El asesinato de Gerson Acosta, líder indígena del Cabildo Kite Kiwe en Timbío Cauca, el pasado 19 de abril, a manos de un sicario, eleva a seis el número de miembros de pueblos indígenas asesinados en escasos cuatro días de la tercera semana de abril y pone en serio entredicho la implementación de los acuerdos de paz.

Pedro Nel Pai Pascal, Jhonny Marcelo Cuajiboy Pascal y Ever Goyes, del pueblo Awá, fueron asesinados el 16 de abril en el departamento de Nariño, apenas con algunas horas de diferencia y en lugares diferentes pero no por ello deben tenerse como casos aislados.

Pedro Nel Pai Pascal, 35 años de edad, perteneciente al resguardo Gran Rosario fue asesinado a las 10:15 de la mañana en cercanías del corregimiento La Guayacana del municipio de Tumaco; dos sicarios le propinaron dos disparos en la cabeza.

Ever Goyes, 35 años, miembro del resguardo de Pulgande Tronqueria Palicito del municipio de Barbacoas (Nariño) fue asesinado de tres balazos a las 2 de la tarde en el municipio de Ricaurte (Nariño).

Jhonny Marcelo Cuajiboy Pascal, 33 años, perteneciente al resguardo Piedra Sellada, fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras se encontraba en el corregimiento Llorente del municipio de Tumaco, a las 5 de la tarde.

El mismo 16 de abril, en el Litoral de San Juan, sur del departamento de Chocó en límites con el departamento del Valle del Cauca, fueron secuestrados los indígenas Wounaan, hermanos Anselmo y Dalmiro Cárdenas Victoria, quienes fueron hallados sin vida el 20 de abril.

Para la Asociación de Autoridades y Cabildos Tradicionales Indígenas Awá y la Organización Unidad Indígena del Pueblo Awá – UNIPA “da tristeza ver, como el proceso de paz que para nosotros significó la posibilidad de volver a vivir en armonía, en la práctica, ha significado el incremento al exterminio físico, cultural y espiritual de nuestro pueblo”. Pero de igual manera causa alarma, como lo expresan en el comunicado, “que todos hayan sido realizados bajo la modalidad del sicariato, lo que demuestra una acción sistemática por parte de actores criminales” en contra del pueblo Awá, a la vez que resaltan “que estos hechos ocurren en lugares donde la presencia de la fuerza pública es permanente”[1].

Los múltiples asesinatos han generado el repudio y la voz de alerta de Amnistía Internacional. En comunicado del 21 de abril señala que la “Ola de asesinatos de indígenas resalta fallas de implementación del Proceso de Paz”. De acuerdo con Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional: “La situación de riesgo que atraviesan las comunidades indígenas en Colombia es alarmante. Estos crímenes dejan en relieve uno de los principales retos de la implementación del proceso de paz, el de proteger a las comunidades que viven en algunas de las zonas que más han sufrido el conflicto armado y garantizar que estos lamentables hechos no queden en la impunidad”. Critica igualmente la “ineficacia de las medidas implementadas por las autoridades colombianas para asegurar la vida e integridad de líderes y miembros de comunidades indígenas”[2], toda vez que Gerson Acosta había recibido amenazas y contaba con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección.

Los ataques contra miembros de los pueblos indígenas no son recientes y demuestran, sin lugar a duda, que el Estado colombiano está amañado en el cumplimiento retórico de sus deberes; que de poco sirven las órdenes que imparte la Corte Constitucional[3] y que el principal escollo del conflicto armado que aqueja a Colombia no es lograr la firma de Acuerdos con los grupos insurgentes, sino la consolidación de un ambiente propicio, el cual no se podrá lograr si el Estado no está en capacidad de cumplir los mandatos de la Constitución Política o no tiene la voluntad de hacerlo: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares” (art. 2º); “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana” (art. 7º); “El derecho a la vida es inviolable” (art. 11); “Se garantiza la libertad de conciencia” (art. 18), etc.

Los ataques contra el pueblo Awá revisten sistematicidad aún desde antes de la firma de los Acuerdos con las FARC. El Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas realizó visita oficial a Colombia entre el 5 y el 9 de julio de 2010; su propósito era “observar la situación de los pueblos indígenas que son víctimas de abusos relacionados con el conflicto armado y que se encuentran en peligro de extinción y la situación del pueblo Awá”.

