Libia y la soberanía limitada

14/03/2011
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«¿No es aterrador permanecer pasivos, diríase paralizados, crispados frente a aquello de lo cual depende nuestra supervivencia?»
Viviane Forrester
 
Los líderes de opinión de la derecha ecuatoriana -grupo de personas habitualmente seleccionados por los medios de comunicación para que opinen respecto a temas de interés que forman parte de sus agendas, en el claro objetivo de incidir sobre la opinión pública en un sentido predeterminado y apetecido-, sin excepción y en estos últimos días, han desatado una amplia campaña de oposición a la línea asumida por el gobierno ecuatoriano respecto al caso Libio, con argumentos que replican las posiciones de las grandes potencias occidentales, sin consideración alguna, por desconocimiento o mala fe, al problema sustantivo que subyace en la posición de las grandes potencias que aquellos defienden en forma denodada, casi histérica: la imposición de la soberanía limitada sobre la soberanía territorial, tesis defendida por el Ecuador, y cuyos principios se incluyen en forma explícita en el artículo 416 de la Constitución vigente. Veamos nuestras razones.
En etapas históricas anteriores a los años 80, a nivel del consenso de los estados nacionales, prevalecía el concepto denominado “soberanía territorial”[1], entendido como el poder de un Estado para ejercer su autoridad suprema sobre todas las personas que habitan en su territorio, las cosas que en él se encuentran y los hechos que ocurren[2] en el espacio territorial nacional[3], poder supremo al que deben adicionarse los conceptos de igualdad de la soberanía entre los Estados[4] y la prohibición de amenazar o de utilizar la fuerza[5] contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
Con posterioridad a los años 80, las grandes potencias occidentales, impulsaron y trataron de imponer, principalmente en el seno de las Naciones Unidas, el concepto denominado “soberanía limitada”, el que pretende conceder derecho para el ejercicio de acciones intrusivas –acción de introducirse sin derecho- ha determinados países u organizaciones mundiales como las Naciones Unidas, regionales como la OEA, y hoy a organizaciones militares de los países imperialistas como la OTAN, bajo distintas causales, posición a la que se oponen los países de menor desarrollo relativo, ya que, la internacionalización de los conflictos choca con el principio de no-intervención en los asuntos internos de los Estados, principio que fue pensado en miras de que los Estados políticamente más poderosos no violen el derecho de los menores a autogobernarse.
 
La contradicción de posiciones en este campo deviene de intereses contrapuestos. En el caso de los países desarrollados, impulsan la “soberanía limitada” en sus esfuerzos por eliminar cualquier obstáculo a sus afanes globalizantes[6], de ocupación de los territorios en los cuales se constata reservas de los bienes calificados por ellos como estratégicos o reservas de agua dulce y oxígeno, como la amazonía, en tanto los países del denominado tercer mundo defienden la “soberanía territorial” sobre la base de una posición nacionalista que consideran inclaudicable y única garantía de la conservación del Estado Nacional[7], de su territorio y el uso pleno de sus recursos naturales. Esta contradicción, por cierto, no ha terminado, se mantiene con fuerza como lo demuestra, por ejemplo, el duro debate que se sucedió en las cuatro reuniones plenarias de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se realizaron entre el 6 y el 11 de octubre de 1999, cuando se colocó sobre el tapete el problema de la “seguridad humanitaria”[8], como una de las causales para las intrusiones.O, en horas actuales, la pretensión de intervenir, incluso militarmente en Libia.
 
La profundidad y alcance de los intereses contrapuestos, la fuerza y la irreducible posición de quienes defienden la «soberanía territorial» y los denodados esfuerzos que despliegan los países globalizantes por imponer la «soberanía limitada» es de tal magnitud, que están conduciendo a consecuencias imprevisibles, como lo advierte Alvin Toffler, quien, por cierto desde el campo de intereses de los países globalizadores, aseveraba que: “mientras que poetas e intelectuales de regiones económicamente atrasadas escriben himnos nacionales, los poetas e intelectuales de los países de la tercera ola cantan las virtudes de un mundo sin «fronteras». Las colisiones resultantes, reflejo de las agudas diferencias entre las necesidades de dos civilizaciones radicalmente diferentes, podrían suscitar en los próximos años un derramamiento de sangre de la peor especie”[9].   
 
