Introducción: El Modelo que Está Detrás de las Políticas

Para entender al famoso "Farm Bill," ó Ley Agrícola, de los Estados Unidos, es necesario entender al modelo que está detrás de las políticas. Desde los 1970's, el sistema de agricultura de los Estados Unidos se ha ido diseñando para dotar con las herramientas necesarias a los gigantes del comercio de granos y cereales como Archer Daniels Midland (ADM) y Cargill, y ayudarlos a capturar mercados alimenticios nacionales e internacionales. Estas compañías ingresan a los mercados del Tercer Mundo con dos mecanismos estrechamente vinculados entre si. En primer lugar, trabajan mano a mano con el gobierno de los Estados Unidos y con las instituciones como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), para forzar a los países del Tercer Mundo a abrir sus puertas a las exportaciones agrícolas de los Estados Unidos, recortando drásticamente sus aranceles y otras protecciones para sus mercados y productores nacionales. Una vez abiertos los mercados, el segundo paso es derrocar a la competencia de los agricultores locales, a través del segundo mecanismo, la política de precios bajos, que de hecho es el verdadero motivo detrás de las Leyes Agrícolas que se hacen cada 5 o 6 años.

Para lograr el objetivo de dominar los mercados de terceros países, necesitan un volumen alto de mercancías a bajos precios, lo cual no les representa ningún problema, ya que les es fácil conseguir granos y cereales a un precio tan bajo que nadie mas puede competir con ellos. Cada seis años nace una nueva ley agrícola diseñada para reducir los precios a niveles de, o en ocasiones por debajo de, los costos de producción. El propósito de los subsidios que paga el gobierno de los Estados Unidos a los agricultores grandes, es compensarlos por un régimen de precios bajos, con pagos compensatorios, los cuales les permiten sobrevivir en condiciones de supresión de precios que de otra manera no los permitiría seguir produciendo.

La Ley Agrícola de 2002

Después de 14 meses de pláticas, audiencias, conferencias y deliberaciones, el 13 de Mayo de 2002, el presidente Bush firmó la Ley de Seguridad e Inversión Rural ("Farm Bill," o "Ley Agrícola"). Este proyecto de ley de $248.6 mil millones de dólares significa un incremento de los subsidios a la agricultura estadounidense en un 80% comparado con la Ley Agrícola de 1996. Este dinero es un gasto que proviene directamente de los bolsillos de los contribuyentes estadounidenses.

La previa ley agrícola, conocida como la "Ley de Libertad para Cultivar de 1996," pretendía alejar a los agricultores de los sistemas de subsidios y precios suplementarios, que amenazaban con poner a los Estados Unidos en una posición comprometedora en cuestión a la violación de los reglamentos de la OMC. Sin embargo, la nueva ley agrícola hará que los contribuyentes Estadounidenses desembolsen por lo menos $190 mil millones de dólares en los siguientes 10 años. Esto representa un incremento de aproximadamente $83 mil millones de dólares que será destinado a los programas actuales, solamente con pequeñas modificaciones..

Esta ley es en realidad un programa complejo que atiende principalmente a ocho cultivos: el algodón, el trigo, el maíz, la soya, el arroz, la cebada, la avena, y el sorgo. Estos programas benefician principalmente a los estados de mayor producción de granos y cereales, que casualmente fueron los estados sujetos a la polémica electoral en las elecciones bianuales.

Los A-B-C de los Pagos Contemplados por la Ley Agrícola

La legislación engloba los siguientes tres tipos de pagos de subsidios gubernamentales para los agricultores productores de cosechas: (1)pagos fijos directos, (2) pagos contracíclicos, y (3) prestamos para promociones de mercado.

Los pagos contracíclicos tienen como objetivo eliminar de la necesidad de un mecanismo de rescate de emergencia cada vez que se caen los precios en los mercados internacionales. Estos son una forma de subsidios retroactivos que entrarán en acción cuando los precios de mercado caen a un cierto nivel. Los pagos directos y contracíclicos no están ligados a la producción - supuestamente, porque en realidad están vinculados a áreas cultivadas y rendimientos históricos - y se ofrecen aún cuando el productor decida dejar de cultivar sus tierras por toda la temporada. Los pagos se basarán en una fórmula matemática que toma en cuenta las hectáreas cultivadas en años anteriores y el historial de rendimiento de cada finca, de tal manera que siguen siendo ligados, de hecho, aunque de una manera encubierta, a la productividad.

