Desde Lima y Ciudad de México

Investigado por una trama de corrupción que ya ha salpicado a buena parte del establishment político en Perú, el ex presidente de ese país Alan García (1985-1990, 2006-2011) entró a la embajada uruguaya en Lima para escapar a la justicia y solicitó asilo diplomático a Uruguay, aduciendo persecución política.

El día antes de ingresar el sábado 17 a la embajada uruguaya en Lima, el ex presidente de Perú Alan García Pérez había sido objeto de un dictamen de la justicia peruana que le prohíbe salir del país por 18 meses.

El fiscal José Domingo Pérez había basado su pedido de impedimento en una acusación contra el político aprista por lavado de activos y por recibir un pago de la “caja 2” de la empresa Odebrecht. El punto 21 del texto presentado por el fiscal detalla cómo la empresa creó la División de Actividades Estructuradas para pagar sobornos y cómo se empleó el sistema secreto de comunicación interna de Odebrecht, llamado Drousys, para lo relacionado a esta división. La empresa se presentó ante la fiscalía y entregó documentación –las comunicaciones del sistema Drousys entre los participantes en la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht– que acreditaba esta versión bajo el esquema de colaboración eficaz que ofrece la ley brasileña.

Dicha documentación incluye el reconocimiento de la empresa de un pago de 100 mil dólares a Alan García. Para ello se hizo un contrato entre el estudio de abogados Spínola Consultoría Jurídica y García Pérez después de haberse efectuado el presunto servicio de García en Brasil. Se construyó un mecanismo de pago para ocultar la operación, en la que intervino el abogado Américo Spínola. La documentación también comprende un recibo de recepción del pago firmado por Alan García. El estudio Spínola cobró 15 mil dólares por efectuar dicho pago, el 9 de julio de 2012, a la cuenta de Alan García Pérez en el Banco Continental de Lima, que Odebrecht reconoció que no podía efectuar de manera directa (también según la documentación entregada al fiscal). La comunicación entre Odebrecht y Spínola muestra que Odebrecht quería ocultar el pago al presidente. Odebrecht tenía contratos con el Estado peruano y pagarle dinero al presidente en ese contexto constituía un soborno.

Y el metro de Lima…

El fiscal Domingo Pérez también investiga a Alan García por presunta corrupción en el caso de la licitación para la construcción del metro de Lima, que fue otorgada a Odebrecht.

El delito de corrupción de funcionarios que reconoció Odebrecht ante la justicia estadounidense en diciembre de 2016 incluye este caso del metro de Lima. Según el acuerdo firmado por la empresa con la justicia estadounidense, entre 2005 y 2014 (bajo el segundo gobierno de Alan García) la empresa pagó sobornos a funcionarios peruanos por un monto total de 29 millones de dólares con el fin de obtener las licitaciones, algo que le generó a la constructora una ganancia de 143 millones de dólares. El texto del acuerdo de colaboración eficaz indica que la empresa “realizó pagos corruptos con fondos no declarados a funcionarios con dinero de la División de Operaciones Estructuradas”.

El representante de Odebrecht en Lima, Jorge Barata, visitó el palacio de gobierno diez veces sólo entre 2007 y 2008, según la Casa Militar, cuando Odebrecht participó en licitaciones del Ministerio de Transporte del gobierno peruano. Según los registros de ingreso al palacio de gobierno se puede constatar una visita del 23 de enero de 2009 de Barata a García en el palacio desde las 5.45 hasta las 8.55 de la tarde. El fiscal Pérez argumenta que el delito de colusión se puede demostrar a través de la celeridad con que las autoridades gubernamentales otorgaron la obra del metro de Lima a Odebrecht.

El proceso de emisión y publicación del decreto presidencial número 008-2009-Mtc del 10 de febrero de 2009 señala que la oficina peruana de vialidad Provías Nacional envió la “Nota de elevación 024-2009 MTC 20 Proyecto de decreto supremo” a las 16.01 de ese mismo día. El entonces viceministro lo recibió el mismo día y el asesor jurídico de Provías redactó el memorándum 407-2009 a las 16.46, es decir 45 minutos más tarde. Provías emitió otro documento a su asesor jurídico a las 19.25, y a las 22 horas del mismo día se resolvió la emisión de dicho decreto supremo. Al día siguiente, el 11 de febrero, el trámite pasó de la asesoría jurídica del Ministerio de Transportes a la secretaria del Consejo de Ministros y el decreto supremo fue firmado por Alan García 12 de febrero.

