Con posterioridad a los años 80, las grandes potencias occidentales, impulsaron y trataron de imponer, principalmente en el seno de las Naciones Unidas, el concepto denominado “soberanía limitada”, el que pretende conceder derecho para el ejercicio de acciones intrusivas –acción de introducirse sin derecho- ha determinados países u organizaciones mundiales como las Naciones Unidas, regionales como la OEA, y hoy a organizaciones militares de los países imperialistas como la OTAN, bajo distintas causales, posición a la que se oponen los países de menor desarrollo relativo, ya que, la internacionalización de los conflictos choca con el principio de no-intervención en los asuntos internos de los Estados, principio que fue pensado en miras de que los Estados políticamente más poderosos no violen el derecho de los menores a autogobernarse.

 

La contradicción de posiciones en este campo deviene de intereses contrapuestos. En el caso de los países desarrollados, impulsan la “soberanía limitada” en sus esfuerzos por eliminar cualquier obstáculo a sus afanes globalizantes[6], de ocupación de los territorios en los cuales se constata reservas de los bienes calificados por ellos como estratégicos o reservas de agua dulce y oxígeno, como la amazonía, en tanto los países del denominado tercer mundo defienden la “soberanía territorial” sobre la base de una posición nacionalista que consideran inclaudicable y única garantía de la conservación del Estado Nacional[7], de su territorio y el uso pleno de sus recursos naturales. Esta contradicción, por cierto, no ha terminado, se mantiene con fuerza como lo demuestra, por ejemplo, el duro debate que se sucedió en las cuatro reuniones plenarias de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se realizaron entre el 6 y el 11 de octubre de 1999, cuando se colocó sobre el tapete el problema de la “seguridad humanitaria”[8], como una de las causales para las intrusiones.O, en horas actuales, la pretensión de intervenir, incluso militarmente en Libia.

La profundidad y alcance de los intereses contrapuestos, la fuerza y la irreducible posición de quienes defienden la «soberanía territorial» y los denodados esfuerzos que despliegan los países globalizantes por imponer la «soberanía limitada» es de tal magnitud, que están conduciendo a consecuencias imprevisibles, como lo advierte Alvin Toffler, quien, por cierto desde el campo de intereses de los países globalizadores, aseveraba que: “mientras que poetas e intelectuales de regiones económicamente atrasadas escriben himnos nacionales, los poetas e intelectuales de los países de la tercera ola cantan las virtudes de un mundo sin «fronteras». Las colisiones resultantes, reflejo de las agudas diferencias entre las necesidades de dos civilizaciones radicalmente diferentes, podrían suscitar en los próximos años un derramamiento de sangre de la peor especie”[9].   

Mas, la sola invocación de la globalización y sus requerimientos, por obvias razones, no puede justificar la pretensión de limitar la soberanía nacional, ya que, ello conduciría, inevitablemente, al descubrimiento de los verdaderos objetivos que se esconden tras de la denominada “soberanía limitada” y a exacerbar las posiciones nacionalistas, como corresponde. En consecuencia, era necesario encubrirla tras de causales que no despertasen sentimientos patrióticos de tinte nacionalista y que, a la vez, propicien adhesiones incautas de los más variados grupos sociales de los países cuya soberanía nacional se pretende limitar.

La estrategia del gobierno estadounidense y de otras potencias occidentales, principalmente europeas como se demuestra actualmente ante los acontecimientos de Libia, con el irrestricto apoyo de los intelectuales funcionales de los países del tercer mundo, hoy denominados adecuadamente como intelectuales institucionales, se centró en impulsar una lucha ideológica para imponer como elementos que debían posibilitar la limitación de la soberanía nacional y, consecuentemente, justificar las intrusiones, las siguientes causales:

a.       La existencia o no de democracia, en el concepto de la democracia formal, que pasa solamente por la transparencia de los procesos electorales y el respeto a sus resultados[10];

b.       La violación de los derechos humanos;

c.       La seguridad humanitaria;

d.       La existencia de corrupción en la gestión pública;

e.       El narcotráfico; y,

f.         El terrorismo.

