Introducción

Recientes análisis han llamado la atención sobre la reactivación del paramilitarismo en algunos lugares de la Costa Caribe por la presencia de núcleos herederos de estructuras criminales que protagonizaron la violencia al finalizar los años 90 y durante la primera década del siglo XXI en la Sierra de Santa Marta, la Ciénaga Grande, La Serranía del Perijá, el Cesar, la Guajira y Barranquilla¹.

Una conjetura estructural sobre la reactivación del paramilitarismo apunta a identificar como factor de continuidad de la violencia de esos grupos el que las organizaciones políticas y económicas detrás de los grupos paramilitares permanecen intactas² a lo que se debe agregar la tradición de la violencia o la herencia en la destreza del uso de violencia por parte de núcleos sociales que acuden a tal recurso para obtener privilegios territoriales, económicos y sociales³.

Acá queremos examinar dicho fenómeno, y para tales efectos la parte de la Costa Caribe que analizamos es aquella que comprende los departamentos del Gran Magdalena (Magdalena, Guajira, Cesar y también la ciudad de Barranquilla, incluida su Área Metropolitana).

El Magdalena Grande es como se conoce a la región de la costa Caribe colombiana que va desde el río Magdalena hasta la península de la Guajira y que hasta la década de los sesenta comprendía los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira⁴.

Los pasos del análisis

La reflexión procede iniciando con un apretado contexto geográfico e histórico de las subregiones identificadas en el territorio Caribe; posteriormente abordaremos las manifestaciones concretas de la violencia en cada espacio territorial, con los actores de mayor incidencia (paramilitares, guerrilla y delincuencia común); las consecuencias de dicha violencia en masacres, homicidios, secuestro, desapariciones, desplazamientos, victimas, mega minería y despojo de tierras; la reactivación de los grupos del neoparamilitarismo (oficina de Barranquilla, Pachencas, Urabeños); y por último, haremos referencia a la paz, su construcción específicamente en lo relacionado con la Verdad, la justicia, la reparación y no repetición, tal como es gestionada por la JEP y a la memoria histórica como parte fundamental de la construcción de los sujetos de la paz en Colombia.

Como el problema de la violencia persiste en todas las regiones de Colombia y en la Costa caribe, en el marco de este trabajo, no omitiremos la reflexión sobre este aspecto constitutivo de la vida cotidiana de la sociedad.

Las élites de la región del Magdalena Grande y Barranquilla

El área que se analiza en este estudio comprende tres departamentos de Colombia: La Guajira, Cesar y Magdalena, los cuales conforman lo que algunos denominan el “Magdalena Grande”, haciendo referencia al antiguo nombre oficial de esta región que está asociada con el Estado soberano del Magdalena, que en los primeros años de la independencia del país estaba conformada por estos tres departamentos hasta 1886. Actualmente, los tres siguen vinculados estrechamente. Sus conexiones económicas, políticas y sociales se extienden a través de sus fronteras, a lo largo de la costa y con Venezuela. Estas relaciones históricas han constituido una especie de vínculo mítico entre los tres departamentos, que, como veremos, algunas de las élites de las zonas han intentado restablecer mediante su poder económico, sus conexiones políticas, sus negocios ilícitos y sus abundantes acciones violentas.

Todas estos poderes económicos requieren grandes extensiones de tierra, las mismas que desde siempre han estado en el corazón de los intereses económicos de las élites de la región, las cuales también han dominado la política de esta zona. Sus apellidos de vieja data son conocidos en el Magdalena Grande: Baute, López, Araújo, Noguera y Pupo; y en años más recientes, Cote, Castro, Lacouture, Gnecco, Gerlein, Name y Char⁵. Muchas de estas familias recurrieron a las economías ilícitas para enriquecerse, particularmente al contrabando de gasolina de la vecina Venezuela, pero también a fertilizantes, maquinaria agrícola, autopartes y vehículos, que, como la gasolina, a menudo son robados, o adquiridos a precios bajos en Venezuela para luego ser traídos a Colombia. Igualmente, al tráfico de marihuana y de cocaína.

Primero

Contextos geográficos, económicos e históricos

Tres grandes áreas geográficas de la Costa Caribe

El espacio geográfico al que se refiere este trabajo es parte de la Costa Caribe, que está conformada por los departamentos del Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cesar, Córdoba, Sucre, San Andrés y la Guajira con una población cercana a los 12 millones de habitantes. El Magdalena Grande y Barranquilla alcanzan una población equivalente a los 4 millones 500 personas.

Desde el punto de vista de la violencia, históricamente desde la década del ochenta, se registra la acción de organizaciones armadas ilegales. Inicialmente se conformaron estructuras de seguridad privada del narcotráfico, soportadas en la bonanza marimbera de finales de los setenta y el posterior tráfico de cocaína. A inicios de esa misma década las guerrillas incursionan e inician un proceso de fortalecimiento progresivo hasta finales de los noventa. Es en ese momento de fortaleza militar de las guerrillas cuando las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá identifican la región como prioritaria en su intento por construir un proyecto nacional, cooptando a través de diferentes medios las estructuras armadas preexistente.

La economía regional

Carbón, ganadería, palma de aceite, teca, turismo, comercio internacional, contrabando y tráfico de drogas son las principales actividades económicas en el PIB de la zona caribeña que abordamos acá

Desde su formación, la economía del Magdalena Grande ha girado en torno a numerosos productos legales e ilegales, muchos de ellos de exportación. El algodón y la ganadería han dominado tradicionalmente la industria agrícola de Cesar y Magdalena, aunque en las últimas dos décadas han surgido numerosas plantaciones de palma africana. Las plantaciones de banano han jugado un papel importante en la historia de Magdalena y en su desarrollo económico des inicios del siglo XX.

Durante muchos años, La Guajira ha producido y exportado sal y minerales, especialmente carbón, que se han convertido en un elemento básico de la economía tanto del Cesar como de La Guajira en los últimos años.

El crecimiento de la minería en la región atrajo a actores económicos nacionales e internacionales (como Drumond y Glencor), especialmente cuando las exportaciones de carbón empezaron a crecer en Colombia. La creciente importancia del carbón coincidió con el período de tiempo en que ocurrieron la mayoría de los hechos de violencia que analizamos acá. Junto con estas empresas mineras de grandes proporciones, arribaron las fuerzas de seguridad privada, y más tarde los grupos paramilitares ilegales, que serían utilizados para proteger estos intereses económicos y mantener el statu quo de la sociedad regional mediante masacres y asesinatos de líderes sociales y agrarios.

Desde el siglo XIX, las políticas de inmigración promovieron la siembra de tabaco, quina y café. En torno al último cultivo se realizó la “colonización cafetera” en la Sierra Nevada y en la Serranía del Perijá a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En la primera se consolidaron extensas haciendas como La Victoria, de los Crane; María Teresa, de los Dávila Pumarejo; y Manzanares, de los Díazgranados, los que hicieron parte de las familias colombianas y extranjeras beneficiarias de concesiones de baldíos. En la Serranía del Perijá la colonización cafetera fue liderada por el francés Francois Dangond, y las familias Cotes, Mestre, Villazón y Baute.

Desde esa época las políticas de tierra del Estado beneficiaron con cerca de cuarenta y cinco mil hectáreas concesionadas entre 1861 y 1931, a núcleos familiares asociados con los Dávila (3.468 hectáreas), los Campo (3.000 hectáreas), los Zúñiga (2.035 hectáreas), los Noguera (1.580), los Martínez (1.198) y los Díazgranados (695). Los Dávila, a finales del siglo XIX, propiciaron la llegada de United Fruit Company⁶.

También recibieron baldíos Tomás Cipriano de Mosquera, expresidente de Colombia, exgobernadores en el Magdalena Grande como Tomás Abello y Martín Salcedo Ramos y el inglés H.B. Taylor, como lo documenta Salinas Abdala.

Lo que propicio la conformación de la gran hacienda ganadera, bananera y palmera de los años recientes

Tal tendencia llevo posteriormente en los años cincuenta a la conformación de la Federación de Productores de Banano del Magdalena y el Banco Bananero del Magdalena, entidades en las que participaron las más prestigiosas familias políticas y empresariales de lo que hoy son el Magdalena y Cesar: los Abello, los Dangond, los Dávila, los Riscos, los Campo, los Díazgranados, los Fernández Castro, los Vives, los Pinedo y los Fuentes.

En la década de 1960, en el gobierno de Alberto Lleras Camargo se aprobó la Primera ley de Reforma Social Agraria (Ley 135 de 1961), en medio de la oposición de terratenientes - políticos del Magdalena Grande como José Vicente Lafaurie, Pedro Castro Monsalve y José Ignacio Vives Echeverri-, que registro algunos avances en el Norte y Sur del Cesar.

Los cultivos de marihuana

La producción y comercialización de marihuana ha sido un importante renglón de la economía regional. La siembra y exportación de dicho producto, mayoritariamente hacia Estados Unidos, generó un importante flujo de recursos para los distintos eslabones de la cadena de producción y distribución, incluso para los campesinos dueños de los cultivos. Los narcotraficantes, principales beneficiarios de los dividendos generados, diversificaron sus inversiones, construyendo perfiles de empresarios con propiedades en Barranquilla y Santa Marta, fruto del lavado de dinero, y a su vez algunos empresarios dedicados a la exportación del banano utilizaron sus contactos en el exterior para incursionar en la exportación de marihuana.

Petróleo y energía

De otra parte, conviene señalar que la infraestructura y operación petrolera y energética en la region es estratégica. La misma cuenta con cuatro subestaciones de energía eléctrica en Mingueo, Polvorín en La Guajira, Valledupar y Bosconia en el Cesar. De igual forma, se encuentra un oleoducto que va desde Barrancabermeja a Ballenas en La Guajira, y un gasoducto que parte de Ballenas hacia Venezuela. También, está ubicada una parte del oleoducto Caño Limón-Coveñas que recorre 110 kilómetros dentro de la zona, y las líneas férreas operadas por Cerrejón y Drummond, que atraviesan La Guajira, Cesar y Magdalena. Igualmente están el dique de la Ranchería en La Guajira, y un complejo industrial denominado La Planta de las Flores para producción de biodiesel, en Manaure.

Dos.

El fenómeno de la violencia

La violencia es un fenómeno complejo que ha tenido mucha incidencia en la organización de la formación social nacional y en la región que estudiamos, sus manifestaciones han sido una constante de la vida social, económica y política. Una casta terrateniente ganadera muy belicosa, ha utilizado todos los recursos a su alcance para impedir cualquier modificación de la concentración de la propiedad agraria y la alteración de sus privilegios. Tanto en la violencia de los años 50 como en la protagonizada por el paramilitarismo (1996-2005), el uso de la violencia ha sido una constante y ha tenido sus peores manifestaciones⁷.

Veamos cuales han sido las tendencias, las manifestaciones y los protagonistas de la misma en las décadas recientes en el Caribe.

Origen de las organizaciones armadas al servicio del narcotráfico

La aparición de las estructuras del narcotráfico y la incursión de las guerrillas configuraron desde los años setenta, en Atlántico, Cesar, Guajira y Magdalena, un escenario de conflicto con presencia de diferentes actores armados. Las disputas entre las organizaciones armadas no se hicieron esperar, desatando enfrentamientos por el control territorial, especialmente de la Sierra Nevada de Santa Marta. Desde los años setenta y hasta mediados de los ochenta el Norte del país experimentó una bonanza marimbera, principalmente en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira⁸.

Marihuana y violencia

La naturaleza ilegal de la actividad y la consecuente imposibilidad de acudir a los mecanismos de protección e intermediación del comercio legal, generó en los narcotraficantes la necesidad de crear mecanismos privados de coerción, que adquirieron con el tiempo la forma de estructuras armadas propias dedicadas a la regulación del mercado de la violencia. Estas tenían como objetivo el control de las zonas de cultivo y tránsito de la mercancía, la protección de los narcotraficantes y la resolución de disputas.

Surgen grupos de violencia. Los paramilitares

Los grupos de autodefensa y los paramilitares en el Magdalena Grande y Barranquilla se conforman sobre la herencia de los actores que protagonizaron la violencia en los años 50 los cuales legaron un Know How (un saber hacer) de la violencia; destrezas y capacidades para el uso de la violencia en sus diversas manifestaciones. En los distintos ciclos de la violencia, como señala Gutiérrez, se forjo un amplio personal de especialistas en violencia, que operaban bajo el amparo tanto de los partidos tradicionales como de los nuevos que iban surgiendo en el campo de la derecha.

Aquellos especialistas no solamente cargaban con largas trayectorias que los involucraban en horrores inenarrables como victimarios, sino que habían adquirido habilidades durante años de confrontación. Habían aprendido de la guerra en la experiencia de terreno. Más aún, sabían cómo interactuar con las autoridades locales.

Las Autodefensas se constituyeron con el respaldo de decretos y disposiciones gubernamentales dictadas en los años 60, y posteriormente con el surgimiento de las Convivir autorizadas por el Estado, se organizaron los grupos paramilitares entre los años 1996-2006.

Las primeras autodefensas

Los primeros grupos de autodefensa en la región Caribe se crearon en el departamento del Magdalena, amparados en la política de defensa nacional adoptada en el gobierno de Guillermo León Valencia y consolidada por el Presidente Lleras Restrepo

Los Rojas⁹

La primera generación de estas agrupaciones se manifiesta con el surgimiento de grupos armados como el de Los Rojas, liderado por Adán Rojas, padre, en el municipio de Ciénaga, Magdalena, quienes llegaron a la región procedentes del Tolima y de Puerto Boyacá, donde participaron en las escuelas de adiestramiento de Henry Pérez, el primer jefe de las autodefensas de Puerto Boyacá. En este grupo estaban igualmente los hijos de Adán, Rigoberto, alias Rigo o El Escorpión, Adán, José Gregorio y Camilo, con el apoyo y uniformes de la Fuerza Pública, proporcionados por integrantes del Batallón Córdoba, ganaderos de la zona y políticos de Santa Marta. Los Rojas, al igual que Giraldo Serna prestaron servicios de seguridad a fincas de ganaderos y bananeros estableciendo estrechas relaciones con personajes importantes de la sociedad samaria, entre ellos Ignacio Vives Campo y Camilo y José Gregorio Dávila Armenta¹⁰.

Hernán Giraldo

Al mismo tiempo se conforma el grupo comandado por Hernán Giraldo, conocido con los alias de El Patrón, El Viejo o Taladro. Giraldo Serna, organizo su grupo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Luego de un atentado en contra de sus familiares, vendió parte de sus animales y compró armas para combatir a la guerrilla y proteger sus propiedades y las de cafeteros y bananeros en esa región¹¹.

La estructura de Giraldo, conocida como Los Chamizos, se encargó de ofrecer protección a los narcotraficantes ubicados en la vertiente norte de la Sierra Nevada. El auge del negocio de la marimba, y posteriormente de la cocaína, junto con el control sobre la Sierra Nevada y la salida al mar, le permitieron a Giraldo consolidarse como el garante de la seguridad en la zona, tanto de los cultivos como de los narcotraficantes. Los Chamizos controlaron droguerías, supermercados y otros negocios para impedir que las FARC y el ELN adquirieran medicinas y alimentos, entre otros productos¹².

En esos años, como se ha documentado en los procesos de Justicia y Paz, Giraldo Serna estrechó sus vínculos con integrantes de las élites, acaparadoras de la gran propiedad rural, algunos de ellos vinculados al narcotráfico como Samuel Antonio Pinedo Rueda y Eduardo Enrique Dávila Armenta. A su vez, Giraldo Serna brindó seguridad a laboratorios de producción de cocaína, rutas, pistas y puertos desde los que se exportaba la droga. También ofreció protección a narcotraficantes y contrabandistas como José Rafael Mono Abello, Jairo Antonio Musso Torres, el exsenador de Santander López Sierra, conocido como el “Hombre Marlboro”, y a Jorge Gnecco Cechar.

Estos nexos se fortalecieron por la práctica de Giraldo Serna de controlar los procesos electorales en el departamento del Magdalena desde la década de 1980. Esto lo hacía mediante un acuerdo que incluía el “visto bueno” a los candidatos, la compra de votos y la entrega de aportes económicos de narcotraficantes a políticos, a cambio de recursos públicos para sus actividades sociales. Hicieron parte de sus aliados políticos el exgobernador Trino Luna, el ex gobernador Armenta y los excongresistas Luis Eduardo Vives Lacouture y Miguel Pinedo Vidal, con amplia incidencia en el campo político.

Los “Cheperos”¹³

El tercer grupo de esta primera generación de autodefensas rurales es el de “Chepe” Barrera ubicada en la zona media del Magdalena. Los integrantes de este grupo se conocieron como los Cheperos articulados por el ganadero y exdiputado (1992-1994) José María Barrera Ortiz, alias Chepe Barrera, cercano al exrepresentante a la Cámara Alfonso Campo Escobar. Barrera Ortiz fue pionero en la creación de las Convivir para proteger a “sus amigos terratenientes” en el sur del Magdalena donde ejecutaron masivos despojos de tierras a los campesinos.

Los “Masetos”¹⁴

Otro núcleo inicial de las autodefensas del Caribe se organiza en el Sur del Cesar, en el municipio de San Alberto, conformado por los “Masetos” (se hacían llamar los “Magnificos”) provenientes del Magdalena Medio que apoyaron a la familia Prada, quienes después, liderados por Juancho Prada y sus primos, organizaron el Frente Héctor Julio Peinado vinculado con el Bloque Norte.

Entre 1988 y 1989 los finqueros del Sur del Cesar, entre ellos, Luis Obrego Ovalle, formaron el primer grupo de autodefensas con el apoyo de las fuerzas militares y del ex diputado Rodolfo Rivera Stapper. En 1994 ya habían crecido en hombres y se dividieron el territorio así: su primo delinquió en el municipio de San Martín en la salida hacia San Alberto; Luis Obrego se quedó con los municipios de Aguachica (Cesar) y Ocaña (Norte de Santander), y ‘Juancho Prada’ con San Martín en la salida hacia Aguachica.

Cuatro años después, esos grupos se reorganizaron como Autodefensas Campesinas de Santander y el Sur del Cesar (Ausac), pero en 1999 se disgregaron y pasaron a llamarse Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar (Acsuc)¹⁵.

Las autodefensas de ‘Juancho Prada’ delinquieron principalmente de Aguachica, San Martín, Gamarra, San Alberto y Río de Oro, en el Cesar. Sin embargo, también lo hicieron en otros municipios de ese departamento como González, Pelaya, La Gloria y Pailitas, así como en Norte de Santander en los municipios de La Esperanza, El Carmen, San Calixto y Cáchira.

Apoyo legal a las Autodefensas

Por cerca de veinticinco años en el Caribe, el accionar de los cuatro grupos se amparó en el marco legal que autorizó armar a la población civil para ejecutar conjuntamente y al amparo de la fuerza pública, acciones contrainsurgentes donde se considerara necesario, de acuerdo con el discurso del gobierno.

Parapolítica

Adicionalmente, las alianzas entre Giraldo Serna, Los Rojas, Chepe Barrera y los Prada con políticos, la mayoría terratenientes del Magdalena Grande, son el antecedente de la parapolítica, nombre con el que se le conoce a la penetración y transformación violenta e ilegítima de la política y la institucionalidad colombiana por la influencia de grupos paramilitares. Con ellos se configuró un nuevo mapa político y se desarrolló el plan criminal de capturar a las instituciones públicas, particularmente a la Policía y el Ejercito, e influir en las decisiones políticas, en los nombramientos de servidores públicos que, en este caso concreto, se pusieron al servicio de la legalización del despojo de tierras, llevado a cabo durante la década del terror del Bloque Norte en Magdalena Grande.

La llegada de las AUC. El Bloque Norte

En los años noventa se da el proceso de expansión de las Autodefensas de los hermanos Castaño hacia la Costa Caribe, dando forma al Bloque Norte comandado por Jorge 40¹⁶.

Incursiones iniciales de los Paras

Para crear el Bloque Norte de las AUC, los Castaño enviaron en 1996, a doce hombres al mando del exguerrillero Baltazar Mesa Durango, alias Baltazar y su segundo inmediato, Martín Alberto Medina Camelo, alias el Negro Medina. Posteriormente, fueron enviados doce hombres más, y para el mes de diciembre llegaron los últimos doce. Éstos vinieron al mando de René Ríos González, retirado de la Armada Nacional y conocido con el alias de “Santiago Tobón”, siendo el máximo comandante.

Dicha estructura se dividió en dos grupos: el del Magdalena dirigido por alias Baltazar y el del Cesar por alias el Negro Medina. El segundo fue reemplazado por Hernando de Jesús Fontalvo Sánchez, alias El Pájaro, escolta de Mancuso Gómez, hasta su captura en 1997. A finales de 1996 se creó el grupo comandado por Juan Andrés Álvarez, alias Daniel desmovilizado del Ejército Popular de Liberación (EPL) y Francisco Gaviria, alias Mario, a los que se les encomendó la “trocha del contrabando” desde La Guajira al centro del país, y el corregimiento de Los Brasiles en San Diego, ambos localizados en la Serranía del Perijá.

En los cuatro departamentos, los Castaño organizaron catorce frentes.

El paramilitarismo en la región Caribe, como en el resto de Colombia, operó como una mafia, entendida esta como una forma superior de crimen organizado, que se basa en el cobro de un impuesto a cambio de protección a individuos u organizaciones y las actividades económicas que realizan (legales o ilegales indistintamente), es decir, son empresarios de la protección que operan en el mercado de la violencia. Todo este esquema de protección se funda en la fuerza o la amenaza de su uso, en pocas palabras, quien no paga la extorsión es automáticamente sometida a la violencia.

Mercados de la violencia

Este tipo de situaciones criminales también se conoce como “mercados de la violencia”¹⁷. Las sociedades de los Estados que no controlan el monopolio de la violencia tienden a fracturarse. En estos casos, la ideología se presenta como una cortina de humo, ya que la principal motivación de toda acción violenta es de tipo económico; en ese marco, toda adquisición de bienes o servicios se basa en la violencia o la amenaza de su uso. Los mercados de la violencia son muy rentables y pueden prolongarse durante largos periodos de tiempo. Los actores armados, que son los ejes centrales de este sistema, actúan combinando la apropiación violenta con el intercambio pacífico. Los mercados de la violencia tienden a tener sus orígenes en el marco de conflictos con motivaciones no económicas, pero al final la violencia termina imponiéndose como un medio eficaz de maximizar ganancias.

En un mercado de violencia funcionando abiertamente la presencia de las Autodefensas implico la oferta de un operador con altos niveles de organización.

En esas condiciones el Bloque Norte de las AUC siguió la misma estrategia de control social y expansión territorial usada por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU); esta estrategia consistía en ganar el apoyo de la Fuerza Pública y las instituciones del Estado y hacer alianzas con el “crimen organizado”

El orden social que instaló el paramilitarismo en la región Caribe se dirigió hacia tres áreas específicas: La económica-social: para ordenar y controlar las actividades económicas legales e ilegales, jerarquizando unas sobre otras y regulando las relaciones sociales que nacen de este ordenamiento; la política institucional, centrada en la eliminación de las fuerzas políticas opositoras (especialmente de Izquierda), en la creación de nuevos actores y referentes sociales, políticos y organizativos, y en la implementación de mecanismos de control y coerción que regulen la convivencia social; y la burocrática-administrativa con el fin de reglamentar las funciones y alcances de las instituciones públicas con respecto a sus intereses particulares y la gestión de los mismos

Conforme a lo señalado por Salvatore Mancuso Gómez, excomandante delegado por los hermanos Castaño Gil para incursionar en la Costa Atlántica, uno de los objetivos principales de esta organización paramilitar fue unificar los grupos que colaboraban con las autoridades en la lucha antisubversiva.