No Todo es Negativo

Cabe mencionar que la nueva ley agrícola tiene potencialmente algunas estipulaciones positivas, - que fueron necesarias para lograr su aprobación el Congreso- incluyendo el Programa de bonos para que las personas de bajos recursos pueden comprar en las Ferias de Agricultores, un programa para ayudar a los nuevos agricultores, y la creación del puesto de Subsecretario para los Derechos Civiles dentro del Departamento de Agricultura de los EU; y duplica los fondos - de $2.5 millones de dólares a $ 5 millones de dólares-destinados a un programa de seguridad alimenticia en comunidades locales. Este programa incluye estampillas de alimentos, así como también reinstala viejos beneficios para el inmigrante adulto que ha vivido en los EU por más de cinco años, sin importar el estado legal de sus hijos o si son minusválidos.

Esta reforma propone también un incremento en el gasto a la conservación de suelos, el cual paga un incentivo a los agricultores para que mantengan sus tierras en descanso. La reforma es un intento para reducir el escurrimiento que contamina los acuíferos, y también conservar los humedales y zonas ecológicas.

Desgraciadamente para los activistas ecologistas el 50% - es decir $9 de los $17.1 mil millones - del fondo de conservación, van a dar a las fincas más grandes, propiedad de los productores más ricos, que recibirán $450, 000 en un lapso de seis años.

En realidad el potencial de los beneficios de dicha ley no puede compararse con el grave daño que esta puede causar. En términos generales ésta ley perjudicará sustancialmente a los agricultores, familiares, a los consumidores, a los contribuyentes de impuestos y al medio ambiente. En pocas palabras ésta reforma le roba al pobre para darle al rico, desestabilizando así a las comunidades rurales a nivel mundial, debilitando aún más la seguridad alimenticia global.

En éste boletín informativo exploraremos las fallas de ésta ley.

Asistencia Social para Transnacionales

El presidente George Bush mantiene que ésta ley agrícola promoverá la independencia del agricultor, así como la preservación de su forma de vida por varias generaciones. Su lógica es que si ésta reforma ayuda a los agricultores nacionales, por ende también, beneficia al resto de la población Estadounidense. Sin embargo, si comparamos los años 30's con la situación de hoy, nos daremos cuenta que lo que Bush dice no tiene sentido. En los 30's el 25% de la población vivía en el campo (había entonces 6 millones de granjas), hoy en día el 2% de la población vive en el campo (ahora hay menos de 2 millones de granjas). Las pequeñas fincas han sido casi totalmente remplazadas por las grandes comercializadoras agrícolas. Hoy en día el 8 por ciento de las granjas representan el 72 por ciento de las ventas, lo que se debe en gran parte, a políticas muy similares a las que se enfatizan en ésta propuesta de ley.

Asistencia social para las corporaciones transnacionales es la mejor descripción de la Ley Agrícola del 2002. La mayoría de los subsidios federales para el cultivo irán a terratenientes ricos, entre ellos a 14 de los diputados que escribieron la ley. Los subsidios se destinarán a corporaciones como Wesbaco (un conglomerado de productos de papel), a Chevron, a la compañía de seguros de John Hancock; y a personas como Ted Turner, director ejecutivo Time-Warner Entertainment, a Dan Donalson, corresponsal del canal ABC de la televisión norteamericana, y al multimillonario David Rockefeller del Banco Chase Manhattan, pero no a los agricultores familiares. Esta ley agrícola sólo obliga a la mayoría de las familias de agricultores a pagar mas impuestos poniendo en desventaja al pequeño y mediano agricultor.

Que muera el pequeño agricultor

Esta ley agrícola es una manera más de perder nuestra tierra. Mientras ésta ley beneficia enormemente a los grandes productores del cultivos de maíz, soya y algodón, perjudica al pequeño agricultor. Esta reforma ignora todos los temas por los que tanto han luchado los agricultores familiares y movimientos de base, como por ejemplo la prohibición de que las empacadoras de carnes posean ellos mismos ganado, y un programa de incentivos para proteger al medio ambiente que se enfoca en los agricultores familiares.