Los alcances de la cita anterior, así como la solidez de la irrenunciable posición de los países que defienden su soberanía nacional, por cierto desmiente a todos aquellos que pretenden afirmar, ayer y hoy desde el interior de nuestros países, que la lucha en defensa del interés nacional es una antigualla; posiciones que llegan al extremo antinacional de afirmar que de la “soberanía no se come” como lo sostuvo paladinamente el ex Presidente ecuatoriano Gustavo Noboa, o que demandan que es necesario recurrir a organismos internacionales para que intervengan en nuestros problemas internos, como lo planteó, a propósito del Plan Colombia, Juan de Dios Parra, quien fungía de Secretario de la llamada Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos ALDHU, de la cual fuera luego secretario Gustavo Larrea, opositor actual del gobierno nacional.
Mas, la sola invocación de la globalización y sus requerimientos, por obvias razones, no puede justificar la pretensión de limitar la soberanía nacional, ya que, ello conduciría, inevitablemente, al descubrimiento de los verdaderos objetivos que se esconden tras de la denominada “soberanía limitada” y a exacerbar las posiciones nacionalistas, como corresponde. En consecuencia, era necesario encubrirla tras de causales que no despertasen sentimientos patrióticos de tinte nacionalista y que, a la vez, propicien adhesiones incautas de los más variados grupos sociales de los países cuya soberanía nacional se pretende limitar.
 
La estrategia del gobierno estadounidense y de otras potencias occidentales, principalmente europeas como se demuestra actualmente ante los acontecimientos de Libia, con el irrestricto apoyo de los intelectuales funcionales de los países del tercer mundo, hoy denominados adecuadamente como intelectuales institucionales, se centró en impulsar una lucha ideológica para imponer como elementos que debían posibilitar la limitación de la soberanía nacional y, consecuentemente, justificar las intrusiones, las siguientes causales:
 
a.       La existencia o no de democracia, en el concepto de la democracia formal, que pasa solamente por la transparencia de los procesos electorales y el respeto a sus resultados[10];
b.       La violación de los derechos humanos;
c.       La seguridad humanitaria;
d.       La existencia de corrupción en la gestión pública;
e.       El narcotráfico; y,
f.         El terrorismo.
Las intrusiones, por cierto, proceden una vez que se ha satanizado, demonologizado[11] al Estado en el cual se prevé intervenir. Una vez que se lo ha caracterizado negativamente sobre la base de la apreciación emitida respecto a los elementos antes mencionados, caracterización que permitirá, en términos de Chomsky clasificar a los Estados en “iluminados” y “delincuenciales”, clasificación respecto a la cual afirma que: “Los iluminados son los que se auto definen así. EE.UU. es uno de ellos. Y su perro de presa, Gran Bretaña, lo es cuando sigue sus órdenes. Todo el que acepta participar en la cruzada es Estado iluminado, el resto son Estados delincuentes”[12].
 
La satanización, como no puede ser de otra manera, requiere de información justificatoria suficiente sobre los países potencialmente “delincuenciales”. Para ello, se recurre a varias fuentes de información que la justifique: la elaborada por académicos e intelectuales, contratados o no expresamente con este objetivo; la recopilada por espías contratados para el efecto; la proveniente de estudios académicos encargados y financiados expresamente con ese objetivo; del estudio de las investigaciones que se producen en los centros de estudios superiores o especializados, igualmente financiados por entidades creadas ad hoc, etc[13].
 
La toma de información clasificada para los fines del imperio, por cierto se realiza al nivel de todos y cada uno de los países considerados como potenciales objetivos de futuras acciones intrusivas. En ese accionar, el Ecuador no ha sido ajeno a la indispensable recopilación de información, como no lo ha sido tampoco cuando de contratar académicos se trata. Uno de los casos más evidente de contratación de un académico y de un “dirigente petrolero” es el cumplido a través del Proyecto AAA[14].
 
Efectivamente, el antes mencionado proyecto financió, entre otros, la investigación recopilada en el libro: “Ética y corrupción”, dirigido y coordinado por Napoleón Saltos Galarza y con la participación, en calidad de investigador del tema petrolero, de Fernando Villavicencio, actualmente activos militantes de la oposición al gobierno del Presidente Correa, a pesar de que se auto proclaman enemigos irreconciliables del imperialismo norteamericano.
 