Con este decreto, la responsabilidad por el proyecto de construcción del metro de Lima se retiró de la Municipalidad de Lima y pasó a estar en manos del Poder Ejecutivo, mediante una sesión del Consejo de Ministros extraordinaria que autorizaba al Ministerio de Transporte la ejecución de dicha obra. La autorización de ejecución por el Ministerio de Transporte fue dada el 19 de febrero y la justificación jurídica se efectuó diez días más tarde de manera anómala.

Todos estos indicios apuntan hacia una suma de delitos públicos que motivaron el pedido que hizo al juez el fiscal Domingo Pérez para impedir la salida del país del ex presidente Alan García Pérez.

La primera reacción de García Pérez fue decir que se quedaría en Perú para enfrentar las acusaciones, tal como lo hace por ejemplo Susana Villarán, ex alcaldesa de Lima, y como lo hizo otro ex presidente peruano: Ollanta Humala.

Pero muy pocas horas después estaba pidiendo asilo en la residencia del embajador de Uruguay en Lima, sita en la calle Pezet, de San Isidro, argumentando que era víctima de una persecución política.

Como se sabe, el caso Odebrecht ha abierto en toda América Latina un abanico de casos de corrupción que han sido enfrentados de manera distinta y que han impactado de manera diferente a la clase política. El pedido de asilo diplomático de Alan García es tan sólo el último acto en el bochornoso espectáculo de corrupción, cinismo y mentiras al más alto nivel que hemos visto en los últimos meses en Perú, con cinco expresidentes perseguidos por la justicia por diversos delitos.

La indignación de una proporción absolutamente mayoritaria del pueblo peruano hacia la clase política incluye no sólo a los cinco ex presidentes procesados, presos o fugados –por haber actuado como corruptos, lobistas, mafiosos y/o asesinos–, sino también a sus ministros, funcionarios, magistrados, congresistas, gobernadores regionales, alcaldes locales y políticos de diversas tiendas. Esta situación ha generalizado el grito en las calles y plazas de “¡que se vayan todos!”.

Este grito y las movilizaciones aumentarán en las próximas semanas y meses a partir de la solicitud de asilo de García Pérez.

Entre la izquierda peruana hay muchas expectativas de que el gobierno uruguayo no le conceda el asilo al ex presidente, y son muchos quienes se han congratulado por las declaraciones de figuras políticas uruguayas que se han opuesto a darle asilo a Alan García.

Las razones para rechazar el asilo

La solicitud de asilo diplomático de Alan García Pérez enfrenta varios desafíos, ya que existen diversas razones jurídicas y de ética internacional por las cuales el gobierno uruguayo no debería concederlo.

Consultado por los autores de esta nota, el distinguido abogado internacionalista peruano Óscar Schiappa-Pietra afirmó que el caso que presenta Alan García no cumple con los requisitos establecidos en la convención sobre asilo diplomático de 1954. La internacionalista Jo Marie Burt, profesora de ciencias políticas de la Universidad de George Mason y asesora principal de Washington Office on Latin América, rechazó el argumento de García Pérez al afirmar que su investigación judicial no es producto de una persecución política. La aplastante mayoría de los observadores concluye que en Perú no existe un régimen autoritario, ni manipulación del sistema judicial por parte de las autoridades del Ejecutivo, y que los derechos fundamentales y procesales de García se encuentran a buen resguardo.

Según Schiappa-Pietra, el espíritu y la letra del artículo 3 de la convención sobre asilo diplomático indica claramente que el asilo no puede ser utilizado para sustraer a una persona de la investigación y procesamiento penales por delitos comunes cuando las garantías del debido proceso están suficientemente cauteladas. Además, señaló el experto, Uruguay está obligado a cooperar en la lucha internacional contra la corrupción, tal cual está previsto en las convenciones de las Naciones Unidas y de la Oea sobre la materia. Conceder asilo en un caso en el que manifiestamente no es procedente y cuando el objetivo evidente del solicitante es el de procurar sustraerse a la investigación y procesamiento penal por delitos de corrupción implicaría para el Estado uruguayo trasgredir –y contradecir– esa obligación, sostuvo el abogado.