A ésta reforma le falta sentido común. Por ejemplo, el Congreso y el Senado negociaron que los límites máximos de los pagos a un solo productor fueron elevados a $360,000 en lugar de $250,000. De hecho, el 10 por cierto de las personas que reciben éstos subsidios agrícolas se llevan las dos terceras partes del dinero, mientras que el 80% reciben solo una sexta parte de los fondos. Lo que es peor, el 47% de los pagos irán a dar a agricultores con un promedio de $135,000 dólares de ganancias anuales, y cabe añadir que la mayoría de los cultivos no califican para el plan de subsidios. Por ejemplo en California, sólo el 9 por ciento de los 74,000 agricultores han recibido cualquier tipo de subsidio desde 1996. Es claro entonces, que ésta nueva ley agrícola sólo perpetúa injusticias.

La mayoría de los "cultivos de especialidad," comos son las uvas, duraznos, ciruelas, nectarinas, fresas, almendras, nueces y vegetales, los cuales contribuyen $29 mil millones de dólares a esta gran economía agropecuaria, no recibirán ni un centavo de ayuda. El grueso del dinero se invertirá en ayudar a los productores de arroz, algodón, trigo y cebada. De los 20 productores que recibirán la ayuda, 7 son grandes agricultores de algodón y 11 son grandes productores de arroz, los cuales ya reciben un promedio de $596,000 en subsidios anualmente.

Casualmente la mayor parte del dinero proveniente de los subsidios se quedará en los estados donde rigen los legisladores que promulgaron estas leyes. Por ejemplo en Iowa, donde reside el Presidente de del Comité de Agricultura Tom Harkin, recibirá la mayor parte del subsidio, con una cantidad de $1.7 mil millones de dólares. En Texas, el superior de la cámara baja del congreso de los Republicanos, Larry Combest, el cual redactó la propuesta de ley, y el Demócrata Charles Stenholm que también es parte de el Comité de Agricultura del Senado, recibirá $582 millones por año, siendo este el estado que recibirá el mayor incremento. Si analizamos solamente los últimos 5 años, en Texas 36,200 agricultores obtuvieron $6.6 mil millones de dólares en subsidios mientras que el resto de los $1.1 mil millones fue dividido entre los restantes 181,000 pequeños agricultores.

Este alto nivel de subsidios ha traído consigo una sobreproducción, lo que nos ha llevado a una caída en los precios. Hoy en día más del 40 por ciento de los ingresos netos de la agricultura americana provienen del gobierno federal. Esto es un perfecto incentivo para que aquellos que están buscando la mayor ayuda posible del gobierno planten aquellos cultivos de más alta subvención, utilizando en cada centímetro cuadrado de tierra el mayor numero de fertilizantes posibles, de hecho mucho más que su uso óptimo en términos agronómicos.

El incremento a los subsidios de los agro-negocios sólo acelerará el éxodo de las familias de agricultores del campo, ya que el dinero de los contribuyentes dotará de fondos a los agricultores más fuertes del país y no dejaría ninguna margen de competitividad a los agricultores familiares. Como demuestra la Figure 1, el valor de las agro-exportaciones se ha incrementado en mas de 500%, pero el ingreso de agricultor promedio se ha caído en un 50%, durante los años de auge de estas políticas.

De acuerdo al presidente de la Coalición Nacional de Agricultores Familiares (NFFC), los que tienen más que perder son los agricultores familiares independientes, que están luchando por salvar sus tierras, así como los contribuyentes de impuestos que son los que estarán subsidiando ésta nueva propuesta de ley, la cual rompe el récord en cuestión de fondos para el subsidio del campo.

Nuevos Mercados para las Corporaciones Estadounidenses

Ya que los mercados Estadounidenses están saturados, los EE.UU. están presionando para abrir nuevos mercados internacionales, con gran éxito cabe añadir. De hecho uno de cada tres acres de cultivo de verduras y cereales en los EU se producen con el propósito de exportar, al igual que un cuarto del total de las ventas agropecuarias. Bajo el Programa de Acceso de Mercados, de la Ley Agrícola del 2002, un total de $100 millones de dólares han sido ya distribuidos a 67 grupos comerciales estadounidenses, con el propósito de promover sus productos agropecuarios en los mercados extranjeros. Adicionalmente $1.34 millones de dólares de fondos federales provenientes del Programa de Muestreo de Calidad han sido distribuidos a 17 comercializadoras con el fin de incrementar las exportaciones y al mismo tiempo expandirse a nuevos mercados agrícolas en el extranjero.