Este repudiable episodio, como de otros que abundan en los países que defienden la soberanía territorial, son tristes muestras de la acción y participación consciente de esta intelectualidad funcional, que desgraciadamente ejemplifican las inconsecuencias a las cuales nos tienen acostumbrados muchos de quienes se dicen dirigentes populares, antimperialistas y revolucionarios. Qué decir de estos y de todos los intelectuales ecuatorianos que hoy se alinean y luchan a favor de la soberanía limitada, olvidando que su responsabilidad, en palabras de Marcuse, debería haber sido, el posibilitar la confluencia entre “la conciencia humana más evolucionada y la fuerza humana más explotada”. Qué decir de estos intelectuales que han involucionado en intelectuales institucionales del imperialismo, a pesar de que pretendan ser todo lo contrario, como lo demuestran sus constantes declaraciones que se publican o difunden en los más grandes medios de comunicación del Ecuador, hoy a propósito de la guerra civil Libia.
 
Adicionalmente a lo antes expresado, valga señalar que los procedimientos y actitudes como el antes detallado, han contribuido a que el imperio, como lo advertía bien Agustín Cueva, haya alcanzado éxito en la lucha ideológica y política, victoria que, por cierto, es relativa y se debilitará aún más, en tanto seamos capaces de dejar escuchar nuestra voz alternativa, profundizando nuestra concurrencia con la “fuerza humana más explotada” y nuestra defensa de la soberanía territorial.
           
El conflicto entre los defensores de los dos tipos de soberanía, se deriva entonces de los esfuerzos realizados por los Estados más poderosos para que se acepte la “soberanía limitada”, para que seles conceda una capacidad ilimitada de acción cuando supuestamente se trate de defender los derechos humanos, la seguridad humanitaria. Pretensión que lo comprueba, por ejemplo, la posición asumida por las grandes potencias en las reuniones plenarias de la Asamblea General de las Naciones Unidas de octubre de 1999. Sesión en la cual: “Muchos de los ponentes reiteraran sus posiciones presentadas durante el Debate General. Una vez más dos posiciones fueron evidentes, revelando una división Norte-Sur. En los extremos, fuertes defensores de la intervención inmediata en situaciones de graves violaciones de los derechos humanos que contrastaban, en sus opiniones, con aquellas que defendían la soberanía nacional como un principio fundamental que no podía ser atacado”[15]. Posiciones irreconciliables que se presentaban y con las cuales, ya entonces, se alineaba el Secretario General de las Naciones Unidas, cuando insistía en la necesidad de que: “La comunidad internacional debe estar preparada para verse envuelta políticamente -y de ser necesario militarmente- para limitar, administrar, y finalmente resolver conflictos que hayan salido de control”. A lo que agregaba: “Ello requiere de un sistema de seguridad colectiva, con un funcionamiento más perfeccionado del que existe en el momento. Para ello será necesario, por encima de todo, una mayor disposición para intervenir para prevenir graves violaciones a los derechos humanos”. Salida militar que hoy reclaman desembozadamente, por ejemplo, los presidentes Obama de los Estados Unidos o el Presidente francés Sarkozy, o la Unión Europea.
 
Las acciones emprendidas en contra de Libia ponen al descubierto, entonces, que las verdaderas intenciones del imperio al tratar de escudarse tras la defensa de la seguridad humana, de los derechos humanos para avanzar en sus acciones intervencionistas, no es otra que apropiarse del petróleo libio, y no de inaugurar una nueva época, la “humanitaria” como lo pretendieron en el caso de Kosovo y Timor Oriental, ya que, como lo señala Noam Chomsky: “Cuando EE.UU. y los aliados europeos bombardearon Kosovo, muchos pensaron que estábamos en una nueva era 'humanitaria', en que la fuerza internacional solo sería usada en determinados casos. La idea era que soberanía y derecho internacional eran conceptos superados por la globalización, y que si un Estado de los rogue states (Estados delincuentes) se ponía a matar a su gente, sería necesario intervenir por razones humanitarias. Los Estados iluminados decidirían cuándo y cómo. Pero luego vino Timor Oriental, donde ocurría una carnicería, la peor desde el Holocausto. En ese caso, los 'iluminados' decidieron que la soberanía de Indonesia debía respetarse, aunque Timor Oriental nunca formó parte formalmente de Indonesia. Eso no importó. Hubo que esperar a que Indonesia pidiera ayuda de la ONU. La diferencia es simple. Si bien en los dos casos se cometían atrocidades, Indonesia es un 'Estado cliente' de Occidente; Yugoslavia es un 'Estado delincuente'”[16]. Posición que luego las grandes potencias, replicaron en Irak y Afganistán y hoy pretenden hacerlo en Libia.
 
