Algunos están hablando de una nueva violencia a raíz del exterminio sistemático de líderes sociales y de las masacres ocurridas en los días recientes. Difiero de tal enfoque, pues los nuevos hechos de sangre estan encadenados a la vieja y estructural violencia que hace parte de la formación social colombiana y del modo de organización politica del régimen de dominación.

La violencia de hoy bien puede atribuirse a la destrucción de los Acuerdos de paz alcanzados por el Estado con las Farc (Noviembre del 2016) y a la presencia del uribismo en la Presidencia de la Republica, el cual considera a la violencia como el medio eficaz para garantizar su reproducción política ad infinitum.

Haber hecho trizas la paz como se lo propuso el Centro democrático e inundar el país con su retórica cargada de odio y amenazas desato nuevamente las fuerzas más irracionales y las tendencias más agresivas acumuladas por décadas en determinados núcleos de las elites económicas, sociales, políticas, especialmente en los escenarios locales y regionales. Nuevamente se repiten los escenarios de la “violencia de los años 50” o de la “guerra paramilitar” acaecida entre 1996 y el 2007.

Bien se puede afirmar que no hemos aprendido de esos pedazos siniestros de nuestro pasado.

Todavía no logramos comprender la esencia de dicho fenómeno y sus tecnologías de ejecución.

Quiero retomar algunas tesis importantes sobre este fenómeno para intentar construir un acervo común con el cual nos podamos identificar en la dirección de armar un consenso nacional orientado a erradicar definitivamente la violencia social y política.

Considero necesario retomar los esquemas analíticos de larga duración de la violencia colombiana. Me refiero a los trabajos de Marcos Palacio, Fernán Gonzales y Gonzalo Sánchez.

La interpretación de Palacios

Palacios (2012) en su libro “Violencia pública en Colombia” tiene como referente para su periodización el funcionamiento del Estado con su déficit de legitimidad y soberanía en el territorio y en el sistema internacional. Para construir sus periodizaciones plantea los grandes cambios en el Estado-nación con un especial énfasis en la dimensión internacional. Plantea grandes hitos como: la guerra fría, la guerra contra las drogas, la guerra contra el terrorismo y el consenso de Washington. Su entendimiento central del conflicto es que se trata de una disputa violenta, entre élites por medio de la violencia pública. Es decir, se trata de una violencia que requiere un discurso de autolegitimación de cada una de las partes. Los bandos en la disputa son aquellas élites gobernantes del Estado y sus aliados (acá Palacios ubica a paramilitares y narcotraficantes como fuerzas “prosistema”), contra aquellas que buscan desalojarlas por medio de la guerra de guerrillas en un campo de hostilidad absoluta. La periodización de este autor, aunque específicamente no la delimita, sí considera tres grandes etapas de la “violencia pública” en Colombia. La primera de ellas que va desde la segunda mitad de los años cincuenta y toda la década del sesenta, que a nivel internacional se caracterizó por el inicio de la guerra fría. En ese periodo, Palacios enfatiza su narrativa en la distribución de legitimidades entre la insurgencia y contrainsurgencia, y se enfoca en describir la influencia internacional sobre el conflicto interno, y el surgimiento de grupos armados de corte marxista. Un segundo periodo, que podría considerarse como de “frontera”, entre uno y otro, se ubica a lo largo de la década de los setenta, hasta mediados de los noventa. Ese periodo se caracteriza como un salto cuantitativo del conflicto armado y de la profundización de la guerra sucia de baja intensidad. Intensificación en la que tiene un importante grado de responsabilidad la irrupción del narcotráfico, la emergencia de los grupos paramilitares y las prácticas de guerra contrainsurgente y sucia que, heredadas de la doctrina anticomunista de la guerra fría, fueron acentuadas por el estamento castrense para enfrentar las guerrillas en los territorios donde estas hacían presencia, violencia que también se dirigió contra los sectores que los militares consideraban sus aliados, en los que se incluía a la izquierda política legal y los movimientos sociales. Conforme lo muestra Palacios, en el cierre de este periodo además de terminarse la guerra fría, se abre la puerta a las primeras reformas neoliberales, fruto del agotamiento del modelo de sustitución de importaciones y, al mismo tiempo, emergen con gran potencia los carteles de la droga y con ellos, la guerra en su contra. Así, se pasó de una confrontación que enfrentaba al Estado con las guerrillas marxistas, a una violencia generalizada que implicaba múltiples actores, y diversos intereses económicos y políticos, que produjeron procesos que marcarían el devenir posterior de la guerra: la mayor fragmentación del Estado, la fluidez entre lo legal y lo ilegal, la exacerbación del individualismo y la pérdida de referentes colectivos. Por último, en un tercer momento Palacios contempla paralelamente lo que denomina “la paz cuatrienal” y aborda los contextos de cada uno de los intentos de paz presidencial emprendidos con diferentes grupos armados, desde principios de los años ochenta, hasta el proceso iniciado por el gobierno Uribe con las AUC.