Toda la propuesta de ley está basada en el mito de que las exportaciones son la única respuesta para salvar al pequeño agricultor americano. Desgraciadamente nos damos cuenta que esto no es cierto, ya que en las últimas dos décadas, las exportaciones no han llenado estas expectativas. Los bajos precios de las mercancías han causado un incremento en las ganancias de las procesadoras, exportadoras y las compañías de semillas y químicos, y han destruido el modus-vivendi de las familias de los agricultores.

Robin Hood Invertido

Para esta Ley Agrícola no es suficiente el proveer asistencia social para las comercializadoras agropecuarias y hacer que los contribuyentes paguen de sus bolsillos éstos subsidios, también le roba de las personas más pobres del mundo. Por medio del fortalecimiento de las herramientas y la autoridad de instituciones como el Banco Mundial, el FMI y los tratados de libre comercio, los Estados Unidos abren mercados internacionales para sus exportaciones presionando a los países pobres para que desprotejan sus mercados, eliminando subsidios y reduciendo tarifas. Por otro lado, los Estados Unidos se protegen de la competencia extranjera incrementando sus subsidios a nivel nacional y manteniendo sus tarifas.

Este tipo de mecanismos han permitido que los Estados Unidos inunden los mercados de otros países con su exceso de mercancías. Ejemplos muy claros son los del maíz y los del trigo. EE.UU. exporta maíz a un precio 20 % y el trigo a un 46 % por debajo del costo de producción. Como consecuencia los productores de maíz de otros países no pueden competir, y han tenido que abandonar sus tierras. Más de un 80% de las personas pobres en México viven en el campo y más de 2 millones de ellos son agricultores de maíz. No hay manera de que ellos puedan competir con los agronegocios estadounidenses que han sido subsidiados por el gobierno.

Incrementos en los subsidios en la agricultura de los EE.UU. sólo dañará más la vida de los agricultores del tercer mundo. Esta nueva propuesta de ley estimulará aún más el excedente agrícola nacional, mismo que permitirá que los EU. inunde los mercados a precios por debajo del costo de producción en el mercado mundial. Consecuentemente los precios mundiales de los cultivos se depreciarán aún más terminando así con los agricultores mas débiles y obteniendo el efecto de Robin Hood Invertido. Esto es robándole a las personas más pobres del mundo para enriquecer así a los agronegocios estadounidenses.

Un ejemplo del efecto Robin Hood invertido es el del comercio del algodón, considerado como una de las principales mercancías de cultivo. Los nuevos subsidios harán que muchos de los productores estadounidenses de algodón, los cuales ganan un promedio neto de $800,000 dólares anuales, reciban este año la mitad de sus ganancias del gobierno. Hay que tomar en cuenta que sólo una pequeña parte de los agricultores se dedican a la producción del algodón. De 2 millones de agricultores, únicamente 25,000 cultivan el algodón.

Los subsidios que protegen a los agricultores estadounidenses de algodón de la caída de los precios mundiales, también traen como consecuencia una continuidad en la producción aún en tiempos de precios bajos. Esto tiene un efecto negativo en los países del Tercer Mundo que no cuentan con subsidios, los cuales impiden toda capacidad de subsistir. El año pasado se alcanzó un récord de cultivo de 9.74 mil millones de libras de algodón, incrementando el exceso de producción y deprimiendo más aún los precios por debajo del costo de producción de la mayoría de los agricultores mundiales.

Esta situación les ha costado a los países africanos $250 millones de dólares cada año, de acuerdo a un estudio publicado por el Banco Mundial en Febrero de éste año. En éste estudio el Banco Mundial calcula que la eliminación de los subsidios en los Estados Unidos, produciría una caída en la producción de algodón dentro de los Estados Unidos llevando así a un incremento en el precio mundial del algodón. Por otro lado esto significaría una ganancia de $250 millones de dólares para los países del África central y del occidente, lo cual representa un incremento considerable en las ganancias de estos países.