Esta estrategia permitió que la Casa Castaño se apoderara de las redes políticas preexistentes y del negocio del narcotráfico, además de entrenar a sus integrantes en técnicas de terror para desterrar y controlar a la población civil.

Las guerrillas

Sobre la intervención de las guerrillas en el Magdalena Grande y Barranquilla, su ingreso allí se da con la presencia de las Farc, el Eln y el Epl, en los años setenta. En ese tiempo, llegó el Frente Camilo Torres del ELN que se expandió desde la Serranía San Lucas a la Serranía del Perijá.

Farc

Respecto de las Farc en su Séptima Conferencia (1982), los frentes Cuarto, con presencia en el Magdalena Medio, y Décimo (Arauca), recibieron la orientación de ingresar a la Costa Caribe a través del departamento del Cesar, específicamente desde la Serranía del Perijá, con el fin de establecer dos frentes, uno en ese mismo punto y otro en la Sierra Nevada de Santa Marta.

La creación del Frente 19, conocido como José Prudencio Padilla, se debe a la expansión del Frente 4, el cual había incursionado al municipio de San Pablo ubicado en el sur del departamento de Bolívar. Es desde el sur de Bolívar que comienza el envío de tropa hacia la Serranía, como una de las estrategias para copar el Caribe; el mismo frente desde San Pablo (Bolívar) empezó un escalamiento al norte, llegando al Magdalena, específicamente a los municipios de El Banco, Chibolo y El Difícil antes de 1984. Este Frente tuvo influencia en la vertiente de los ríos Córdoba y Ariguani, en el departamento del Magdalena, en los municipios de Fundación, Ciénaga, Aracataca y territorios indígenas.

Posteriormente se crearía el Frente 41, Cacique de Upar, en la parte central de la Serranía del Perijá, con influencia en los municipios de San Diego, Manaure, La Paz, Becerril, Agustín Codazzi, Chiriguana, El Paso, Valledupar, El Copey, Bosconia, Pueblo Bello y La Jagua de Ibirico. Integrado por cuatro compañías: “Susana Téllez”, “Luis Guerreo”, “Oliverio Cedeño” y “Mártires del Cesar”.

El Frente 59 se ubicó en el sur de la Guajira, vertiente oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, se conoció como “Resistencia Wayúu”, en su momento más álgido tuvo influencia en la zona rural de Valledupar y en zonas como Atanquez, La Mina, Guatapurí, Chemesquemena, Badillo, Patillal, San Juan del Cesar (La Guajira); operó a través de las compañías “Grigelio Aguirre” y “Marlon Ortiz” y la “Columna Móvil Marcos Sánchez Castellón”.

Las Farc igualmente conformaron la Red Urbana José Antequera (Ruja), con radio de acción en todo el departamento del Atlántico y Barranquilla.

Entre las acciones de mayor impacto de las Farc en la región está el secuestro y asesinato de la exministra de cultura, Consuelo Araujo Noguera, en septiembre de 2001; y el atentado contra el entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez, ocurrido en abril de 2002 en Barranquilla.

Eln

El Eln incursiona en la costa Caribe como parte de una estrategia de expansión en zonas consideradas estratégicas por sus recursos económicos, sociales y políticos. Este objetivo fue trazado en la “Reunión Nacional de Héroes y Mártires de Anorí” del ELN, celebrada en 1983.

El Eln hizo presencia desde los ochenta en los municipios de Repelón y Luruaco, al sur del departamento del Atlántico, en la región del Canal del Dique, que conecta con el norte de Bolívar.

En 1984 se conformó el Frente de Guerra Norte a partir de la creación del Frente José Solano Sepúlveda, asentado en la Serranía de San Lucas, en el sur de Bolívar. En 1987 apareció el Frente Seis de Diciembre, ubicado en el norte del Cesar, en los límites con La Guajira y en 1989, el frente José Manuel Martínez Quiroz, en la Serranía del Perijá.

Hacia finales de la década de los noventa, fue creada en el Atlántico la regional Kaled Gómez Pardo.

También se creó el Frente Guillermo Palmesano, compuesto por guerrilleros de los frentes Seis de Diciembre y José Manuel Martínez Quiroz, en La Guajira, con radio de acción en las periferias de los municipios Dibulla y San Juan del Cesar.

En el área rural de los municipios Ciénaga, Santa Marta y Zona Bananera opero el Frente Francisco Javier Castaño,

Las acciones más representativas cometidas por el Eln entre finales de los noventa e inicios de 2000 fueron el secuestro de nueve personas en la Ciénaga del Torno, cerca de Barranquilla.

En las primeras décadas del siglo XXI, tanto las Farc como el Eln se debilitaron considerablemente. Con los acuerdos de paz los frentes 19, 41 y 50 desaparecieron; entretanto el Eln, se ha replegado en la Serranía del Perijá y en los territorios de la frontera con Venezuela, donde se ha reorganizado desplegando acciones de mucha incidencia como los paros y ataques al Ejército y la policía en el Sur del Cesar y Barranquilla.

El Ejército Popular de Liberación (EPL)

Desde el año 2017, se ha reportado la presencia del Frente Libardo Mora Toro del EPL, en el sur del departamento del Cesar, específicamente en zonas rurales de los municipios Curumaní, Chimichagua, Gonzales, Rio de Oro y Pelaya. El Epl conformó en esta región, el Frente Elisenio Torres Villalba con presencia en zona rural de los municipios antes señalados y también en Pailitas.

El papel de las Fuerzas Armadas¹⁸

Los departamentos de La Guajira y Magdalena pertenecen a la jurisdicción de la Región de Policía No.8 con sede en Barranquilla, mientras Cesar pertenece a la Región de Policía No.5 con sede en Cúcuta. Si se observa específicamente el departamento de La Guajira, la Policía tiene un dispositivo que comprende una base antinarcóticos ubicada en Puerto Estrella desde donde monitorean las rutas de tráfico de narcóticos en el norte. De igual forma, tiene un EMCAR desplegado con 31 hombres en Nazareth, también en la Alta Guajira, 20 policías regulares en Uribia, 9 en Castilletes y 4 en Puerto Bolívar.

A nivel militar, el Comando Conjunto No.1 “Caribe” con sede en Santa Marta ha hecho presencia en la región. Básicamente, está compuesto por la Primera Brigada de Infantería de Marina y la Primera División de Ejército. Adscritas a la Primera División, están la Segunda Brigada con sede en Barranquilla, y la Décima Brigada Blindada, con sede en Valledupar. Ambas tienen como misión principal el combate a los grupos insurgentes, y la protección de la infraestructura petrolera y energética de la región, clave para el desarrollo económico de la región.

Falsos positivos

El Ejército y la policía han sido factores de violencia en la región, pues son autores de miles de “falsos positivos”, de masacres, desapariciones y alianzas con las bandas paramilitares. Casi todos los comandantes de los grupos paramilitares son ex oficiales e integrantes de las Fuerzas Militares. Entre ellos, alias 39, comandante del Frente Mártires del Cesar, René Ríos, encargado de las relaciones con integrantes de la Fuerza Pública, y Édgar Ignacio Fierro Flores, alias Don Antonio.

En el Magdalena, el Frente William Rivas recibió información privilegiada del mayor Antonio Chinome Soto, antiguo comandante del grupo Gaula del Ejército, a cambio de dinero y lujosos.

Masacres

Entre los repertorios de violencia utilizados por los paramilitares del BN sobresale la masacre como instrumento de terror, además del secuestro, la extorsión y la desaparición de personas.

Las 333 masacres del Bloque Norte

Entre los años 1996 y 2005, las Autodefensas Unidas de Colombia a través del Bloque Norte, cometieron trescientas treinta y tres masacres en los departamentos de Atlántico, César, Magdalena y Guajira, con un total de 1.670 víctimas.

El mayor número de masacres documentadas hasta ahora ocurrieron en el Magdalena con un total de 127 y 609 personas asesinadas, seguido por Cesar con 123 masacres y 605 víctimas, Guajira con 71 hechos y 311 víctimas y Atlántico donde habrían perpetrado 12 masacres y 38 víctimas.

El municipio que registra el mayor número de masacres (asesinatos de más de tres personas), es Ciénaga, Magdalena, con 48 que dejaron 228 personas asesinadas, siendo el municipio más afectado, seguido por Zona Bananera cuya cabecera municipal es Prado – Sevilla, con un total de 21 masacres y 94 muertos. Continúan en número de masacres los municipios de Fundación con 16 y 61 personas asesinadas en crímenes colectivos y en menor proporción Sitio Nuevo, municipio a orillas del Río Magdalena, cabecera del corregimiento de Nueva Venecia, en donde ocurrió la peor de las masacres por el número, la hora en que llegaron y el modo (degollando) en que fueron asesinando personas a lo largo del camino por los caños Clarín, Aguas Prietas y las ciénagas.

El exjefe paramilitar que más masacres ha reconocido hasta el momento es José Gregorio Mangones Lugo, alias ‘Carlos Tijeras’, con un total de diecisiete (17), cometidas en Ciénaga, Fundación, Aracataca, El Retén y Zona Bananera en el Magdalena.

Otros municipios del Magdalena en los que hubo hechos violentos documentados en detalle por la unidad de Justicia y Paz, son Algarrobo, Chivolo, El Banco, Pivijay, Plato, Pueblo Viejo, Remolino, Salamina, San Angel y Santa Marta.

Veamos ahora por departamentos como se dio el proceso de la violencia.

Tres.

La violencia en el Cesar

Antes de 1967, el actual territorio del Cesar pertenecía al otrora Magdalena Grande. Fue creado el 21 de junio de 1967.

Su población se acerca al Millón trescientos mil habitantes, incluyendo asentamientos indígenas en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde habitan los Arhuacos, Arzarios, Kankuamos, Koguis, Chimilas y en la serranía del Perijá, viven los Yucos.

En el 2019, su Producto Interno Bruto (PIB) correspondió al 2,5 por ciento del PIB nacional. El Cesar cuenta con una posición geoestratégica privilegiada dado que colinda con La Guajira, Magdalena, Bolívar, Santander y Norte de Santander y, además, limita con la República Bolivariana de Venezuela.

Su territorio está dividido en 25 municipios; posee esencialmente tres subregiones que se organizan así: 1. El Norte, conformado por los municipios Becerril, Agustín Codazzi, La Paz, Manaure, Pueblo Bello, San Diego, Valledupar, Bosconia, El Copey. Es la region económicamente más rica y posee la Sierra Nevada de Santa Marta (compartida con Magdalena y La Guajira) y la Serranía del Perijá. 2. El centro, conformado por los municipios de Astrea, El Paso, Chimichagua, Chiriguana, La Jagua de Ibirico, y Tamalameque. Es una region con una geografía plana y regada por los ríos Cesar y Ariguani. Gracias a eso, es la region más rica desde la óptica agrícola y ganadera. 3. El sur, conformado por los municipios Aguachica, Curumani, Gamarra, Gonzalez, La Gloria, Pailitas, Pelaya, Río de Oro, San Martin, San Alberto y Tamalameque.

Economía

Los principales renglones económicos del Cesar son el agropecuario del que deriva un 30 % de sus ingresos, el de servicios con el 35 % y la minería con el 27 % de los mismos. La ganadería vacuna ocupa un lugar de primer orden.

El Cesar es el primer productor nacional semilla de palma africana y el segundo de arroz.

En la última década el departamento del Cesar ha tomado un incremento en su economía debido a la explotación de minas de carbón a cielo abierto, liderada por la empresa multinacional Drummond y Glencor, principalmente en el municipio de El Paso y La Jagua de Ibirico.

Tierra y violencia. Historia. La disputa por la tierra

El departamento del Cesar ha sido escenario de la violencia en las tres últimas décadas con una muy fuerte afectación de los campesinos, trabajadores del carbón y líderes sindicales. Han sido generadores y actores de la violencia los grupos paramilitares, la fuerza pública y las guerrillas.

En este departamento la violencia ofrece dos espacios geográficos. Uno está en el Norte, en las áreas de la explotación del carbón y en Valledupar la capital departamental. El otro, esta al sur, en los municipios de San Alberto, San Martin, Aguachica, La Gloria, Pailitas y sus áreas de influencia.

Los orígenes de la violencia

La violencia en el departamento durante la primera mitad del Siglo XX obedece principalmente a pleitos por la posesión de tierra. Colonos-campesinos fueron engañados por terratenientes que, luego de permitirles ocupar grandes extensiones de tierra fértil en las riberas del río Magdalena, los despojaron de estas a través de artimañas burocráticas¹⁹.

Gracias al poder de los hacendados, el uso de la violencia estatal como método de coacción contra los colonos-campesinos e indígenas rebeldes fue común desde los años 50, y con el paso del tiempo, esta práctica degenero en la contratación de fuerzas privadas que despojaban y maltrataban a quien habitara terrenos de interés para los poderes económicos vallenatos.

Los cultivos de algodón

Los años 50 fueron muy importantes para el Cesar porque es ahí cuando se inicia el cultivo masivo de algodón impulsado por los altos precios internacionales del producto.

Paro cívico 1987. El Frente Común y la UP

La crisis del algodón hizo que, en junio de 1987, unos 11.000 labriegos de varios municipios del Cesar, Magdalena y La Guajira se concentraran en la plaza Alfonso López de Valledupar, para protestar por la precaria situación del campo.

Durante mes y medio los campesinos bloquearon el ingreso de alimentos a la región, levantaron cambuches en la tradicional plaza Alfonso López a donde vivían varias de las familias más poderosas de Cesar

Los marchantes levantaron su paro con la condición de que les abrieran vías, les mejoraran los acueductos y alcantarillados, les construyeran escuelas y les entregaran tierras baldías a campesinos que se habían quedado sin ingresos.

El paro contó con el liderazgo de jóvenes pertenecientes a familias tradicionales del Cesar, quienes habían conformado el movimiento social Causa Común que se alió con la Unión Patriótica.

Empresarios y políticos tradicionales consideraron a Causa Común, como una amenaza a la sociedad agraria. Sospechaban que muchos jóvenes profesionales o sindicalistas que impulsaban la protesta eran infiltrados de la guerrilla del Eln.

Llega la guerra sucia

Antes que el progreso y las obras, lo que llegó a la región, a los pocos días de acabado el paro, fue la guerra sucia contra los principales líderes de la marcha

Como respuesta a la represión, las Farc, ya con un pie en la Sierra Nevada de Santa Marta y en la Serranía del Perijá, y el Eln, que cosechaba descontento en el sur, intensificaron su guerra contra los dirigentes de la región.

El dramático caso del agricultor Roberto Lacouture, ilustra lo que lo que se vivió en esa época. Fue secuestrado en 1989 por las Farc.

A comienzos de los noventas, guerrilleros del Eln sacaron a la representante a la Cámara, María Cleofe Martínez de su casa en Valledupar y en septiembre de 1995; fue secuestrada y asesinada por ese mismo grupo Margarita Rodríguez Fuentes, hermana del comerciante y ganadero, Hughes Rodríguez, quien después desempeñaría un papel clave para traer a los paramilitares a Cesar.

Manifestaciones iniciales de la violencia

La violencia en el Cesar entonces tiene dos manifestaciones tempranas: una ejercida desde arriba, protagonizada por los grandes propietarios y otra proyectada desde abajo por los campesinos y colonos. Se trató de dos violencias asimétricas y fundadas en motivos diferenciados: mientras la primera conto con la complicidad de las fuerzas oficiales y el establecimiento local, la segunda no tuvo el amparo del oficialismo y siempre resulto débil y mermada

Carbón y violencia. Drumond y Glencore

Después de la crisis del algodón y las grandes disputas por la tierra, el carbón se convierte en el eje de la formación socio económica cesarense.

En su territorio se organizó lo que en la actualidad se conoce como el Distrito Minero de La Jagua, en la Serranía del Perijá, que cubre los municipios de Becerril, El Paso, Agustín Codazzi, Chimichagua, Chiriguaná, Curumaní y La Jagua de Ibirico.

El desarrollo de la industria del carbón frenó la reforma agraria, afectando a las comunidades campesinas que ya cultivaban las tierras o estaban pendientes de ser tituladas.

Entre 1970 y 1995 la región tuvo un crecimiento exponencial en el desarrollo minero, cuando empresas nacionales y multinacionales adquirieron títulos en las minas en el Distrito de La Jagua. Entre estas, Carbones del Caribe, Norcarbón, el Consorcio Minero Unido, Carbones de los Andes; además de la estadounidense Drummond y la suiza Glencor.

Drumond

Drummond es una empresa minera del Estado de Alabama donde opera desde el año 1935²⁰.

Dicha empresa cerró un contrato de extracción de carbón con el gobierno colombiano en 1988, para la Concesión La Loma. El contrato se hizo por un periodo de 30 años (hasta 2019), con opción de una extensión. Drummond tomó la concesión de la empresa minera estatal Carbocol. El área concierne 57 km2 en los límites de los municipios de El Paso, Chiriguaná y La Jagua de Ibírico.

La empresa adquirió una concesión de 10.000 hectáreas cerca al corregimiento de La Loma, en el municipio El Paso, donde ya habían trabajado otras empresas. Allí empezaría la excavación de la mina Pribbenow, una de las explotaciones de carbón a cielo abierto más grandes del mundo y que le significó un enorme salto. También construyó, en 1993, un puerto en Ciénaga, a tres horas por carretera de la mina y sobre el mar Caribe, que empezó a utilizar en 1995.

Drummond comenzó la construcción de un muelle en Ciénaga, en el distrito de Santa Marta, ya en 1993.

En sus operaciones extractivas y de expansión ha estado involucrada en acciones de violencia contra los trabajadores, sus sindicatos y contra los campesinos beneficiarios de programa de reforma agraria. Drumond financio los grupos paramilitares de Jorge 40 con abundantes apoyos financieros, lo que hizo que las víctimas y sus abogados llevaran tales hechos de violencia hasta las Cortes de Alabama, donde funciona su oficina central²¹.

Glencor y Prodeco

La segunda mayor empresa minera de carbón en el Cesar es el Grupo Prodeco. En 1995, la empresa Glencore, con sede en Suiza y registrada en Londres, adquirió la empresa minera colombiana Prodeco, que desde 1989 era copropietaria, junto con la empresa Carbocol, de la concesión Calenturitas. La nueva empresa subsidiaria continuó operando en Colombia bajo el mismo nombre: Prodeco. En 1995, la nueva Prodeco obtuvo un permiso de operación para la concesión Calenturitas, un área de 67 km2 en los municipios de Becerril, El Paso y La Jagua de Ibírico.

En 2004, cuando la empresa recibió luz verde para la producción a gran escala, ésta procedió a crecer firmemente. En 2005, Prodeco también adquirió la concesión cercana de La Jagua, cooperada por las empresas Carbones de la Jagua, Consorcio Minero Unido y Carbones del Tesoro, todas las cuales fueron incorporadas al Grupo Prodeco.

La adquisición de Prodeco de 1995 incluyó un muelle (Puerto Zúñiga), a pocos kilómetros del muelle de Drummond.

Prodeco ha estado involucrada en acciones violentas contra los trabajadores y los campesinos beneficiarios de proyectos de reforma agraria en connivencia con los paramilitares.

Los actores de la violencia

ELN

El ELN es el grupo armado que tiene más tradición en la región. En este sentido, en la segunda mitad de la década de los sesenta existieron embriones de esta organización que con los años se transformaron en el frente Camilo Torres Restrepo, con presencia en municipios del sur como Aguachica, Gamarra, Gonzalez, Pailitas, Pelaya, San Martın, Curumani, Chiriguana, Tamalameque y La Gloria durante la década de 1970

A partir de la presencia que lograron en el sur del departamento, esta guerrilla se expandió hasta municipios del centro y termino formando en 1987 el frente 6 de Diciembre que, atraído por la explotación de las minas de carbón al norte del Cesar, se establece y llega a hacer presencia en la misma capital del departamento, Valledupar. Dos años después, es formado el frente José Manuel Martínez Quiroz, cuya influencia llego a hacerse manifiesta en Manaure, La Paz, San Diego, Codazzi, La Jagua de Ibirico, y Chiriguana. Estuvo constituido por cuatro compañías: Susana Tellez, Luis Guerrero, Oliverio Cedeño y Martires del Cesar.

Entre 1983 y 1986, se conformó el Frente de Guerra Nororiental, que alberga varios frentes militares y políticos.

Farc

Desde 1980 en el Cesar hizo presencia las Farc con el frente 41 (Cacique Upar) en el centro, y estructuras mucho más pequeñas y menos influyentes como la compañía Marlon Ortiz y la columna móvil Marcos Suarez Castellanos.

En el sur del Cesar hizo presencia el Frente 20.

Epl

Esta guerrilla hace presencia a través del frente Ramón Gilberto Barbosa Zambrano.

Desde el año 2017, se ha registrado la operación de unidades del Frente Libardo Mora Toro en el sur del departamento, específicamente en zonas rurales de los municipios Curumaní, Chimichagua, Gonzales, Rio de Oro y Pelaya.

El Epl también conformó el Frente Elisenio Torres Villalba con presencia en zona rural de los municipios antes señalados y en Pailitas.

El M19 en el Cesar

Esta guerrilla hizo presencia en el Sur del Cesar y realizo el secuestro del Gerente de Indupalma Hugo Ferreira Neira, para presionar la aceptación del pliego de condiciones de los sindicalistas que estaban en huelga.

Paramilitares en el Cesar

Afirmando que la guerrilla los tenía acorralados con secuestros y extorsiones, unos dirigentes del Cesar se trasladaron a Córdoba para conversar con los jefes de las AUC, para que les apoyaran en la organización de grupos paramilitares en el departamento.

Jorge Geneco, un importante dirigente de la región se encontró con los Castaño. Gnecco no era un aparecido en Cesar y La Guajira. Su hermano, Lucas, gobernó dos veces el departamento y su otro hermano, José conocido como Pepe, fue senador y terminaron condenados por la parapolítica. Hoy una de sus hermanas, Cielo Geneco, es quien manda en el Cesar. La familia Geneco es un clan de La Guajira, de filiación liberal, que amasó su fortuna durante el auge del contrabando y la bonanza marimbera.

Luego vinieron a Valledupar, Mancuso y Carlos Castaño Gil y se reunieron con él, con jóvenes dirigentes cesarenses, entre ellos se menciona a menudo al ganadero Aldo Lacouture.

Mancuso en Valledupar

Mancuso y otros enviados de las Accu se reunieron en el club Valledupar con decenas de comerciantes, políticos y ganaderos, decididos a acabar con la guerrilla. Entre los que escuchaban atentamente estaba el arrocero vallenato Rodrigo Tovar Pupo

Un tercer hombre completaría con Tovar y Gnecco la generación trágica que llevó el paramilitarismo a esta región: Hugues Manuel Rodríguez, heredero de un imperio lechero y cuyas fincas estaban entre las más extensas del departamento. Amigo de infancia de Jorge 40, su vida dio un giro radical cuando el ELN secuestró, en 1995, a su hermana en pleno centro de Valledupar. A pesar de que su familia pagó por su rescate, fue asesinada en cautiverio. El pretexto de la venganza estaba dado y Rodríguez tuvo un rol clave como financiador de los grupos paramilitares en las que fue conocido como el comandante Barbie.

Mancuso conversó de sus planes con el gobernador de la época, Mauricio Pimiento (condenado luego por parapolítica) y éste dio el aval para que vinieran.

Simultáneamente estos dirigentes del Cesar crearon con el apoyo de Mancuso las Convivir Guaymaral y el Salguero.