De esa paz cuatrienal hace parte el acuerdo más sólido alcanzado por el Estado durante el gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc que tránsito hacia una “paz imperfecta” por las fracturas en las elites nacionales.

El estudio de Fernán Gonzales

También está en este arco de interpretaciones la propuesta de síntesis histórica de González en su libro “Poder y violencia en Colombia”. Desde una visión procesual y de largo plazo, lejana a enfoques normativos y teleológicos, González propone ver la violencia en relación con el conflictivo proceso de construcción del Estado. Esto, desde un enfoque que combina la necesidad de considerar los problemas estructurales de la vida colombiana y sus transformaciones en el tiempo y en el espacio: la configuración social de las regiones, su poblamiento y cohesión interna, el problema agrario no resuelto y la integración territorial y política de las regiones. Lo anterior, sin dejar de lado los aspectos subjetivos de la percepción, valoración y accionar de diferentes agentes sociales, entre los que se consideran aquellos que optaron por la opción armada. González establece una periodización extensa que tiene como punto de arranque la herencia colonial y las turbulencias del siglo XIX, es decir, los inicios de la conflictiva construcción estatal y su presencia diferenciada en el tiempo y en el espacio, que aún hoy se mantiene. Con ese presupuesto, el autor interpela el hábito de pensamiento que ha imperado en la producción académica y en la discusión pública, que establece una relación directa entre el conflicto armado y la ausencia del Estado en los territorios. Y plantea que el hecho cierto de que el Estado colombiano nunca haya tenido control total del territorio ni haya detentado el pleno monopolio de la violencia legítima, más que una anomalía es parte de nuestro proceso particular de formación de las instituciones estatales y de la construcción de la nación. Así las cosas, la periodización emprendida por González analiza las diferentes etapas de las transformaciones del Estado, su relación con las regiones y los momentos de conflictividad y violencia, hasta el conflicto armado contemporáneo.

En esa medida, en un primer periodo, describe los antecedentes coloniales y del siglo XIX, especialmente las dinámicas de poblamiento original, las dificultades que sobre el control del territorio y de la población tuvo el Estado colonial y el impacto de las reformas borbónicas; así como las tensiones regionales en los inicios de la República, y luego, la competencia política y el papel de los partidos Liberal y Conservador, y las redes bipartidistas durante el siglo XIX.

En un segundo periodo, de 1905 a 1930, se ocupa de describir el proceso a través del cual la hegemonía de los partidos Liberal y Conservador empieza a ser controvertida por otros actores, como resultado del surgimiento de tensiones en el incipiente mundo obrero y en el mundo rural de una frontera agraria en permanente expansión.

Un tercer periodo contemplado por González se denomina “modernización y violencia” y va desde 1930 hasta 1957. En esa etapa, el autor establece un contraste entre dos momentos: La primera violencia que enfrentó a nivel regional las Fuerzas Armadas del gobierno liberal con los grupos armados de los políticos conservadores en los departamentos de Boyacá y Santander, en un contexto nacional polarizado, resultado de las tensiones entre los intentos de modernización de la República liberal, el surgimiento de la movilización social (obrera y campesina) y los sectores que, desde la derecha, se oponían al experimento reformista del presidente Alfonso López Pumarejo (1934-1938 y 1942-1945). Y el periodo de La Violencia, entre 1948 y 1957, cuando de las disputas violentas ligadas a la homogeneización política en el ámbito local, se pasó a la generalización de la violencia, según González por los siguientes factores: la lectura complotista del 9 de abril, tras el asesinato del líder populista liberal Jorge Eliécer Gaitán; el predominio del fundamentalismo conservador, representado por el presidente Laureano Gómez; el colapso parcial del Estado y la ligazón entre las venganzas de sangre y las rivalidades bipartidistas a escala local. En síntesis, La Violencia en este tramo histórico, afirma el autor, fue resultado de la convergencia entre la aceleración de la modernización agraria capitalista, la agudización del conflicto agrario y la exasperación de las identidades partidistas.

En el cuarto periodo, González describe las vicisitudes del Frente Nacional y el acuerdo consociacionalista con el que las élites pretendieron poner fin a la violencia. Afirma el autor que, en ese momento, si bien hubo una sustancial disminución de la violencia fue evidente el fracaso de los intentos reformistas, especialmente en el sector rural, para enfrentar los cambios demográficos, culturales y sociales de esos años, lo que derivaría en el surgimiento de un nuevo tipo de violencia política con la emergencia de grupos armados de carácter marxista.