Son evidentes las grandes diferencias entre los productores de algodón en la región del Mississippi en los Estados Unidos y los agricultores en la región del Delta en Nigeria. Estados Unidos dice ser el más grande productor de algodón , aunque sea ineficiente y su costo de producción se encuentra muy por arriba de otros productores. El Occidente de África es el tercer productor mundial de algodón, aún cuando sujeto a las fuerzas de mercado, han cortado los precios en un 66 % desde 1995 a un nivel de 35 a 45 centavos por libra.

Gracias a los casi $3.4 billones de dólares en subsidios por parte del gobierno, los Estados Unidos se lleva de 70 a 75 centavos por cada libra de algodón. Esta nueva ley agrícola les aumentará los ingresos a los agricultores de algodón de los Estados Unidos en un 16 por ciento. Al mismo tiempo en Mali, donde la exportación del algodón constituye la mitad del ingreso de las exportaciones nacionales, el gobierno amenaza que en este año habrá una reducción del 10 %.

La evidencia es tan clara que hasta el presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, reconoce que este tipo de subsidios están inhabilitando las pocas oportunidades que tiene África para salir de su pobreza por medio de las exportaciones. Mark Malloch Brown, el jefe del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, ha estimado que los subsidios a la agricultura de los Estados Unidos le cuestan a los países más pobres alrededor de $50 mil millones de dólares por año en perdidas de ingreso de sus exportaciones agrícolas. Casualmente, esta cantidad es igual al total de ayuda que los países mas ricos le dan a los países pobres.

La Puerta Giratoria entre Gobierno y Industria

Esta experiencia con la Ley Agrícola, nos lleva a una pregunta estrechamente relacionada con este tema: ¿A favor de quien se negocian en realidad los acuerdos internacionales sobre el comercio de productos agropecuarios, tales como la OMC, el TLCAN y el ALCA?

El Embajador Allen Johnson es el Negociador en Jefe para la Agricultura, en la "USTR," que es la Oficina del Representante de los Estados Unidos para el Comercio.  Como tal, es el encargado de formular y negociar las posturas oficiales del gobierno de los EEUU con respecto a temas de agricultura, para todas los convenios sobre el comercio internacional.

En teoría, el Embajador Johnson debe representar a todos los estadounidenses -- incluyendo a los agricultores familiares, a los consumidores y a los pobres -- en negociaciones tan críticas como las antes mencionadas. Sin embargo, su pasado, antes de ingresar a la oficina del USTR, pone en duda si de hecho el Embajador sirve a todos los estadounidenses, o solo a la industria privada, en temas del comercio agropecuario.  

Antes de llegar al USTR, el Embajador Johnson sirvió como Presidente, y antes como Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Transformación de Oleaginosos, conocido como "NOPA" con sus siglas en inglés.  

Según el sitio web de la NOPA (http://www.nopa.org):

"La NOPA es una organización dirigida por sus propios miembros, que representa a las industrias estadounidenses de la transformación de las semillas de soya, girasol, canola, lino y alazor.  La misión de NOPA es ayudar a estas industrias para que sean las más competitivas y rentables del mundo.  La NOPA está involucrado de manera pro-activa en temas de políticas de comercio internacional; el medio ambiente y la gestión de los recursos naturales; los programas de subvenciones a la producción (¿) nacional; y los temas de salud y de seguridad. El enfoque de NOPA es de facilitar la unidad de toda la industria (Ej.: productores, procesadores y clientes) para alcanzar las metas y enfrentar los retos de la industria oleaginosa."

La NOPA es una organización muy exclusiva. Tiene solo 13 "miembros fijos," quienes no son personas físicas, sino corporaciones.  Entre ellos, Archer Daniels Midland (ADM), Bunge Norteamérica y Cargill. Entre los 20 "miembros asociados," se encuentran ConAgra, Procter and Gamble, Purina, Tyson Foods, y Unilever. Otro miembro fijo es la Perdue. Casi todas las principales transnacionales de comercio de granos están representadas, al igual que algunas de las mas grandes e importantes empresas transformadoras de alimentos y empresas de producción pecuaria integrada, de estilo de "fabricas en el campo."

