EE.UU. y las escuelas de represores
Academia para el Cumplimiento de la Ley
28/08/2003
- Opinión
El acuerdo firmado por Estados Unidos y Costa Rica para el establecimiento de
la Academia Intenacional para el Cumplimiento de la Ley -una escuela en suelo
costarricense comandada por el Departamento de Estado norteamericano para
América Latina- espera la aprobación de la Asamblea Legislativa mientras
crecen las objeciones por parte de los ciudadanos y las organizaciones
civiles.
El debate originado hace ya más de un año por el establecimiento de una
Academia para el Cumplimiento de la Ley (International Law Enforcement
Academy -ILEA) como acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y Costa
Rica se está tornando cada vez más acalorado y público para bien de los
ciudadanos y organizaciones costarricenses quienes nunca fueron consultados
en este proyecto.
En junio de 2002 ambos gobiernos firmaron un acuerdo mediante el cual se
establecería en Costa Rica una escuela para "apoyar el fortalecimiento de la
justicia criminal en América Latina" orientada a formar "directores
policiales de nivel medio, fiscales, jueces y otros funcionarios encargados
de la aplicación de la justicia criminal".
Dicho acuerdo fue firmado por John J. Danilovich, Embajador de los Estados
Unidos, y Rogelio Ramos Martínez, Ministro de Gobernación y Policía y
Seguridad Pública de Costa Rica (extrañamente no por el Ministro de Justicia,
ya que hablamos de cumplimiento de la ley) "en presencia de y ante el testigo
de honor" Don Abel Pacheco, Presidente del país sede de la academia.
La iniciativa de la ILEA no es nueva, ya que en abril de 1995 se inauguró una
academia similar en Budapest, Hungría, "para dar capacitación en el
cumplimiento de la ley a oficiales de Europa central y oriental y los Nuevos
Estados Independientes (NIS), incluyendo a Rusia" según fuentes oficiales
estadounidenses, y a partir de allí se establecieron otras en Bangkok,
Botswana y la última en el año 2001 en Roswell, Nuevo México (Estados
Unidos).
Dos años después de la instalación de la primera Academia para el
Cumplimiento de la Ley, el 8 de mayo de 1997 en la Cumbre de San José, el
entonces Presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y los líderes de
Centroamérica y República Dominicana allí presentes acordaron establecer una
ILEA Sur en América Latina, para lo cual se tuvieron en cuenta Panamá, El
Salvador y Costa Rica.
Los motivos por los cuales se eligió Costa Rica según el Embajador
norteamericano en el país son en primer lugar "porque Costa Rica mostró
interés", en segunda instancia gracias a que "ha sido un país modelo en
América Latina en términos de desarrollo democrático, papel de la ley,
respeto por los derechos humanos y procesos judiciales", y por último porque
"es sede de otras prestigiosas instituciones académicas regionales como INCAE
(Instituto Centroamericano de Administración de Empresas), CATIE (Centro
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza), EARTH (Escuela de
Agricultura de la Región Tropical Húmeda) y la UPAZ (Universidad para la
Paz)".
Sin embargo, los costarricenses se preguntan si el establecimiento en su
suelo de una academia contra el crimen internacional dirigida por los Estados
Unidos aumentará su buena reputación en materia de democracia o, muy por el
contrario, le significará un alto costo a su tradicional imagen neutral y
pacifista.
Un debate justificado
Ya no es pan comido para el gobierno estadounidense hacer creer a la sociedad
latinoamericana (ni siquiera a los costarricenses que casi siempre jugaron en
el mismo bando) que ellos son los buenos de la película y que vienen a
salvarnos de nuestras miserias y subdesarrollos típicos de los países
"bananeros" y tercermundistas.
Lamentablemente, a causa de guerras, invasiones, golpes de Estado,
secuestros, torturas, represión e innumerables mortificaciones a nuestros
pueblos, hemos ido perdiendo la ingenuidad en materia de ?buenos y malos?.
Es difícil creer que el acuerdo sobre el establecimiento de la ILEA en Costa
Rica proponga dentro de sus objetivos el "énfasis en el rol de la ley, los
derechos humanos, los procesos democráticos" cuando la dirección y los
programas de la academia estarán comandados por los Estados Unidos, sin
ninguna injerencia en lo académico por parte de Costa Rica, siendo que la
potencia del norte no ha adherido a numerosos tratados e instrumentos
internacionales de derechos humanos.
