México, D.F.- La esperanza, una vez más, se nos escapa de la mano. La realidad vivida por las víctimas en las Agencias de Delitos Sexuales del país pareciera darle la razón a quienes, con dolor y frustración, deciden no denunciar la violación. El caso de Yessica Yadira -joven de 16 años a quien la burocracia, la agresión de las y los funcionarios de las mesas de delitos sexuales de Durango, le quitaron las ganas de vivir no es, por desgracia, un caso excepcional de maltrato en las instancias que, hace una década, se diseñaron para dar un trato digno a víctimas de estos delitos. El año 1989 parecía ser la culminación de diez años de lucha para erradicar la crueldad y violencia en el momento de solicitar la intervención de la justicia en casos de violación. Entonces las feministas y mujeres, propusieron y lograron poner en funcionamiento, conjuntamente con las autoridades capitalinas, un modelo de atención, que atenuaba el daño a la víctima, pues encontraba personal femenino, capacitado, sensibilizado, en un espacio limpio y con instrumental adecuado. Nada de esto prevalece ahora: el modelo se copió mal en los estados, más por responder de manera formal a la presión de las mujeres y de algunas iniciativas federales, que por una preocupación real por modificar las cirscunstancias en las que las violaciones eran denunciadas localmente. En la ciudad de México, hace mucho que aquellos ministerios públicos, psicólogas, médicas legistas que originalmente fueron capacitadas, salieron de las agencias de delitos sexuales. La capacitación no pudo ser continua porque no había quien las sustituyera, la falta de estímulos profundizó el impacto que les significaba el sufrimiento de las victimas. Además, institucionalmente no resultaban importantes estas instancias, por lo que las agencias de delitos sexuales, al menos en la capital de país, se convirtieron en el sitio de castigo a donde se enviaba al personal que hubiera tenido algún tipo de conflicto con el mando de la Procuraduría General del Distrito Federal . La situación se agravó en 1996 cuando por una reestructuración de la dependencia, las agencias y las médicas legistas dejaron de pertenecer a la Dirección de Asuntos Periciales. Entonces se acabó el material; sin guantes, ni laminillas, ni material quirurgico, era imposible darles un trato digno a las víctimas de violación. La exploración se hacia con bolsas de polietileno. Eso fue lo último que aguanté, dice Carmen, médica legista que trabajaba en la agencia de la delegación Venustiano Carranza. Antes de la reestrucuración obteníamos el resultado de una muestra a más tardar en 48 horas; ahora enviamos la laminilla a la Dirección de Delitos Sexuales y se traslada a Periciales siete días después, cuando de nada sirve, relata la especialista que dejó la agencia hace unos meses. En el central estado de Aguascalientes, la situación muestra la falta de interés del gobierno estatal. Sólo existe una agencia de delitos sexuales en toda la entidad, ubicada en la capital del mismo nombre, para atender sus 11 municipios. Solamente es un escaparate: el local se encuentra fuera del Palacio de Justicia, pero la víctima tiene que acudir al sótano del mismo a la los servicios periciales para las pruebas del médico legista. Hay un solo ginecólogo y no tiene recursos, pues aunque cuenta con intrumental sofisticado y moderno no sirve por falta de mantenimiento. Tiene un daño mayor tras la última inundación del local. El personal que recibe su denuncia es un grupo interdisciplinario mixto conformado por psicólogos, médicos y trabajadoras sociales, encabezados por una agente del ministerio público - Cristina Pacheco- que no está capacitada para el tratamiento de estos caso y que, en el caso de los varones, les recuerdan constantemente a su agresor. Los mismos factores que en el renglón de la capacitación desgastaron el modelo de la capital, hacen que en Aguascalientes no funcione: no hay quien sustituya al personal en funciones para que se tomen cursos, no hay estímulos para que el personal sienta que su trabajo es importante y reconocido. La burocracia que eliminó el horario nocturno de las psicólogas en el caso de las agencias del Distrito Federal - cuando hay mayor incidencia del delito-, anuló todos los servicios en el caso de Aguascalientes en la tarde y noche, pues sólo funciona de las 8 de la mañana a las dos de la tarde. La ineficiencia en Aguascalientes se traduce en sus resultados, durante 1996 se recibieron 34 denuncias, pero sólo doce fueron consignadas; el año pasado las denuncias fueron 40 y sólo once consignaciones. Cuando se pregunta por esta baja eficiencia se obtiene una respuesta que señala una de sus deficiencias, ya que el personal aduce que la víctima propició el delito. Este argumento, que únicamente puede provenir de personal que sin capacitación alguna, aún sigue reproduciendo el estereotipo patriarcal de que el agresor responde a instintos. El occidental estado de Guerrero también presenta un deterioro severo del modelo de agencia de delitos sexuales: existen siete por cada una de las regiones, pero no cuentan con apoyo psicológico. Algunas víctimas son canalizadas a los hospitales o dispensarios del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), instancia gubernamental, aunque se llegan a dar casos extermos de ser canalizadas al Hospital General de Acapulco. La ubicación de estas agencias en siete municipios, deja fuera del esquema a 70 más que conforman la agreste e incomunicada geografía del estado de Guerrero. El subprocurador regional de Justicia de la Costa Grande -una de las siete regiones-, Joel Ortiz Hernández informó que en la mayoría de estas agencias es un médico legista varón quien hace la exploración a la víctima de violación. Un resto del modelo original se puede leer en las declaraciones de María Salgado Sebastian, agente del ministerio púlico de la correspondiente a el puerto turístico de Acapulco, debido al daño físico y moral que padecen las víctimas de violación, reciben atención inmediata y sin necesidad de identificación o testigos, se inicia la integración de la averiguación previa. Sin embargo el marco legal de las agencia no fue adecuado y, así, la propia Salgado Sebastián reconoció que al no estar tipificado el delito de hostigamiento sexual, nosotros lo adaptamos a uno de los delitos tipificados, el de aprovechamiento sexual. Aunque las agencias de delitos sexuales se han generalizado en los estados, la sentencia de los juicios, como se aprecia en las declaraciones sigue siendo una actitud discresional dependendiente de la moral de las y los ministerios públicos y de las y los jueces que los siguen. Rosa Linda Perarla, doctora en medicina general y trabajadora de una de las agencias de Guerrero, explica que una de las revisiones ginecológicas que hace es para verificar si se presenta una desfloración reciente o antigua, lo que evidentemente apunta a saber si era de buenas costumbres o no. Más aún persiste la figura de víctima culpable, en la que considera que la agraviada provoca la agresión por su forma de vestir, por transitar por lugares solitarios o por estar en la calle a horas inadecuadas. Así, la joven que recientemente en Culiacán fue brutalmente violada y herida por su vecino, las víctimas de la ciudad de México, de Monterrey, Guerrero, Aguascalientes o en Chiapas confrontan, nuevamente, recintos lúgubres, indiferencia y humillaciones en las instancias cuya creación, hace casi una década fue sinónimo de la esperanza. En este Día Contra la Violencia Hacia las Mujeres el movimiento amplio de mujeres y feminista de México tienen el compromiso de volver hacia esa vieja bandera y reiterar la exigencia de un trato digno.(Con información de Martha Mónica Curiel García, Elsa Zamora y Lucía Lagunes)