¿Entonces, quien está de hecho manejando la política comercial de los EEUU, con respeto a la agricultura?  En este contexto, ¿es realmente una sorpresa que las políticas comerciales actuales tienen un efecto devastador para la agricultura familiar, dentro y fuera de los EEUU, y que las nuevas propuestas políticas, actualmente siendo negociadas dentro de la OMC y el ALCA, prometen ser potencialmente peores?

La Hipocresía de Bush

Por décadas los Estados Unidos han sido los primeros en promulgar el libre comercio, obligando a otros países para que abran sus mercados a productos manufacturados, presionando para que reduzcan los subsidios en su industria agricultora. Sólo hace algunos años, durante la Ronda Uruguaya del GATT en los 90's, los Estados Unidos ejerció presión para que los demás países redujeran los subsidios a la agricultura. En septiembre del 2001 el gobierno de los Estados Unidos apoyó un llamado del Grupo Cairns, poniendo así en riesgo a 18 países agricultores. En este llamado se pidió la eliminación de cualquier forma de subsidio que afectara el comercio. En el ministerial de la OMC en Doha, Qatar en noviembre 2001, los Estados Unidos renovaron su compromiso anti-subsidios. Seis meses después, los Estados Unidos incrementaron en un 80 por ciento el subsidio a su sector agricultor.

El presidente Bush y el secretario de Agricultura Ann Veneman declararon que la nueva reforma agrícola no viola los compromisos hechos por Estados Unidos en la OMC. La propuesta de ley pretende hacer creer que los subsidios están dentro del límite permitido por los acuerdos de agricultura de la OMC y ha solicitado que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos mantenga su nivel de subsidios dentro del límite de $19.1 mil millones de dólares, lo cual fue acordado en el calendario de pagos de los acuerdos de agricultura. Esta propuesta también incrementará en un 80 por ciento el apoyo a los agricultores por medio de los llamados programas de conservación, los cuales beneficiarán a los con - animales, frutas y vegetales, que queden bajo la etiqueta de "caja verde" que son los subsidios que se permiten dentro del los acuerdos de agricultura de la OMC. Sin embargo, Joseph Stiglitz, ha descrito la nueva propuesta de ley como "la perfecta ilustración de la hipocresía en la liberalización de los mercados de la administración de Bush."

Dentro de los acuerdos de agricultura (AoA) de la OMC, "la cláusula de paz" (en el articulo 13) dice que hasta finales del año 2003, que es cuando termina el periodo de implementación de los Acuerdos de Agricultura, los apoyos y subsidios no serán partes de las provisiones de ley de la AoA y que las mismas podrán ser sometidas a revisión, lo cual representa una violación a los acuerdos de los subsidios y medidas compensatorias de la OMC. En teoría, estas estipulaciones podrían ser usadas por otros países para demandar a los Estados Unidos en la OMC. Si se tratara de introducir un litigio de este tipo, los Estados Unidos deberían sustentar su caso para comprobar que su gasto no ha excedido aquel de 1992. Sin embargo, en 1992 no se les pidió a los miembros de la OMC que reportaran los niveles de apoyo que ofrecieron en 1992. Países industrializados como los países de la Unión Europea y los Estados Unidos no han proporcionado estas cifras. Por lo tanto el prospecto de una litigación en contra de los Estados Unidos es potencialmente un sueño de niños.

Esta doble cara de la administración Bush, donde por un lado se promete lealtad a la economía de mercado y prohibición fiscal, ha traído consigo gran indignación de aquellos países que dependen de sus exportaciones agrícolas. De hecho varios de estos países han apelado a la OMC y pedido que se impongan sanciones a los Estados Unidos, amenazando con tomar represalias y acusar a los Estados Unidos de practicas hipócritas, ya que mientras ellos toman medidas proteccionistas en su propio país, demandan que otras naciones desprotejan aún más sus mercados. El mismo representante de la cámara de comercio lo reconoció: "merecemos la crítica que hemos recibido."