Las intrusiones, por cierto, proceden una vez que se ha satanizado, demonologizado[11] al Estado en el cual se prevé intervenir. Una vez que se lo ha caracterizado negativamente sobre la base de la apreciación emitida respecto a los elementos antes mencionados, caracterización que permitirá, en términos de Chomsky clasificar a los Estados en “iluminados” y “delincuenciales”, clasificación respecto a la cual afirma que: “Los iluminados son los que se auto definen así. EE.UU. es uno de ellos. Y su perro de presa, Gran Bretaña, lo es cuando sigue sus órdenes. Todo el que acepta participar en la cruzada es Estado iluminado, el resto son Estados delincuentes”[12].

La satanización, como no puede ser de otra manera, requiere de información justificatoria suficiente sobre los países potencialmente “delincuenciales”. Para ello, se recurre a varias fuentes de información que la justifique: la elaborada por académicos e intelectuales, contratados o no expresamente con este objetivo; la recopilada por espías contratados para el efecto; la proveniente de estudios académicos encargados y financiados expresamente con ese objetivo; del estudio de las investigaciones que se producen en los centros de estudios superiores o especializados, igualmente financiados por entidades creadas ad hoc, etc[13].

 

La toma de información clasificada para los fines del imperio, por cierto se realiza al nivel de todos y cada uno de los países considerados como potenciales objetivos de futuras acciones intrusivas. En ese accionar, el Ecuador no ha sido ajeno a la indispensable recopilación de información, como no lo ha sido tampoco cuando de contratar académicos se trata. Uno de los casos más evidente de contratación de un académico y de un “dirigente petrolero” es el cumplido a través del Proyecto AAA[14].

Efectivamente, el antes mencionado proyecto financió, entre otros, la investigación recopilada en el libro: “Ética y corrupción”, dirigido y coordinado por Napoleón Saltos Galarza y con la participación, en calidad de investigador del tema petrolero, de Fernando Villavicencio, actualmente activos militantes de la oposición al gobierno del Presidente Correa, a pesar de que se auto proclaman enemigos irreconciliables del imperialismo norteamericano.

 

Este repudiable episodio, como de otros que abundan en los países que defienden la soberanía territorial, son tristes muestras de la acción y participación consciente de esta intelectualidad funcional, que desgraciadamente ejemplifican las inconsecuencias a las cuales nos tienen acostumbrados muchos de quienes se dicen dirigentes populares, antimperialistas y revolucionarios. Qué decir de estos y de todos los intelectuales ecuatorianos que hoy se alinean y luchan a favor de la soberanía limitada, olvidando que su responsabilidad, en palabras de Marcuse, debería haber sido, el posibilitar la confluencia entre “la conciencia humana más evolucionada y la fuerza humana más explotada”. Qué decir de estos intelectuales que han involucionado en intelectuales institucionales del imperialismo, a pesar de que pretendan ser todo lo contrario, como lo demuestran sus constantes declaraciones que se publican o difunden en los más grandes medios de comunicación del Ecuador, hoy a propósito de la guerra civil Libia.

 

Adicionalmente a lo antes expresado, valga señalar que los procedimientos y actitudes como el antes detallado, han contribuido a que el imperio, como lo advertía bien Agustín Cueva, haya alcanzado éxito en la lucha ideológica y política, victoria que, por cierto, es relativa y se debilitará aún más, en tanto seamos capaces de dejar escuchar nuestra voz alternativa, profundizando nuestra concurrencia con la “fuerza humana más explotada” y nuestra defensa de la soberanía territorial.

El conflicto entre los defensores de los dos tipos de soberanía, se deriva entonces de los esfuerzos realizados por los Estados más poderosos para que se acepte la “soberanía limitada”, para que seles conceda una capacidad ilimitada de acción cuando supuestamente se trate de defender los derechos humanos, la seguridad humanitaria. Pretensión que lo comprueba, por ejemplo, la posición asumida por las grandes potencias en las reuniones plenarias de la Asamblea General de las Naciones Unidas de octubre de 1999. Sesión en la cual: “Muchos de los ponentes reiteraran sus posiciones presentadas durante el Debate General. Una vez más dos posiciones fueron evidentes, revelando una división Norte-Sur. En los extremos, fuertes defensores de la intervención inmediata en situaciones de graves violaciones de los derechos humanos que contrastaban, en sus opiniones, con aquellas que defendían la soberanía nacional como un principio fundamental que no podía ser atacado”[15]. Posiciones irreconciliables que se presentaban y con las cuales, ya entonces, se alineaba el Secretario General de las Naciones Unidas, cuando insistía en la necesidad de que: “La comunidad internacional debe estar preparada para verse envuelta políticamente -y de ser necesario militarmente- para limitar, administrar, y finalmente resolver conflictos que hayan salido de control”. A lo que agregaba: “Ello requiere de un sistema de seguridad colectiva, con un funcionamiento más perfeccionado del que existe en el momento. Para ello será necesario, por encima de todo, una mayor disposición para intervenir para prevenir graves violaciones a los derechos humanos”. Salida militar que hoy reclaman desembozadamente, por ejemplo, los presidentes Obama de los Estados Unidos o el Presidente francés Sarkozy, o la Unión Europea.