Oficialmente el paramilitarismo en Cesar empezó cuando 25 hombres armados se instalaron en junio de 1996 en las sabanas del Ariguani en los límites entre Magdalena y Cesar.

Previamente Mancuso hizo presencia en la región ejecutando acciones criminales conjuntamente con Jorge 40. De tales hechos dan cuenta dos capturas de este último por diversos delitos. La primera vez cayó con Mancuso y otros ocho hombres, en un retén en la Guajira y fue encarcelado por una noche y alcanzó a ser interrogado por un fiscal, pero fueron puestos en libertad por las gestiones de Danilo Gonzales, un oficial de la policía que trabajaba para los paras.

El segundo arresto de ‘Jorge 40’ fue en una vía de Codazzi a Valledupar cuando se le encontró un lote de armas sin salvoconducto²².

Primer contingente paramilitar

Los Castaños y Mancuso trasladaron en 1996 desde el departamento de Córdoba al Cesar un primer grupo de 12 hombres armados con fusiles y sin uniformes militares, al mando de René Ríos González, alias ‘Santiago Tobón’ y como jefe militar a Baltazar Mesa Durango, alias ‘Baltazar’. También llegaron entre los 12, Hernando de Jesús Fontalvo, alias ‘El Pájaro’, quien había estado en las Accu en Urabá desde 1991, y Juan Evangelista Basto Bernal, ex militar, quién fue luego vinculado al atentado a líder sindical Wilson Borja ocurrido en diciembre de 2000

Pocos días después, el 22 de septiembre de 1996, reforzaron al pequeño grupo con otra docena de combatientes, cuyo jefe militar era Alfredo Lora Ortega, alias ‘Pata’e caucho’, y al otro día, este grupo inició su actividad criminal en el Cesar, en una correría que los llevó a los municipios de Chiriguaná, La Jagua de Ibirico, Becerril y Agustín Codazzi, cometiendo homicidios, torturas, desapariciones forzadas, secuestro y hurtos.

En noviembre de ese año, el grupo de los 24 originales fue dividido en dos. Un grupo comandado por ‘alias Baltazar’ fue enviado al departamento del Magdalena, y el otro comandado por Martín Alberto Medina Camelo, alias ‘El Negro Medina’, se quedó en el Cesar. Éste último montó su base en la finca Mata de Indio, en el municipio de Agustín Codazzi.

Los 40 de Jorge

Con las rentas que les sacaban a los finqueros, el paramilitarismo en Cesar creció y en 1998 ya contaba con 40 hombres armados y dispuestos a matar a quién intentara detenerlos. La lealtad de Tovar fue premiada por Mancuso, pues lo prefirió a él como jefe de la región, entre los jóvenes cesarenses que se disputaron el papel. Ahí adoptó el nombre de guerra de ‘Jorge 40’.

El 12 de diciembre de 1998, los del Cesar, bajo el mando de John Jairo Esquivel Cuadrado, El Tigre, salieron a delinquir y a aterrorizar a la gente de Villanueva, en La Guajira, y la de Manaure, La Paz y San Diego en el Cesar. El Ejército salió a combatirlos y mató a Juan Andrés Álvarez Pastrana, alias ‘Daniel’. En su honor, Tovar Pupo, bautizó al grupo paramilitar que se quedó en la zona minera, hacia el centro del departamento, como frente ‘Juan Andrés Álvarez’.

Frente Juan Andrés Álvarez

En diciembre de 1999 el Frente Juan Andrés Álvarez fue creado específicamente con la intención de operar en la vecindad de las concesiones mineras y a todo lo largo de la vía férrea. En los años siguientes, este frente llegó a ser el grupo paramilitar más poderoso de la zona minera con 600 integrantes²³.

Meses después, el grupo fue dividido en dos: hasta el corregimiento de Los Brasiles (San Diego) quedo como comandante ‘Mario’ (Castro). Y al Tigre lo encargó de la trocha de Verdecia – por dónde fluía el contrabando desde La Guajira hacía el interior del país, pues va desde Codazzi hasta el corregimiento de Cuatro Vientos, jurisdicción de El Paso – y hasta Chiriguaná.

Cae ‘El Tigre’

‘El Tigre’ asumió el mando durante todo el año de 1999, y nombró como segundo suyo a Víctor Ricardo Peñaloza, alias ‘Guerrero’. Este grupo ya contaba con cinco escuadras (12 hombres por escuadra para un total de 60), que patrullaba la trocha de Verdecia. Le dieron la tarea a Oscar José Ospino Pacheco, alias ‘Tolemaida’ de abastecerlos de víveres.

La masacre del CTI

El 9 de marzo de 2000, siete investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía de la Seccional Valledupar salieron al corregimiento de Minguillo del municipio de La Paz, a hacer el levantamiento del cadáver de un vendedor de helado que había sido asesinado. Al llegar a la zona, los hombres de ‘El Tigre’ les salieron al paso, los secuestraron y desaparecieron.

Esta desaparición masiva de agentes judiciales hizo reaccionar a las autoridades que comenzaron a perseguir al ‘Juan Andrés Álvarez’, hasta que el 19 de julio del mismo año (2000) pudieron capturar a ‘El Tigre’.

Cuando ‘Jorge 40’ se enteró de la captura de ‘El Tigre’, le ordenó a ‘Tolemaida’, asumir como jefe del frente ‘Juan Andrés Álvarez’, y como segundo puso a Calixto González López, alias ‘Chitiva’. ‘Tolemaida’ comandó este frente desde mediados de 2001 hasta 2005.

Los múltiples frentes abiertos en Cesar, no fueron un obstáculo para que Rodrigo Tovar siguiera ensanchando al frente ‘Juan Andrés Álvarez’, el más rico y autosuficiente de todos.

Así, bajo su comando abrió un grupo en la parte alta de la Serranía del Perijá en Becerril, un tradicional bastión guerrillero, con alias ‘Escorpión’ de jefe.

Al finalizar el 2005, el frente ‘Juan Andrés Álvarez’ ya estaba consolidado en la zona centro del Cesar, con bases estables en La Guarumera, en La Jagua de Ibirico y en el sector La Aguacatera en Codazzi.

El manejo de los presupuestos municipales fue su verdadera mina de ganancias. En especial, se quedaban con gran parte de los recursos destinados a la salud.

Crearon Empresas Prestadoras de Salud que ellos mismos manejaban en Codazzi, Becerril y La Jagua de Ibirico.

Los otros frentes paralelos

Mientras el ‘Juan Andrés’ seguía creciendo en el centro del departamento, en el año 2000 fue creado también el frente ‘Mártires Cacique de Upar’ o el ‘Mártires del Cesar’. Este grupo nació entre 2000 y 2001 en Atanquez, al norte del departamento, la capital de los kankuamos, uno de los cuatro pueblos Tayrona que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta, bajo el mando de Enrique Sánchez Barbosa, alias ‘El Paisa’. En 2001, el grupo asesino 38 miembros de esta etnia.

Luego el grupo se expandió y asumió el mando David Hernández Rojas, un ex mayor del Ejército que había sido comandante del Batallón Granaderos de contraguerrilla en Valledupar. Había dejado el servicio activo en 1999, luego de que fuera señalado como uno de los responsables del asesinato de Alex Lopera, ex viceministro de Juventud. Bajo el nombre de ‘39’, Hernández, dirigió la expansión del frente por siete zonas: Badillo al sur de La Guajira, La Paz, Villa Germania, Pueblo Bello, Valledupar, y en la zona cesarense de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Alias 39 llegó a tener tanta autonomía y poder, que, según algunos testimonios, su propio jefe ‘Jorge 40’ coordinó con miembros del Ejército para entregarlo y que lo dieran de baja en septiembre de 2004. Lo reemplazó al mando Adolfo Enrique Guevara Cantillo, alias ‘101’, que venía de ser capitán del Ejército hasta 2002.

Frente Resistencia Motilona

En el sur del departamento también se establecería el frente Resistencia Motilona, adscrito al Bloque Norte de las AUC, con una fuerte presencia en los municipios Tamalameque, Aguachica, Chimichagua, Chiriguana, Gamarra, La Gloria, Curumani, y Pailitas.

Este frente resulta relevante porque llego a contar con 600 hombres entre sus filas y es el responsable de una gran cantidad de despojos de tierras y desplazamientos forzosos en Tamalameque, Pailitas, Gamarra y otras jurisdicciones del Centro del Cesar.

El líder de este frente fue Jefferson Enrique Martínez López alias ‘Omega’, hombre cercano a Rodrigo Tovar Pupo, quien murió asesinado en el 2006. Su primer comandante fue Jimmy quien fue reemplazado por Julio Palizada

Parapolítica en el Cesar

Los paramilitares ejercieron una gran influencia en la política cesarense y en los procesos electorales. Jorge 40 dividió el departamento en dos grupos, el G8 (8 municipios) y el G11 (11 municipios), un reparto del caudal electoral de 19 municipios del Cesar destinado a los candidatos Mauricio Pimiento y Álvaro Araujo en las elecciones del 2002 y 2006, tanto para Senado y Cámara de Representantes y la Gobernación única de Hernando Molina Araujo en el año 2003, pues los otros candidatos fueron obligados a renunciar con amenazas.

Militares

Los militares en el Cesar también se involucraron en la guerra ilegal, apoyando y actuando al lado de los paramilitares. En el Batallón de la Popa se registraron varios casos de “falsos positivos” y el coronel Hernán Mejía Gutiérrez, que comandó la unidad entre 2002 y 2004 fue llamado a juicio y condenado por sus nexos con los grupos paramilitares.

Las Convivir

En la organización del dispositivo paramilitar del Cesar un eslabón a tener en cuenta es el de las Convivir. En diciembre de 1996 fueron aprobadas por el gobierno de Ernesto Samper las Convivir Guaymaral de Jorge Gnecco y la de Hughes Rodríguez Fuentes quien montó la Convivir Salguero, ambos señalados de ser cómplices de los paramilitares de Salvatore Mancuso.

El despojo de los campesinos

Las tierras del Cesar, que han enriquecido a unos pocos y por la que han muerto muchos, han sido objeto de una intensa disputa. A diferencia de otras regiones de Colombia, la economía de este departamento, con una tradición feudal y agraria, despegó de manera tardía en la década de los sesenta y lo hizo gracias al gran potencial de sus tierras.

Primero dependieron del café. Luego vinieron el algodón, la marihuana y la palma. Por último, apareció el carbón, uno de los grandes generadores de riqueza en el país.

Los terratenientes tradicionales y nuevos concentradores acumularon predios en función del nuevo mercado que se proyectaba con la irrupción del carbón y el ingreso de las multinacionales, de un lado, y del establecimiento de iniciativas agroindustriales y ganaderas, de la otra. Ante las expectativas de esos desarrollos económicos, en las décadas de los ochenta y noventa, especuladores atesoraron predios abandonados violentamente y comprados a menosprecio para venderlos posteriormente a compañías mineras, o para implantar cultivos de tardío rendimiento y/o expandir hatos ganaderos.

Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) incursionan en Magdalena y Cesar en forma violenta en contra de los campesinos parcelarios y sus logros con el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) precipitando un mercado violento de tierras y un reordenamiento de la propiedad en función de proyectos mineros y acaparamiento de tierras para ganadería por parte de grandes latifundistas.

Los casos de las parcelaciones de El Toco, El Platanal y Santa Fe²⁴

Los casos de El Platanal y Santa Fe, como los de otras parcelaciones en municipios de la Serranía del Perijá, la Sierra Nevada de Santa Marta y La Ciénaga Grande de Santa Marta, en los que se localizan las minas y la infraestructura férrea, vial y portuaria de la industria carbonífera, evidencian que detrás de las masacres y desplazamientos subyacía el interés de imponer un ordenamiento territorial y poblacional funcional a las nuevas formas de concentración de la tierra y producción y exploración del carbón.

Por su parte, el caso de El Toco muestra el acaparamiento de tierras por y para paramilitares.

Platanal

El Platanal corresponde a un baldío localizado en el corregimiento de Casacará de Agustín Codazzi, recuperado por el Incora, que era ocupado por Jorge Avendaño poderoso ganadero del Cesar. Colindaba con fincas de Hugues Rodríguez Fuentes.

Al baldío indebidamente ocupado ingresaron en la década de 1980 diecinueve familias con el apoyo de la ANUC para obtener su adjudicación como beneficiarios de reforma agraria. Pese a que el Incora inició la adjudicación de los títulos de propiedad, los parceleros debieron sortear desalojos promovidos por Jorge Avendaño y algunos integrantes de la familia Rodríguez Fuentes, propietaria de Nueva Dicha, Normandía, Villa Hermosa y El Carmen, fincas vecinas de El Platanal, que se conectan entre sí.

Santa Fe

La Parcelación de Santa Fe, ubicada en el corregimiento de Estados Unidos de Becerril, se creó en el año 1989 cuando cuarenta y cuatro familias se tomaron la finca de Silvestre Dangond Lacouture, una de las familias bananeras que se instalaron en el departamento del Cesar. Santa Fe, es uno de los tres predios que se segregaron de la otrora hacienda El Tocuy. Los otros son Tucuycito y Tucuy. La ocupación de Santa Fe y la compra de Los Manantiales se vieron afectadas por la instalación de un campamento de las FARC en Becerril, lo que originó que integrantes de la Fuerza Púbica y terratenientes estigmatizaran a miembros del partido político Unión Patriótica, entre ellos los parceleros Weimar Navarro y Sifredy Culman.

El Toco.

La parcelación de El Toco, situada en Los Brasiles corregimiento de San Diego, se originó cuando campesinos se enteraron del embargo que tenía la finca El Toco, de propiedad de Palmeras del Cesar Ltda., empresa de Carlos Alfonso Murgas Muñoz.

Ellos eran los que administraban el algodón del secuestre, un señor llamado Juan Manuel Ovalle, quien era el que sembraba algodón, y su agrónomo, Lorenzo Torres. Los primeros ocupantes sufrieron varios desalojos promovidos por el palmicultor con apoyo del Ejército.

Al final de 1991 ochenta familias ocupaban El Toco. Con el apoyo de la ANUC solicitaron al Incora su adjudicación.

En agosto de 1996, el Incora inició la evaluación del predio ocupado por ochenta familias y concluyó que según la Unidad Agrícola Familiar solo se podría adjudicar a cincuenta y cinco de ellas, y a las restantes llamadas “reubicables” se comprometió a entregarles otro inmueble. El proceso de adjudicación de El Toco a las familias seleccionadas y la compra de la finca El Irán para las demás, se interrumpió con la incursión de las ACCU.

Masacre. Desplazamiento. Victimas. Asesinato de sindicalistas y de líderes.

El Cesar registro 123 masacres con 605 víctimas, es decir un promedio de cinco víctimas por cada hecho, entre los años 1996 y 2006.

El municipio con el mayor número de masacres fue Codazzi, con 31 y 132 víctimas.

En Becerril hubo una masacre en el corregimiento Estados Unidos donde los paramilitares asesinaron a ocho personas y a otras tres se las llevaron y las desaparecieron el 16 de noviembre de 1998. En Becerril, en cinco masacres hubo 41 víctimas.

En Santa Isabel, corregimiento de Curumaní, el primero de agosto de 1999, un grupo de 30 hombres incursionaron y asesinaron a once personas.

En Astrea, el 28 de enero de 2000, asesinaron a 12 personas.

En San Diego, el 15 de septiembre de 1996, hubo una incursión en la que perdieron la vida 31 personas. En la capital del Cesar, Valledeupar, hubo treinta y un masacres entre 1996 y 2005 con 131 víctimas.

La mayoría de las masacres fueron cometidas como supuestas limpiezas sociales, retenes, incursiones a las poblaciones, fuego cruzado, sicariato y ejecuciones.

Los paramilitares asesinaron personas muy destacadas de la comunidad entre ellos, a la jueza de Becerril, Amarilis de Jesús Hinojosa Suárez, el 27 de enero de 2003; el registrador municipal de Becerril, Héctor Gamarra Fontalvo, a quien sacaron de su casa también en enero de 2003, lo torturaron, lo mataron y arrojaron su cadáver a la vía entre Codazzi y Becerril; el ex concejal Amauri Bossa Robles y el precandidato a la Alcaldía de La Jagua de Ibirico, Martín Emilio Ochoa Rangel, quienes acudieron a una cita con paramilitares en febrero de 2003, y los hallaron muertos en la vereda Casa de Zinc, municipio de El Paso; el ex alcalde de El Copey, Luis Laverde Restrepo en 2003; el indígena de la etnia kankuama, Abel Francisco Alvarado Maestre, en noviembre de 2003; a Rodolfo Meneses, gerente del hospital Eduardo Arredondo daza de Valledupar en 2004; a un reputado médico de Villanueva de apellido Damire; y a Luciano Enrique Romero, miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario de Valledupar, asesinado en septiembre de 2005.

Drumond y el asesinato de sindicalistas

El asesinato de sindicalistas del carbón es un hecho aberrante que compromete a la multinacional Drumond.

Valmore Locarno Rodríguez fue asesinado por paras cuando se desempeñaba como presidente de Sintramienergética y era trabajador de la Drummond. Víctor Hugo Orcasita fue secuestrado y apareció asesinado con signos de tortura.

El caso está en una Corte de Alabama, Estados Unidos, donde se investiga la participación de altos directivos de la multinacional carbonera en el homicidio.

En la sentencia contra el paramilitar Jairo de Jesús Charris Castro, conocido con el alias de ‘El Viejo Miguel’ o ‘Miguel’, un juez especializado de Bogotá pidió a la Fiscalía que investigue a los directivos de la empresa Drummond, Gary Drummond (presidente de la multinacional), Jean Jakim, Augusto Jiménez (presidente en Colombia), Alfredo Araújo (gerente de relaciones con la comunidad) y el coronel Luis Carlos Rodríguez (jefe de seguridad), por su presunta participación en el crimen.

También ordenó que se investigara a Jaime Blanco Maya, propietario de la firma Industrial de Servicios y Alimentación, ISA, contratista de la multinacional, por haber sido uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de los dos sindicalistas.

Según lo establecido en el expediente del juicio, el asesinato fue comandado por alias ‘Adinael’ jefe urbano del Frente Juan Andrés Álvarez.

Algunos de los testigos, que pertenecieron a las Auc, revelaron además que para cometer el crimen contaron con la colaboración del jefe de seguridad de la Drummond, el coronel Luis Carlos Rodríguez.

Otros procesos contra la Drumond.

En mayo de 2009, los abogados Conrad & Scherer LLP y Ivey Law Firm, emprendieron un pleito federal en Alabama contra la Drummond por la responsabilidad de la compañía en el homicidio de 67 colombianos. Según los abogados la Drummond habría dejado a las Auc tener una base militar en los terrenos de la empresa y suministrado combustible, electricidad y comida a los paramilitares. La demanda también cita una reunión entre dirigentes de la Drummond y líderes de la Auc en noviembre de 2001 donde se habrían planeado los asesinatos de los sindicalistas.

Desplazamientos.

Se calcula que entre 1985 y 2015 el conflicto armado dejó en este departamento 380.000 personas desplazadas, 40.000 asesinatos, 2.760 personas secuestradas, 1.936 desaparecidas forzosamente, 755 víctimas en contexto de masacres, 2.238 víctimas de asesinatos selectivos y 287 víctimas de violencia sexual, convirtiéndolo en uno de los más golpeados por la violencia en el país.

En la actualidad hay en el Cesar más de 500 mil víctimas de la violencia.

La violencia sigue.

El ciclo de violencia paramilitar en la región minera del Cesar no ha terminado todavía. Actualmente, el territorio está plagado de bandas criminales compuestas en gran parte por antiguos integrantes de los grupos paramilitares. Aparte de sus actividades criminales, estos grupos armados ilegales intimidan a todos aquellos de la población civil que piden la verdad, la justicia, la reparación y la devolución de tierras para las víctimas de la violencia paramilitar. En algunas de sus amenazas escritas y comunicados públicos, estos grupos han declarado que ellos están actuando como protectores de los intereses de las empresas mineras.

Sur del Cesar.

El sur del Cesar es un territorio integrado por los municipios de San Alberto, San Martín, Aguachica, Gamarra, La Gloria y Tamalameque, es una región apetecida por su cercanía al río Magdalena, por ser un punto de conexión con la Costa Caribe y la frontera con Venezuela, pero, sobre todo, porque sus tierras fértiles son especiales para el desarrollo de la agroindustria.

Zona de conflictos sociopolíticos.

Este es un territorio en el que se concentran varios conflictos. Fue sitio de secuestros y extorsiones perpetrados por la guerrilla, de intento de una reforma agraria, de surgimiento de las autodefensas, de impulso de la ganadería extensiva y cultivos de palma de aceite, de persecución política a sindicalistas a integrantes de organizaciones de izquierda, y en la actualidad, un epicentro de desarrollo agroindustrial, de tensiones entre campesinos y finqueros, y de una de violencia que persiste por cuenta de las bandas neoparamilitares.

La historia del conflicto.

La historia de la disputa en esta zona data de los años 60 cuando emergieron las guerrillas.

El primero en aparecer en el territorio fue el Frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Los paramilitares.

Juan Francisco Prada Márquez, alias ‘Juancho Prada’, jefe de las autodefensas del sur del Cesar, confeso que él y varios integrantes de su familia decidieron armarse cansados de los hostigamientos de la guerrilla.

Alianzas con los Masetos de Camilo Morantes.

Los Prada hicieron acuerdos con viejos grupos de autodefensa que había en la región entre ellos Los Masetos de la finca Riverandia, de Rodolfo Rivera, Los Paisas y los grupos paramilitares a cargo de Luis Ofrego Ovallos Gaona, de alias ‘Camilo Morantes’ y de alias ‘Manaure’.

Los Rivera Strapper. Los Riverandia.

Los primeros que se organizaron fueron los de ‘Riverandia’, los Rivera Stapper. Cuando las Farc mataron al Rivera en 1996, que era comandante, se formó el despelote. Ellos se ubicaban en una finca que llamaban ‘Riverandia’ y ahí la guerrilla les quemó la casa. Los Rivera Stapper mandaban en San Alberto. Cuando ellos se acabaron, fue que Roberto (Prada Gamarra, su primo) entró a San Alberto. Los que llamaban ‘Los Masetos eran los que estaban en Riverandia.

Ese mismo año Roberto Prada (quien fue asesinado en la Cárcel La Picota) fue capturado y eligió a Luis Emilio Camarón alias ‘Camarón’ como su sucesor. Como todo un ‘negocio de familia’, ‘Juancho Prada’ pensó en que las autodefensas de San Martín debían tener un jefe político, que diera adoctrinamiento a la tropa para combatir a la guerrilla, y encargó esta tarea a su hijo Raúl Prada Lamus alias Antonio, quien al final nunca se acogió al proceso de desmovilización y no se sabe si está vivo o muerto.

El contacto de los Prada con los hermanos Carlos y Vicente Castaño se concretó a finales de los años 90 cuando los Castaño convocaron a varias reuniones para agrupar los diferentes grupos de autodefensas del país bajo la sigla Auc, Autodefensas Unidas de Colombia.

Entre 1999 y 2000, los Prada ayudaron a asentar a los Bloques Central Bolívar y Catatumbo, y en 2004 se aliaron con el Bloque Norte de ‘Jorge 40’ por diferencias con el Bloque Central Bolívar.

Las convivir.

En todo el proceso de organización de las autodefensas del Sur del Cesar jugaron un papel muy importante las Convivir. La Superintendencia de Vigilancia les otorgó a los hermanos Prada dos licencias para operar las Convivir Renacer y Los Arrayanes que fueron funcionales al proceso de estructuración del paramilitarismo.

Juancho Prada, un paramilitar muy peligroso.