Ésta ley ha enfurecido a los socios comerciales de los Estados Unidos. Canadá, por ejemplo, se ha concentrado en pelear en contra de la reforma agrícola por medio de los reglamentos de la OMC y de tratados como el Tratado de Libre Comercio (TLCAN).

El Premier Lorne Calvert de Saskatchewan ha advertido que si el gobierno federal de Canadá no presta acción y actúa rápidamente en contra de ésta Ley agrícola, la economía agropecuaria Canadiense estará en peligro de caer al punto en donde el país no podrá ni alimentarse a sí mismo. El comisionado de la Unión Europea en Agricultura, Desarrollo Rural y Pescadería, Franz Fischler, dijo hablando de la Ley Agrícola, que "ésta legislación remarca la falta de credibilidad por parte de las políticas Estadounidenses en la OMC, donde los Estados Unidos han presentado una agenda comercial totalmente inconsistente con la nueva Ley agrícola. No podemos negociar con la idea de: haz lo que digo y no lo que hago.

Los europeos no son los únicos que han lanzado éstas críticas de los Estados Unidos. También los países del tercer mundo están levantados en armas. Por ejemplo el Presidente Museveni de Uganda al hablar en la Cámara Americana de Comercio en Washington, acusó que los subsidios que son parte de la ley agrícola, contradicen la misma política de "comercio y de no ayuda financiera" de la administración de Bush, ya que estos subsidios sacan del mercado a los países más pobres. Es muy probable que muy pronto, Sudáfrica, que es uno de los países que más ha seguido al pie de la letra las recetas del Banco Mundial y del Banco Monetario Internacional y que ha de suspendido subsidios a su agricultura, se una a las voces de la Unión Europea para quejarse de las acciones de los Estados Unidos con respecto a los subsidios a la agricultura.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, el Sr. Celso Lafer ha amenazado a los Estados Unidos, diciendo que no dejará de usar ninguno de los recursos a su alcance para nulificar los efectos negativos de la importación de productos subsidiados Estadounidenses. El Sr. Lafer también ha dicho que interpondrá una queja frente a la OMC, ya que la Ley agrícola dañará las exportaciones de Brasil, especialmente la exportación soya. Brasil ha estimado que perderá $9.6 mil millones de dólares en los siguientes cuatro años, cuando ésta ley, que reforzará las exportaciones americanas, entre en vigor. Esto causará que Brasil pierda sus mercados y reduzca aún más los precios de las mercancías agrícolas a nivel mundial. Argentina se ha unido a Brasil en un esfuerzo de buscar la creación de un jurado para determinar la legalidad dentro de las leyes del sistema multilateral de comercio de esta Reforma Agrícola de los Estados Unidos. La indignación es tal, que hasta el gobierno de China ha amenazado con tomar represalias.

El libre comercio no es la respuesta

Uno de los mitos divulgados por los gobiernos de los Estados Unidos y la Unión Europea es que en las últimas décadas el libre comercio ha ayudado a los agricultores pobres alrededor del mundo. ¡Y no es así! Lo que sí ha hecho es dejar a los agricultores a la merced del libre comercio acelerando su destrucción. El enfoque en las exportaciones agrícolas en el comercio mundial se ha traducido en un mayor esfuerzo para maximizar los rendimientos de las cosechas, con los agricultores añadiendo pesticidas y fertilizantes a sus cultivos. Muchos ya no hacen la rotación de cosechas: en lugar de esto utilizan toda su tierra para plantar cultivos subvencionados como el maíz y el trigo entre otros, creando así monocultivos que requieren aun más productos químicos, destruyendo nuestra biodiversidad.

Al bajar los precios, los mercados se saturan de mercancías. La caída de precios en el mercado crea la necesidad de utilizar subsidios para el agricultor, los cuales son ofrecidos solamente a los grandes agricultores y a los agronegocios. Los grandes terratenientes se enriquecen, ya que el precio de la tierra sube y las rentas también y a los nuevos agricultores no les alcanza ni para comenzar una nueva cosecha. Así se crea una gran burbuja en la economía que inevitablemente se revienta cuando los subsidios no son suficientes para compensar los precios tan bajos del mercado, y los agricultores se quedan en la bancarrota. La verdad es que ésta supuesta ventaja del libre comercio matará de hambre a nuestros agricultores.

