómicos, como aquellos que viven penosamente hoy nuestros vecinos de la República Dominicana, que se ven en la obligación de dedicar un 40% de sus rentas fiscales al pago de la deuda externa. El pueblo haitiano ya se pronunció en favor de una anulación total de nuestra deuda externa, a través de la campaña Jubileo 2000. Más de 135.000 ciudadanos y ciudadanas de nuestro país firmaron la petición mundial del año 2000, que exigía la anulación de la deuda de los países pobres. Numerosas instituciones internacionales apoyaron públicamente esta reivindicación. El Vaticano se ha pronunciado en sucesivas ocasiones en el mismo sentido, reclamando una anulación total de la deuda externa de nuestro país. Pensamos que es necesario aprovechar este período dicho de "transición" para aportar una solución definitiva a este problema de la deuda que representa un freno para el proceso de desarrollo nacional. Exigimos un cese inmediato de los pagos efectuados con motivo del servicio de una deuda que el pueblo haitiano nunca ha contraído. Exigimos también la instauración de una auditoría ciudadana, sobre los 30 últimos años de financiación internacional, que permita hacer la luz sobre numerosos aspectos que siguen siendo oscuros. Esta auditoría permitirá establecer responsabilidades, identificar a los principales responsables del saqueo e iniciar un proceso de recuperación de los bienes mal adquiridos, en favor del Tesoro Público. Una moratoria de al menos una decena de años debería establecerse y todo lo presupuestado para el pago del servicio de la deuda debe invertirse inmediatamente en los siguientes sectores: educación, salud, nutrición, infraestructuras rurales, en el marco de una amplia ofensiva contra la pobreza y sus causas estructurales. Consideramos que el cese de pago, la anulación de nuestra deuda externa y la auditoría ciudadana son instrumentos que nos permitirán verdaderamente empezar una nueva fase en las relaciones entre el Estado y la población haitiana. La construcción de la ciudadanía exige la instauración de mecanismos de participación y transparencia en la orientación y la gestión de los gastos públicos. Las nuevas relaciones de confianza que queremos construir sólo serán viables a este precio. Invitamos a la decena de millares de personas y organizaciones que se movilizaron en la campaña para la anulación de nuestra deuda externa y a todos y todas quienes que se interesan al proceso de democratización de nuestro país, a movilizarse para decir No al saqueo de nuestros recursos. Los gestos como aquellos del 4 de enero son un insulto a la miseria del pueblo haitiano y no deben repetirse más. (Traducción de ALAI) Camille Chalmers es Director Ejecutivo de la “Plate-forme haïtienne de plaidoyer pour un Développement Alternatif (PAPDA)