En una carta dirigida a la Asamblea Legislativa de su país, la Comisión
Costarricense de Derechos Humanos menciona que Estados Unidos no ha adherido
"al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a
ninguno de los Protocolos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, a la
Comisión contra el Apartheid, a la Convención sobre la imprescriptibilidad de
los crímenes de guerra y de lesa humanidad, a la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, a la
Convención sobre la supresión del tráfico de personas y la explotación de la
prostitución de terceros, a la Convención sobre los derechos de los
trabajadores migrantes y sus familias, a la Convención de 6 Hawa de 1997 que
prohíbe las minas antipersonal y se niega a respetar el Protocolo de Kyoto
sobre la reducción de la contaminación de la atmósfera. Tampoco votó por la
creación de una Corte Penal Internacional y de más de 170 Convenios de la
Organización Internacional del Trabajo, sólo adhirieron a 12".
¿De qué derechos humanos o procesos democráticos puede hablar un país de
tradición guerrerista que ha formado durante la Guerra Fría a más de 60 mil
latinoamericanos (entre ellos presidentes, ministros de las fuerzas armadas y
directores de policía) en la tristemente famosa Escuela de las Américas, de
la cual se han dado a conocer manuales de tortura y secuestro contra
insurgentes, como el que fue hallado en Paraguay y lleva el título: "Cómo
mantener vivos a los torturados"?
Y si esto no fuera tan evidente, ¿por qué necesitaría el Embajador
norteamericano en Costa Rica publicar un documento llamado "La verdad sobre
la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley" sosteniendo que
quienes se oponen al establecimiento de esta academia tienen una "aversión
crónica contra los Estados Unidos"? ?Quién podría tenerle una aversión
crónica a un país respetuoso de los derechos humanos, la paz y la justicia?
Siempre hay, por supuesto, oficiales latinoamericanos admiradores de los
policías al mejor estilo Hollywood que ven en las películas héroes rudos e
invencibles con corazón justo y patriota, y añoran que esos sean los que
vengan a la ILEA a enseñarles cómo combatir el crimen y el terrorismo. Así
lo debe creer el Jefe de Investigaciones Criminales de la OIJ (Organismo de
Investigación Judicial), Carlos Alpízar Alfaro, al considerar un "honor al
país" la instalación de la Academia para el Cumplimiento de la Ley en Costa
Rica y resaltar la importancia de "la experiencia de policías de renombre
como el FBI" en la "instrucción tan necesaria y esencial para construir una
policía moderna y desarrollada".
Pero a la vez existen ciudadanos, organizaciones civiles y políticos
costarricenses concientes de la magnitud de un proyecto que de película no
tiene nada (excepto el presupuesto) y sí mucho de realidad conocida y
previsible (aunque no abierta y explícita). Debido a esto, el acuerdo
firmado por los gobiernos de Estados Unidos y Costa Rica en el 2002 espera
aún los votos favorables de la Asamblea Legislativa costarricense que
continúa encontrando numerosas objeciones al establecimiento de la ILEA en el
país.
Los argumentos en contra no hace falta inventarlos
Muchas son las objeciones que han surgido en los diferentes sectores de la
sociedad costarricense y del resto de América Latina; casi tantas como
artículos lleva el acuerdo. Una de las principales oposiciones se debe a que
el Director de Programa y los Directores Adjuntos de la Academia (ambos
cargos destinados a funcionarios estadounidenses) gozarán de "privilegios e
inmunidades equivalentes a los otorgados a los agentes diplomáticos" pero se
aclara que "no se aplicará a ningún individuo de nacionalidad costarricense".
De igual manera, el segundo párrafo del artículo 11 redondea: "Costa Rica
otorgará a los instructores, asesores, consultores y demás miembros del
personal de la Academia que no sean costarricenses, privilegios e inmunidades
equivalentes a los acordados para miembros del personal técnico y
administrativo de una misión diplomática". Según afirma el "Manifiesto
ciudadano contra la instalación en Costa Rica de la Academia para el
Cumplimiento de la Ley", estos privilegios ni siquiera los reciben los
funcionarios de la UNESCO, la Unión Europea o la Corte Interamericana de los
Derechos Humanos.
Muchos diputados creen por su parte que el país centroamericano no se
encuentra en condiciones de cargar al presupuesto nacional 80 millones de
colones anuales (200 mil dólares) para cubrir "los costos de mantenimiento,
operación y seguridad de las instalaciones" de la academia que deberán correr
por cuenta de Costa Rica.
Además, el hecho de que Costa Rica no tenga injerencia en los programas de
enseñanza y estos queden completamente en manos de los Estados Unidos y su
Departamento de Estado despierta temores y desconfianzas. Como afirma
Gustavo Cabrera Vega del SERPAJ -AL: "Si Estados Unidos no reconoce las
convenciones de Derechos Humanos universales, ¿con cuál autoridad va a
entrenar y capacitar para combatir el crimen internacional"?.
