El presidente López Obrador rompió la tradición de ceder a todas las exigencias de los empresarios durante la crisis económica. Pero al atacar la crisis reduciendo solamente el gasto público, el gobierno está desarmado para impedir la degradación de las condiciones de vida de los mexicanos.

El plan económico del gobierno consiste en realizar una inversión pública para la introducción de agua potable, drenaje y pavimento junto con la construcción de viviendas en zonas marginadas (25,000 millones de pesos); otorgar un millón de créditos a las pequeñas y medianas empresas (25,000 millones de pesos); conceder créditos de viviendas a trabajadores por el Infonavit-Fovissste (177,000 millones de pesos); proporcionar créditos personales a  trabajadores del Estado (35,000 millones de pesos), la ampliación de los programas Sembrando Vida y el mantenimiento de las iniciativas de infraestructura como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía.

La parte crucial del programa son los créditos a las pequeñas y medianas empresas dado que representan el eslabón más importante de la economía mexicana. Este grupo de empresas genera un 52% del Producto Interno Bruto junto con un 72% de los empleos. El coronavirus desató una crisis en los pequeños negocios porque la gente, al dejar de salir de sus casas, reduce los ingresos de los restaurantes, tiendas y servicios, entre otros establecimientos. Por lo tanto, la quiebra de empresas tiene el potencial de desencadenar una crisis de desempleo afectando a la población más vulnerable.

El gobierno otorgará créditos a un millón de negocios por un monto de 25,000 pesos que ayudarían a las empresas a apoyar sus gastos. El presidente pidió a las grandes empresas pagar su deuda fiscal de 50,000 millones de pesos, cantidad que aumentará el número de créditos a tres millones de empresas. Evidentemente los créditos no resultarán suficientes para que los negocios puedan continuar operando en un contexto de crisis económica puesto que no cubren los gastos de servicios básicos (agua, luz y gas) y mucho menos el pago de la nómina de trabajadores.

La economía nacional se contraería un 3.5% este año de acuerdo a las estimaciones del Banco de México. Las pequeñas empresas no aguantarán la recesión económica considerando que las restricciones de movilidad empezarán a flexibilizarse a partir de junio del año en curso. En consecuencia, los desempleados engrosarán la economía informal aparte de que aceptarán los empleos mal pagados ofrecidos por las grandes empresas que sin duda alguna buscarán resarcir sus ganancias ofreciendo trabajos en condiciones más precarias después de la eliminación de la pandemia.

El financiamiento de los programas anunciados por el presidente provendrá del recorte del gasto corriente. La reducción será realizada a través del congelamiento del incremento de salarios y el ahorro del pago de aguinaldo de los funcionarios públicos que perciben una alta remuneración; la extinción de los fideicomisos que operaban con opacidad (250,000 millones de pesos); y el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (158,544 millones de pesos). Las fuentes de ingreso están bastante restringidas con la caída del precio del petróleo y la actividad económica por lo que el gobierno está imposibilitado de ofrecer un programa de envergadura que apoye a la mayoría de los negocios.

En este sentido el gobierno acertó en enfocarse primero en incrementar el gasto en el sector de salud aparte de restringir la movilidad de las personas para erradicar la pandemia. Así la gente podrá salir con más frecuencia y con ello reactivar las economías locales en algunos meses. No obstante, la administración de López Obrador no está combatiendo la raíz del problema que es la enorme desigualdad entre los grandes empresarios y las pequeñas empresas. Los pequeños negocios constantemente cierran sus puertas por la pequeña dimensión de los mercados, la ausencia de financiamiento de la banca comercial y la casi nula asistencia por parte de las autoridades públicas.

Las pequeñas empresas tienen un gran potencial para crear empleos bien remunerados en diversos sectores. Por dar algunos ejemplos, el gobierno podría apoyar económicamente a las pequeñas empresas interesadas en crear nuevas tecnologías como la industria aeroespacial, la informática, entre otras. Otro sector desaprovechado es la riqueza gastronómica en donde las sucursales de Burger King, Pizza Hut y Mac Donald’s han florecido en las ciudades en detrimento de los negocios que ofrecen comida tradicional para los residentes y extranjeros. El mismo caso se replica en la oferta cultural en la cual las familias saturan las plazas comerciales para ver películas del cine comercial de pésima calidad en los fines de semana en lugar de fomentar obras de teatro, cine independiente y eventos musicales administrados por pequeños negocios.

Es claro que el gobierno necesita más recursos para apoyar a las empresas por lo que tendría que aplicar una serie de medidas. Entre las medidas podemos destacar el incremento del Impuesto sobre la Renta (ISR) de los estratos de altos ingresos; el Impuesto de Valor Agregado (IVA) sobre bienes de lujo; los impuestos sobre las ganancias de títulos de valores; y los impuestos sobre el comercio electrónico. Esos recursos serían canalizados a las pequeñas empresas con proyectos que tengan potencial para generar ingresos y empleos. Lo anterior crearía una redistribución del ingreso a favor de las pequeñas empresas por medio de la reducción de los ingresos de las personas con mayor poder adquisitivo después de eliminar la pandemia.

Adicionalmente, los miembros del Partido Morena en el Congreso podrían proponer el cambio de la Ley del Banco de México para establecer entre sus objetivos el crecimiento económico y la generación de empleos como prioridades aparte de la inflación. Esto se haría con la justificación de generar empleos suficientes para compensar la caída de la actividad económica tomando en cuenta que el Banco de México tiene prohibido financiar directamente al gobierno federal para apuntalar la inversión pública. Con ello, el gobierno incrementaría su presupuesto pidiendo prestado al Banco de México a bajas tasas de interés; con lo cual aumentaría los recursos hacia la banca de desarrollo que se encargaría de financiar y asesorar a las pequeñas empresas. Lo anterior es viable considerando la mayoría del Partido Morena en el Congreso y el Senado.

Estas medidas obviamente involucran un alto riesgo ya que el gobierno de López Obrador estaría sujeto a una campaña de desinformación en los medios de comunicación que están controlados por los grandes empresarios. También los empresarios responderían a las iniciativas aumentando los precios y despidiendo personal quienes actualmente se oponen al pago de impuestos por la crisis. Para implementar reformas importantes, el presidente requiere el apoyo de un partido disciplinado y la organización de la sociedad civil, factores que difícilmente serán conseguidos en vista de que la sociedad mexicana ha sido incapaz de poner un freno a los empresarios y las disputas internas del Partido Morena para aprobar reformas que desafíen a la clase empresarial.

El presidente, a pesar de no ceder a todas las peticiones de los empresarios, se encuentra condicionado para aplicar un programa económico de envergadura. El gobierno está atrapado en un círculo vicioso puesto que no cuenta con recursos al no tener casi incidencia en la actividad económica. Y a su vez no tiene incidencia porque no controla la política monetaria y fiscal. La política económica está dictada por los grandes grupos económicos quienes hasta ahora han sorteado la crisis económica en tanto que las pequeñas empresas están sufriendo los estragos más graves.

Ulises Noyola Rodríguez

Colaborador del Centro de Investigación sobre la Globalización