Los avances del proceso de paz en el reconocimiento de los derechos de las víctimas y la adopción de la justicia especial para la paz deben fortalecer las garantías y la potencia de lo movilización popular ante la arremetida que se viene en el año 2016 para imponer por el gobierno de Santos un ajuste económico neoliberal con recortes a los gastos sociales del Estado y los derechos democráticos del pueblo colombiano. 

La crisis externa y el déficit fiscal no la deben pagar los más débiles con el incremento del IVA y el aumento de las tarifas energéticas y otros servicios públicos; que sean las elites oligárquicas las que asuman los problemas cediendo en sus fortunas y privilegios.

¿Deben servir los avances en el proceso de paz para implantar un ajuste macroeconómico con recortes sociales y afectación de los derechos de los trabajadores, los campesinos y el pueblo en general?, es la pregunta que surge al observar los avances de las conversaciones de La Habana y el agravamiento de la crisis económica nacional.

El proceso de paz ha dado un trascendental paso con la firma de los consensos suficientes alrededor del tema de las víctimas, el cual incluye un robusto componente jurídico como elemento básico de la verdad, la reparación y la no repetición, variables sustantivas del sistema que se creara con la implementación de lo pactado.

Estos avances políticos deben, por lo demás, propiciar un ambiente para la movilización social ante la inminencia de las medidas económicas que promoverá el gobierno para hacer ajustes y recortes en el gasto fiscal y en los derechos sociales, como estrategia para resolver los graves problemas fiscales y externos que se derivan de la caída de los precios del barril de petróleo y de la contracción de las exportaciones como consecuencia de la recesión en la economía global.

La solida coincidencia de las partes en lo relacionado con los derechos de las víctimas del conflicto social y armado, es un acontecimiento de inocultables implicaciones en el campo político democrático. Quiere decir  que el esclarecimiento de la verdad, la reparación, la no repetición y la justicia que se han previsto en los 75 puntos formalizados, concurren en la ampliación de los derechos ciudadanos de millones de colombianos.

En ese orden de ideas, es preciso establecer que si las acciones gubernamentales para atender la enorme crisis económica vulneraran las condiciones de vida de las mayorías populares, estas deben acudir a la movilización y a la protesta para obligar a la oligarquía dominante a resolver el déficit comercial, el déficit fiscal, el encarecimiento del crédito y de la inversión extranjera, con medidas que obliguen a los más ricos a desprenderse de sus privilegios y enormes fortunas.

Si lo que pretende Santos es incrementar el IVA, imponer alzas en las tarifas de la energía y otros servicios públicos necesarios y una reforma tributaria para afectar el ingreso de los trabajadores y las clases medias, pues no puede aspirar a que la paz sea una cortina de humo para impedir la rebeldía popular y la protesta de la multitud.

Querer impedir, como lo propone Perry (http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/los-retos-del-2016/16462974) que la crisis económica drene la gobernabilidad neoliberal, es pura fantasía.

Por su esencia, la crisis capitalista global y local colapsa las gobernanzas conservadoras y las que se acreditan como posneoliberales.

Allí están no más los casos cercanos de Argentina, Brasil y Venezuela.

El enredo político en esas sociedades y sus Estados, es de corte mayor.

La incertidumbre es absoluta.

Lo único seguro es que los pueblos explotan y buscan salidas a sus terribles sufrimientos.