En el informe de su misión, el organismo concluyó en esa época que “Los pueblos indígenas han enfrentado graves abusos a sus derechos humanos relacionados con el conflicto armado interno, como la discriminación y la marginación. La situación crítica de los pueblos indígenas ha sido bien documentada. El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas realizó visitas a Colombia en 2004 y 2009. En 2009, el Relator Especial concluyó que la situación de los pueblos indígenas continua siendo sumamente grave, crítica y profundamente preocupante”.

En el documento, presentado en New York en las sesiones de Naciones Unidas del 16 al 27 de mayo de 2011, se dijo además: “Según datos de la ONIC, entre 2002 y 2009, más de 1.400 hombres, mujeres y niños indígenas fueron asesinados. La violencia se ha incrementado, en 2008 y 2009 se documentaron 111 y 176 asesinatos respectivamente. […] Los líderes indígenas han sido frecuentemente objeto de asesinatos y amenazas por las partes en conflicto que han invadido sus territorios. Durante los tres meses posteriores a la visita del Foro, se registraron los asesinatos de 4 líderes indígenas, incluyendo el de una líder que estaba embarazada. La esposa de otro líder también fue secuestrada junto con su marido y posteriormente asesinada”.

Desde la visión de los observadores internacionales, encontraban entonces que “Las raíces del conflicto se encuentran en problemas estructurales del país tales como la pobreza y la desigualdad, la discriminación contra grupos vulnerables, los abusos a los derechos humanos y el control sobre la tierra. El conflicto está alimentado por la violencia relacionada con el tráfico de droga, el crimen organizado y las tensiones con los países vecinos, que han sido acusados de apoyar a grupos rebeldes. Los pueblos indígenas se han mantenido neutrales ante el conflicto, sin embargo han sido objeto de graves abusos tales como asesinatos, masacres, desplazamiento forzado, infracciones al Derecho Internacional Humanitario, entre otros y son la causa principal de riesgo de su extinción”.

En 2011 el Foro reiteró el llamado a la “búsqueda de una paz auténtica y duradera mediante una salida negociada al conflicto armado que está afectando severamente a los pueblos indígenas” (Negrilla fuera de texto). Tal vez allí radica el problema esencial en la consolidación del fin de la guerra. En que el gobierno colombiano está empeñado en lograr una paz estable pero no auténtica. Y es que no puede construirse una paz auténtica, ni estable ni duradera, sobre la base de los viejos privilegios de los grandes terratenientes y grupos económicos; sobre los escombros de las rancias castas políticas y sobre las estructuras malolientes de un Estado que hiede a corrupción, impunidad, inmoralidad, inequidad, nepotismo, concentración de poder y de riqueza, centralismo, paraestatalismo, paramilitarismo y un interminable etc.

De ahí que los asesinatos de indígenas y líderes sociales, los desplazamientos de pobladores como el ocurrido en la localidad de Peña Azul en el Alto Baudó (Chocó) y los ataques de diversa índole contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, perpetrados por parte de bandas paramilitares con posterioridad a la firma de los llamados Acuerdos de Paz, continúen a pesar de tales Acuerdos y a pesar de la negativa del gobierno a reconocer la existencia de los grupos paramilitares de ayer y de hoy. Asistimos a la macabra repetición de actos criminales cometidos hace cincuenta años, quinientos años, los criminales son los mismos, solo cambian los nombres de las víctimas. Los genocidas de los pueblos indígenas hoy, son los continuadores del genocidio que iniciaron los invasores españoles ayer.

2 de mayo de 2017

Notas

[1] Comunicado 004-2017 a la comunidad nacional e internacional.  http://www.onic.org.co/comunicados-regionales/1771-el-exterminio-contra-...

[2] https://www.amnesty.org/es/latest/news/2017/04/colombia-ola-de-asesinato...

[3] La Corte Constitucional ordenó en el Auto 004 de 2009 implementar un Plan de Salvaguarda Étnico en relación con el Pueblo Awá. Dicho Plan fue entregado en el año 2010 por el Pueblo Awá al gobierno nacional sin que a la fecha se haya adoptado.

Fuente: https://www.sur.org.co/pueblos-indigenas-entre-la-muerte-y-la-muerte/