La razón por la que García escogió refugiarse en la embajada de Uruguay es porque este país no firmó el tratado de investigación fiscal por el caso Odebrecht, comentó a Brecha Aída García Naranjo, ex embajadora del Perú en Uruguay. Los países que sí firmaron fueron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela. Luego de manifestar su gran indignación por la noticia, la exembajadora, en declaraciones a Ideele Radio, de Lima, aseveró además que “para las investigaciones, Uruguay es una pieza clave en la conexión entre la banca privada de Andorra con Odebrecht”. Analizó asimismo que García se encuentra enfrentado al actual presidente, Martín Vizcarra, y que puede producirse un grave malestar en Perú y en Uruguay, donde se está debatiendo el caso. “Tengo confianza todavía en que no se le dé el asilo, ya que Uruguay no es un destino de corruptos”, expresó.

La hidra Odebrecht

Los primeros síntomas de la nefasta trama de corrupción de la constructora brasileña ya habían sido denunciados en Colombia en 2010 por el senador Gustavo Petro (alcalde de Bogotá de 2012 a 2014 y candidato presidencial en 2018). En ese país ya se produjo la desaparición física de testigos protegidos, como es el caso reciente de Jorge Pizano, auditor financiero del consorcio Odebrecht, y su hijo, quienes salpicaron en una entrevista grabada nada menos que al fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, y al hombre más rico de ese país: Luis Carlos Sarmiento.

Desde el punto de vista de la ética internacional, comentó Schiappa-Pietra, conceder el asilo solicitado por García implicaría tratar de deslegitimar el valeroso esfuerzo que vienen realizando las instituciones y la ciudadanía peruanas para combatir la corrupción, así como cuestionar el desenvolvimiento democrático de Perú.

“Sabemos que la corrupción sigue siendo un mal extendido, el ex presidente García no está por encima de la ley, quiere evadir la justicia reclamando asilo diplomático, es un ex presidente que no tiene inmunidad y debe someterse a la justicia como cualquier ciudadano”, señaló Jo Marie Burt en una entrevista concedida al portal Lamula.pe (19-XI-18).

Crisis del régimen político

Lo que está claro en Perú es que desde fines de 2016 la crisis no es solamente de gobierno, sino de régimen político. Y día a día se sigue profundizando. Los hechos develados en los últimos meses en relación con el caso Lava Jato y Odebrecht son la expresión extrema de la podredumbre y crisis en la que se encuentra Perú casi 18 años después de la caída de la dictadura cleptocrática y genocida.

Se trata de niveles de corrupción nunca vistos en la historia de este país y que están asociados a la privatización y desregulación de las actividades económicas en lo que se puede denominar “la privatización del Estado”. Hoy “ha quedado en toda evidencia que la demanda de garantías sociales para todos ya no espera, los ciudadanos están pasando la cuenta”, analizó Marta Lagos, de la encuestadora Latinobarómetro.

La decisión del juez Juan Carlos Sánchez Balbuena de aceptar el impedimento de salida del país del ex presidente García ocurrió a tres semanas del referéndum convocado por el presidente Vizcarra para el 9 de diciembre sobre una reforma de algunos artículos de la constitución fujimorista de 1993. La ciudadanía deberá pronunciarse sobre la nueva conformación de la Junta Nacional de Justicia (antes Consejo Nacional de la Magistratura), la no reelección inmediata de congresistas, el retorno de la bicameralidad en el parlamento y el financiamiento privado de los partidos.

Lo que también está claro es que el modelo político, económico e ideológico neoliberal extractivista instalado por el fujimorismo en los años noventa, refrendado por la Constitución de 1993 y no modificado en un ápice por los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006, hoy prófugo), Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), ha colapsado.

En México

Mientras tanto el caso Odebrecht surgió también en México por el financiamiento ilegal al Pri en las elecciones de 2012. Dos miembros del equipo de campaña del candidato presidencial de ese partido, el actual presidente, Enrique Peña Nieto quedaron dañados por los señalamientos de Odebrecht. En México el Estado financia las campañas electorales y los partidos tienen prohibido recibir aportes privados, a diferencia de Perú. Odebrecht pasó por alto eso y donó 10 millones de dólares al futuro presidente de Pemex para su campaña. Más tarde Odebrecht obtuvo contratos importantes con Pemex. La respuesta en México es que no pasa nada. De acuerdo con el diario brasileño O Globo, Emilio Lozoya, ex presidente de la petrolera, habría recibido 10 millones de dólares como soborno desde marzo de 2012, cuando todavía trabajaba en la campaña del presidente saliente Enrique Peña Nieto.