¿Al final de cuentas quien pagará por todo esto? Esta reforma les traerá varias sorpresas a los contribuyentes de Estados Unidos, pero en realidad los que van a pagar el verdadero costo de esta ley agrícola serán los pequeños agricultores familiares alrededor del mundo. Esta tragedia podría causar la desaparición total del pequeño agricultor.

Una Oportunidad para el Cambio

La Ley agrícola del 2002 es también una oportunidad para que la sociedad civil destruya la hipocresía del mito de la "retórica de desarrollo" del libre comercio. Esta propuesta debe servir como una motivación para que la sociedad civil escuche la llamada de la Vía Campesina, el movimiento de campesinos que ha denunciado a la OMC y su liberalización de productos agrícolas, así como las políticas de saturación de mercados por parte de los países desarrollados a los países del Tercer Mundo.

Este movimiento campesino no enfatiza el libre comercio sino una producción sustentable, saludable, de buena calidad y culturalmente apropiada para los mercados domésticos, lo que llama la Soberanía Alimenticia. La prioridad de estos campesinos y agricultores es la de producir para sus familias y comunidades y después buscar acceso a los mercados nacionales antes de buscarlos en el extranjero.

Los alimentos y la agricultura son fundamentales para el bienestar de todas las personas ambos en términos de acceso a alimentos nutritivos y confiables. Una buena alimentación constituye el cimiento para una cultura, medio ambiente y comunidad saludable. Estos importantes temas han sido completamente socavados por la dependencia en las vagas ideas y promesas del Banco Mundial, BMI y la OMC. En lugar de asegurar alimento para todos, estas instituciones han creado prioridades basadas en la producción destinada a las exportaciones, lo que ha incrementado el hambre y la pobreza mundial, al mismo tiempo que ha a privado a millones de agricultores y campesinos, de muchos recursos básicos como la tierra, el agua y las semillas.

La realidad es que el "mercado global" en el contexto de la agricultura no existe. Lo que hay es un intercambio internacional de un superávit de grano, cereales y carne que ha sido usado por los Estados Unidos, la Unión Europea y otros miembros del mismo clan como el Grupo Cairns, para saturar los mercados. Detrás de las caras de los negociantes de estos tratados están las poderosas corporaciones transnacionales como Cargill y Monsanto, las cuales son los verdaderos beneficiarios de los subsidios domésticos y los tratados internacionales. Es urgente y esencial hacer un cambio fundamental en las leyes este comercio represivo..

La Ley Agrícola se puede considerar como un hecho, sin embargo debe de verse como una oportunidad para retar al régimen del libre comercio y para renovar la llamada a la OMC no se meta en los asuntos agricultura. Los gobiernos tienen que respetar los derechos de todas las personas y su soberanía alimenticia. Es tiempo de que insistamos en que las políticas de comercio de Washington sean políticas sólidas y razonables en lugar aquellas que aboguen por una supuesta necesidad de mantener el dominio político y comercial Estadounidense en el mundo.

Las negociaciones sobre la agricultura se están llevando acabo ahora en preparación para la siguiente reunión ministerial de la OMC en septiembre del 2003, en Cancún, México. Es hora para unirse a la lucha en contra de un régimen de comercio que perjudica la agricultura y la vida. Una nota final de cautela: es posible que esta Ley Agrícola, sea en parte un táctica de los Estados Unidos para la OMC. Al espantar a los países de Sur con el aumento de los subsidios, ahora ofrece reducirlos de nuevo, siempre y cuando los de Sur abren sus mercados aún más. Pero ¡Hay que tener cuidado! al morder este anzuelo de "acceso" a los mercados del Norte: hay que abrir los ojos y ver que la meta verdadera de los países del Norte es dominar para siempre los mercados del Sur.

* Este documento está basado, en gran parte, en "Giving Away the Farm: The 2002 Farm Bill," por Anuradha Mittal, Food First Backgrounder Volume 8, Number 3, Summer 2002.

** Traducción de Paulina Novo, editado por Emilio Castellanos.

http://www.foodfirst.org/pubs/backgrdrs/2002/leyagricola.html

*** Anuradha Mittal y Peter Rosset, co-directores Food First/Institute for Food and Development Policy, USA