Finalmente, el autor analiza el periodo de la violencia y el conflicto armado contemporáneo (1982-2014) en el que examina los debates sobre los orígenes y persistencia de la violencia, el conflicto armado y el fenómeno paramilitar. En este periodo el autor distingue varias etapas de las que resaltamos su contribución a la caracterización y evolución sobre el paramilitarismo: primera etapa, emergencia de los grupos paramilitares como respuesta a la expansión de los grupos guerrilleros en los años ochenta; segunda, ola expansiva del conflicto y la consolidación del fenómeno paramilitar durante los gobiernos de Gaviria, Samper y Pastrana; y la etapa de repliegue guerrillero hacia zonas de retaguardia y frontera, negociación con las AUC y aparición y expansión de grupos armados surgidos de este proceso de negociación (neoparamilitarismo); y finalmente el proceso de negociación con las FARC, en el primer gobierno de Juan Manuel Santos.

En la etapa que denomina la primera ola de expansión de los grupos violentos en la década de los ochenta, González destaca como elementos centrales: la crisis del sistema político y la creciente movilización social al margen del bipartidismo; la expansión de las FARC hacia nuevas regiones, más allá de sus tradicionales zonas de colonización, y la reactivación del ELN y el EPL; además de la creciente penetración del narcotráfico en la sociedad colombiana. Factores y nuevos escenarios de la guerra que, sumados al ambiguo y débil proceso de negociación emprendido por Belisario Betancur con las guerrillas (1982-1986), explican la aparición y primera ola de expansión de los grupos paramilitares, que tuvieron el auspicio de los sectores que se oponían –por motivos económicos o políticos– a la negociación con las guerrillas y a las reformas que de ello se podrían derivar: narcotraficantes, poderes locales y regionales, gremios, mandos militares y la clase política tradicional. La segunda ola expansiva del conflicto y la consolidación del fenómeno paramilitar abarca los gobiernos de Gaviria, Samper y Pastrana. En esa etapa, el intento de relegitimación del sistema político buscado con la Constitución de 1991, con el que se logró la inserción a la política legal del M-19, el EPL y el PRT, no detuvo la generalización de la guerra ni la intensificación de la violencia política. Al contrario, la crisis de gobernabilidad del gobierno de Samper, sumado al mayor relacionamiento de los grupos armados con los cultivos de coca y la producción y el comercio de la cocaína, tendrían como resultado, para el final del periodo –en medio de las negociaciones del Caguán–, la mayor expansión geográfica de los grupos paramilitares y guerrilleros, así como la intensificación de la violencia política a niveles nunca antes alcanzados. Lo anterior, según González, por cuenta de las decisivas transformaciones estratégicas en relación con la guerra, tanto del Estado como de los grupos armados: por un lado, las FARC, deciden el aumento de su capacidad bélica y la continuación de la expansión hacia las zonas más articuladas a la vida económica y política de la nación; y por otro lado, los paramilitares, como respuesta, se ensanchan a zonas de control guerrillero, deciden exportar el modelo de seguridad y desarrollo experimentado en el Magdalena Medio y Urabá en los años ochenta y lograr el reconocimiento político con la conformación de las AUC; y finalmente, el Estado dio inicio a la reingeniería de las fuerzas militares, con el apoyo financiero y tecnológico de los Estados Unidos y el Plan Colombia, para la recuperación militar del territorio. Así, en opinión del autor, esos factores explican en buena medida el fracaso de las negociaciones y la búsqueda de la paz en el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), ya que la combinación ambigua entre la retórica de la paz y los hechos de guerra, la lógica militar y política, los abusos de las FARC en la zona de despeje y la arremetida paramilitar, harían incierta la agenda de negociación, y bloquearían de manera persistente el desarrollo de las negociaciones. Este fracaso explica la llegada de Álvaro Uribe (2002-2010) al poder, etapa que González denomina como de repliegue guerrillero hacia zonas de retaguardia y frontera, por cuenta de la ofensiva militar que ese Gobierno desató contra estas, lo que contrastaba, con las polémicas negociaciones que sostuvo con los grupos paramilitares. De esa etapa, el autor destaca los cambios del estilo político del Gobierno y sus pretensiones neocaudillistas, que se concretaron en una combinación entre apelación populista, el manejo mediático del poder personalizado, la negociación clientelista con la clase política tradicional y los estímulos tributarios y financieros a los gremios. También destaca los polémicos resultados de la negociación con las AUC, la temprana emergencia de los GAPD (Grupos Armados Delincuenciales), los efectos diferenciados de la Seguridad Democrática y los cambios en las territorialidades del conflicto.