En el prontuario de Juancho Prada figuran masacres, asesinatos de políticos y líderes sociales, desplazamientos, desapariciones en Norte de Santander y sur del Cesar, además se le acusa de ser el responsable del exterminio del movimiento social que surgio en Aguachica a comienzos de los noventa.

Pago desde el 2004 su condena en la cárcel de Barranquilla luego de ser sentenciado por el asesinato Ayda Cecilia Lasso, excandidata a la Alcaldía de San Alberto, Cesar, ocurrido el 21 de julio de 2000.

‘Prada’ fue ex jefe paramilitar de las Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar, que durante la desmovilización se llamaron Frente Héctor Julio Peinado.

Entre 1994 y 2006, este frente se caracterizó por someter a sus víctimas a torturas y luego a desaparecerlas. Un lugar recurrente para estas desapariciones fue el corregimiento de Puerto Mosquito, hasta donde llevaban las personas, las asesinaban y luego las arrojaban al río Magdalena.

En Justicia y Paz a este frente se le atribuyen 5.370 crímenes, de los cuales 4.479 son asesinatos, 565 desapariciones y 434 desplazamientos.

Prada se desmovilizo el 4 de marzo de 2006 en San Martín, Cesar, con 251 de sus ex subalternos.

La palma de aceite.

La industria de la palma de aceite se instala en el Sur del Cesar en los años 60.

Las primeras empresas en instalarse fueron Indupalma y Palmas Oleaginosas Hipinto.

Las condiciones laborales con las que se desarrollaron las plantaciones condujeron al surgimiento de los sindicatos. En el sur del Cesar rápidamente tuvieron acogida tres: Sintraindupalma, Sintraproaceites y Sintrainagro. Mientras el movimiento sindical se fortalecía en la región también lo hacían el Partido Comunista y la Unión Patriótica, y la guerrilla aprovechaba las inconformidades sociales para asentarse.

De forma paralela las guerrillas secuestraron y asesinaron cada vez más a administradores y personal de las compañías palmeras, destruyeron sus instalaciones y medios de transporte. Fueron los casos por ejemplo de la toma a las empresas Bucarelia, Monterey y Las Brisas, y el secuestro de Hugo Ferreira Neira, el gerente de Indupalma, durante una huelga laboral en 1973.

Como retaliación, los paramilitares la emprendieron contra los sindicatos, asesinando a por lo menos 200 de sus miembros.

Fracaso de la reforma agraria.

El sur del Cesar es otro ejemplo del fracaso de la reforma agraria, agravado por el despojo de tierras y el fracaso de la restitución de tierras ordenada por la Ley 1448 del 2011.

La Hacienda Bellacruz.

El más reciente conflicto agrario en el Sur del Cesar es el caso Bellacruz, una antigua hacienda en el municipio de La Gloria que en la actualidad se llama igual que el pueblo, La Gloria. Durante 2015 fue protagonista de un desalojo policivo, así como de solicitudes por parte de reclamantes de tierras que aseguran que el Estado no ha sido diligente en resolver la reforma agraria de los años 60.

La actual hacienda tiene 5 mil 500 hectáreas cultivadas en palma de aceite explotadas por el Grupo Agroindustrial La Gloria. La tensión radica en que 300 familias campesinas reclaman la titulación de por lo menos mil 100 hectáreas de origen baldío que el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) reconocieron en 1994 y en 2013. Pero la empresa insiste en que esto no es así.

Pero esta reclamación lleva dos décadas en instituciones y despachos judiciales. En 1996 el grupo paramilitar de ‘Juancho Prada’ desplazó a las familias que iban a ser tituladas en cuatro predios, que antiguamente hicieron parte de la hacienda y que fueron comprados por el Incora. Estando desplazados, los campesinos desconocían que habían logrado el título, por lo que sus fincas terminaron en manos de particulares o de otros campesinos que como ellos eran víctimas de la violencia.

Quienes reclaman las tierras consideran que los cuatro predios alrededor de la hacienda deben permanecer en manos de gran parte de quienes los explotan porque han sufrido los embates del conflicto como ellos. Por eso insisten en que el Estado debe recuperar los baldíos que están dentro de la hacienda. Pero la comunidad campesina está divida: por un lado, está la Asociación Colombiana Horizonte de Población Desplazada (Asocol), que no está de acuerdo con ocupar los predios por las vías de hecho; y la Asociación de Campesinos Desplazados al Retorno (Asocadar), que sí está de acuerdo.

Después de un desalojo protagonizado por el Esmad contra los campesinos de esta organización el 30 de junio 2015, la Corte Constitucional decidió concederles medidas de protección a los reclamantes de la Bellacruz tras, considerar que hay una posible amenaza o afectación al derecho a la vida, al debido proceso y a la tierra.

Varios líderes de Asocol advierten que desde 2011, cuando la comunidad comenzó los procesos de justicia transicional, aparecieron las primeras amenazas con panfletos y sufragios por parte de un llamado “Ejército Anti-restitución”, que cuenta con el apoyo del uribismo y la ultraderecha fascista.

Gobierno contra los campesinos.

El gobierno nacional y local no tiene voluntad política para escuchar los reclamos de estas comunidades, por varias razones: la primera, en esta región hay un desarrollo progresivo y extensivo de la palma de aceite; la segunda, en Gamarra se construye un puerto multimodal sobre el puerto de Capulco con salida a las terminales marítimas de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, y conectividad con la Troncal del Oriente, y tercero, por la ganadería extensiva que persiste en la región.

Regresan paramilitares desmovilizados.

El temor de los reclamantes es que los desmovilizados de las Auc ya comenzaron a salir de la cárcel. El primero de ellos, ‘Juancho Prada’, a quien las víctimas señalan de no haber aportado verdad sobre los más de 800 crímenes que su grupo paramilitar cometió en la región. Prada pidió residencia en Bucaramanga, Santander, donde domiciliariamente el Inpec tendrá que hacerle vigilancia electrónica.

Los desmovilizados del grupo de ‘Juancho Prada’ están solicitando que La Gloria sea el municipio en que ellos puedan retornar a la vida civil y reincorporarse a la sociedad. Pero las víctimas temen que sin que el Estado resuelva los conflictos por la tierra y acompañe este proceso, dicha petición reactive la antigua violencia que sufrieron en esta zona.

Alertas activas.

La Defensoría del Pueblo mantiene activas dos alertas tempranas en la región. La del 25 de junio de 2015, corresponde al complejo cenagoso de Terraplén, un corregimiento del municipio de San Martín, también en el sur del Cesar. Allí el 3 de junio del 2015 hombres, algunos con la cara tapada, vestidos de camuflado y armados, amedrentaron a diez campesinos de la Asociación de Agricultores, Pescadores y Pequeños Ganaderos de Terraplén (Agroppegt), que estaban asentados allí impidiendo que se secara la ciénaga.

Una escena similar ocurrió el 26 de abril cuando otros 21 hombres amenazaron a la misma comunidad campesina. Aunque la Ley 160 de 1994 protege a los campesinos para que puedan explotar estas zonas de reserva ambiental de forma adecuada, existe un conflicto desde el año 2002 entre ellos y un grupo de hacendados que aseguran que parte del complejo cenagoso pertenece a sus fincas.

San Martin y reforma agraria.

San Alberto fue uno de los lugares que el gobierno de Carlos Lleras escogió para hacer la reforma agraria. Allí el antiguo Incora compró cuatro haciendas y realizó parcelaciones para titular a campesinos en las fincas Siete de Agosto, Los Cedros, La Carolina, Tokio y La Paz. Pero mientras el Instituto entregaba títulos, los paramilitares cometieron masacres impidiendo que los parceleros se asentaran allí. Las tierras pasaron de mano en mano y en la actualidad quienes las explotan son ganaderos que aseguran que las compraron de buena fe.

Miedo heredado.

Los casos de tensiones entre parceleros y ganaderos y empresarios como el de Bellacruz, en La Gloria; de Terraplén, en San Martín; y de las parcelaciones en San Alberto, ponen en evidencia la riqueza que representa este territorio. Estas historias también hacen parte de la violencia que allí ha persistido por años.

Consulta popular por la paz.

En 1995 se organizó en Aguachica una consulta popular por la paz, el líder de la iniciativa fue Luis Fernando Rincón quien se había desmovilizado con el M19 en el proceso de paz.

La consulta que se realizó en agosto de 1995, fue un éxito. Consiguió 12.000 votos a favor, y con ese respaldo popular, Rincón y otros líderes, incluso su opositor, el conservador Álvaro Payares Ropero, a quién había derrotado en su aspiración a la Alcaldía, iniciaron un proceso de cultura ciudadana por la paz y en defensa de los derechos humanos.

Sin embargo, el 6 de octubre de 1995, el sueño de paz se acabó: el Eln asesinó a Payares Ropero, a quien Rincón había nombrado gerente de la empresa de Servicios Públicos de Aguachica. Entonces se reanudaron las retaliaciones entre paramilitares y guerrilleros.

La paz de Aguachica fracaso, luego de la derrota del grupo político de Rincón en las elecciones municipales de 1997. Varias de las personas que lo acompañaron en la iniciativa popular fueron asesinadas en los años siguientes: César Paso Torres, Edinson Duarte, Arsenio Obregón, Domingo Molano, Luis Cubides y, en 2000, el mismo Rincón. El desmovilizado jefe ‘para’ ‘Juancho’ Prada aceptó ser el asesino del ex alcalde dentro del proceso de Justicia y Paz.

Masacres y desplazamientos.

En la masacre de Puerto Patiño, se dio una masacre en la que ocho pescadores fueron asesinados en enero de 1995 por orden de un oficial del Ejército y de acuerdo con los paramilitares de Juancho Prada.

La masacre del ‘carrotanque’

El 16 de abril de 1996 diez paramilitares llegaron hasta una finca en San Martín, Cesar, y allí asesinaron a cuatro hombres y dejaron a otro más herido acusándolos de robar gasolina del oleoducto que pasaba por allí.

La masacre de Cerro Redondo

En la vereda Cerro Redondo, en Aguachica, diez paramilitares asesinaron a cinco personas el 6 de febrero de 2000 acusándolos de colaborar de la guerrilla.

Masacre de Santa Rosa de Caracol

Masacre ocurrida el 8 de diciembre de 2001 en la vereda Santa Rosa del Caracol, en Aguachica. Las cinco víctimas pertenecían a una iglesia evangélica.

Cuatro.

Violencia en la Guajira.

La geografía.

El departamento de La Guajira se creó por acto legislativo No. 1 del 28 de diciembre de 1964 con vigencia a partir del 1 de julio de 1965; el mismo ocupa 20.800 kilómetros cuadrados y su población se acerca al millón de personas.

La Guajira está dividido en tres subregiones claves a la hora de explicar las dinámicas de la violencia en el departamento. Por un lado, se encuentra la Alta Guajira que se destaca por ser la zona más desértica; comprende los municipios de Uribia, Manaure, Albania y Maicao y está habitada principalmente por indígenas de la etnia wayúu. La explotación de sal marina y la comercialización de diversos productos a través de los numerosos puertos naturales que allí se encuentran son componentes importantes de la economía de la zona. La subregión de la Media Guajira concentra una población más variada y es la más urbanizada del departamento. Los municipios de Riohacha, Dibulla, Barrancas y Hatonuevo integran esta subregión en donde actualmente es más visible el recrudecimiento de la violencia en comparación con lo que ocurre en las otras dos subregiones. La economía de esta subregión se basa principalmente en la explotación de las minas de carbón del Cerrejón. La Baja Guajira por su parte se caracteriza por un paisaje con mayor vegetación dada su cercanía a la Sierra Nevada. La Provincia de Padilla, cubre parte del piedemonte oriental de la sierra, también incluye algunas áreas montañosas. Esta subregión está compuesta por los municipios de Fonseca, Distracción, San Juan del Cesar, Villanueva, El Molino, Urumita y la Jagua del Pilar.

Violencia, contrabando y contexto de la ilegalidad en La Guajira.

El contrabando es un fenómeno de vieja data en La Guajira. Su puesta en práctica se remonta al siglo XVI cuando los indígenas wayúu vendían perlas a comerciantes de países como Francia, Holanda e Inglaterra. Aunque el gobierno español prohibía este comercio, los indígenas lograron impulsar prácticas que iban más allá de lo legalmente establecido e hicieron de estos procesos la base de su economía. Simultáneamente, esta forma de comercio se erigió simbólicamente como un mecanismo de resistencia frente a la dominación española. Desde entonces, el contrabando fue ampliando progresivamente su base, pasando de la comercialización de perlas hasta la transacción de productos tales como licores, telas, palo de tinte y armas, entre otros. Con el tiempo, el contrabando se convirtió en una práctica orgánica para gran parte de los habitantes de La Guajira y en ese sentido las dinámicas económicas, sociales, culturales y políticas de la región, de una u otra forma, giraron a su alrededor. Entrado el siglo XX, la península ya se había convertido en la puerta de acceso más grande para la entrada de contrabando al país. El centro de negociaciones y transacciones fue Maicao, un pequeño caserío por el cual transitaban obligatoriamente los comerciantes que intercambiaban productos con Venezuela. Paulatinamente, este poblado fue creciendo hasta el punto de convertirse en un importante centro de negocios que estimuló la migración de muchas familias. Así, negociantes importantes de la zona como el “Turco Bassan”, Mario Cotes e incluso el famoso Samuel Santander Lopesierra, más conocido como el “Hombre Marlboro”, lograron surgir socialmente gracias a una boyante red de contrabando desplegada en este territorio.

En la primera mitad del siglo XX, al igual que a lo largo de la historia de La Guajira, el departamento no contó con una fuerte presencia del Estado. Sólo hasta la década de los sesenta durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo (1958-1962), el Estado colombiano centró su atención en el contrabando y aumentó su pie de fuerza en La Guajira para impulsar medidas de control sobre el comercio de licores, cigarrillos y telas. Sin embargo, estos esfuerzos significaron poco a la hora de desvertebrar las redes existentes alrededor de este negocio ilegal.

La bonanza marimbera.

En la década de los setenta, La Guajira fue testigo excepcional de la bonanza marimbera. Esta bonanza captó el interés de algunos de los contrabandistas tradicionales y de otras personas deslumbradas por las grandes utilidades que dejaba el tráfico de marihuana. A pesar del poco tiempo que duró el boom de la marimba (desde finales de los sesentas hasta mediados de los setentas), su trascendencia histórica fue muy importante puesto que sentó las bases para el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos, negocio que se ajustó fácilmente a la estructura tradicional del contrabando. Aprovechando las rutas y puertos utilizados para el contrabando, el narcotráfico comenzó a pulular en La Guajira, repartiendo inmensas utilidades que terminarían filtrándose tanto en negocios legales como ilegales; el grueso de la sociedad terminó directa e indirectamente involucrada como parte de esa economía ilegal. Perdió vigencia la figura del contrabandista tradicional y fue reemplazada por la del narco, personaje, habitualmente rodeado de hombres fuertemente armados como esquema de seguridad, fue el pilar constitutivo de ejércitos privados que protagonizaron desde ese momento, sucesivas confrontaciones armadas para controlar el negocio en la península. Para la población de La Guajira, el contrabando y el tráfico de bienes ilícitos se convirtieron en elemento dinamizador de la actividad económica regional. Poco a poco, estas prácticas se fueron interiorizando como procesos sociales legítimos, muy a pesar de contravenir en terreno, las reglas constitucionalmente establecidas para el orden nacional²⁵.

Los actores de la violencia.

En la Guajira han hecho presencia los más importantes actores de la violencia colombiana. La guerrilla, los paramilitares, los militares y el neoparamilitarismo en los años recientes.

Farc.

La lógica de la expansión territorial de las FARC hacia el norte del país estaba asociada con la decisión estratégica de controlar una zona con múltiples corredores de movilidad ubicados a lo largo de toda la península de La Guajira. El Frente José Prudencio Padilla o 19 fue vital para penetrar en las inmediaciones de la Sierra Nevada y extender el radio de acción de las FARC hasta la Baja Guajira. Ya en los noventa, este frente, junto con el 41 proveniente del Cesar, se desdobló para conformar el frente 59 que se estableció permanentemente en la Baja y Media Guajira.

Frente 59.

El frente 59 hizo presencia en las localidades de Urumita, Villanueva, el Molino, San Juan del César, Barrancas, Hato Nuevo, la Onza Centro en el Cerrejón, Potrerito, San Pedro, San Antonio, Salado, Jerez y parte de Riohacha. La organización logró crecer con gran rapidez y relativa facilidad debido al apoyo que recibió de diferentes sectores económicos y políticos de la región.

ELN.

El Frente Gustavo Palmesano hizo presencia en algunos municipios del sur de La Guajira, especialmente en San Juan del Cesar y La Jagua del Pilar, así como también en las selvas de la Serranía del Perijá.

Paramilitares en la Guajira.

La incursión paramilitar en La Guajira se hace sentir con fuerza a finales de los años 90 a través del proyecto expansionista de las recientemente conformadas AUC. Rodrigo Tovar Pupo, utilizó dos rutas específicas para hacerse al control de La Guajira como última pieza de la estrategia de las AUC en la zona. En un primer momento, las AUC hicieron contacto con La Guajira por el sur del departamento y el norte del Cesar; en un segundo momento, lo hicieron vía Sierra Nevada. Esta estrategia les permitiría en último término, tomar el control de la Media y Alta Guajira²⁶.

La llegada de los paramilitares marcó el punto de partida para la implementación de un nuevo tipo de violencia hasta ese momento desconocido en la península, violencia materializada a través de la perpetración de masacres. Para este caso, la masacre de Villanueva en 1998, se convirtió en el hito del asentamiento paramilitar en el sur del departamento. A partir de ese hecho, se desencadenaron una serie de masacres sistemáticas contra la población civil.

Posteriormente, al mando de Hernán Giraldo, el grupo pasó de la Sierra Nevada a las orillas de los ríos Manzanares y Piedras hasta el corregimiento de Palomino y la zona del río Jerez en la Baja Guajira.

La incursión paramilitar en esta zona se potenció además con la creación, en el año 2000, de una gran base paramilitar en el corregimiento de Badillo, ubicado en el norte de la ciudad de Valledupar.

Desde este punto de frontera entre Cesar y La Guajira, comandantes como ‘39’, ‘101’, ‘6-11’, ‘38’ y ‘35’, entre otros, desataron una ola de violencia que se desplazó rápidamente por todo el sur de La Guajira. De esta manera, las AUC lograron consolidar su presencia en el sur del departamento y de ahí, dieron el paso hacia la Media y Alta Guajira, a la vez que lo hacían desde la Sierra Nevada.

El triunfo de ‘Jorge 40’ en la Sierra Nevada sobre Hernán Giraldo, marcó definitivamente un hito en la incursión del paramilitarismo en territorio guajiro ya que, a partir de ese momento, las AUC entraron en contacto directo con la cultura wayúu. A comienzos de 2002 y una vez doblegadas ante las AUC, las “antiguas” ACMG de Giraldo mutaron en dos nuevos frentes del Bloque Norte: el Frente Resistencia Tayrona (FRT) y el Frente Contrainsurgencia Wayuú (FCW), dos de los grupos con mayor responsabilidad respecto a acciones violentas perpetradas contra la población indígena en Colombia, en especial contra los pueblos que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta y contra los wayúu en La Guajira.

Los paramilitares en la Media y Alta Guajira.

Una vez en la Media Guajira, los paramilitares se encontraron con un contexto adverso que los enfrentó a las inclemencias del terreno y a los grupos de contrabandistas, narcotraficantes y wayúu que ya ejercían control en los territorios. Con el propósito de imponerse, los paramilitares tuvieron que interactuar de manera directa y permanente con la población nativa. Como era de esperarse, esta interacción tuvo, en algunas ocasiones, desenlaces inesperados con graves consecuencias humanitarias.

Masacres en la Guajira.

Las 69 masacres en La Guajira.

Si bien la masacre de Bahía Portete suele ser la más visible y recurrente al hablar de La Guajira, no es la única que se cometió en el departamento. Según información de la Fiscalía, gracias a las declaraciones de ex paramilitares y las denuncias de las víctimas, se ha logrado consolidar información sobre 69 masacres entre el 2000 y el 2006 en la Guajira.

El departamento, que en los años 70 ya había padecido un ciclo de violencia a raíz de la bonanza marimbera, a finales de los años 90 con la llegada del paramilitarismo, se vuelve víctima de un nuevo tipo de violencia que, como consecuencia de la modificación de las estrategias de expansión y control social ejercidas por los grupos armados ilegales presentes, se materializó a través de la perpetración de masacres.

A partir de 1998 las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) comenzaron a realizar operativos sobre poblaciones específicas en municipios como Urumita, Villanueva y San Juan del Cesar con el propósito de conseguir control social y a la vez, desplazar a los frentes de las FARC y el ELN que operaban en la zona. La expansión de los paramilitares fue rápida gracias al uso de la fuerza que no sólo se ejerció contra la guerrilla sino contra la población civil, gracias, también, al apoyo de los militares.

La masacre de Villanueva.

Las consecuencias iniciales de dicha expansión se hicieron evidentes el 8 de diciembre de 1998 con la masacre de Villanueva donde fueron asesinadas 12 personas. En 2002 con la consolidación del Frente Contrainsurgencia Wayúu (FCW) del Bloque Norte de las AUC, el incremento de la violencia paramilitar comenzó a visibilizarse con mayor amplitud en diferentes puntos geográficos de La Guajira. Con el objetivo de hacerse al control de zonas estratégicas como el puerto de Bahía Portete, el FCW fue responsable de varias acciones violentas en la Alta Guajira, entre las más reconocidas, la masacre de Bahía Portete.

Masacre de El Limón y Tomarrazón.

El 31 de agosto de 2002 en Riohacha, diecinueve personas, entre ellas varios menores de edad, fueron mutilados y ejecutados por integrantes del Bloque Resistencia Tayrona de las AUC, que vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y portaban armas de largo alcance en el caserío El Limón del corregimiento Tomarrazón. Al día siguiente de ocurridos estos hechos llegó el ejército y terminó de comerse los animales y saquearon la tienda comunitaria.

La masacre de Bahía Portete.

La masacre de Bahía Portete, que se prolongó durante tres días entre el 18 y 20 de abril de 2004, es considerada por muchos como una masacre dirigida exclusivamente contra la población wayúu, razón por la cual ha marcado no sólo la memoria de esta etnia, sino la memoria nacional. Esta masacre evidenció la manera en la que los paramilitares se aprovecharon de los conflictos internos del pueblo indígena y los utilizaron para alcanzar sus propios intereses, específicamente el control del puerto. Estos hechos protagonizados activamente por el FCW y pasivamente por algunos wayúu de Portete, terminaron profundizando conflictos internos, consolidando alianzas y creando un círculo vicioso de víctimas y victimarios dentro de la misma comunidad.

El puerto de Portete está ubicado en la Alta Guajira. Históricamente, desde este puerto, ha llegado el contrabando, las armas y han salido las drogas que han alimentado buena parte de los grupos armados y ejércitos privados de la región.

Existen diferentes versiones sobre las verdaderas motivaciones del FCW para cometer la masacre. Es importante precisar que dichas versiones necesariamente no son excluyentes entre sí y en su conjunto aportan un panorama completo de las razones detrás de la masacre.

Como se mencionó anteriormente, desde el 2002 el FCW comenzó a consolidarse en la Alta Guajira atraído por los amplios beneficios que brindaba el puerto de Portete.

