La sociedad moderna se torna cada vez más compleja al tomar recursos de la naturaleza de modo creciente y desechar a la misma una gran cantidad de residuos. El proceso está alterando los ecosistemas y el propio funcionamiento de los ciclos biogeoquímicos, pero a diferencia de civilizaciones pasadas, el sistema actual de producción depreda los recursos y produce entropía (energía y materia disipada) a una velocidad nunca antes registrada en la historia del ser humano.

 

Los efectos de tal dinámica son múltiples, desde el inequívoco cambio climático y la destrucción de la capa de ozono, a la trasgresión de los límites del ciclo del nitrógeno y del fósforo, la acidificación de los océanos, la ruptura del ciclo del agua con miles de represas, el intenso cambio de uso del suelo, la pérdida de biodiversidad, entre otros.

 

Los cambios que nos colocan en la actual coyuntura son producto de relaciones sociales, productivas y de poder específicas. Se puede argumentar que en general hay una mayor responsabilidad histórica de parte de los países metropolitanos puesto que en la periferia, en promedio, poco menos de la mitad de la población, no tiene hoy día acceso ni siquiera a las más básicas innovaciones producto de la modernidad (e.g. energía suficiente, agua de calidad, servicios de saneamiento o médicos, ya no se diga de telecomunicaciones, entre otros). La responsabilidad es pues diferenciada, entre naciones como entre sus propios habitantes.

 

El fenómeno es en gran medida resultado del metabolismo social capitalista en tanto que la naturaleza es funcionalizada o supeditada a las dinámicas de acumulación de capital más allá de cualquier otra consideración de tipo social, ambiental o cultural, de ahí que no en pocas ocasiones promueva esquemas que desde la perspectiva de la vida son irracionales, despilfarradores y destructivos. Y es que el desarrollo en el actual sistema de producción es prácticamente entendido como crecimiento económico, mismo que requiere de una constante y creciente transformación de la naturaleza y de la explotación del trabajo, esto es, de ciclos ampliados de producción-circulación-consumo.

 

En tal sentido, a la par de una mayor acumulación de capital, atestiguamos un acelerado aumento del metabolismo social. Los datos sugieren que entre 1900 y el 2000, cuando la población creció cuatro veces, el consumo de materiales y energía aumentó en promedio hasta diez veces; el incremento del consumo de biomasa en 3.5 veces, el de energía en 12 veces, el de metales en 19 veces y el de materiales de construcción, sobre todo cemento, unas 34 veces (Krausmann et al, 2009).

 

Para el 2010 las estimaciones rondaban las 60 mil toneladas de materiales al año y unos 500 mil petajoules de energía primaria (Weisz y Steinberger, 2010). El 10% de la población mundial más rica acaparaba entonces el 40% de la energía y el 27% de los materiales (Ibid). Mientras el grueso de tal población se ha concentrado en las últimas décadas en EUA, Europa Occidental y Japón, en contraparte, las regiones que principalmente han abastecido el mercado mundial de recursos naturales han sido América Latina, África, Medio Oriente, Canadá y Australia.  China, Corea del Sur, Malasia e India se colocan como importadores netos de recursos en los últimos años.

 

Lo anterior advierte un futuro próximo socio-ambientalmente inquietante pues las proyecciones para las próximas décadas precisan un consumo creciente y marcadamente desigual. De seguir sin cambio alguno, el aumento en la extracción de recursos naturales podría triplicarse para el 2050, mientras que si se opta por un escenario moderado, el aumento sería en el orden del 40% para ese mismo año (esto es unas 70 mil toneladas en total) (UNEP, 2011: 30). Mantener los patrones de consumo del año 2000, implicaría por el contrario, que los países metropolitanos disminuyan su consumo entre 3 a 5 veces, mientras que algunos “en desarrollo” lo tendrían que hacer en el orden del 10% – 20% (Ibid).