Hay otras acusaciones, pero para seguir la lógica de la excepción seguiremos la cronología de este caso:

La denuncia del caso de sobornos a Emilio Lozoya fue hecha por la diputada Rocío Nahle, del partido Morena, en agosto de 2017.

La Procuraduría General de la República tenía como titular a una persona que fue parte del equipo de transición del entonces candidato del Pri (Peña Nieto) a la presidencia, campaña a la cual se ha denunciado se inyectaron otros recursos de Odebrecht, operación en la que Lozoya habría sido intermediario. Éste renunció al cargo el 16 de octubre de 2017.

En noviembre de 2017 un juez federal otorgó la suspensión definitiva de cualquier acción legal en contra de Lozoya, mientras su defensa estudia a fondo el expediente que se le sigue por el caso Odebrecht.

En octubre de 2018 Lozoya obtuvo una suspensión provisional en la que se prohíbe difundir información sobre su persona.

El 31 de octubre de 2018 el encargado de la Procuraduría General de la República declaró a la prensa que “en este momento sería un error enjuiciar a los implicados en sobornos en México en el caso Odebrecht porque no se cuenta con suficiente información” (El Universal, 1-XI-18). La razón por la que no se cuenta con suficiente información es porque Brasil no coopera. La razón por la que no coopera Brasil es por la “ausencia de un acuerdo reparatorio que nos hubiera entregado de manera mucho más expedita la información financiera que todavía no nos entregan”, “como no firmamos el acuerdo reparatorio, la empresa no nos ha entregado la información, como sí lo ha hecho con otros países”. El acuerdo reparatorio implica que Odebrecht le pague una reparación al Estado afectado a cambio de no quedar inhabilitado. “Eso no lo vamos a permitir”, dijo el encargado de la Procuraduría.

De este modo, mientras en Perú, Colombia y Argentina se está investigando para determinar la cuantía y las implicancias de los sobornos de las constructoras brasileñas (Odebrecht es una de cuatro empresas con las mismas prácticas), México se muestra como una defensora cerrada de la corrupción de alto nivel (véase Ugarteche, Alainet, 7-XI-18). La reacción social ante esta situación fue el triunfo absoluto y abrumador del Morena en las elecciones presidenciales, de gobernadores y municipales, y la derrota absoluta de los partidos tradicionales Pri y Pan. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se refiere a los partidos derrotados como “la mafia”.

Anexo 1

Uruguay frente al pedido de Alan García

Una papa caliente

Víctor Hugo Abalando

La solicitud de asilo del ex presidente peruano ha puesto al gobierno uruguayo en un brete. En la actualidad García está alojado en la residencia del embajador uruguayo en Lima, hasta allí llegó en demanda de asilo diplomático. Tal como indica el procedimiento del protocolo de Caracas de 1954, firmado por todos los países integrantes de la Oea, el representante uruguayo puede recibirlo en la delegación y solicitar inmediatamente al Estado peruano la información correspondiente para decidir o no el otorgamiento del asilo diplomático. De acuerdo a la información oficial, el tema se analizará en conversaciones entre las dos cancillerías implicadas (ya llegó a la uruguaya un documento de su par peruana), pero la decisión final la tomará el presidente Tabaré Vázquez.

García ha puesto en un brete al gobierno nacional, porque en Uruguay existe una larga tradición de asilo a personas perseguidas por cuestiones políticas, y el ex presidente peruano argumenta que se enfrenta a una persecución de ese estilo. Sin embargo, desde la actual administración de Perú se señala que la justicia le impidió salir del país por 180 días (dentro del territorio no tiene restricciones a su movilidad), pues está siendo investigado por recibir coimas, durante su mandato, de la empresa brasileña Odebrecht. Si Uruguay toma como ciertos los dichos de García, implícitamente estaría afirmando que en Perú no existe un Estado de derecho y que allí se persigue a quienes piensan distinto al actual Ejecutivo peruano.

En el Frente Amplio hay una suerte de consenso de que se está frente a un dirigente que ha cometido delitos comunes. Por otro lado, son contestes en que el gobierno uruguayo ha actuado, hasta el momento, en forma correcta. “Con la seriedad que merece el tema”, describió a Brecha la senadora Daniela Payssé, de Asamblea Uruguay.