Ciudadanos y organizaciones sociales se preguntan cuál ley es la que se
pretende cumplir en la Academia para el Cumplimiento de la Ley. ¿La ley de
guerra y muerte de los Estados Unidos? ¿La ley de la selva? ¿La ley del pez
grande que se come al más chico? Y si son las leyes de nuestros países
latinoamericanos las que desean hacer cumplir, ¿por qué no dejan a las
naciones soberanas e independientes aplicar su propia ley?
Por supuesto que los Estados Unidos cuentan con una gran infraestructura,
tecnología y presupuesto destinados a enfrentar el crimen y el terrorismo
nacional e internacional, y seguramente eso los impulse a querer adiestrar a
otros en cómo hacerlo pero evidentemente no se detienen a mirar cuánto en
realidad han logrado disminuir el crimen en su propio país (¿o quizás el
crimen no es lo que verdaderamente importa?).
Un plan continental a manera de rompecabezas
Analizando más en contexto el establecimiento de la Academia para el
Cumplimiento de la Ley, podemos observar cómo el adiestramiento de fuerzas
policiales y judiciales forma parte de un plan que se articula con un
incremento de la militarización y las diversas estrategias económicas a nivel
continental.
Hablamos de fuerzas policiales y/o militares y de sistemas de inteligencia
preparados para la identificación, la contención y la represión de focos
sociales de insurgencia que atenten contra la presunta estabilidad (que en
realidad no existe) de nuestros países.
Sin embargo, esto tampoco es aislado ya que camina de la mano con las
estrategias económicas de miseria para nuestros pueblos empobrecidos con las
políticas neoliberales y que sufrirán mayores consecuencias aún con los
Tratados de Libre Comercio con los Estados Unidos, el Área de Libre Comercio
de las Américas y el Plan Puebla ? Panamá, los cuales permitirán el
establecimiento de grandes empresas transnacionales que devastarán a los
sectores productivos medianos y pequeños, se apoderarán de nuestros recursos
humanos (en mano de obra barata) y naturales (con biopiratería, organismos
genéticamente modificados, patentes y dominio de las tierras).
Una Academia para el Cumplimiento de la Ley en Costa Rica no es más que un
agregado al Plan Colombia, la Iniciativa Andina, el Instituto de Cooperación
para la Seguridad Hemisférica (antes Escuela de las Américas), los miles de
operativos y cooperaciones militares brindados por los Estados Unidos a los
países de América Latina y el Caribe a manera de formación, ayuda económica o
venta de armas, las bases militares existentes en gran parte de los países
del continente, y las 275 instituciones y academias militares en suelo
norteamericano.
Esto no le resta importancia a la ILEA, por el contrario la posibilidad de
enfrentar el establecimiento de la academia nos permite luchar una vez más
por la paz con justicia y dignidad que nuestros pueblos aclaman y merecen.
Ahora bien, ante la demora de la Asamblea Legislativa costarricense en
aprobar el acuerdo sobre la Academia Internacional para el Cumplimiento de la
Ley, la potencia del norte parece decidida a barajar otras opciones con lo
que el agregado político de la embajada estadounidense, Peter Brennan, afirmó
a los medios: "ya Washington dijo que si no se define en poco tiempo
analizaría otros países, como República Dominicana o El Salvador".
"Pasaría en ese caso a ser la instalación de la ILEA una lucha dominicana o
salvadoreña, luego de un triunfo costarricense" Además de la importancia que
tiene que cada nación pueda hacer prevalecer su soberanía, es relevante tener
en cuenta que estas estrategias -tanto las militares como las económicas- se
encuentran articuladas de manera tal que involucran a todos y cada uno de
nuestros países de América Latina y el Caribe.
Entenderlo así fomenta la participación de organizaciones civiles y redes
sociales de todo el continente que ven el trabajo conjunto como un esfuerzo
fundamental de la resistencia. La CADA (Campaña por la Desmilitarización de
las Américas) constituida por diversas organizaciones sociales de América, se
encuentra promoviendo, por ejemplo, dentro de la semana por la
desmilitarización en América Latina la realización de una serie de
manifestaciones y actividades en los países mesoamericanos para el 22 de
noviembre de este año poniendo énfasis en la oposición a la implementación de
la ILEA en Costa Rica.
La articulación de acciones regionales, continentales y por qué no mundiales
son las que nos permitirán hacer frente a las políticas económicas y las
estrategias militares que pretenden continuar oprimiendo a nuestros pueblos e
incrementar cada vez más esa opresión.
Informe de Fundación Pacificar Costa Rica. Más información: http://www.pacificar.com/ilea
https://www.alainet.org/pt/node/109242
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