 

 

La dinámica extractivista en curso no sólo responde al rol asignado a la periferia en la división internacional del trabajo, sino a un aumento mundial en la demanda de materiales y de energía debido al crecimiento poblacional y sobre todo a causa del aumento en los patrones de consumo de una clase media y alta mundial cada vez más despilfarradora. También es producto de la actual coyuntura económica que ha estimulado que buena parte de los ahorros y la especulación -incluyendo los fondos de pensiones, dígase canadienses- se dirijan a las industrias de la energía, los metales y minerales. A lo anterior se suma la visualización del agotamiento de las reservas de algunos materiales, en particular de aquellas de más fácil acceso y por tanto cuya extracción es más rentable.

 

Es un esquema en el que, sin embargo, las exportaciones de recursos naturales de América Latina son cada vez más baratas, tanto socio-ambiental como económicamente (muestran una tendencia histórica de su valor a la baja)[1]; ello al tiempo que las exportaciones de los países metropolitanos o ricos, contienen un alto valor agregado pues el negocio de transformación de mayor valor de los recursos naturales suele darse en esos países, desde la petroquímica y la metalmecánica, a las tecnologías de vanguardia como las telecomunicaciones, la electrónica, la robótica, etcétera.

 

El agravamiento del extractivismo es observable, particularmente en zonas donde se encuentran los yacimientos más accesibles y las regulaciones más laxas y favorables a la inversión extranjera, tal y como sucede en muchos países de América Latina.

 

 

Estados Unidos (EUA) ya daba cuenta de su dependencia de minerales al término de la Segunda Guerra Mundial al tiempo que visualizaba desde entonces una futura dependencia petrolera. En tanto que se consideraba que su proyección hegemónica estaba en juego, a partir de ese momento la vinculación entre seguridad y el acceso a los recursos se hizo presente en la agenda de seguridad y de política exterior estadounidense. Frente a tal situación EUA definió establecer una estrategia nacional de almacenamiento, misma que en 1979 contemplaba que, “…además de los proveedores estadounidenses, sólo proveedores canadienses y mexicanos podrán ser considerados como fiables” (NRC, 2008: 28). Para 1991 se consideraban también a los países de la cuenca del Caribe como fuentes fiables (Ibid: 29). Entrado el siglo XXI, EUA clasifica su creciente dependencia de materiales en estratégicos y críticos, esto es, aquellos claves para su economía, con bajo o nulo grado de sustitución y, en el caso de los críticos, relevantes para el complejo militar industrial.

 

Casi en unísono, la Comisión Europea (2010) daba cuenta de la agudización de su dependencia haciendo fuerte énfasis en el rol de China como gran consumidor mundial, pero también como abastecedor de materiales clave. No sobra señalar que el posicionamiento europeo tiene como antecedentes estudios y posicionamientos nacionales de Reino Unido, Alemania, Austria y Francia (Ibid).

 

Reconociéndose como el tercer país que más demanda minerales, después de EUA y China, Japón se posicionó también a principios de este siglo, señalando la necesidad de mantener un sistema de almacenamiento estratégico en tanto que su dependencia a las importaciones de minerales es prácticamente total, pero con mayor énfasis en el caso de aquellos no ferrosos como las tierras raras (Kojima, 2002).

 

Por su parte, como es evidente, China se plantea en el escenario mundial hacer inversiones sustanciales para dotarse de reservas de materiales que no tiene o cuyas reservas nacionales son limitadas ante las demandas de su pujante economía. El interés ha sido progresivo, rebasando lo regional para proyectarse en África y más recientemente en AL. Los patrones crecientes de consumo de China se dan en un contexto en el que ese país no sólo está expandiendo su infraestructura de manera inusitada, sino que además en el que apuesta por desarrollar tecnologías de frontera que demandan minerales específicos, de ahí que, por ejemplo, definiera dar un giro nacionalista con respecto a la gestión de sus reservas de tierras raras –las más importantes del mundo dado el alto grado de concentración de las mismas y por tanto por su comparativamente bajo costo de producción–.

 

En tal panorama, América Latina figura como una región relevante en tanto que cuenta con recursos no despreciables y, en algunos casos, en gran abundancia. Ello queda por demás evidenciado cuando se da cuenta del origen de las importaciones de los países metropolitanos.