La ubicación estratégica del puerto desató una disputa entre clanes por el control y usufructo del mismo que, sumado a la tradición wayúu respecto al comercio y el contrabando, convirtieron a la Bahía en un lugar codiciado no sólo por la comunidad, sino por los recién asentados miembros del FCW. Las disputas locales por el control del puerto se remontan a la década de los sesenta, época en la que Simón Barros Epieyu, conocido también como ‘Simón Bala’ controlaba el puerto en nombre de la comunidad de Portete. Sin embargo, con su muerte en 1984, su hijo José María Barros Ipuana mejor conocido como ‘Chema Bala’, tomó el control, hecho que profundizó el conflicto histórico con la familia Fince Epinayú, quienes también reclamaban el puerto como de su propiedad. Ante este contexto de conflicto entre castas por el usufructo del puerto y el valor estratégico que representaba Bahía Portete, se desencadenaron una serie de sucesos que sirvieron de detonantes para la masacre como los siguientes: 1. El asesinato de Nicolás Barros Ballesteros, hermano de ‘Chema Bala’ y Arturo Epinayú, sobrino de Nicolás, en el municipio de Uribia luego de denunciar la presencia de paramilitares en la zona. 2. El asesinato el 26 de abril de 2003 de Luis Eduardo Palomo Cotes y Wilson Antonio Barbosa, de la Policía Fiscal Aduanera a manos de miembros del FCW en la zona de Puerto Nuevo en el estadero de la familia Fince. Éste hecho significó el asesinato de otros miembros de esa familia después de sus declaraciones ante las autoridades por los eventos presentados. 3. Días antes de la masacre, miembros de la comunidad wayúu realizan una supuesta emboscada a integrantes del FCW. En dicha emboscada, se dice que los wayúu robaron un importante cargamento de cocaína a los paramilitares para luego incinerarlos sin dejar rastro alguno de lo sucedido. 4. José María Barros Ipuana alias ‘Chema Bala’, comerciante y contrabandista del puerto, aparentemente apoya la entrada del FCW a Portete. De acuerdo con algunas versiones, ‘Chema Bala’ llevó a los paramilitares al puerto e instigó la masacre para dar fin a la disputa ancestral entre su familia y los Fince Epinayú.

La supuesta complicidad de la fuerza pública en el hecho, particularmente de algunos miembros del Batallón Cartagena, dejó en evidencia el grado de vulnerabilidad de la población para la época. Entre el 18 y el 20 de abril del 2004, fueron torturadas y asesinadas un total de cinco personas, en su mayoría mujeres y niños. En esos días, las viviendas fueron hechas cenizas, se destruyeron cementerios y un número aún sin determinar de desplazados se vieron obligados a huir hacia asentamientos vecinos, incluso hacia Venezuela. Las continuas amenazas por parte de los paramilitares con posterioridad a la masacre, dieron paso a que indígenas de diferentes clanes organizaran una resistencia armada para hacerles frente. Esto generó mayor riesgo para la población pues en efecto la respuesta inmediata fue el incremento de las acciones violentas. Esto se evidenció en ataques contra familias wayúu que vivían en las zonas de los puertos naturales, particularmente las autoridades de las familias locales y sus parientes que se oponían al control de los paramilitares en la Alta Guajira.

Paramilitares y mafias del narcotráfico.

Con el objetivo de cimentar su control en la Media Guajira y luego en la Alta, el Bloque Norte contactó de nuevo a varios de los “hombre duros” del narcotráfico y el contrabando del departamento, específicamente aquellos que operaban en Maicao y Riohacha. A partir de 2001, conocidos contrabandistas guajiros como Mario Cotes, Luis Ángel González, Santander Lopesierra, “Kiko” Gómez Cerchar, el “Papa” Bolívar, Víctor Ojeda e integrantes de las familias Boscán, Mejía, Hernández y los Valdeblanquéz, se vieron obligados a lidiar con los paramilitares y a compartir su poder económico y militar. Sin embargo, dichas negociaciones perdieron validez una vez ‘Jorge 40’ tomó la decisión de someter a todos los poderes locales que representaban una amenaza para su proyecto de expansión. Consecuentemente, Mario Cotes, quien controlaba el contrabando en Maicao, fue asesinado por el mismo ‘Jorge 40’, el 10 de julio de 2002 y Luís Ángel González fue asesinado en circunstancias desconocidas, el 6 de marzo de 2003. Estos hechos le demostraron a la población que la intención de los paramilitares era convertirse en los únicos amos y señores de la zona. Como era de esperarse, la intromisión de los paramilitares alteró el statu quo de la economía ilegal local y produjo numerosas disputas entre los “hombres duros”, lo que facilitó a los paramilitares penetrar y controlar puntos estratégicos como Maicao, y la Media Guajira en general.

Desde su conformación, el FCW se arraigó rápidamente en La Guajira. Muestra de ello fue la creación de cinco grupos que se repartieron el territorio wayúu: Los Escorpiones, Los Buitres, Los Centauros, Los Halcones y Las Águilas Negras.

La desmovilización paramilitar.

El Bloque Norte de las AUC se desmovilizó en marzo de 2006 en El Copey y La Mesa en el departamento del Cesar.

Sin embargo, el Frente Contrainsurgente Wayuu, que para entonces tenía el control de la Alta Guajira, no se desmovilizó en su totalidad. Arnulfo Sánchez Gonzáles, mejor conocido como ‘Pablo’, continuó comandando el grupo que abandonó el nombre de FCW y pasó a ser conocido por las autoridades como Bacrim de la Alta Guajira (BAG), grupo que siguió desplegando con igual ímpetu las operaciones criminales del otrora grupo paramilitar.

La banda de los Escorpiones.

La banda Los Escorpiones, al mando de Arnulfo Sánchez González, alias ‘Pablo’ (capturado y extraditado a los EEUU), se tomó la Alta Guajira y sus puertos naturales. Los Buitres por su parte se ubicaron en el corredor que comunica Carraipía (Maicao) con Venezuela.

En los años recientes, los grupos armados ilegales que han hecho presencia en La Guajira son: Los Urabeños (llamados localmente Autodefensas Gaitanistas de Colombia), Los Rastrojos y un grupo armado al que se hace referencia como Los Giraldo, integrado por disidentes de Los Urabeños cercanos al desmovilizado jefe paramilitar Hernán Giraldo Serna.

Fuerzas Militares.

La Fuerza Pública hace presencia en La Guajira a través de la Primera División del Ejército Nacional, cuyas acciones son llevadas a cabo principalmente por la Décima Brigada Blindada, que cuenta con cinco unidades tácticas ubicadas en Riohacha, Distracción y Uribia. Por su parte, la Policía Nacional se encuentra presente en el departamento con estaciones en los municipios de Riohacha, Maicao, Uribia y Manaure. Adicionalmente, está en la región la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y el Gaula. Y en el municipio de Uribia, también hay Escuadrones Móviles de Carabineros ubicados en Nazareth.

Parapolítica.

La parapolítica en el Guajira se conoce desde que se desato el escándalo del exgobernador Francisco ‘Kiko’ Gómez. Desde mediados de los 90 fue un hecho que el jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, ‘Jorge 40’, era el hombre que decidía quién se quedaba con el poder político en la península.

Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar, capturado en el 2013 y condenado a 50 años de prisión por homicidio agravado y concierto para delinquir, es un parapolítico muy importante. Se le acusa de tener nexos con el paramilitar Marcos de Jesús Figueroa, alias Marquitos, con ‘Jorge 40’ y Salvatore Mancuso.

Con la llegada de los ‘paras’ en 1997 se inició la lista de gobernadores involucrados en líos penales o disciplinarios.

Álvaro Cuello Blanchar, elegido para el periodo 1997-2000, fue destituido e inhabilitado cinco años por irregularidades en la celebración de contratos para obras públicas. ‘Jorge 40’ lo mencionó en sus declaraciones.

José María Ballesteros, ficha de Kiko Gómez, hizo campaña con gente de ‘Marquitos’ Figueroa. Pariente del extraditado narco Santander Lopesierra.

La elección de Oneida Pinto también fue cuestionada por el supuesto padrinazgo de ‘Kiko’ Gómez y de los paramilitares

Desplazamiento y víctimas.

En la Guajira la población desplazada y víctimas de la violencia alcanza el 13% de la población. Son cerca de 114 mil personas, la mayoría de ellas ubicadas en Riohacha, Maicao y Dibulla.

Seis.

La violencia en Magdalena.

El departamento del Magdalena es una entidad administrativa territorial del Estado colombiano ubicado en el Norte del país con una extensión superior a los 23 mil kilómetros cuadrados y una población cercana al millón y medio de habitantes. Está organizado en 29 municipios y un Distrito portuario y turístico. El territorio tiene 4 subregiones bien caracterizadas. Estas son las del Sur, Centro, Norte y Santa Marta.

Se trata de un departamento con un importante desarrollo agrícola, ganadero, pesquero, portuario y turístico. Igualmente, allí también tiene influencia las economías ilegales asociadas con la comercialización de la marihuana y la coca.

La violencia ha sido un fenómeno social con graves consecuencias para los habitantes del departamento, especialmente para su población campesina afectada por masacres, secuestros, homicidios, desplazamientos y desapariciones. Esta situación golpeo a la región desde los años 80 y cobro auge durante los años 1996-2006 en que los paramilitares del Bloque Norte de Jorge 40 de las Autodefensas Unidas de Colombia, imperaron en diversos ámbitos de la vid social.

El fenómeno de la violencia ha estado asociado principalmente a los conflictos por la tierra en la región.

El departamento del Magdalena es uno de los más extensos del país, con 2.318.800 hectáreas de las cuales 1.672.648 están incorporadas a la frontera agropecuaria. En el año 2004, dedicaba 186.196 hectáreas a la agricultura y 1.351.552 a la ganadería, aportando el 2.9% de la actividad agrícola del país (conformada principalmente por cultivos transitorios, semipermanentes y permanentes), y ocupando el 8º puesto entre los departamentos con mayor cantidad de cabezas de ganado bovino en el país.

La tierra cultivada ha sido empleada en el establecimiento de los denominados cultivos “promisorios”, entre los que se encuentran la palma, la caña, el cacao y el caucho.

Esta iniciativa de reconversión surge en respuesta a los cuestionamientos sobre la relación entre el uso del suelo para la ganadería por parte de los propietarios de grandes extensiones de tierras y de algunos autores del despojo, y los efectos de esta actividad sobre el cambio climático y sobre la baja productividad del sector rural.

En los años 90 la gran propiedad territorial en la costa atlántica se consolidó y concentró mediante las compras de tierras por parte del narcotráfico, y desde el año 2000, hasta la actualidad el desarrollo de los cultivos promisorios en el departamento, han contribuido al proceso de concentración de la tierra en pocas manos. En el Magdalena, los precarios intentos de redistribución de la tierra se concretaron fundamentalmente en la titulación de baldíos, que representaron el 84% de las adjudicaciones a lo largo de 33 años (1970-2003), y correspondieron a una superficie aproximadamente cinco veces mayor que la entregada a través de la compra de tierras.

La violencia en el Magdalena se gesta en grupos propietarios de tierra y ganado, además asociados a prácticas criminales del negocio de la marihuana, que conforman aparatos de seguridad amparados en disposiciones legales e institucionales, para expandir sus patrimonios e influencias sociales y políticas. Estos grupos se transforman después en las bandas paramilitares que dan forma al Bloque Norte comandado por Jorge 40.

Los paramilitares en el Magdalena entraron de lleno en la disputa por la tierra provocando grandes desplazamientos campesinos

Los campesinos del Magdalena víctimas del despojo y del abandono forzado recuerdan que fueron obligados a dejar sus tierras bajo amenazas, y en el caso de los que recibieron dinero, las tierras fueron compradas a precios irrisorios, y bajo presión. Luego del desplazamiento forzado y el despojo de facto, seguiría la legalización de las tierras despojadas a manos de lugartenientes del paramilitarismo y otros testaferros, revistiendo el despojo con apariencia de legalidad a través del accionar cómplice de algunos funcionarios del INCODER - Regional Magdalena, y de la Notaria de Chibolo-, consolidando la modalidad de despojo conocida como “despojo por vía administrativa”.

Los señores de la guerra.

Autodefensas de Hernán Giraldo.

La historia de la violencia más reciente en el departamento del Magdalena, articulada con la de los años 50, se inicia, como ya lo señalamos más arriba, en 1986 cuando Hernán Giraldo Serna organizó las Autodefensas Campesinas de la Vertiente Nororiente de la Sierra Nevada de Santa Marta, luego de que mataran en un atentado contra él, a su hijo y yerno, quienes iban en su vehículo rumbo a la vereda El Mamey.

Los Rojas.

Mientras esto sucedía en la zona nororiental de la Sierra Nevada, el clan de los Rojas (Adán Rojas Ospino y sus hijos Rigoberto, Adán, José Gregorio y Camilo), procedente del Tolima y de Puerto Boyacá, crearon igualmente su grupo de autodefensa en la región occidental de este sistema montañoso.

Posteriormente, ambas organizaciones armadas se asociaron y a ellos se les sumó José María Barrera, conocido como ‘Chepe’ Barrera. Se hicieron llamar Los señores de la guerra. Este grupo, liderado por Hernán Giraldo, se extendió a La Guajira, donde hizo alianzas con los grupos delincuenciales de Palomino y Mingueo.

Estas alianzas hicieron que esa autodefensa campesina pasara a un plano guerrista y entran a organizar un grupo llamado ‘Los Caporos’, en los que participan grupos delincuenciales de Santa Marta, Barranquilla y La Guajira. Giraldo Serna logra que Álvaro Blanco, alias ‘Blanquillo’; Hernando Posada Yépez, alias ‘Marrano Negro’, en Guachaca; Ricardo Beltrán Luque, en Palomino; Agustín Lindo Redondo, Mario de Jesús Sánchez, alias Guartinajo, y otros más en Mingueo asuman su propuesta de guerra para acabar con la guerrilla que hacía presencia en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Historia de Hernan Giraldo.

Antes de crear la Autodefensa Campesina, Hernán Giraldo fue líder comunal en la Sierra Nevada, organizó grupos de seguridad privada conocidos como ‘Los Combos’ e hizo alianzas con el grupo delincuencial ‘Los Chamizos’, que dominaban el mercado público de Santa Marta. Junto a ellos asesinan en 1977 a siete jóvenes samarios que supuestamente eran delincuentes comunes. En plena conversación del gobierno del presidente Belisario Betancourt con las Farc en 1986, funda el Bloque Caribe de Autodefensas Campesinas de El Mamey. También organiza otro grupo armado conocido como los Guachaqueros²⁷.

Frente Zona Bananera.

Su papel en el fortalecimiento paramilitar fue clave. Ayudó a crear el frente Zona Bananera, comandado por Edgar Ariel Cardona, alias 57 o ‘Virgilio’. El frente Zona Bananera inicio con 24 hombres, de los cuales siete salieron de las filas de las autodefensas de Hernán Giraldo.

Artífice del exterminio de la UP.

Hernán Giraldo es el responsable del asesinato en 1996 de varios integrantes de la UP, entre ellos a los hermanos Garcés, a José Heberto Barriga de la Cruz, German Barriga Cruz, Arnulfo Garcés Arcila, Marcos Sánchez Castellano (abogado), Fernando Fernández Cervantes, Aníbal Sierra Charris.

Chepe Barrera.

José María Barrera alias ‘Chepe Barrera’ nació el 14 de marzo de 1938 en el municipio de Galán Santander. En la década de 1980, su familia viajó a Magdalena para montar varios negocios en Santa Marta. La familia Barrera llegó a ser latifundista y a tener una flota de embarcaciones que traía mercancías del Atlántico a Magdalena. Con el poder que alcanzó la familia, el hijo ‘Chepe Barrera’, José Barrera Prada, llegó a ser diputado en 1992²⁸.

Cansados de las extorsiones y secuestros de las Farc en la región, ‘Chepe Barrera’ creó a finales de 1980 ‘Los Cheperos’, un grupo de autodefensa que buscaban proteger a los ganaderos de las guerrillas. El grupo, que comenzó con un puñado de hombres entrenados militarmente para cuidar fincas, creció al punto de delinquir en varios municipios del sur del Magdalena como El Difícil, Ariguani, Santa Ana, Plato, El Banco, Guamal, San Sebastián, San Zenón, Pedraza, Chivolo, Pivijay y Sabanas de San Ángel. También delinquió en la depresión Momposina, en Bolívar, parte del Cesar, el norte de la Serranía de San Lucas y el occidente de la serranía de Perijá.

Esas autodefensas de Chepe Barrera pasaron a conocerse como Autodefensas del Sur del Magdalena e Isla de San Fernando.

Las mismas surgieron como protectoras de ganaderos y finqueros que sufrían la presión de las guerrillas. Velaban por neutralizar a las guerrillas que presionaban desde los departamentos de Bolívar y Cesar. Su radio de acción era localizado y su propósito no era expansionista. No obstante, hacia 1999, cuando el proyecto de las Auc estaba en marcha, el grupo de Barrera fue cooptado por el Bloque Norte de las Auc.

Para afianzarse y ganar legitimidad estos grupos iniciales de autodefensas organizaron en los años 90 las Convivir autorizadas por el gobierno de Ernesto Samper.

Las Convivir.

A partir de 1995 se crearon varias cooperativas de seguridad privada que a la postre se tornarían en unidades paramilitares: la Convivir ‘Conservar’ de Hernán Giraldo; la ‘7 Cueros’ y ‘Los Guayacanes’ del José María ‘Chepe’ Barrera, por citar algunos ejemplos. Después se conformaron otras unidades, a través o no de Convivir, y con el apoyo de grandes ganaderos y autoridades locales. Todo esto confluyó en la creación del temible Bloque Norte.

La guerra de Giraldo en el 2000 con los Rojas.

Hernán Giraldo le solicito permiso a los Castaño para atacar a los Rojas, sus antiguos socios, y encuentra el respaldo. Por eso los Castaño envían a la zona a Ramiro Bejarano, alias ‘Tolima’ y a otros más, quienes son los que dirigen el ataque contra el grupo de los Rojas, integrado por Rigoberto Rojas Mendoza, alias ‘Rigo’; Miguel Adán Rojas Mendoza, alias ‘El Negro’; José Gregorio Rojas Mendoza, alias ‘Yoyo’; Edwin Rojas, así como otros hombre oriundos de Santa Marta, como Edwin Rodríguez y Juan Carlos Peña.

Este ataque ocurre en el 2000. El seis de febrero de ese año van al corregimiento Bonda, de Santa Marta, donde estaba la base de los Rojas y durante dos horas sostienen enfrentamientos, muriendo tres miembros del grupo de los Rojas, quedando heridos padre e hijo. Mientras buscaban atención médica, fueron capturados por las autoridades Rigoberto y Adán Rojas y a partir de ahí salen del territorio y se quedan solo en la ciudad de Santa Marta. La victoria de Giraldo se sella con la entrega de dos miembros del clan de los Rojas quienes se rinden y se llevan 27 fusiles.

La pelea con los Castaño

Otro episodio importante que protagonizó Giraldo fue el suscitado a raíz de la masacre de ‘El Pechiche’, ocurrida el 9 de octubre de 2001, cuando Jairo Musso Torres, comandante de las autodefensas de Giraldo, asesino a seis personas, entre ellos tres agentes de la Policía Antinarcóticos que iban tras la pista de Musso.

Según las investigaciones de la Fiscalía Novena, Jairo Musso se enteró que iban a capturarlo y envió a sus hombres hasta el restaurante ‘El Pechiche’, sobre la Troncal del Caribe. Allí quedó un subintendente herido y es llevado ante Musso, lo ejecutan, queman el vehículo y las armas.

Este hecho hace que las autoridades empiecen una arremetida contra los paramilitares y los Castaño le piden a Hernán Giraldo que entregue a Musso, pero ‘El Patrón’ les responde con un comunicado que “un padre nunca entrega a su hijo”.

Los Castaño señalan a Musso como narcotraficante y deciden ir por él a la Sierra Nevada. Envían a paramilitares de varios frentes de toda la Costa Atlántica -Héroes de Montes de María, las Accu de Fundación, Elmer Cárdenas, Bloque Norte- que ingresan por Mingueo y Palomino, en La Guajira, y por Fundación, en Magdalena, con más de 300 hombres, se apoyan en los Rojas que conocen la zona y a sus colaboradores.

Se registran dos guerras, una en la parte baja de la Sierra (incluyendo Santa Marta) y otra en la parte alta. Los hombres enviados por Castaño asesinan a miembros de la estructura urbana de Giraldo, entre esos a José Edilberto Guzmán, alias ‘Quemaito’, junto con sus dos hijos menores, en la puerta de su casa, el 1 de diciembre de 2001; dos días después a Janer Cotes Leura; lanzan una granada a la ferretería Gómez Hermanos; ocurre la masacre de El Yucal, población que llenaron con letreros en contra de Giraldo.

Fue entonces cuando Hernán Giraldo organizó un paro armado en Santa Marta.

El 31 de diciembre Giraldo dio la orden a Jairo Musso de atacarlos en la vereda El Campano, combate que dura cuatro horas. Luego suceden varios ataques que provocaron el desplazamiento más grande que se ha registrado en esta región del país.

Los primeros días de enero de 2002 se presentaron enfrentamientos en diferentes sectores, los pobladores de El Campano se van a Minga y quedan en medio del fuego cruzado, por lo que los hombres de Giraldo, superados en número por los de Castaño, se van a Nuevo Mundo, donde son apoyados por ‘Tolima’ y aun así son alcanzados y se refugian en la finca Santafé, siguen su camino y llegan a Perico Aguao, a donde también llegan los hombres de los Castaño, bajo el mando de alias ‘60’, y matan a cinco campesinos que no se habían desplazado.

Los combates se registraron en los tres departamentos que atraviesa la Sierra Nevada y el último de ellos ocurrió en la vereda Quebrada del Sol, fortín de Giraldo, que se prolongó por 72 horas. Allí, Giraldo decidió hacer una tregua, les anunció a sus hombres dicha determinación y se reunió con sus comandantes en Buritaca.

Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’, comandante del Bloque Norte, fue designado por los Castaño para la negociación, y éste le pidió a Giraldo garantías para conversar. Giraldo le entregó a su hijo Daniel, quien se va a Medellín en calidad de rehén, junto con alias ‘90’. La reunión del acuerdo y cese de la guerra entre los dos grupos paramilitares se dio el 24 de febrero de 2002, en la vereda Los Cocos, en un acto público.

La firma de la ‘paz’ entre los dos bandos hizo que Hernán Giraldo perdiera el control de La Guajira donde estaba desde 1998. Los comandantes son mezclados y nace el frente Contrainsurgencia Wayuu, comandado por alias ‘Tolima’, quien se queda en territorio guajiro, mientras que Giraldo se queda como comandante del frente Resistencia Tayrona, pero ya como miembro del Bloque Norte y bajo el mando de ‘Jorge 40’.

A partir de ese momento suceden muchos hechos violentos en la Sierra y se arrecia la persecución contra la guerrilla de las Farc que disputaba el corredor en la parte media baja y media de la Sierra. Aracataca, Ciénaga, Fundación, Guachaca, La Tagua, El Campano, Nueva Granada, Siberia, Chimbarazo y Parranda Seca, son municipios, corregimientos y veredas que sufrieron la guerra paramilitar y aumentan los homicidios selectivos entre 2002 y 2003.

Paralelamente la ciudad de Santa Marta fue dividida por sectores que eran controlados por los paramilitares urbanos. En 2003, el Frente Resistencia Tayrona se extiende a La Unión, La Secreta y La Reserva. Asimismo, logran llegar a San Pedro de la Sierra, desalojando de la zona a los frentes 19 de las Farc y Javier Castaño del Eln. Allí se quedan hasta la desmovilización, en 2006.

