Colombia

El Fiscal Montealegre y el lado social de Santos

Horacio Duque

04/10/2013

Opinión

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La delegación de plenipotenciarios de las Farc en la Mesa de diálogos de paz de La Habana ha emitido un discurso con apreciaciones sobre las posiciones del Fiscal Eduardo Montealegre y el enfoque social de la política agraria del Presidente Juan Manuel Santos.

De tiempo atrás he escuchado varias conferencias al Doctor Eduardo Montealegre, actual Fiscal General del Estado Colombiano, en las que ha expuesto su pensamiento jurídico y penal. Sus tesis corresponden a una concepción muy avanzada del derecho en diversos campos de la filosofía jurídica. Sus razonamientos en lo que se relaciona con la denominada justicia transicional recogen conquistas muy importante del derecho penal internacional sobre la amnistía, el indulto, el perdón, la justicia, la verdad y reparación como instrumentos para superar la guerra civil. Es claramente una postura progresista que difiere de la caverna de la ultraderecha uribista y de la del Procurador Ordoñez.

A raíz de la controversia planteada sobre la visita de muchos ciudadanos a La Habana para adelantar encuentros con los lideres guerrilleros, para la que el señor Ordoñez pedía condenas y cárcel, Montealegre ha fijado una postura definitiva para establecer que no hay nada ilícito en esas reuniones y que las mismas contribuyen a consolidar el clima de concordia que favorece la solución del conflicto armado colombiano.

Pero lo que interesa en toda esta polémica es que el planteamiento democrático del Doctor Montealegre se enfoca en un campo trascendental de la paz. Me refiero al problema del paramilitarismo y sus vínculos con las Fuerzas Armadas, como lo está mostrando el dossier de Fredy Padilla de León, un oficial del Ejército con amplia responsabilidad en los "falsos positivos", en el funcionamiento de los bandas paras y en la corrupción generalizada con los presupuestos militares utilizados para la compra de equipos bélicos. Este militar, como otros, tendrán, tarde que temprano, responder ante la justicia, nacional o internacional, por sus graves delitos contra los derechos humanos. Es preciso que la depuración que está ocurriendo en la policía llegue a otros ámbitos del aparato armado del Estado.

La principal garantía política para los nuevos partidos y movimientos que surjan con un acuerdo de paz es que se proteja el derecho a la vida de sus líderes y militantes para que no se repita el genocidio de la Unión Patriótica. Eso sería un paso descomunal que se materializaría con la eliminación del paramilitarismo, lo que implica una reestructuración y limpieza de las Fuerzas Armadas.

Y de las declaraciones del Fiscal se desprende que esa es su voluntad, al igual que también lo es la determinación de levantar la Memoria histórica de la responsabilidad del Estado en la violencia que por más de 60 años ha destruido la sociedad nacional con miles de muertos y millones de desplazados.

Decir que el Presidente Juan Manuel Santos ha insistido en un enfoque social para el problema agrario colombiano no es faltar a la verdad. El reconocimiento de la existencia del conflicto social y armado, que el señor Uribe desconoció durante ocho años, plantear una Ley de restitución de tierras y victimas, abrir los diálogos con las Farc y establecer una Mesa de conversaciones en La Habana y consolidar un acuerdo agrario con la resistencia campesina revolucionaria, son hechos políticos de mucho espesor que resulta arbitrario desconocer en este momento.

Santos es iniciador y coautor de esos eventos que ya hacen parte de la historia colombiana. Seguramente los incluirá en sus proyectos políticos y electorales de corto y mediano plazo. Esta en su derecho, ojala no los dilapide con actos de incoherencia que le afecten los planes de continuidad, dañados por el mal manejo de las protestas y movilizaciones agrarias recientes.

En política es muy complicado y arriesgado casarse con discursos, enunciaciones y expresiones absolutas. La Presidente del Brasil, que hasta hace pocos meses estaba en las profundidades del fracaso de su reelección, está demostrando que nada está dicho sobre su continuidad por otro periodo constitucional. Su postura nacionalista y firme frente a los gringos en el caso del espionaje y el apoyo a Cuba, le ha valido de nuevo la confianza y aceptación del pueblo, que había perdido a raíz de las protestas contra las alzas en el transporte. Dilma mira ahora mejor las cosas y su contrincante, la señora Marina Silva, pierde terreno a grandes velocidades.

Si la paz en Colombia se convierte en un hecho irreversible en pocas semanas, no se necesita ser brujo para saber que rumbo tomarán los procesos políticos y electorales del año 2014.

Solo el delirio anarquista de cierta izquierda de cafetín o ultraderechista del señor de las tinieblas, impide comprender cabalmente está dinámica social del campo conflictivo de la política.

El bien supremo de la paz es nuestra preocupación. Lo demás es pura contingencia.

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