 

El Servicio Geológico de EUA, por ejemplo, reconoce que durante 2011, de los 52 minerales reportados con más de un 25% de dependencia (en términos de importaciones) 33 eran abastecidos en un grado u otro por países del continente americano, siendo 20 de América Latina y 25 de Canadá (USGS, 2012). De los casos de 100% de dependencia, denota que la totalidad del cesio y rubidio provienen de Canadá; el 100% del estroncio en mineral de México; el niobio en 85% de Brasil; el fluorospato en un 59% de México; y 48% de la bauxita y bauxita de Jamaica y Brasil (Ibid).

 

Por su parte la Unión Europea ha reconocido 41 minerales clave, de los cuales 14 son críticos (Comisión Europea, 2010). Brasil es estratégico en cuanto al abastecimiento europeo casi del total de niobio y buena parte del tungsteno, pero también contribuye con cantidades no despreciables de aluminio y bauxita, arcilla, hierro, tantalio, berilio, magnesita y grafito. Bolivia y Perú llegan a aportar el grueso del antimonio, mientras que Argentina y Chile del borato. Perú aporta la cuarta parte del telurio y hasta la tercera parte del zinc. Perú y Chile en conjunto aportan la mitad del cobre que demanda Europa. Chile más de la mitad del litio y del renio y hasta la tercera parte del  molibdeno. México la cuarta parte de la diatomita y el fluorospato y, junto con Perú, la tercera parte de la plata. Además, Bolivia exporta cantidades pequeñas pero no despreciables de tungsteno y Venezuela de vanadio (Ibid).

 

 

El extractivismo, por lo general, se gesta sobre la base de una permanente acumulación por desposesión, es decir, de un despojo –formalmente legal o ilegal- en tres sentidos: el despojo de los bienes comunes, el del bien común de buena parte de la población e incluso de pueblos enteros, y el despojo gradual del futuro de las generaciones venideras. Justo por ello es que una lectura propia de la ecología política es útil y necesaria, entendiendo a ésa como el estudio o diagnóstico de la complejidad de intereses, estructuras de poder y conflictos existentes en torno a los bienes comunes que figuran como sustento del funcionamiento de la economía mundial, todo en un contexto de factores biofísicos y límites ambientales específicos que, de transgredirse, agreden e incluso hipotecan el futuro de los pueblos y de su entorno natural.

 

Dejando tal ejercicio analítico para otra ocasión, interesa notar que las nociones de geopolitización o seguritización de los recursos se vinculan con los problemas o amenazas visibles o potenciales en torno a su abastecimiento, yendo desde cuestiones asociadas a la erosión de las reservas de fácil acceso, a las condiciones sociopolíticas locales, a las regulaciones ambientales, el avance de frentes tecnológicos que requieren de nuevos materiales, el auge de probables nacionalismos e incluso al incremento de eventos climáticos extremos con potencial de interrumpir el flujo de recursos hacia el mercado mundial. La intensidad de la disputa en curso queda develada con el anuncio de eventuales confrontaciones por los recursos en la Antártida y que eventualmente serían accesibles a causa del cambio climático.

 

La disputa, que incluye lo económico, lo diplomático y la fuerza o la amenaza del uso de ésta, no nada más se perfila como algo problemático en la dimensión de las relaciones internacionales, dígase entre los Estados nación, también lo es a nivel del control de los propios territorios y su gente por parte de la industria minera y los grupos de poder local que la avalan y para la cual establecen una diversidad de condiciones ventajosas. En países de América Latina con proyectos alternativos de nación, una de las principales contradicciones es que pese al avance en ciertos aspectos, el modelo extractivista persiste dejando igualmente a su paso cúmulos de pasivos socioambientales y, en ciertos casos, escenarios de violencia como los experimentados en Bolivia o Argentina. De cualquier modo, el modelo venezolano o ecuatoriano sin duda está lejos de ser comparable al mexicano o colombiano.

