El derecho a la salud implica gozar del más óptimo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o malestar. ¿Cómo podemos ser titulares de este derecho y llegar a ser ciudadanas en salud si aún enfrentamos discriminaciones y subordinación, violencias simbólicas y directas, y el control más despiadado y persistente sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas? Ser ciudadanas con goce de derechos implica adoptar y ejercer en igualdad de condiciones y desde nuestra libertad, dignidad y autonomía, aquellas decisiones que estimamos adecuadas para nuestro proyecto de vida, sin sufrir ningún tipo de discriminación, coerción o violencias. Como por ejemplo, optar por un aborto seguro, legal y sin riesgos; elegir una maternidad voluntaria y gozosa; asumir una sexualidad que se aleja del modelo heterosexual; rechazar cualquier papel asignado culturalmente si no nos parece grato. Las mujeres, en particular, enfrentamos hoy grandes dificultades para ejercer nuestro derecho ciudadano a la salud y para que se escuchen nuestras demandas. Pues aun cuando estamos insertas en mayor medida en el mundo público que hace décadas, la toma de decisiones y el ejercicio del poder sigue teniendo un rostro masculino. Por otra parte, vivimos en la actualidad un proceso de restricciones crecientes y de empobrecimiento generalizado como consecuencia de modelos económicos neoliberales que no han hecho sino profundizar las brechas entre países, y al interior de los mismos. Este sistema excluyente y despiadado ha determinado que los pobres sean cada vez más pobres, y que los ricos aumenten su capital escandalosamente. Y somos las mujeres las que ostentamos el triste record de ser las más pobres entre los pobres, las más marginadas de la sociedad y las más alejadas de los beneficios del desarrollo. Como toda política social sectorial, la salud está condicionada por las políticas macroeconómicas. Por lo tanto, estas restricciones que la pobreza impone sin duda afectan al acceso universal a la atención de salud y determinan una crisis en los servicios. Al mismo tiempo, el Estado abandona progresivamente su rol social en esta y otras áreas, dejando de cumplir obligaciones y responsabilidades hacia la ciudadanía. Por ello, las mujeres, como principales usuarias de los servicios públicos de salud, accedemos a una atención de salud que no se caracteriza ni por su calidad ni por sus recursos. Los procesos de reforma sanitaria tampoco han sido favorables para nosotras, por el contrario, al carecer en sus contenidos fundamentales de un eje centrado en la equidad de género y al no promover la transversalización de este enfoque en las políticas de salud, muchas veces no han hecho sino profundizar las inequidades del sistema. Por otra parte, proliferan en nuestros países los sistemas de salud privatizados que venden una mercancía llamada salud, pero solo a quienes pueden pagarla. Y una de las características de este sistema mercantilizado es el castigo que imponen al potencial reproductivo de las mujeres en los planes de salud privados, donde la maternidad se paga muy cara. Gran incoherencia en sociedades donde a las mujeres se les impone ser madres, por sobre todas las cosas y aun a costa de sus vidas. En la sociedad persisten, además, obstáculos de índole cultural y religiosa que impiden a las mujeres el libre ejercicio de derechos, en especial, en el terreno de la sexualidad y la reproducción. Avances conceptuales tales como los derechos sexuales y reproductivos, reconocidos explícitamente en las Conferencias de El Cairo y Beijing, y que surgieron a partir de la agenda feminista, no han logrado insertarse cabalmente en las políticas públicas de los países por la acción obstaculizadora de poderes fácticos que se oponen persistentemente a cualquier paso en este sentido. Es así como el fundamentalismo religioso y otros tipos de fundamentalismos han sido y siguen siendo la oscura barrera para cualquier visión integral de la sexualidad humana desde un enfoque de derechos, favoreciendo, por el contrario, la permanencia de represiones, ocultamientos y tabúes en este terreno, dirigidos en especial hacia las mujeres. Por ello, este 8 de Marzo las mujeres exigimos nuestra ciudadanía en salud. Hoy, con más fuerzas que nunca y haciéndonos eco de aquellas voces precursoras de las feministas históricas, demandamos: El derecho al acceso universal a información y servicios de atención de la salud gratuitos o de bajo costo y de buena calidad, en todo el ciclo vital. El derecho a una salud sexual y reproductiva sana y sin riesgos. El derecho a conocer nuestro cuerpo y cómo funciona. El derecho a ejercer una sexualidad sin riesgos ni consecuencias indeseables con quien deseemos, o a no ejercerla El derecho a sentir placer sin culpas. El derecho a la libre opción sexual. El derecho a una maternidad voluntaria y a decidir el número de hijos e hijas, cuándo tenerlos, o no tenerlos. El derecho a estar informadas sobre regulación de la fecundidad con métodos eficaces, seguros y asequibles, El derecho a recibir atención de salud de calidad en el embarazo, parto y puerperio, para tener una maternidad segura. El derecho al aborto seguro, legal y gratuito. El derecho a compartir responsabilidades de la sexualidad y reproducción con la pareja. El derecho a protegernos de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA. El derecho a una participación igualitaria de las mujeres en las instancias de decisión en salud. El derecho a vivir libres de violencias. La vida cotidiana de mujeres y niñas debe dar cuenta de una mayor justicia y equidad en el goce del derecho a la salud y al bienestar, potenciemos nuestra participación social y nuestra voz política para lograrlo. No a la guerra sí a la paz, la solidaridad y la justicia social y económica. Sí a las relaciones éticas entre los pueblos. Por el derecho a la salud como un derecho humano. Por el derecho a vivir libres de violencias