Así, para González, si bien se logró la recuperación militar del territorio integrado del país y la profundización de la derrota estratégica de las guerrillas, el énfasis militar y la ausencia de atención a los problemas sociales en las zonas recuperadas, implicaría que no solo se mantuvieran las guerrillas, sino que emergiera una nueva generación paramilitar en las zonas fronterizas (Catatumbo, Urabá y andén Pacífico) y en las zonas de colonización de la Orinoquia y el Amazonas.

La violencia en la versión del Centro Nacional de Memoria Histórica

Otra de las síntesis construidas en el último tiempo es la realizada por el Grupo de Memoria Histórica, en cumplimiento del mandato de la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, de elaborar un relato sobre el origen y la evolución de los actores armados ilegales. Esta síntesis fue publicada en 2013, en el Informe general del conflicto armado: ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Los principales alcances y objetivos del informe, que han sido parte fundamental de las apuestas del inicial GMH y luego del CNMH, se pueden resumir así: interpelar a la sociedad y exhortar al Estado desde la perspectiva de la memoria de las víctimas, para comprender lo que pasó, cómo pasó y por qué pasó. Por eso, el informe construye una síntesis que se aleja del reconocimiento pasivo del sufrimiento de las víctimas, para comprender la violencia en sus diferentes etapas y manifestaciones, como resultante de actores y procesos sociales y políticos también identificables. Enfatizando en la visibilización de las magnitudes de la violencia, las diferentes dimensiones de la victimización y el rol de las víctimas, como agentes activos en el marco del conflicto armado, esto en el entendido de que Colombia tiene una larga historia de violencia, pero también una renovada capacidad de resistencia a ella. En el informe ¡Basta ya!, sus autores, en consonancia con González y Palacios, resumen así los factores que explican tanto el origen como la reproducción del conflicto: persistencia del problema agrario; la irrupción y propagación del narcotráfico, las limitaciones y posibilidades de la participación política; las influencias y presiones del contexto internacional; la fragmentación institucional y territorial del Estado. Si bien, en el capítulo dos, estos factores atraviesan la periodización del conflicto armado que propone el ¡Basta ya!, también analiza otras dimensiones, como los cambios cualitativos y cuantitativos de las modalidades de victimización contra la población civil, las relaciones entre guerra y justicia, los impactos y daños ocasionados por el conflicto armado y las memorias y formas de resistencia de las víctimas. En el capítulo dos, la periodización propuesta por el informe ¡Basta ya! enfatiza en las transformaciones temporales y espaciales de la violencia, en las disputas político-militares entre los actores en contienda y su simultaneidad con las reformas democráticas, y la búsqueda de la paz. En esa medida, las etapas del conflicto armado que propone el ¡Basta ya! tienen como punto de partida la transformación de la violencia bipartidista a la violencia guerrillera (1958-1982). Para ese periodo se describen las continuidades y rupturas entre la violencia bipartidista y la emergencia de los grupos guerrilleros en el contexto del Frente Nacional. Se destacan los intentos fallidos de reforma a la estructura de tenencia de la tierra y la limitada incidencia de los actores disidentes que cuestionaban el régimen del Frente Nacional, como los asuntos de mayor relevancia.

Un segundo periodo es el denominado de Expansión guerrillera, políticas de paz y eclosión paramilitar (1982-1996). Allí, como en las otras síntesis, se relacionan los diferentes intentos presidenciales de paz, la emergencia de grupos paramilitares, la creciente penetración del narcotráfico en la sociedad colombiana y la expansión del conflicto a nuevos territorios más articuladas a la vida económica y política de la nación. Al tercer periodo se le denomina como los años de la tragedia humanitaria: la expansión de guerrillas y paramilitares, el Estado a la deriva y la lucha a sangre y fuego por el territorio (1996-2005). Allí se describe, cómo en esa etapa la guerra y la violencia alcanzan su mayor intensificación y expansión geográfica y, por tanto, los mayores niveles de victimización contra la población civil. Un periodo en el que, enfatizan los autores, se transformaron sustancialmente las relaciones de los actores armados con la población civil. Finalmente, el cuarto periodo tiene que ver con la negociación y desmovilización de las AUC y el traslado de las FARC hacia sus retaguardias, en razón a la ofensiva estatal que va de 2005 a 2012. De esa etapa, los autores destacan dos dinámicas simultáneas: por un lado, la arremetida contra las guerrillas que se concretó en la política de la Seguridad Democrática; y por otro, el desenlace de la fallida negociación con las AUC, la temprana emergencia de los GAPD y sus nuevas características.

Estas las lecturas más atinadas de los expertos colombianos en el problema que hoy golpea duramente al país con masacres y exterminio de líderes sociales.