La importancia geoestratégica de México cobró una mayor relevancia tras los acontecimientos trágicos de Ayotzinapa. Ésta cubre diversos rubros: petróleo, minerales, agua y abundantes recursos agrícolas estratégicos para la economía de Estados Unidos. En consecuencia, las reformas estructurales avizoran un mayor sometimiento por parte de la administración de Enrique Peña Nieto.

La estrategia estadounidense no solamente consiste en la adquisición de hidrocarburos del Golfo de México, sino también, incluye la apropiación de recursos naturales y fuerza de trabajo de las regiones afectadas por el narcotráfico, mediante la reciente creación de las zonas económicas especiales, anunciadas el pasado mes de noviembre de 2014.

Las Zonas Económicas Especiales (ZEE), son espacios geográficos regidos por leyes económicas con una mayor orientación al libre mercado. El objetivo principal de las ZEE es atraer inversión extranjera directa para impulsar la exportación de productos a precios competitivos.

Las ZEE adquirieron notoriedad mundial en la década de 1980, producto de los resultados positivos obtenidos por la administración de Deng Xiaoping en China. En el caso de la experiencia asiática, el financiamiento del Estado y el protagonismo de los grupos de capital nacional desempeñaron un rol decisivo en el lanzamiento de las ZEE.

Además, las ZEE estuvieron suscritas a la protección y regulación estatal, antes de la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 2001, acontecimiento que liberalizó el comercio exterior del gigante asiático.

En contrapartida, el régimen neoliberal implementado en México durante tres décadas, aniquiló el desarrollo del sector industrial, anulando así la influencia de la pequeña y mediana burguesía en la estrategia de crecimiento orientada hacia dentro. De manera deliberada, el Estado mexicano liberalizó el comercio exterior a favor de los grupos trasnacionales de capital, desmantelando el aparato productivo nacional.

La creación de las ZEE localizadas en los estados de Guerrero, Michoacán, Chiapas y Oaxaca profundizará la presencia del capital extranjero en el sureste del territorio mexicano. La meta oficial de las zonas económicas consiste en impulsar el desarrollo de los estados que sólo contribuyen con 7% del PIB nacional y concentran 15% de la población mexicana (Bancomext, Zonas Económicas Especiales en México, 2014, http://bit.ly/1sP7I1D).

El presidente Enrique Peña Nieto señaló que las ZEE deberán tener infraestructura moderna, condiciones de seguridad, financiamiento preferencial de la banca de desarrollo, facilidades adicionales para el comercio exterior e importantes descuentos en impuestos y contribuciones a los Institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), con el fin de atraer inversión empresarial y generar empleos de calidad (La Jornada, 28/11/2014).

La caída del precio del petróleo, la devaluación del peso, y las dificultades del endeudamiento externo redujeron los ingresos del Estado mexicano significativamente, bajando la previsión de crecimiento anual en un rango (2.5-3.5%) en 2015. El anuncio del posible segundo recorte del gasto público por el presidente del Banco de México, Agustín Carstens, puso en evidencia la incapacidad del Estado mexicano de implementar un programa de inversión pública a largo plazo en los estados de las ZEE.

El gobierno federal planea realizar inversiones por un monto de 195,000 millones de pesos como parte del Programa de la Región del Sur-Sureste 2014-2018, cuyo objetivo es disminuir la desigualdad de la región. El monto de la inversión es insignificante ya que sólo aborda el problema de la insuficiencia de líneas de transporte para conectar a los estados entre sí. De esta manera, el plan no plantea cambiar las estructuras productivas con mayor rezago.

La posición de los estados continuará siendo desfavorable, al colocarse como las entidades que reciben menores recursos del presupuesto federal. El Presupuesto de Egresos de la Federación de 2015 contempla entregar la tercera parte del presupuesto total a las entidades federativas (1,463,852 millones de pesos). Los estados de Guerrero, Michoacán, Chiapas y Oaxaca apenas recibirán 193,089.5 millones de pesos, cantidad muy por debajo de lo recibido por el Distrito Federal y el Estado de México en conjunto (Transparencia Presupuestaria, 2015, http://bit.ly/1B7lG1X).

Además, las finanzas públicas de los estados posiblemente estarán más restringidas a causa de la iniciativa aprobada por el Senado en febrero del año en curso, que pretende acotar la deuda estatal. De esta manera, la deuda de los estados de las ZEE permanecerá insignificante (92,446.6 millones de pesos), cifra muy por debajo de las cinco entidades más endeudadas (Distrito Federal, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, Estado de México) que poseen la mitad de las obligaciones estatales (250,817.605 millones de pesos).

El apoyo de la banca de desarrollo, por su parte, estará dirigido a actividades extractivistas, lejos de crear infraestructura para apoyar la industrialización de la región. El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) financiará las ZEE por medio de la ayuda preferencial que recibió de la Secretaria de Hacienda (1,800 millones de pesos) (Bancomext, Las zonas económicas especiales y los clústers agroindustriales, 2015, http://bit.ly/1DEr8Ko).

El impacto económico sobre el empleo en las regiones será débil al apoyar actividades con bajo valor agregado que no están vinculadas al aparato productivo nacional. De esta manera, la situación precaria prevalecerá en los estados de las ZEE, que poseen los índices más altos de pobreza extrema e informalidad laboral en el plano nacional (CONEVAL, Informe de pobreza en México en 2012, 2013, http://bit.ly/1kqkDvN).                                                                                                                                               

La importancia geográfica de estas regiones se deriva de la existencia de una mano de obra abundante sobreexplotada que se acopla a la deslocalización productiva de las empresas norteamericanas. Esta sobreexplotación seguirá presente en las ZEE, ya que compensará la caída de precios de las materias primas que enfrentan actualmente los grupos empresariales estadounidenses.

Por añadidura, las regiones abarcadas por las ZEE concentran la mayor parte de la biodiversidad de México. Los recursos potenciales a explotar incluyen: minerales, agua, madera, agricultura, ganadería y pesca. La explotación de estos recursos implica la desposesión capitalista por parte del Estado que ya se encuentra en curso.

Lo anterior se confirma con la construcción del Parque Agroindustrial en Chiapas que aprovechará los recursos naturales explotados por las empresas multinacionales. Entre las técnicas utilizadas más rentables, destacan la minería de cielo abierto, agricultura y ganadería extensivas. Por lo tanto, el deterioro del territorio anulará la posibilidad del desarrollo futuro de los estados.

El Estado mexicano desmoviliza los movimientos populares y aumenta la presencia del ejército con el fin de apuntalar el papel geopolítico de Estados Unidos en estas regiones. Esta represión social recibió el apoyo del gobierno norteamericano en el último encuentro, entre ambos presidentes, a inicios de 2015, evento que señaló la continuidad de la asistencia militar de Estados Unidos a México por medio de la Iniciativa Mérida implementada desde 2008 (La Jornada, 06/01/2015).

En suma, la contradicción de la estrategia norteamericana consiste en que la desposesión y la sobreexplotación capitalistas fracturan el territorio mexicano, factores que podrían hacer nacer movimientos sociales de mayor envergadura amenazando la presencia de Estados Unidos en nuestro país.    

- Ulises Noyola Rodríguez es Periodista.

Contacto: ulisesnoyola1@gmail.com