La violencia contra las mujeres ha aumentado considerablemente en Guatemala desde 2002 y se perfila como el quinto país donde más mujeres mueren violentamente de forma proporcional a la población, según un estudio presentado por la Procuraduría de Derechos Humanos de ese país. La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) presentó el informe Muertes Violentas de Mujeres 2004, que revela un importante aumento de casos de asesinatos de mujeres en comparación con años anteriores, así como un leve y poco eficaz esfuerzo por parte del gobierno para contrarrestar los efectos del feminicidio. Sergio Morales, Defensor del Pueblo, cuestionó la incapacidad de las instituciones del Estado responsables de garantizar el derecho a la seguridad y a la vida de las mujeres, las que se ven afectadas en su desarrollo personal, profesional y económico. Guatemala está ubicado en el quinto país del mundo, calculado de acuerdo a datos disponibles para 19 países, donde más mujeres mueren violentamente de forma proporcional a la población. El país centroamericano presenta 5,52 mujeres muertas por cada cien mil habitantes de sexo femenino. “Si se mantiene la tendencia en Guatemala, podría llegarse al segundo lugar”, aseguró el procurador de los derechos humanos, Sergio Morales. El país con mayor violencia hacia las mujeres es la Federación Rusa, con 10.716 muertas en 2002. Es decir, 14,1 muertas por cada cien mil mujeres. El año 2002 murieron cerca de 317 mujeres en Guatemala. Del total de asesinatos cometidos ese año, 8,73 por ciento correspondió a mujeres. En 2004, la cifra subió a 11,03 por ciento, según indica el informe de la PDH. Los datos para 2005 son contradictorios. Durante la primera mitad del año, según las cifras proporcionadas por la policía, han muerto 169 mujeres –un drástico descenso respecto de los años anteriores–, mientras que de acuerdo a las informaciones de las noticias aparecidas en medios de comunicación, las fallecidas en este año serían 312. Con más violencia y saña El informe da a conocer la muerte violenta de 497 mujeres en el año 2004, que constituye el 11,03 por ciento del total de asesinatos a nivel nacional. El feminicidio aumentó en un 56,8 por ciento, situación que Morales consideró alarmante, en comparación con el aumento de homicidios, el cual es de 36 por ciento. El documento, elaborado con base en los casos registrados en la Policía Nacional Civil (PNC), afirma que las más afectadas fueron las mujeres de entre 16 y 30 años, es decir, cuando empiezan a desempeñarse en los ámbitos laboral y profesional, así como a incidir en las decisiones familiares. Según la PDH, las mujeres suelen morir en un contexto de mayor violencia y saña que los varones. Mientras casi el 80 por ciento de ellos muere de uno o dos balazos, dos de cada tres mujeres mueren de forma mucho más sádica. “En muchos casos las violan, las estrangulan, las acuchillan y las golpean hasta matarlas”, añadió Morales. La PDH constató que la mayor parte de muertes violentas de mujeres ocurre durante las horas de la madrugada del fin de semana, especialmente los domingos. El 67 por ciento de los asesinatos fueron hechos con arma de fuego y el 33 por otras causas, como el estrangulamiento, la tortura y la violación sexual, características que la Procuraduría consideró como la voluntad del victimario de dejar una “constancia de superioridad física en el cuerpo de la mujer”. De acuerdo con la investigación, el departamento de Guatemala concentra el 46,8 por ciento de los asesinatos contra las mujeres. En tanto, Escuintla, Jutiapa, Izabal, Chiquimula y Petén, fueron catalogados como localidades en donde la violencia ha afectado de forma considerable a las residentes; Baja Verapaz, El Progreso y Sololá fueron los departamentos menos violentos para las mujeres. La PDH destacó que el gobierno debe fortalecer la capacidad investigativa y de juzgamiento de los órganos responsables de erradicar el feminicidio, de lo contrario resultará imposible determinar las causas de los hechos y presentar casos sólidos ante los tribunales para sentenciar a los culpables. Además, señaló que se debe crear una política pública de seguridad para las guatemaltecas, así como un plan de fortalecimiento institucional para cumplir con la obligación del Estado.