En 2003 Adán Rojas se fue de Santa Marta para fortalecer la contraguerrilla en la Sierra Nevada y en 2005, Hernán Giraldo, decidió independizar el frente Resistencia Tayrona del Bloque Norte, en medio de las conversaciones con el Gobierno Nacional, y a su vez incita a ‘Jorge 40’ a no desmovilizarse. Sus bloques fueron de los últimos en dejar las armas. Giraldo se desmovilizó en febrero de 2006, junto con 1.167 hombres, y fue extraditado en mayo de 2008 a Estados Unidos, para que respondiera por delitos asociados a la exportación de drogas ilícitas a ese país.

Los otros frentes paramilitares.

En la zona Norte del Magdalena se organiza el frente William Rivas del Bloque Norte al mando de Carlos Tijeras el cual operó en Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca, El Retén, Pueblo viejo y Fundación.

Tijeras ingreso a las autodefensas en 1996 cuando un general de la primera división del ejército reunió a miembros de familias importantes de la región, como lo eran los Pupo, para unir a pequeños grupos de defensa contra la guerrilla.

Carlos Tijeras confesó 600 asesinatos y 2.155 hechos violentos por línea de mando, así como su colaboración en la preparación de falsos positivos, al parecer para miembros del Batallón Córdoba de Santa Marta, del Batallón Guajiro y de la Sijín del Magdalena.

Cabe destacar que el Frente William Rivas de las AUC no se desmovilizo con el resto de la organización en el año 2006, sino que se fraccionó, con el objetivo de mantener el control sobre las rentas ilegales en los municipios de Pueblo Viejo, Ciénaga, Zona Bananera, Fundación, Aracataca y El Reten. Dando de este modo inicio a un proceso de complejas interacciones, mutaciones y reconfiguraciones de las estructuras que no participaron en el proceso de desmovilización, así como otros se rearmaron y otros emergieron.

Guerrillas en Magdalena.

En la década de los 80, hacen su aparición en la región los grupos guerrilleros, primero las FARC-EP y luego el ELN, todo en el marco de sus planes nacionales de expansión territorial.

Las Farc.

En el caso de las FARC, el Frente 19 “José Prudencio Padilla”, nace como fruto de los planes estratégicos de la VII conferencia, que ordeno el desdoblamiento de los frentes existentes. Esta estructura guerrillera tuvo influencia en la vertiente de los ríos Córdoba y Ariguani en el departamento del Magdalena, así como en las zonas rurales de los municipios de Fundación, Ciénaga, Aracataca y territorios indígenas de los resguardos Kogui-Malayo- Arhuaco y Kogui (Aracataca y Cienaga) y Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Eln.

A inicios de la década de los 90, el ELN consolida su presencia en el Magdalena por medio de los Frentes Francisco Javier Castaño, que opero en la Sierra Nevada de Santa Marta, en área rural de los municipios Ciénaga, Santa Marta y Zona Bananera, y el Frente Domingo Barrios que tuvo como radio de acción las zonas rurales de los municipios de Aracataca, Ciénaga y Fundación

Violencia en El Reten.

El Reten y su territorio ha sido una región estratégica para las drogas y las armas Desde los años sesenta diferentes grupos armados se han disputado su control.

Allí estuvieron el ELN, las Farc-EP, ejércitos de seguridad privada, como “Los Cheperos”, y los comandados por el líder paramilitar Hernán Giraldo.

En 1999, Jorge 40, toma el control absoluto de la zona. A partir de entonces cambia la lógica del conflicto armado en el Magdalena. La vida de las mujeres de El Retén no volvió a ser la misma. La presencia del Bloque Norte se caracterizó por las masacres, la imposición de dinámicas sociales y la ejecución de múltiples violencias, entre ellas la violencia sexual.

Cualquier compañía que tuviese negocio con los dueños y productores de banano, llámese Chiquita Brands o Dole Food o cualquier otro nombre, coordinaba sus operaciones con el Frente William Rivas, que era el que tenía control completo en la zona.

El Frente William Rivas también colaboró abiertamente con el Ejército allí. Los militares tenían bases y retenes de seguridad en las vías públicas operando conjuntamente con los paramilitares. El principal batallón en el Reten era el Batallón de Infantería Mecanizado No 5 ‘Córdoba’, y con ellos los paramilitares operaban conjuntamente.

Violencia en Ciénaga.

La zona rural del municipio de Ciénaga (Magdalena), ha sido escenario de todas las formas y tipos de violencia directa que ha padecido el país en las últimas 4 décadas.

Parapolitica en Magdalena.

La alianza entre la elite política del Magdalena y los paramilitares del Bloque Norte de Jorge 40 es uno de los episodios más escandalosos de la historia política colombiana y caribeña.

Los paramilitares de Jorge 40 y de Mancuso direccionaron la organización del poder político y de los procesos electorales en el departamento para elegir alcaldes, gobernadores y senadores. El mecanismo utilizado fue el de los Pactos políticos entre los dirigentes de los partidos y los paras, como los Pactos de Chibolo, Pivijay y el Difícil.

Pacto de Chivolo.

Este pacto con los paramilitares se realizó por iniciativa de Jorge 40. Fue firmado el 13 de septiembre de 2000. A la convocatoria de los paramilitares asistieron 13 candidatos a alcaldías de varios municipios y 400 personas, entre aspirantes a concejos y a alcaldías²⁹.

Allí se decidió apoyar la candidatura del ex gobernador José Domingo Dávila Armenta a la gobernación del Magdalena y el respaldo a la alcaldía de Santa Marta de Hugo Geneco Arregocens.

En el Pacto de Chivolo (2000) se escogieron candidatos a la Asamblea del Magdalena, a concejos y alcaldías de 13 municipios

Entre los nombres que aparecen en el documento están los del entonces diputado Fernando Mozo Ortiz, ex miembro del tribunal de Garantías del Partido Liberal en ese departamento, Ramón Prieto, entonces alcalde de Pivijay y Franklin Lozano, alcalde de Zapayán.

También firmó el pacto Rodrigo Roncallo, representante a la Cámara investigado por parapolítica, y quien resultara elegido en las elecciones de 2001 como alcalde de Tenerife. En 2006, Roncallo llegó a la Cámara de Representantes apoyado por el senador Jorge Luis Caballero, investigado por la Corte Suprema de Justicia por sus nexos con los paramilitares del Magdalena.

En el 2007, el ex gobernador José Domingo Dávila y el ex senador Jorge de Jesús Castro Pacheco fueron condenados por los delitos de concierto para promover grupos armados al margen de la ley y la participación por los delitos perpetrados por los paramilitares pertenecientes al Bloque Norte.

El Pacto de Pivijay.

Este Pacto fue firmado el 22 Noviembre del 2001 en el municipio de Pivijay, en el estan comprometidas más de 110 personas, entre senadores, representantes, diputados, alcaldes y concejales³⁰.

La alianza definía el apoyo que debía dársele a las candidaturas de José Gamarra Sierra, a la Cámara, y de Dieb Maloof Cuse, al Senado, así como a los segundos y terceros renglones, entre ellos Jorge Castro y Gustavo Orozco Jaraba, quienes aparecen firmando

También se comprometieron con esa causa política los entonces alcaldes de Pivijay, Ramón Prieto Jure; de Sabanas de San Ángel, Manuel Meza Gamarra; de Algarrobo, Martha Miranda; de Zapayán, Franklin Lozano; de Salamina, Daniel Solano; de Remolino, Arnulfo Borjas, de Chivolo, Fernando Orozco; de Ariguani, Carmen Castro, y los diputados magdalenenses Jorge Vega Barrios y Fernando Mozo.

El pacto describe, detalladamente, el reparto de apoyos, el endoso de votos, los esfuerzos que cada uno debe hacer y hasta hace referencia al respaldo que se le debe brindar a un candidato a la Presidencia —no se dice el nombre de este— en la segunda vuelta. Se trato de Uribe Vélez.

Pacto del Difícil.

El Pacto del difícil se hizo a principios del año 2003 para elegir a Trino Luna como gobernador, a los veintinueve alcaldes del departamento en complicidad con los ‘paras’ y al senador Luis Eduardo Vives y los entonces representantes a la cámara Jorge Caballero y Alfonso Campo Escobar³¹.

Los convocados llegaron primero a la casa de Carmen Castro, hermana de Jorge ‘Tuto’ Castro, quien era el segundo renglón del senador Dieb Maloof en 2002. La hermana de Castro se desempeñaba como alcaldesa del municipio de El Difícil y terminaba su período ese año.

El objetivo de la reunión era transmitir el mensaje de ‘Jorge 40’, un proyecto político que consistía en tomarse el Magdalena con la ayuda de los concejales y alcaldes que se elegirían en octubre de 2003.

El caso de Karely Lara del municipio de Fundación.

Karely Lara, ex alcaldesa de Fundación en el período 2001-2003, llevo a cabo dentro de su mandato la contratación del recaudo de impuestos con la empresa Trian de los paras.

La ex congresista fue una de las firmantes del ‘Pacto de Chivolo’.

Lara tuvo relación con José Gregorio Mangonés Lugo, alias ‘Carlos Tijeras’, y Édgar Córdoba Trujillo, ‘Cinco Siete’, miembros del Bloque Norte.

La congresista fue elegida con apoyo paramilitar como representante a la Cámara por el departamento de Magdalena para el periodo 2006-2010, tras haber obtenido un total de 7957 votos en la lista (cerrada) presentada por el partido Cambio Radical.

El despojo paramilitar en el Magdalena

En el despojo paramilitar de cientos de campesinos funciono a la perfección la alianza entre paramilitares y politicos. Un caso emblemático es el del ganadero Cesar Augusto alias el ‘Tuto’ Castro, quien fue el principal beneficiario del robo de tierras en la subregión centro del departamento; entre el 2007 y el 2012 Castro, apoyándose en entidades del estado, desalojó a campesinos de «sus» predios y después creó un ejército anti-restitución.

Su hermano Jorge de Jesús fue senador beneficiado por un distrito electoral dispuesto por el bloque paramilitar. En otros casos, encontramos que los usufructuarios del despojo tuvieron la doble calidad de políticos y desmovilizados. Tal es el caso de Ramón Prieto Jure, dos veces alcalde de Pivijay y desmovilizado paramilitar, que se benefició de ventas forzosas en el municipio de Remolino.

Tenían la aquiescencia de notarías y oficinas de registro para tal formalización. Igualmente contaron con la venia de funcionarios de instituciones agrarias como el INCORA, posteriormente el INCODER. A cientos de campesinos incorados, beneficiarios de la reforma agraria, les declaraban revocatorias y caducidades de sus títulos, seguidas de nuevas adjudicaciones a testaferros paramilitares, sólo para el año 2003 se revocaron 134 predios, siendo los municipios de la subregión centro magdalenense los más afectados.

Augusto ‘Tuto’ Castro fue capturado en octubre de 2012 tras la recompensa ofrecida por el Presidente Santos, y luego, al igual que su hermana, beneficiado con casa por cárcel en el municipio de Ariguani.

Casos emblemáticos de despojos de tierra en el Magdalena.

Predio la Palizua.

Este predio está compuesto por ocho fincas: Santa Martica (601 hectáreas), Las Planadas (601 hectáreas), La Boquilla (390 hectáreas), La Cantaleta (92 hectáreas), Providencia (119 hectáreas), El Mulero (601 hectáreas) y las Mulas Altamacera (601 hectáreas). En estas fincas fueron asesinadas 19 personas, el 15 de agosto de 1997, los paramilitares les exigieron que dejaran sus tierras.

En estas fincas solo 48 campesinos tenían títulos, el resto eran poseedores que estaban haciendo el trámite ante el INCORA para que se las adjudicaran. En el año 2001, el INCORA adjudicó a varios familiares y hombres de confianza del paramilitar Augusto ‘Tuto’ Castro varias de las fincas de esta vereda. Entre los adjudicatarios se encuentra el prófugo jefe paramilitar alias ‘Codazzi’. En el caso de la finca La Boquilla, los parceleros, que poseían las tierras, pero no tenían títulos, también fueron desplazados el 15 de agosto de 1997 y sus predios terminaron en manos de ‘Tuto’ Castro.

Predio la Pola.

Está dividida en 10 predios que colindan entre los municipios de Chivolo y Plato, allí desplazaron a 72 familias, de las cuales solo 32 tenían títulos otorgados por el INCORA. Las otras eran poseedoras que nunca lograron que se les adjudicaran los predios, pero al ser desplazadas, los mismos fueron titulados a testaferros de ‘Jorge 40’ e incluso a familiares de desmovilizados. Entre estos predios están: La Pola (755 hectáreas) en donde tuvo uno de sus cuarteles ‘Jorge 40’, El Radio (470 hectáreas), Las Tolúas (344 hectáreas), Villa Luz (262 hectáreas) y Santa Rosa (1195 hectáreas). Varios de los nombres de las parcelas y sus propietarios aparecieron relacionados en una caleta que le fue descubierta a ‘Jorge 40’ en un allanamiento que hizo el Ejército en 2006. En el predio Santa Rosa, por ejemplo, que había sido habitado por campesinos en 1984 y que nunca fue titulado por el INCORA, cuando los campesinos regresaron luego de 10 años de destierro, se encontraron con que los paramilitares hicieron escrituras paralelas que hoy son reclamadas por un particular. También está el caso del predio Villa Luz, en donde los campesinos fueron desplazados y a su regreso en 2007 descubren que se hicieron otras escrituras en Barranquilla. El nuevo ‘propietario’ ha hecho varios intentos de desalojo con el apoyo de la Policía y la alcaldía de Chivolo.

Predio Parapeto.

Este es uno de los predios más grandes (3 mil hectáreas) de los que fueron despojados por los paramilitares en el centro del Magdalena. En 1997 sus propietarios fueron desplazados por hombres al mando de ‘Jorge 40’, entre ellos Edmundo de Jesús Gillén alias ‘Caballo’ y ‘Codazzi’. Después de la desmovilización paramilitar, varias familias intentaron regresar, pero se encontraron con otras personas, también desplazadas, dentro de los predios. Los dueños iníciales reclaman que saquen a los nuevos ocupantes de las fincas, mientras que éstos últimos piden al Incoder que les titulen los predios.

Predio Canaán.

El señor Edulfo Escobar de la Cruz tenía cuatro predios que sumaban 1.014 hectáreas, llamados Canaán, No hay como Dios, El Caquetá y Vista Hermosa, y fue obligado a venderlos a finales de 2001, por Augusto ‘Tuto’ Castro, testaferro de ‘Jorge 40’. Castro le puso precio y fecha a la venta, de lo contrario asesinaría a Edulfo, a su mujer y sus hijos. El campesino la vendió y se desplazó a otra ciudad de la Costa. Sin embargo, cuando intentó recuperar su predio, después de la desmovilización paramilitar, se enteró de que las cuatro fincas estaban a nombre de otra persona, que las había rebautizado como Villa Lorena y su dueño, al que ‘Tuto’ Castro le había vendido, ya las estaba negociando con el INCODER. Edulfo envió varias cartas al Instituto sin poder frenar la negociación, que se concretó el 9 de abril de 2010.

La modalidad del despojo por vía de hecho administrativa, fue también implementada en el caso de los predios de la vereda El Encanto, destacándose los siguientes elementos comunes: Las familias víctimas del despojo tenían precarias relaciones con los predios, (generalmente eran poseedoras u ocupantes). Varias de las familias que vivían en estos predios fueron víctimas de amenazas, asesinatos, o desaparición forzada.

Con el respaldo de esta titularidad las tierras fueron “pobladas” por nuevos colonos, y destinadas a la ganadería o a cultivos de teca y palma. En el municipio de Chivolo se evidenció que el 28% de los casos de despojo fueron mediante la ejecución del modelo de caducidad administrativa, solo durante el año 2003, el INCORA habría revocado 134 títulos a campesinos de 13 municipios en el departamento, en zonas de fuerte presencia paramilitar.

Desplazamiento forzado y victimas en Magdalena.

Durante el período 2001-2008, los municipios de Fundación, Santa Marta, Ciénaga, Pivijay y Zona Bananera, pertenecientes al departamento del Magdalena, se ubicaron dentro de los 20 municipios con mayor índice de desplazamiento forzado en Colombia.

En la actualidad el número de víctimas registradas en el Magdalena es de 336 mil personas.

Masacres.

Las masacres en el Magdalena, excluyendo los municipios de la Sierra Nevada de Santa Marta, es decir Santa Marta, Ciénaga, Aracataca, Fundación y Zona Bananera, se intensificaron a partir de 1998 pero adquirieron su máximo nivel a inicios de los 2000 cuando las Auc intensificaron los guerra.

Las masacres de tres o más víctimas según el Departamento de Policía del Magdalena pasaron de 42 en 1998 a 45 en 1999 y a 116 en 2000, siendo El Piñón, Pueblo Viejo, Salamina, Tenerife, El Banco y Plato los municipios más afectados.

El Bloque Norte fue extraordinariamente sanguinario. Jorge 40 y sus hombres cometieron en el departamento 80 masacres con un total de 521 víctimas, y buena parte de los hechos victimizantes como desplazamientos, desapariciones forzadas y homicidios mantienen sus picos más altos durante el periodo de su expansión (1998-2004).

Por esa época, a las puertas del siglo XXI, ocurrieron tres de las peores masacres que hayan tenido lugar en el Magdalena. La primera fue al medio día del11 de enero de 1999, en Playón de Orozco, corregimiento de Pivijay, en la que 45 hombres asesinaron a 27 personas.

Un año después, al amanecer del 12 de febrero del año 2000, un grupo de hombres armados llegó a Bocas de Aracataca, un pueblo palafítico en la desembocadura del río Aracataca, y asesinaron a 11 personas que fueron sacadas de sus casas. Las doscientas familias que vivían en lo que todos conocen como Trojas de Cataca, se fueron y ocho años después sólo han regresado 25 familias.

La última de estas tres masacres fue en la madrugada del 22 de noviembre del año 2000 en El Morro, también conocido como Nueva Venecia, corregimiento de Sitionuevo, Magdalena, en la que fueron masacradas oficialmente 39 personas, pero los habitantes creen que nunca se sabrá cuántas víctimas hubo, porque nunca se encontraron los cuerpos de varios pescadores desaparecidos.

Siete.

Violencia en Barranquilla y su Área Metropolitana.

Incursión del Bloque Norte en el Atlántico y Barranquilla.

Barranquilla es el principal centro urbano del Caribe colombiano con una población cercana al Millón Dos Cientos Mil habitantes. Es la capital del departamento del Atlántico y el eje de un Área Metropolitana de la que además hacen parte los municipios de Soledad, Galapa, Puerto Colombia y Malambo, con cerca de Dos Millones Doscientos Mil habitantes.

La economía de la ciudad y el Área Metropolitana es industrial, comercial, de servicios, turística y portuaria.

El poder político de la ciudad está en manos de una casta política corrupta que sostiene su dominio mediante la compra de votos como lo acaba de denunciar la ex senadora Aida Merlano que hizo parte de esas roscas siniestras dominantes en la región.

Barranquilla y el conflicto armado.

A comienzos del nuevo siglo, el departamento del Atlántico parecía mantenerse al margen del conflicto armado que padecía el litoral Caribe, pese a que su capital, Barranquilla, era punto de llegada de miles de desplazados de la región. La situación comenzó a complicarse en el año 2000, cuando llegaron los paramilitares a la ciudad.

La incursión de los paramilitares.

En el primer semestre de 2000, Jorge 40 encargó a un sargento retirado del Ejército, conocido como Jair, para comandar la estructura paramilitar en Atlántico, empezando por su capital. Esta estructura fue inicialmente conocida como Frente o Comisión Atlántico y en sus inicios no contaba con más de veinte hombres. En el primer semestre de 2002 llegó a su comandancia Wilson Rafael Posada Reales, alias José Pablo Díaz, quien fuera asesinado meses después, asumiendo en su reemplazo la comandancia Wilson Herrera Rojas, alias Gafitas. De esta estructura se originó, en 2003, el Frente Tomás Freyle Guillén, liderado por Juan Carlos Freyle Guillén.

Díaz, también llamado ‘Moncho’ y sus hombres comenzaron por Palermo, un pueblo frente del puerto de Barranquilla, al otro lado del río Magdalena. De allí siguieron por Soledad y así sucesivamente fueron sembrando terror con una mano, y haciendo negocios turbios con la otra, uno a uno, en casi todos los municipios del Atlántico.

Para el segundo semestre del mismo año fue nombrado comandante Édgar Ignacio Fierro Flórez, llamado Don Antonio, capitán del Ejército y subteniente de la Armada Nacional.

Fierro Flórez nació en el municipio de Campoalegre, Huila, en 1975. Se formó como oficial del Ejército, en el programa de Ciencias Militares de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, en Bogotá.

En agosto de 2002 fue destituido del Ejército, luego de realizar un allanamiento ilegal en el Cesar. En marzo de 2003 se vinculó al BN por mediación del segundo al mando de Jorge 40, el ex mayor del Ejército David Hernández Rojas (39).

Conformación del Frente José Pablo Diaz.

El FJPD se instaló en el departamento del Atlántico y en el vecino municipio de Sitionuevo, Magdalena.

Don Antonio organizó el FJPD como una estructura centralizada, compuesta por diez comisiones, cada una con funciones y control territorial específico.

Las Comisiones del JPD.

Las comisiones que conformaban el FJPD eran las siguientes: Comisión Metropolitana: hizo presencia en la ciudad de Barranquilla y el municipio de Soledad. Comisión Centro: con presencia en los municipios de Baranoa, Galapa, Polo Nuevo y Usiacurí. Comisión Oriental Norte: su área de influencia comprendía los municipios de Malambo, Sabanagrande, Santo Tomas, Palmar de Varela, Ponedera, Candelaria, Santa Lucía y Suan. Comisión Dique y Cordialidad: los municipios bajo su responsabilidad fueron Sabanalarga, Luruaco, Repelón y Manatí. Comisión Magdalena: esta comisión era la encargada del municipio de Sitionuevo, incluyendo todos sus corregimientos. Comisión Vía al Mar: esta comisión era la encargada de controlar el narcotráfico que pasaba por el departamento, incluyendo el cobro de “impuestos” por las operaciones realizadas en la zona. Este dominio lo ejercían entre los municipios de Puerto Colombia, Juan de Acosta, Tubará y Piojo. Comisión financiera (La Empresa). Comisión de la gasolina. Comisión política. Comisión de inteligencia.

Narcotráfico.

El FJPA tuvo varios músculos económicos, siendo el narcotráfico su principal fuente de financiación.

Eso lo facilito que heredó a principios de 2000 las rutas del Cartel de la Costa, luego de su desarticulación a finales de 1998.

Si bien el negocio ilegal estaba bajo el dominio desde la década de los ochenta por grupos como el Cartel de la Costa, del extraditado Alberto Orlandez Gamboa, alias ‘El Caracol’, el Clan Nasser Arana y los Mellizos Mejía Múnera, el jefe paramilitar Jorge 40’ encargó a Miguel Villareal Archila, alias ‘Salomón’, subintendente retirado de la Policía, para que controlara todo el narcotráfico que saliera entre las ciudades de Barranquilla y Cartagena.

En complicidad con la policía, los narcotraficantes y paramilitares sacaron por los puertos del Atlántico más de 100 toneladas de coca entre 2003 y 2006; además los paramilitares cobraron por cada kilo un impuesto que osciló entre 50 y 75 dólares.

La segunda fuente de recursos fueron las extorsiones.

Los cobros de vacunas los hacían a todos los finqueros y comerciantes ubicados entre el corregimiento de Palermo y el puente de Aguas Negras.

Captura del Estado.

La actividad criminal desplegada por el paramilitarismo en la ciudad de Barranquilla, fue favorecida por la complicidad de agentes estatales que por simpatía, coerción o cooptación facilitaron su expansión y consolidación, produciéndose en este caso una parcial reconfiguración cooptada del Estado.