Las acciones emprendidas en contra de Libia ponen al descubierto, entonces, que las verdaderas intenciones del imperio al tratar de escudarse tras la defensa de la seguridad humana, de los derechos humanos para avanzar en sus acciones intervencionistas, no es otra que apropiarse del petróleo libio, y no de inaugurar una nueva época, la “humanitaria” como lo pretendieron en el caso de Kosovo y Timor Oriental, ya que, como lo señala Noam Chomsky: “Cuando EE.UU. y los aliados europeos bombardearon Kosovo, muchos pensaron que estábamos en una nueva era 'humanitaria', en que la fuerza internacional solo sería usada en determinados casos. La idea era que soberanía y derecho internacional eran conceptos superados por la globalización, y que si un Estado de los rogue states (Estados delincuentes) se ponía a matar a su gente, sería necesario intervenir por razones humanitarias. Los Estados iluminados decidirían cuándo y cómo. Pero luego vino Timor Oriental, donde ocurría una carnicería, la peor desde el Holocausto. En ese caso, los 'iluminados' decidieron que la soberanía de Indonesia debía respetarse, aunque Timor Oriental nunca formó parte formalmente de Indonesia. Eso no importó. Hubo que esperar a que Indonesia pidiera ayuda de la ONU. La diferencia es simple. Si bien en los dos casos se cometían atrocidades, Indonesia es un 'Estado cliente' de Occidente; Yugoslavia es un 'Estado delincuente'”[16]. Posición que luego las grandes potencias, replicaron en Irak y Afganistán y hoy pretenden hacerlo en Libia.

Finalmente, hemos de agregar que las distintas causas que fueron adicionándose al arsenal ideológico imperialista para “justificar” sus intrusiones, se produjeron en una secuencia claramente identificable. Entre las últimas no puede dejar de citarse la lucha contra el narcotráfico, problema que al igual que en el caso de la corrupción, es de vieja data, ya que se remonta a la denominada guerra del opio (1839-1842) impuesta por Gran Bretaña a China; pasa por el tráfico de opio propiciada por Francia desde Indochina antes de la Segunda Guerra Mundial; por el impulso otorgado por la CIA al comercio de drogas en Centro América desde los años 50; por el manejo del tráfico de opio por la CIA desde el denominado “Triángulo de Oro” del sudeste asiático, etc. Circunstancias que no deben escapar a nuestra atención, ya que nos permite preguntarnos el por qué se “inicia” el combate al narcotráfico en Colombiasólo a partir de 1986. Por qué, solamente en los años 90 los Estados Unidos adoptan la lucha contra el narcotráfico como caballo de batalla si al interior de la sociedad norteamericana se había constatado un incremento importante del número de consumidores desde los años 60, problema que se agudizó en los 70 con la introducción de drogas más fuertes como la cocaína, y se incrementó muy importantemente hasta alcanzar ya en los años 80 a no menos de 50 millones de habitantes[17]. La respuesta es evidente, las intrusiones dependen del momento en el que se constata la existencias de productos estratégicos, entre estos las reservas de petróleo, indiferentemente del país en el que se encuentren. Por ello no debe admirar la secuencia de las intrusiones norteamericanas en Afganistán, Irak, la pretensión de actuar militarmente hoy en Libia, y, la pretensión de hacerlo en el futuro en Irán y Venezuela. A lo que debe agregarse la presencia creciente de los Estados Unidos en Colombia, de espacial importancia geopolítica en América Latina y el Ecuador.

 

 

 

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