Por su parte, el diputado socialista Roberto Chiazzaro comentó a este semanario que, sobre el caso de García, “hemos recibido opiniones de todo el espectro político peruano, en el sentido de que el ex presidente, está requerido por la justicia por recibir coimas de Odebrecht, las mismas que han conducido al procesamiento de otros mandatarios peruanos”. El único, añadió, que habla de persecución política es su partido (Alianza Popular Revolucionaria Americana, Apra), que originalmente tenía una orientación socialdemócrata. Para el senador comunista Juan Castillo, consultado por Brecha, si se reafirma que “se está frente a actos de corrupción, no cabe la figura del asilo político”.

Las palabras de José Mujica, que respaldan las acciones del gobierno, fueron las que tuvieron mayor repercusión en los medios peruanos: “Uruguay no tiene más remedio que tener una actitud abierta con respecto a la consideración de dar protección e iniciar el trámite. Después, eso va a depender de las apreciaciones jurídicas que se hagan”.

La única voz que se alzó en defensa de García fue la del ex presidente Julio María Sanguinetti, que sostuvo que debería otorgársele el asilo. El ex presidente peruano integró en su momento el Círculo de Montevideo, un espacio de reflexión creado en 1996, con activa participación de Sanguinetti. Este ámbito tuvo entre sus participantes al ex presidente del gobierno español e integrante del Psoe Felipe González.

El resto de la oposición política uruguaya aguarda el resultado de las conversaciones entre los dos gobiernos, pero no ha habido declaraciones a favor de acceder al pedido de García. Incluso el precandidato colorado Ernesto Talvi disintió con Sanguinetti y planteó su negativa a beneficiarlo con el instituto del asilo.

Anexo 2

Odebrecht en Uruguay

Mauricio Pérez

Las referencias al caso Odebrecht SA en Uruguay tuvieron nombre, apodo y apellido: Andrés “Betingo” Sanguinetti, medio hermano del ex presidente colorado Julio María Sanguinetti. En febrero, la justicia de Andorra procesó a Betingo, ex funcionario de la sucursal de la Banca Privada de Andorra (Bpa) en Uruguay, por su participación en un esquema de lavado de activos vinculado a la constructora brasileña.

Esa investigación se centró –entre otros asuntos– en la adquisición de Lodore Foundation, una sociedad panameña en la cual Sanguinetti era apoderado y que participó en la compra de la petroquímica Quattor-Unipar por Odebrecht SA y Petrobras, operación que se realizó mediante el pago de suculentos sobornos (El País de Madrid, 5-X-17).

Según la investigación, por medio de Lodore Foundation se viabilizó el pago de coimas al propietario de Quattor, Frank Geyer Abubakir, a espaldas del resto de los accionistas; documentos anexados al proceso penal en el país europeo señalan que de esta forma se procuró ocultar la intervención de Klienfeld, la agencia creada por Odebrecht para pagar sobornos a altos funcionarios de gobiernos en varios países de América Latina a cambio de la adjudicación de contratos de obras públicas. Para las autoridades de Andorra, Betingo participó en otros entramados societarios que facilitaron las coimas de Odebrecht y fue el contacto con Olivio Rodrigues, brasileño que operó como testaferro de la constructora de su país.

Un mes después de ser enviado a prisión, Sanguinetti recuperó la libertad plena y pudo regresar al país. Actualmente, tiene libertad ambulatoria, sin restricción de ningún tipo. En este sentido, la actividad de la Bpa también estuvo en la mira de la justicia uruguaya, a partir de la decisión de las autoridades de España de intervenir la entidad bancaria, por su presunta participación en maniobras de lavado.

Un informe de la Dirección General de Inteligencia –incorporado en la causa uruguaya– reveló que unos cuarenta clientes del Bpa fueron vinculados a investigaciones penales en Uruguay y en otros países por delitos de lavado de activos, narcotráfico y tráfico de armas, entre otros, o con empresas con sede en Panamá. Sin embargo, la indagatoria no tuvo avances significativos y fue archivada en junio de 2017: se determinó que no existía ninguna línea para proseguir la investigación contra ninguna de las personas que eran mencionadas en la lista. El archivo se dispuso antes de que Andorra solicitara la captura internacional de Sanguinetti.

Hugo Cabieses Cubas

Economista peruano y ex viceministro peruano de Recursos Naturales y Ambiente (2011), experto en desarrollo rural sostenible andino-amazónico.

Óscar Ugarteche

Economista peruano. Instituto de Investigaciones Económicas, Unam. Coordinador del Observatorio Económico Latinoamericano, OBELA