‘Don Antonio’ tuvo estrechos vínculos con Gabriel Turizo, quien fuera director del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General Justicia de la Nación en los departamentos de Atlántico y La Guajira.

Con la ayuda de funcionarios de la Registraduría Nacional, sustrajo las fichas con sus huellas dactilares y toda la información que había sobre él en esa entidad. Recibió ayuda del excongresista Pedro Peñalosa, suplente del también excongresista Jorge Luis Caballero, condenado por la Corte Suprema de Justicia a seis años de prisión por sus vínculos con el paramilitarismo.

Violencia urbana en Barranquilla.

Barranquilla fue la ciudad más afectada con la presencia paramilitar con 1664 asesinatos entre 2003 y 2006, seguida por Soledad con 572 y Malambo con 116.

El grupo paramilitar comandado por ‘Don Antonio’ fue responsabilizado, entre otras cosas, de la comisión de 245 asesinatos selectivos, del desplazamiento forzado de por lo menos 592 personas, todo esto sin que en ese departamento se haya dado un solo combate entre las Auc y la guerrilla³².

Las Auc golpearon con fuerza a las organizaciones sociales. El Frente José Pablo Díaz empezó una ofensiva contra defensores de derechos humanos, académicos, estudiantes, políticos, comerciantes, ganaderos, líderes sindicales y comunitarios, miembros de las comunidades LGBT (lesbianas, gay, bisexuales y transexuales) a quienes amenazaron, desplazaron y asesinaron, para encubrir la verdadera razón de su presencia en el Atlántico.

La estigmatización de los paramilitares contra los miembros de los sindicatos llegó a tal punto que amenazaron a 63 sindicalistas afiliados a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Entre 2005 y 2006 los paramilitares amenazaron a 890 sindicalistas, estudiantes y docentes de la Universidad del Atlántico. En este último año los paramilitares asesinaron a 3 sindicalistas.

Uno de los crímenes más emblemáticos fue el cometido contra Adán Alberto Pacheco Rodríguez, ex presidente del Sindicato de Electricaribe.

El Frente José Pablo Díaz asesinó entre 2001 y 2003 a Ricardo Orozco, Carlos Barrera Jiménez, Luis Torres, integrantes de Anthoc; a Carlos Barrero, activista de Anthoc y ex trabajador del Hospital de Barranquilla, y a José Mendivil Cárdenas, miembro de la cooperativa de transportadores Cootrab y de Amnistía Internacional.

Otro de los crímenes fue el del abogado Miguel Antonio Espinosa, quien se había caracterizado por su trayectoria en organizaciones sociales, ocupando los cargos como el de Presidente del Sindicato del Dane, presidente de la CUT, militante de la UP y presidente ad honorem de la Liga del Usuario de Servicios Públicos Domiciliarios. Como abogado había ayudado a víctimas de desplazamiento que vivían en el barrio La Pradera, y al sindicato Anthoc.

Entre las víctimas de casos más sonados están el ex presidente del sindicato de Electricaribe Adán Pacheco, el profesor universitario Alfredo Correa De Andreis, el ex secretario de gobierno del Distrito de Barranquilla y defensor de derechos humanos Pedro Pérez Orozco; Eislen Escalante Pérez, quien había llegado de Cúcuta once años atrás perseguido y asesoraba a un grupo de desplazados que habían tomado posesión de una isla en el Río Magdalena apetecida por ganaderos, empresarios y políticos; también fue asesinado el sindicalista del tránsito José Mendivil.

Pero los casos no se limitan a la persecución sistemática contra líderes sociales que se caracterizaban por su defensa de los derechos de los desplazados y las víctimas de la violencia, también fueron acribillados el presidente del Consejo de Administración de Coolechera Gustavo de Silvestri y varios miembros del sindicato de esa cooperativa fueron perseguidos en un intento del Bloque Norte por apoderarse de la principal empresa de lácteos en la región Caribe.

Mataron al secretario de salud de Sabanalarga, Antonio José Muñoz Vizcaino, porque se opuso a entregar la contratación en salud a empresas señaladas por el grupo paramilitar y porque, de acuerdo con informes de policía judicial, iba a viajar a Bogotá a denunciar la complicidad entre ese grupo y la administradora del régimen subsidiado Barrios Unidos de Quibdó.

Limpieza social

El FJPD también inició una mal llamada “limpieza social” a través de asesinatos de vendedores y consumidores de droga, y miembros de bandas armadas ilegales, entre otras acciones, como una manera de tomar el control de la criminalidad de Barranquilla y sus alrededores.

El FJPD desplegó su violencia contra personas señaladas por ellos de desestabilizar la convivencia y desmejorar la seguridad en barrios y municipios de Barranquilla. Aquí las víctimas serían las personas señaladas de ser consumidoras de sustancias psicoactivas, de estar dedicadas al hurto y a la prostitución. El trabajo de “limpieza social” produjo también un impacto social, mejorando la percepción de seguridad de los habitantes residentes en las zonas que los paramilitares decían proteger y cuya confianza debían ganar

Además, estas operaciones permitieron regular la actividad criminal, eliminando la competencia y monopolizando actividades como la extorsión, el microtráfico de drogas ilícitas, el sicariato y los robos de gran escala.

En cuanto a la política de homicidios retributivos, fueron asesinadas y desaparecidas personas especialmente comerciantes, dueñas de pequeños negocios, conductores, propietarias de tierras y ganado, así como tenderos, las cuales se negaban a pagar las extorsiones exigidas por el FJPD.

Los paramilitares procuraron controlar a las pandillas, las organizaciones dedicadas al cobro de extorsiones y el tráfico de drogas ilícitas, especialmente en Barranquilla y los municipios de Ponedera, Soledad, Sabanagrande, Malambo, Santo Tomás y Palmar de Varela, que bordean el río Magdalena.

Parapolítica en Barranquilla.

A pesar de que el FJPD de las AUC, logró permear instituciones públicas en la ciudad de Barranquilla y cooptar por distintos medios a varios agentes estatales, en esta ciudad no lograron penetrar completamente las estructuras políticas, ya que los barones electorales de la ciudad, se resistieron a las alianzas con el paramilitarismo y no compartieron la administración pública con actores ilegales a diferencia de ciudades como Montería, Santa Marta, Sincelejo y Valledupar en las que el Bloque Norte de las AUC se apoderó totalmente del poder político.

Pero fue durante la campaña electoral de Guillermo Hoenigsberg que el FJPD logra su ingreso a los espacios políticos de la ciudad.

El FJPD le entregó a la campaña de Hoenigsberg 2.700 millones de pesos a cambio de su participación activa en la administración.

Con la financiación ilícita de la campaña de Hoenigsberg, logran posteriormente afianzar sus alianzas políticas y electoral regionales; por medio de la coerción armada y el fraude electoral los senadores Mauricio Pimiento, Álvaro Araújo y Dieb Maloof obtuvieron el apoyo electoral de la administración de Hoenigsberg en Barranquilla y de la alcaldesa de Soledad, Astrid Barraza.

Plan Caribe.

Algunas versiones señalan la existencia del Plan Caribe, el cual supuestamente consistía en una alianza entre el BN y algunos políticos del Atlántico, con el fin de lograr alguna participación de los paramilitares en las elecciones de 2006 al Congreso.

El Plan Caribe fue liderado por Jorge 40, Don Antonio y Carlos Mario García, alias El Médico, y consistió en que el entonces alcalde Guillermo Hoenigsberg brindaría apoyo a algunos candidatos al Congreso que contaban con el respaldo paramilitar. Entre los señalados se encontraban Álvaro Araujo, Mauricio Pimiento y Dieb Maloof.

El apoyo de Guillermo Hoenigsberg a los paramilitares y el porcentaje de la contratación municipal que debía entregar al FJPD y al BN, eran la supuesta contraprestación que este debía pagar por el dinero que los paramilitares invirtieron en su campaña a la alcaldía.

Por otro lado, el nombre de Dieb Maloof se ha relacionado con el asesinato de Nelson Ricardo Mejía Sarmiento, alcalde del municipio de Santo Tomás, perpetrado por integrantes del FJPD, el 29 de abril de 2004, en la ciudad de Barranquilla. Se ha afirmado que el motivo fue la negativa del alcalde para que los paramilitares se apropiaran de los recursos públicos del municipio. Por estos hechos la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación le dictó medida de aseguramiento el 30 de julio de 2015 al encontrar su responsabilidad como determinador del asesinato. Meses después, el 23 de diciembre de 2015, se conoció que la Fiscalía 56 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá precluyó la investigación en contra de Maloof por falta de pruebas.

Al ya mencionado caso del alcalde de Santo Tomás (Atlántico), se le suman los asesinatos del exalcalde Hernán Anselmo Navarro Manga y de los exconcejales Julio Alberto Gutiérrez Rosales y Jorge Enrique Vergara Martínez, de Sitionuevo, Magdalena.

El asalto a la salud por los paramilitares.

Una parte importante de las finanzas del BN (y de las AUC en la costa Caribe) provenía de un impuesto a la contratación, que era cobrado a la administración pública de más de cien municipios por los contratos con las administradoras del régimen subsidiado (ARS) y sus proveedores. Del diez por ciento del total cobrado, 3,33 por ciento lo tomaba el frente encargado del cobro (el cual actuaba en el municipio), y un porcentaje similar lo recibían altos funcionarios locales, como alcaldes, gobernadores, diputados; un uno por ciento se destinaba para tesoreros departamentales o municipales y otros directores de entidades territoriales que brindaran información y colaboración. El restante 2,33 por ciento paraba a manos de la Red de Contratación, que, a su vez, de lo que le correspondía, le entregaba una cuota a los paramilitares.

Desplazamiento y víctimas.

Según el Registro Único de Víctimas para el Atlántico la cifra del desplazamiento aumentó exponencialmente con la llegada del BN. En 1996 se registraron 136 personas desplazadas forzosamente del Atlántico, aumentando considerablemente a partir del año 2000 donde se registraron 1.026 personas desplazadas frente a las 229 del año inmediatamente anterior. Durante la década de los noventa se presentaron 1.023 personas víctimas de desplazamiento forzado, mientras que entre 2000 a 2006, período de presencia del FJPD, los casos totales fueron 9.017.

El número de casos de desplazamiento empezó a aumentar constantemente desde 2000, logrando reducirse de forma mínima el siguiente año, y de nuevo ascender y alcanzar su pico más alto en 2004, con 1.614 personas desplazadas, y mantenerse de cierta forma constante hasta 2007, un año después de la desmovilización, con 1.495 casos reportados. Los años 2003 a 2007 reportan el mayor número de casos de desplazamiento en el Atlántico.

Las víctimas en Barranquilla son cerca de 160 mil.

El caso de Soledad.

Capítulo aparte merece el caso del municipio de Soledad, Atlántico, donde las autodefensas tuvieron mucha influencia en la Alcaldía y los hospitales. Asesinaron al candidato a la alcaldía en el 2003, José Castillo, y después le impusieron a su viuda, Rosa Stella Ibañez, elegida alcaldesa para el periodo 2004 – 2007, el pago de cuantiosas comisiones por concepto de toda la contratación. En los hospitales el grupo comandado por Fierro impuso a varios gerentes y logró que el Materno-infantil nombraran a una hermana de Fierro, hoy condenada y presa.

También montaron empresas de seguridad y vigilancia que algunos les atribuyeron gran parte de las muertes que causaron a los más marginados, habitantes de la calle y bazuqueros. Además, a los vendedores del mercado público de Barranquillita les sacaban un promedio de 50 millones de pesos mensuales y mataron a los que se resistieron a pagar. También entre ellos se mataron en vendettas internas. En total la Fiscalía calcula hoy que el frente de Fierro es responsable de 700 asesinatos.

Ocho.

Consecuencias de la violencia. Víctimas, masacres, desaparecidos, despojo de tierras y desplazados.

El despojo de tierras.

El despojo de tierras fue parte del repertorio de violencia de los paramilitares. Este fue sistemático y afectó a los más pobres que habitaban territorios con abundancia de recursos naturales, entre ellos el carbón, el petróleo y el gas metano asociado al carbón.

En el 2003, con Uribe en la Presidencia, los paramilitares se empezaron a beneficiar de la adjudicación de tierras despojadas.

Existió una relación entre el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, Incora, ‘Jorge 40’ y políticos de la región, para legalizar miles de hectáreas de tierras usurpadas a la fuerza a campesinos pobres en el Magdalena.

En el 2003, el Incora revocó por la vía administrativa 134 títulos a campesinos de 13 municipios de Magdalena en donde imperaba Jorge 40. Estas tierras habían sido otorgadas por este mismo instituto a la población campesina que en los ochenta y noventa reclamaban su derecho a la tierra.

Cuando a sangre y fuego ingresan los paramilitares al departamento inició el desplazamiento forzado y la ocupación de estas tierras. El Incoder, nombre con el que renombraron en el gobierno de Uribe al Incora, revocó los títulos a la población en un plan relámpago y los volvió a adjudicar a terceros, en un promedio de dos predios por día. El argumento fue básico, el campesinado abandonó la tierra. Según cifras de Acción Social, de estos municipios fueron desplazadas un promedio de 199.746 familias entre el 2000 y 2009 y asesinadas 9.642 personas entre 1990 y 2009.

Detrás del despojo estuvieron el interés de políticos reconocidos como Neyla Alfredina Soto Ruiz, Miguel Castro Gnecco, el empresario Saúl Severini y Augusto ‘El Tuto’ Castro, hermano de un congresista, Chepe Barrera, Omar Montero, entre otros.

Con el despojo de tierras a comunidades indígenas, afros y campesinas, se abrió el camino a los proyectos de explotación de recursos naturales muy a la par con la adjudicación de licencias ambientales por parte del gobierno central. Estas dos prácticas se combinaron durante los dos periodos presidenciales de Uribe Vélez en todo el país.

Nueve.

Neoparamilitarismo³³.

El paramilitarismo no ha desaparecido en la región Caribe, núcleos sucesores de las AUC han permanecido en el tiempo y el territorio, y se activan tratando de relanzar el Bloque Norte, en la disputa por las rentas del Estado, la captura del mismo, las rentas del narcotráfico, del microtráfico y el despojo de la tierra a los campesinos³⁴.

El neoparamilitarismo se surte y alimenta en las viejas estructuras criminales constituidas con las Autodefensas de los años 70 y con la presencia del paramilitarismo de las AUC del Bloque Norte. Sobre los distintos frentes que se organizaron y desmovilizaron parcialmente en el año 2006 se gestaron nuevas articulaciones criminales. Desde el Frente Resistencia Tayrona de Hernán Giraldo se gestaron los Pachencas ( Conquistadores de la Sierra) y la Oficina de Barranquilla; igual sucede con la banda de los 40 y sus nexos con los restos del Frente José Pablo Diaz de Don Antonio en Barranquilla; o con las bandas criminales del Norte de la Guajira que de hecho prolongaron al Frente Resistencia Wayuu³⁵ que nunca se desactivo (el núcleo básico del denominado ‘FCW’ que operó en la Alta Guajira nunca se desmovilizó) no obstante que en marzo de 2006, el bloque Norte al mando de ‘Jorge 40’ desmovilizó a 4.759; sin embargo; o con la presencia de los Urabeños y Rastrojos en el Cesar a partir de las ruedas sueltas o los renuentes de los Frentes Juan Andrés Álvarez, Mártires Cacique de Upar, Resistencia Motilona y Héctor Julio Peinado.

En periodo comprendido desde el 2007 al 2013 se ha registrado la presencia de 15 redes criminales en la Sierra Nevada de Santa Marta. Mismas que han tenido un estrecho vínculo con los herederos de Hernán Giraldo y con la “Oficina Caribe” creada en el 2005. Las estructuras criminales que han hecho presencia desde el 2006 son el Grupo Especial, Águilas Negras, Los Mellizos, Bloque Cacique Arhuaco, Bloque Nevado, Los Paisas, Los Urabeños, la Oficina de Envigado, Los Rastrojos, La Oficina Caribe, La Silla y Los Pachencas.

El arribo de estas redes delincuenciales se explica por la división de los hijos de Hernán Giraldo. De un lado esta Alberto Giraldo y de otro Daniel Giraldo.

Redes de seguridad privada e informantes.

Adicionalmente en algunos municipios del Cesar como Becerril, las acciones y el avance del Eln en el Centro y Sur del Departamento, son utilizados por un sector de ganaderos y de la Policía para incentivar a los campesinos y comerciantes para organizar un grupo de seguridad privada que tiene un retén en el sitio conocido como Casablanca, una vereda entre Becerril y La Jagua.

Este grupo se formó luego de que se convocara a varias reuniones con diferentes sectores de la población con el objetivo que contribuyeran para dotarlos de armas cortas, radios y celulares, para vigilar la entrada y salida de personas de ciertas veredas en las que se presentaron casos de abigeato.

El paraguas que se está utilizando la estrategia propuesta desde el gobierno nacional de crear redes de participación cívica, con la que se permite la asociación de la Fuerza Pública y la sociedad civil, lo que es visto como una nueva forma de revivir las redes de cooperantes para por ese mismo camino se organicen grupos neoparamilitares.

La historia regresa, los vacíos de poder son copados por los grupos armados ilegales, que aprovechan para controlar territorios en donde se convierten en el poder de facto, siguen siendo mediadores, regulan las dinámicas económicas y siguen mostrándose como responsables de la seguridad del territorio y de los ciudadanos.

La Banda de los 40.

‘Los 40’ fue la banda que hasta 2008 siguió los negocios ilegales del Bloque Norte en Atlántico, Bolívar, Magdalena y Cesar, incluyendo la cooptación de contratos públicos en alcaldías y gobernaciones. ‘Salomón’ fue su jefe militar quien se enfrentó a los Paisas y Nevados por el control de los negocios ilícitos en el Atlántico, Bolívar, Magdalena y Sucre.

La Banda estaba conformada por 180 personas. De los cuales 107 pertenecían a la estructura del Atlántico. De estos, 24 eran funcionarios públicos, en particular de las agencias de seguridad del Estado como la Policía Nacional, DAS, CTI, Ejército y Armada Nacional.

Al igual que el Frente José Pablo Díaz, la banda –llamada de los 40 por su lealtad ‘Jorge 40’–, tenía una estructura militar y otra financiera.

El comandante general era ‘Salomón’, pero tenía como jefe político a Mario Marenco Egea, conocido como el “Gordo”, quien había trabajado con Carlos Mario García, alias “Gonzalo” o el “Médico”, comandante político de ‘don Antonio’.

La Banda delinquía principalmente en Barranquilla y Atlántico.

La B40 fue desmantelada porque su ‘franquicia’ se vendió a ‘Los Mellizos’ Mejía Múnera y además la Dijín arrestó a más de 80 personas

El reinado de ‘Salomón’ y su B40 comenzaron a desvanecerse a comienzos de 2007. Los hermanos Mejía Múnera, apodados ‘Los Mellizos’, habían hecho un trato con el mismo ‘Jorge 40’ para «comprarle» una especie de franquicia para delinquir en Cesar y Magdalena. También negociaron con el Señor de la Sierra Nevada de Santa Marta, el jefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, también extraditado para retomar sus negocios ilícitos.

Cuando hicieron su negocio, ‘Los Mellizos’, reclamaron que todos los grupos afines a ‘Jorge 40’ y a Giraldo pasaran a su organización. La Banda de los 40, que hasta ese momento reinaba en el bajo mundo del Atlántico, parte de Bolívar, Magdalena y Sucre, no aceptó las condiciones. Se vino entonces la guerra.

‘Los Mellizos’ declararon como objetivo militar a todos los que hubieran trabajado o trabajaran con el Bloque Norte de ’40’ y con el Resistencia Tayrona de Giraldo. La B40 comenzó a perder terreno en las vecindades del Magdalena y Atlántico. Sus nuevos enemigos eran más ricos que ellos y contaban con un poderoso brazo armado con el nombre “Águilas Negras” (también Bloque Nevado) que se nutría de paramilitares desmovilizados del Magdalena Medio.

‘Salomón’ se terminó refugiando en Venezuela a comienzos de 2007 pues además había varias órdenes de captura en su contra.

Mellizos por el nororiente y Paisas (Bloque Arhuaco) por el suroccidente, terminaron encerrando e infiltrando a La B40. Les voltearon hombres para su lado.

Ya en marzo (2007), intentando salvar lo que quedaba de su estructura criminal y perseguido por las autoridades, ‘Salomón’, llegó a un arreglo con los hermanos Mejía y para entregarles el control de los negocios ilegales que aún le quedaban en Atlántico y Bolívar.

‘Salomón’ fue capturado el 20 de abril de 2007 en Bucaramanga. Los subalternos que podían remplazarlo eran Javier Insignares alias ‘Benjamín’ y Javier Acosta, alias ‘Baltasar’, pero como «Los Paisas» ofrecían cien mil dólares por sus cabezas los obligaron a refugiarse en Venezuela. Parece que un escolta de ‘Salomón’ «torció» a la gente de La Banda para que trabajaran para «Los Paisas.

En la segunda mitad de 2007 fueron capturados cien de La B40, muchos de ellos funcionarios del Estado.

En los 18 meses que dominó las empresas ilícitas, La B40, cobró cuotas extorsivas por cada embarque de cocaína, impuso ‘vacunas’ a finqueros y comerciantes y sacó tajada de los presupuestos públicos. También jugó a la política y apoyó a candidatos a Alcaldías y Concejos de Atlántico y Magdalena.

La caída del imperio de La B40 no acabó con la delincuencia en la región. Desde el comienzo de 2008 comenzó una nueva guerra entre las bandas que llegaron a la región. La policía les dio un golpe mortal a ‘Los Mellizos’: Víctor Manuel cayó muerto (en Caucasia) y Miguel Ángel, preso y extraditado. Sus sucesores se pusieron el colorido apodo de los «Los Nevados», por la Sierra Nevada de Santa Marta donde alcanzaron a montar un mando pasajero.

Después «Los Nevados» se enfrentan a muerte con «Los Paisas», los que eran de ‘Don Berna’ y su temible Oficina de Envigado.

Nuevo Bloque Costeño.

Algo claro en las pesquisas sobre el ‘Nuevo Bloque Costeño’ es que de nuevo tiene poco: lo lideran exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que coincidieron en las filas del Bloque Norte y continuaron sus andanzas después de que el grupo se desmovilizó en marzo de 2006, en La Mesa, Cesar.

Los organismos de seguridad atribuyen la conformación del NBC a alias ‘La Doña’, un exparamilitar deportado de Estados Unidos tras pagar una condena por narcotráfico.

A su regreso, ‘La Doña’ reactivó contactos de vieja data: experimentados delincuentes. Los principales fueron compañeros o subalternos suyos en las Auc: ‘Araña’, ‘Noé’, ‘Baltazar’, ‘Pollo’, ‘Capo’, ‘Yordi’, ‘Tato’, ‘Chan’, ‘Aristi’, ‘Jhon’, ‘Loco’, ‘Hipi’, ‘Esneider’, ‘Scooby’ y ‘Jefri’.

El grupo respaldo su financiación en los cobros a testaferros, lavadores de activos, narcotraficantes endeudados.

Las pesquisas sugieren que el ‘Nuevo Bloque Costeño’ acordó con los urabeños no sólo controlar el hampa en Barranquilla y su área metropolitana, sino ampliar fronteras. Esa sería la causa de los choques con ‘Los Pachenca’ en Santa Marta.

Ese grupo también se hacían llamar las Nuevas Autodefensas del Atlántico y coordinaba homicidios, secuestros y cobraban extorsiones, entre otros delitos.