 

Por tanto, conforme se agudiza el extractivismo y la geopolítica del despojo, es palpable el aumento e intensidad con la que se violan los derechos humanos más elementales, pero también con la que se establecen condiciones propicias para que ciertos escenarios se salgan potencialmente de control en tanto que se producen situaciones de reacción social y de consecuentemente criminalización y represión de movimientos sociales, en la mayoría de los casos en defensa legítima de sus recursos y del entorno natural que los contiene y que figura como sustento muchas veces único de vida. No es por tanto casual que al cierre del 2010 se estimara la existencia de al menos unos 155 conflictos activos en 168 proyectos mineros en América Latina (consúltese: www.olca.cl/ocmal). Situaciones de despojo de tierra y agua, de violación al derecho de consulta y otros derechos humanos básicos, y hasta el asesinato de líderes han sido constantes en los movimientos de afectados ambientales de la región, pero también de la periferia en general.

 

El debate sobre la securitización de los recursos naturales, con toda la amplitud de aspectos que vincula, se coloca, por tanto, como un asunto de trascendencia que se mantendrá en la agenda latinoamericana, tanto de parte de las elites de poder extranjeras y sus socios regionales, como de los proyectos alternativos de nación, pero también de los pueblos. Más cuando se considera que la crisis económica retroalimenta la crisis ambiental.

 

Desde el punto de vista de los movimientos sociales, el debate puede ser reducido por algunos actores a un asunto sobre el derecho universal a un medio ambiente sano que es vital para la vida, pero de fondo, lo que está en juego no es sólo eso, sino sobre todo la definición de cómo los pueblos han de relacionarse con la naturaleza y cómo han de gestionar su autonomía.

 

Con las características socioeconómicas de América Latina, los límites sociales de tolerancia ante esquemas de creciente saqueo son cada vez menores. Ello ha tornado la lucha ambiental en una lucha de clase, de diversas tipologías de actores, lenguajes y expresiones, operando a distintas escalas espaciales y cada vez más bajo esquemas de redes de redes. Algunos son antisistémicos, otros se visualizan como ecologistas, otros sólo no están de acuerdo con un proceso o esquema expoliador particular. En cualquier caso, el rechazo es patente. Estamos pues ante un momento complejo, de crisis e intensa disputa, pero al mismo tiempo de oportunidad para idear, debatir y construir nuevos paradigmas, “otros desarrollos”, con profunda mirada histórica y crítica aguda, que en términos básicos sean socio-ambientalmente más armónicos y justos, que se piensen desde el decrecimiento biofísico (del menor uso posible de materiales y de energía), que se alejen del extractivismo como fundamento e incluyan otras dimensiones humanas más allá de la exclusivamente material, y que desde luego operen bajo genuinas cuotas de poder social.

 

Comisión Europea (2010). Critical Raw Materials for the EU. Report of the Ad-hoc Working Group on defining critical raw materials. Julio. Bruselas, Bélgica.

Kojima, Shuhei (2002). Stable Supply of Mineral Resources. Mineral and Natural Resources Division, Ministry of Economy, Trade and Industry. Tokio, Japón.

Krausmann et al (2009) “Growth in global material use, GDP and population during the 20th Century.” Ecological Economics. No. 68: 2696 – 2705.

NRC – National Research Council (2008). Minerals, critical minerals and the US economy. Committee on Critical Mineral Impacts of the US Economy; Committee on earth Resources. The National Academies. EUA.

UNEP. 2011. Decoupling Natural Resource Use and Environmental Impacts from Economic Growth. A Report of the Working Group on Decoupling to the International Resource Panel. Paris, Francia.

USGS – US Geological Service (2012). Mineral Commodity Sumaries 2012. Reston, Virginia, EUA.

Weisz, Helga y Steinberg, Julia (2010). “Reducing energy and material flows in cities.” Environmental Sustainability. Vol. 2: 185.

 

Gian Carlo Delgado Ramos es investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.

 

Una versión más amplia de este artículo se encuentra en:  http://alainet.org/active/53380

 

Este texto es parte de la revista “América Latina en Movimiento”, No 473, correspondiente a marzo 2012 y que trata sobre "Extractivismo: contradicciones y conflictividad” - http://alainet.org/publica/473.phtml.

 

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