La banda era comandada por Miguel Villarreal Archila, quien se identificaba al interior de la organización con los alias de ‘Salomón’, ‘Sandra’ y ‘El Viejo’. Aunque Villarreal Archila no pertenecía al Frente José Pablo Díaz, era jefe de un grupo que se movía entre Cartagena y Ciénaga, incluidos los cuatros municipios costeros del Atlántico. Su función era cobrar el impuesto a los narcotraficantes que embarcaban la droga por las costas de Bolívar, Atlántico y parte de Magdalena y le entregaba cuentas directamente a ‘Jorge 40’ en reuniones mensuales que hacían en la Sierra Nevada.

Oficina del Caribe.

Después de la desmovilización del Bloque Norte, los Urabeños de Don Mario adelantaron una guerra contra sus contendores Paisas y Rastrojos y otros pequeños carteles de la droga. Pero muchos de sus integrantes sobrevivieron y se organizaron en una estructura criminal: “La Oficina del Caribe”. Oficina que ha tenido un brazo armado que logró imponerse al Clan del Golfo en el control de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Luego de una dura pugna con el Clan del Golfo -guerra que dejó en 3 meses unos 150 muertos y que ubicó a Santa Marta entre las 50 ciudades más violenta- la Oficina Caribe logró vencer militarmente y retomar el poder que ha conservado desde 2012. Esa guerra la lideró alias Chucho Pachenca, quien fue nombrado jefe de la Oficina Caribe y bajo su mando se encuentra todo el territorio que hizo parte del Frente Resistencia Tayrona de las antiguas AUC.

La Oficina del Caribe son los Giraldos. Los herederos de Hernán Giraldo Serna, es decir, varios de sus sobrinos, tíos, primos, yernos. También otros cercanos que hicieron parte de esa estructura inicial en la Sierra Nevada de Santa Marta³⁶.

Pachenca.

¿Quiénes son Los Pachencas?

Los Pachenca es una facción del neoparamilitarismo, calificada como una organización posdesmovilización y brazo armado del Clan Giraldo³⁷ o la Oficina Caribe, que ha perdurado hasta la fecha por mutaciones y alianzas con urabeños y la Oficina de Envigado.

Desde la desmovilización del Frente Tayrona (2006), la herencia de este grupo armado posdesmovilización no ha pedido ser desmantelada del todo ni tampoco se han desvertebrado sus alianzas con otras organizaciones criminales del interior y exterior del país. También se hace llamar Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta³⁸.

Los Pachenca, comandados por Chucho Mercancía, dominan desde 2013 el narcotráfico y las extorsiones en Santa Marta.

Sus actividades están relacionadas con el narcotráfico, la extorsión, la sumisión de la población civil y la oposición a los procesos de restitución de tierras, ejerciendo un control absoluto en la Troncal del Caribe y en las poblaciones aledañas a ese importante eje vial.

¿Cómo se convirtieron en la fuerza hegemónica que controla la Sierra Nevada de Santa Marta y sus alrededores? Los hechos se remontan a mayo 2008, cuando Hernán Giraldo, alias ‘El Patrón’, fue extraditado a Estados Unidos para que respondiera ante la justicia de ese país por cargos asociados al narcotráfico, en donde fue condenado a 16 años de prisión.

La salida de Giraldo de la escena desencadenó un efecto dominó en las dinámicas de los grupos armados ilegales, los cuales han estado relacionados con su extensa familia, compuesta por más de 30 hijos. Una vez extraditado, sus herederos y familiares se disputaron su fortuna, ocasionando vendettas y conflictos.

Uno de los enfrentamientos más graves se desencadenó hacia 2011, cuando el Clan Giraldo se dividió en dos facciones: “Una que buscó mantener su independencia y autonomía alrededor de la llamada Oficina Caribe -estructura que ‘El Patrón’ creó entre 2002 y 2004 con el asesoramiento de alias ‘Don Berna’, jefe de la Oficina de Envigado- y otra que terminó articulada a las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia).

Durante ese conflicto se dieron violentos enfrentamientos entre los Giraldo, en donde un sector, unido a Los Paisas (Oficina de Envigado), se enfrenta a la otra parte vinculada con las AGC. Las violentas disputas entre estas facciones cesaron cuando Los Paisas fueron expulsados de la región y ‘Chucho Pachenca’ se unió a las AGC.

Pero hacia finales de 2012 y tras una cruenta guerra, los ‘gaitanistas’ perdieron el control dominante que habían adquirido. Los integrantes del Frente Tayrona que se habían desmovilizado con el Bloque Norte se mantuvieron quieto hasta finales de 2012 cuando es reactivada la Oficina Caribe y se desata una nueva disputa con las AGC que dejó más de 150 muertos en tres meses. La guerra termina con la neutralización de las AGC en Santa Marta, la captura de Rubén Giraldo en 2013, la muerte de varios familiares cercanos, entre los que se encuentran tres primos hermanos, un suegro y un yerno de Hernán Giraldo.

Luego de que Jesús María Aguirre, alias ‘Chucho Pachenca’ o ‘Chucho Mercancía’, ex jefe de Los Pachencas, recuperara la libertad en junio de 2013 por medio de un recurso de habeas corpus, ese grupo aumentó su control en Santa Marta y estableció alianzas con la llamada ‘Oficina de Envigado’ y bandas locales.

Es a partir de esta mutación y reacomodamiento que emerge la figura de Los Pachencas, que terminan heredando todo el acumulado de ilegalidad que ha construido Hernán Giraldo en la región, y configurando en la práctica el brazo armado de la Oficina Caribe.

Otra tesis sugiere que Los Pachencas existían desde 2007, después de la desarticulación de un grupo conocido como Los Nevados, banda criminal que los narcotraficantes Víctor y Miguel Ángel Mejía Múnera, quienes se desmovilizaron como jefes del Bloque Vencedores de Arauca de las Auc, crearon para ocupar los espacios que habían quedado abiertos en la Sierra Nevada de Santa Marta tras la desmovilización de Hernán Giraldo.

“’Chucho Pachenca’ hace parte de este proyecto desde el 2007, un año después de la desmovilización formal del Frente Resistencia Tayrona, conjuntamente con la familia de Hernán Giraldo Serna y la Oficina Caribe. Vincularon en sus filas a desmovilizados del Frente Resistencia Tayrona.

Aguirre Gallego, que tenía un expediente por narcotráfico en los Estados Unidos, había hecho carrera en el mundo de la delincuencia primero en el Clan del Golfo y luego de la mano de la familia de Hernán Giraldo Serna, alias El Patrón, el comandante del extinto grupo paramilitar Bloque Resistencia Tayorna, organización que con los años terminó conservando el dominio del territorio, pero bajo el nombre de Los Pachencas.

Al cabecilla, de 43 años y natural de Sonsón (Antioquia), lo conocían sus compinches como el ‘zar de las extorsiones’. Se inició como miembro raso de los Chamizos, banda del exjefe paramilitar Hernán Giraldo, y pasó luego al bloque Resistencia Tayrona de las AUC, que tras su desmovilización mutó en los ‘Nevados’ –de los mellizos Mejía Múnera–, a cuyos hombres luego sometió el Clan Úsuga.

En una gigantesca operación realizada en abril de 2012, comandos Jungla de la Policía lo detuvieron. Cayó en las escarpadas lomas del corregimiento de Machete Pelado, en pleno Parque Tayrona (Magdalena). Lo señalaban de ordenar un paro armado que paralizó 48 horas a Santa Marta cuatro meses antes.

Fue dejado en libertad un año después, tiempo a partir del cual habría logrado armar una estructura delincuencial que calculan entre 80 y 100 hombres y mujeres armados cuyo principal centro de operaciones es la ciudad de Santa Marta y los corregimientos y veredas de la Sierra Nevada en los sectores de Bonda, Calabazo, Guachaca, Buritaca, Tigrera, Marquetalia, La Guacatera, Machete Pelao, San Tropel, Quebrada Valencia, Guandolo y Quebrada del Sol.

En octubre del 2016, en Santa Marta, se propinó uno de los golpes más duros a ‘los Pachenca’ al ser capturados 27 de sus integrantes, entre ellos Carlos Gallardo Gámez, alias Máquina; otro fue Segundo De la Cruz Gutiérrez, alias Junior, para la época uno de los 20 más buscados en el Magdalena. También cayeron Deivis Castro De Alba, Will Frank Avendaño, ‘Zapatico Rojo’; Aldo Aponte, ‘Fósforo’, y Carlos Ortiz, 'Cangrejo', entre otros

Chucho Mercancía en el 2019 fue dado de baja por agentes antinarcóticos de la Policía en un operativo que tuvo la colaboración de un informante de la DEA.

Tras la muerte de Chucho Mercancía no solo hubo tres días de duelo. Su entierro fue un acontecimiento multitudinario que no pasó inadvertido en Guachaca, corregimiento del que forma parte Perico Aguao.

A partir de ese momento un sobrino de Hernán Giraldo heredó las banderas de la organización. Se trataría de Deimer Patiño Giraldo, alias 80. Patiño era el cuarto en la jerarquía. Ascendió porque en mayo del 2019, la Policía capturó al segundo, John Salazar Salcedo, alias ‘Flash’, y en el operativo contra ‘Chucho Mercancía’ también fue abatido su primo Mario Giraldo Márquez, hijo de Hernán Giraldo, reseñado en la tercera línea de mando.

Patiño no está sólo, puesto que ‘Chucho’ ya había hecho dupla con alias ‘La Silla’, a quien el Ejército Nacional y la Fiscalía han señalado de liderar la denominada Oficina Caribe, con presencia en Magdalena, Cesar y La Guajira.

Deimar Patiño (Martillo) fue ultimado en el mes de junio del año en curso.

Los Pachenca tienen presencia desde Mingueo (La Guajira) hasta el puente el Doctor (límite con Ciénaga, Magdalena) y desde ahí toda la parte alta que cierra con el resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco. Esto hace que tengan control y manejo de los barrios periféricos con modelos de seguridad privada (serenos) y en la zona rural de Santa Marta con presencia de hombres portando armas de largo y corto alcance.

Según la Defensoría del Pueblo los Pachencas, establecieron un consistente orden social, del cual no sólo se han lucrado sus integrantes y quienes hacen parte de su abigarrada y extensa red clientelar.

Si bien, la caída de alias ‘80’ en junio es un golpe de alto nivel, actualmente ‘Los Pachenca’ o Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada son un grupo armado con más de 200 hombres que se mantienen fuertes en este territorio, liderados por la familia Giraldo.

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra son una estructura de mando unificada que hereda el poder y lo sostiene desde la extradición de Hernán Giraldo. En 20 años ha tenido 12 nombres con organizaciones diferentes, pero su operación criminal ha sido administrada siempre por la misma familia del exparamilitar extraditado a los Estados Unidos.

El grupo Los Pachenca cuenta con capacidad logística y operativa y comunicacional para seguir con su accionar, a través del control del territorio con las rentas criminales como la extorsión, la apropiación de tierras para ejercer actividad de ecoturismo, lavado de activos y el narcotráfico.

Esta organización criminal tendra una restructuración inmediata en la que asumiría el control operativo y criminal en términos militares, algún pariente cercano de Hernán Giraldo, que actualmente cumpla funciones de coordinación y logística de las rentas criminales ubicadas sobre la zona de amortiguación de la Sierra Nevada de Santa Marta.

El Clan del Golfo.

El ‘Clan del Golfo’ es el grupo que tiene hoy mayor control territorial, dominando Cesar, parte de Magdalena y La Guajira, en asocio con clanes mafiosos guajiros. Este grupo ha reclutado en Cesar y Magdalena a antiguos combatientes de las Auc, que hicieron parte de diversas estructuras, como el Bloque Norte, el Bloque Central Bolívar, el Frente Resistencia Motilona, el Frente Héctor Julio Peinado Becerra, el Clan de los Rojas y paramilitares algunos que no se desmovilizaron y otros que estuvieron sometidos a Justicia y Paz, entre otros.

El caso más notorio quedó patentado con la captura de Rigoberto Rojas, alias ‘El Escorpión’; Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, alias ‘El Tigre’, el 29 de noviembre de 2019; junto con José de las Nieves Rodríguez Zambrano, alias ‘Soldado’, cabecilla del ‘Clan del Golfo’; Jesús Alberto González Palencia, alias ‘Narizón’; y Raimundo Dorado, alias ‘Rai’, quienes fueron señalados del secuestro de la sobrina nieta del nobel Gabriel García Márquez, Melissa Martínez, en una finca en el municipio de Zona Bananera, por un ajuste de cuentas por un cargamento perdido de drogas.

Otro territorio en el que se estableció la nueva estructura de subcontratación con mafias locales es en La Guajira, en donde se le identifican dos outsourcings: Una en la Media y Alta Guajira con el grupo de Los Pingüinos, y la segunda con la estructura de Los Curicheros en Media y Baja Guajira y norte de Cesar. A pesar de que el ‘Clan’ tiene relaciones con ambos grupos, estos son enemigos entre sí. Lo cual se evidencia con el asesinato del jefe curichero, Miguel Angel Pana Andrioli, alias ‘Toyo Curiche’, el 21 de octubre de 2019 en Barranquilla, que se le atribuye al bando de Los Pingüinos.

Tanto Inteligencia policial y la Fiscalía General de la Nación, en sus avances investigativos sostienen que el centro de operaciones del ‘Clan del Golfo’ se encuentra en Puerto Colombia, en el departamento de Atlántico, desde donde Gustavo Adolfo Álvarez Téllez, alias ‘Tavo’, coordinaba las operaciones del ‘Clan’ en los departamentos de Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira. Álvarez Téllez fue recientemente capturado por la DEA y Antinarcóticos en el municipio de Cereté, Córdoba.

En Magdalena, según la información de fuentes de inteligencia, el ‘Clan del Golfo’ le declaró la guerra a Los Pachencas y a La Silla, quienes tenían la hegemonía en el territorio. Después de la entrega de La Silla, previa negociación con la DEA, miembros de su estructura sicarial, buscaron acercamientos con el ‘Clan del Golfo’ entre ellos ‘El Mello Bolaño’ y alias ‘Máscara’, quienes se adhirieron a este grupo poniendo a disposición las zonas de control –plazas de vicio y extorsión- en Santa Marta, que era de dominio de La Silla. En Valledupar, el espacio que había conseguido lo asumió el ‘Clan del Golfo’, donde algunos la identifican como “La organización”.

Tras un proceso de expansión agresiva por la costa Caribe, según información de campo, la organización está comandada por varias cabezas visibles al interior de la zona estratégica: en Magdalena es comandada por alias ‘Belisario’ y cuenta con 120 hombres en las zonas urbanas del departamento y 90 más en área rural. En La Guajira el grupo es dirigido por Rodrigo Hoquendo Urrego alias ‘Rigo’, al frente de 25 hombres que operan en Riohacha y 35 más en zonas rurales del departamento, organizados en células de 5 a 6 hombres armados con pistolas pequeñas. En cuanto al departamento del Cesar, se sabe que el grupo armado comandando por Eduardo Zúñiga alias ‘El Viejo’ ha sido debilitado en los últimos meses como consecuencia de varios golpes propinados por la fuerza pública y la captura de más de sesenta de sus miembros. Este grupo es significativamente activo en cuanto al microtráfico y la micro-extorsión se refiere.

Rastrojos.

Los Rastrojos hacen presencia en el Sur del Cesar, entre Aguachica y Ocapa, con fuerte incidencia en el Norte de Santander y la Frontera con Venezuela.

Ejercito Antirestitución.

Este grupo opera en el Centro del Magdalena y en las zonas aledañas del Cesar para bloquear los procesos de restitución de tierras establecido en la Ley 1448. Tiene el respaldo de José Félix Lafaurie y del Embajador de Colombia en la Oez, el ex Procurador Alejandro Ordoñez.

Los ex 975.

En la Costa Caribe y en la región que hemos analizado hay que registrar la presencia de los Ex975, es decir, los que salieron de los pabellones de Justicia y Paz. Muchos de ellos han retornado al territorio y de alguno de ellos no se tiene precisión de sus actividades. Algunos han hecho varias reuniones con líderes con el fin de incentivar la producción agrícola y comercial de la región, pero de otros se sabe que están comprando armas, radios de comunicación, además ha aumentado la extorsión y el sicariato.

Memoria histórica

La construcción de Memoria histórica en el Caribe

Desgraciadamente en Colombia ni las grandes movilizaciones de la sociedad civil, ni la inclusión política de nuevos grupos sociales, ni la reforma económica, ni los proyectos de reforma institucional que introdujo la Constitución de 1991, ni el conocimiento sobre la existencia de ocho millones de víctimas, ni los Acuerdos de paz con las Farc, han logrado revertir las dinámicas de la violencia. La Colombia contemporánea se caracteriza por la existencia en la vida nacional colombiana de la confrontación extrema, el terror, todo tipo de violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario y el “democidio” entendido como el conjunto de acciones que con importante compromiso del Estado ha conducido a los paramilitares y neoparamilitares a estrategias de extinción programada y sistemática de los grupos de oposición y sus posibles bases sociales en un exterminio proclamado como solución de lucha antiguerrillera. Así, el guerrillero devino “enemigo interior” y ese criterio se extendió a los “colaboradores de la guerrilla” y a campesinos, indígenas y pobladores habitantes de las zonas con presencia guerrillera, convertidos todos en blancos de la acción bélica contrainsurgente. En este conflicto de cerca de cien años se han enfrentado grupos armados subversivos, estatales y paraestatales, en una guerra civil que ha tenido graves consecuencias en la población como la ruptura cultural, política y social. Este país se define entonces por una des-estructuración socio-política que, en el marco del conflicto armado interno y de las presiones del imperialismo, ha coadyuvado el fortalecimiento del neoliberalismo, pero también de formas autónomas de organización política y de producción simbólica surgidas entre las clases subalternas. Esta acción bélica prolongada subsiste en un marco de legitimación social de los poderes establecidos. Sobre este conflicto armado y su barbarie es poco lo que se informa y en el manejo de la información predomina la construcción de imágenes falsas y el ocultamiento, que conducen no solo a la desinformación, sino a la apatía e incluso a la complicidad con los actos atroces. Ello, porque muchos análisis de los medios masivos de comunicación se sumergen en la globalidad y son siempre fríos, distantes y sin una referencia concreta a los responsables, las personas víctimas, los lugares y fechas concretas, las circunstancias y los elementos de análisis de los hechos.

El testimonio de las víctimas y la reconstrucción de la memoria histórica

Para los investigadores, resulta complejo y a veces casi imposible acceder a las voces de las víctimas sobrevivientes que den verdaderamente cuenta de lo ocurrido. En ellas prima el afán por la supervivencia. Si lograron salvar sus vidas, no quieren arriesgarlas con la denuncia o la exigencia de justicia que puede conducirlos -y los ha conducido en muchas oportunidades- a la revictimización. Muchas de ellas se resignan al silencio y dado el mal funcionamiento de la justicia que se traduce en impunidad, no se atreven a denunciar a los victimarios. Frente a los hechos de violación de los Derechos Humanos es en extremo difícil convencer a una víctima, o a un testigo para que rinda una declaración; ellos están convencidos de que con sus declaraciones firman su sentencia de muerte y nuevas persecuciones. Algunos, sin embargo, desafían la impunidad y la falta de verdad y memoria y rinden sus declaraciones, algunas de ellas judiciales y otras extrajudiciales. Entre ellos y ellas se encuentran las víctimas que han dado sus testimonios, convencidos de la importancia de dejar una huella para la memoria que pueda dignificarlos y recobrar el buen nombre de sus familiares desaparecidos o asesinados. En las circunstancias del país, la construcción de la memoria histórica se convierte en una cuestión de relevancia dentro de la sociedad, bien sea desde la perspectiva historiográfica, o desde la política. Es fundamental trabajar en la construcción de una memoria histórica razonada e incluyente. Se hace relevante en el marco de la labor del investigador de la memoria, ubicar las experiencias y vicisitudes personales expresas en los relatos de las víctimas, en un panorama en que tanto el narrador como los lectores, entiendan que más allá de los episodios de dolor y muerte vistos por las víctimas a nivel personal, se encuentra un contexto de conflicto social, político y económico de orden nacional e internacional dentro del cual su drama se suma al de varios millones de víctimas del conflicto armado interno colombiano. Este ejercicio de comprensión habrá de ayudar a las víctimas a auto gestionar su pasado, su presente y su futuro. Igualmente, habrá de aportar a la sociedad civil y en general, al reconocimiento de la tragedia que ha vivido y vive Colombia, con miras a que sea la sociedad en su conjunto la que pueda empeñarse en la construcción de un país consciente, que asume sus responsabilidades frente al conflicto y que así abre senderos de construcción de paz. El trabajo que hemos hecho en Pivijay, Salamina, San Juan del Cesar, La Jagua del Pilar, El Pilón, Albania, Fonseca, Valledupar y San Alberto mediante entrevistas con víctimas del conflicto, lo hemos realizado con las metodologías de la “historia oral” por su capacidad de transmitir las “voces de la historia reciente” y la “historia desde abajo”, como una forma de interacción con el pasado inmediato y con las vivencias y procesos de las clases ubicadas en los márgenes sociales, porque permite “dar voz” a quienes se les ha negado, dirigiendo las miradas a aquellos sectores sociales que han sido excluidos de los relatos de la historiografía tradicional y/ oficial.

También ha sido clave identificar el trabajo realizado en la región por el Centro Nacional de Memoria Histórica, especialmente en Barranquilla con las víctimas del Frente paramilitar José Pablo Diaz que comandó alias Don Antonio.

No hay que olvidar que la memoria colectiva y el olvido colectivo también son necesariamente materia de gran relevancia para el historiador de lo oral, en cuanto que las personas experimentan los hechos como individuos, pero también como miembros insertos en una particular cultura ubicada en un tiempo y un espacio específico. Este trabajo se propone como una labor de Derechos Humanos y como tal asume su deber de recordar, enseñar, conservar, motivar, diversificar, recuperar y asistir el interés de resignificación de las luchas de diferentes grupos y sectores y la construcción de la memoria histórica razonada como construcción social y para la sociedad. Desde luego, es importante señalar que, en el ejercicio de la memoria en Colombia, no es aceptable la neutralidad. La garantía de los derechos de las víctimas y la movilización social para la no repetición, son imperativos que obligan a tomar partido por la verdad, a menos que se pretenda continuar con el desconocimiento de la realidad de millones de personas sometidas a crímenes de lesa humanidad, con consecuencias sobre toda la sociedad.

Memoria histórica comprometida con la resistencia

Es preciso no olvidar que la memoria individual y colectiva puede ser funcional al poder o a las resistencias y que no basta con la mera representación del pasado para celebrar un avance de reconocimiento ligado a la garantía de derechos y la no repetición. Hacer y tener memoria es mucho más que evocar el pasado tal y como fue en realidad, puesto que las relaciones e intereses del presente son la marca que determina el riesgo de la posible manipulación. Para evitarla es preciso ampliar el proceso de construcción de memoria desde las víctimas y esa es la tarea que nos hemos propuesto. Las Víctimas son las verdaderas actoras de este texto en donde los relatos emergen como escenarios de dotación de sentido, de capacidad de articulación, de comprensión, de enfrentamiento del miedo, y demás efectos buscados con la dominación.

Conclusiones

El análisis sobre el neoparamilitarismo, la violencia y la situación de las víctimas de la misma en la Costa Caribe que hemos hecho acá ha tenido como propósito recuperar la memoria de las dinámicas de la violencia en la región que han afectado a millones de seres humanos cuyo derechos no han sido reconocidos por un Estado que es una simple maquinaria puesta al servicio de poderosas elites inmersas en la corrupción y en el desconocimiento de los derechos de la población.