Finalmente, hemos de agregar que las distintas causas que fueron adicionándose al arsenal ideológico imperialista para “justificar” sus intrusiones, se produjeron en una secuencia claramente identificable. Entre las últimas no puede dejar de citarse la lucha contra el narcotráfico, problema que al igual que en el caso de la corrupción, es de vieja data, ya que se remonta a la denominada guerra del opio (1839-1842) impuesta por Gran Bretaña a China; pasa por el tráfico de opio propiciada por Francia desde Indochina antes de la Segunda Guerra Mundial; por el impulso otorgado por la CIA al comercio de drogas en Centro América desde los años 50; por el manejo del tráfico de opio por la CIA desde el denominado “Triángulo de Oro” del sudeste asiático, etc. Circunstancias que no deben escapar a nuestra atención, ya que nos permite preguntarnos el por qué se “inicia” el combate al narcotráfico en Colombiasólo a partir de 1986. Por qué, solamente en los años 90 los Estados Unidos adoptan la lucha contra el narcotráfico como caballo de batalla si al interior de la sociedad norteamericana se había constatado un incremento importante del número de consumidores desde los años 60, problema que se agudizó en los 70 con la introducción de drogas más fuertes como la cocaína, y se incrementó muy importantemente hasta alcanzar ya en los años 80 a no menos de 50 millones de habitantes[17]. La respuesta es evidente, las intrusiones dependen del momento en el que se constata la existencias de productos estratégicos, entre estos las reservas de petróleo, indiferentemente del país en el que se encuentren. Por ello no debe admirar la secuencia de las intrusiones norteamericanas en Afganistán, Irak, la pretensión de actuar militarmente hoy en Libia, y, la pretensión de hacerlo en el futuro en Irán y Venezuela. A lo que debe agregarse la presencia creciente de los Estados Unidos en Colombia, de espacial importancia geopolítica en América Latina y el Ecuador.
 
Así planteado el problema y retomando nuestra hipótesis inicial, es evidente que los líderes de opinión de la derecha ecuatoriana y de una gran mayoría de países de menor desarrollo relativo, que hoy se pronuncian a favor de una intervención en Libia, no se percatan o no quieren percatarse que implícitamente están alineándose con la tesis de que la soberanía limitada, a pesar de mostrarse abiertamente contraria a los intereses nacionales. Actitud que no podemos abstraernos de criticar, con mayor énfasis en los países amazónicos de América Latina, cuando tomamos conciencia que en la mira de los países globalizantes, imperialistas, está la ocupación de la amazonía, como lo hemos demostrado en forma irrebatible en muchas oportunidades, sobre la base de las declaraciones públicas de las autoridades más altas de las superpotencias, entre las que val recordar las del ex Vicepresidente de los Estados Unidos Al Gore, quien manifestó: “Al contrario de lo que los brasileros piensan, la Amazonía no es de ellos, es de todos nosotros”, voz a la que se suman las de Mitterand, cuando señalaba que:“Respecto a la Amazonía era necesario aplicar las doctrinas de la “soberanía limitada” y del “derecho a la ingerencia”; o las de Gorbachov, último Primer Ministro de la ex URSS, que cuando ejerció ese cargo sugería que: “El Brasil debe delegar parte de sus derechos sobre la Amazonía a los organismos internacionales competentes”[18].
 
Flaco favor es entonces el que hacen a los intereses nacionales, los líderes de opinión de la oposición quienes en enfermiza acción, pretenden criticar la posición que ha asumido el gobierno nacional en el caso de Libia, obviando que en ello está en juego la defensa de los intereses nacionales amparados en los principios de la soberanía territorial que consagra la Constitución de la República, por lo que y en consecuencia, todos estamos llamados a defenderla, a menos que esos líderes de opinión privilegien intereses políticos personales o grupales, o los intereses de otros países a cuyo servicio se hayan comprometido.
 
Quito, 14 de marzo 2011.


[1] El contenido del Artículo 2, numeral 7 de la Carta de las Naciones Unidas, constituye la estipulación básica sobre este concepto.
[2] Rousseau, Charles: “ Derecho internacional Público”, Editorial Ariel, Barcelona, España, 1966, página 224
[3] Se entiende por territorio nacional, el territorio estatal, el mar territorial y el espacio aéreo.
[4] Carta de las Naciones Unidas, Artículo 2, numeral 1.
[5] Carta de las Naciones Unidas, Artículo 2, numeral 4.
[6] “La «globalización» empresarial y financiera exigida por las economías en vanguardia de la tercera ola perforan la «soberanía» nacional, tan cara a los nuevos nacionalistas”, Toffler, Alvin y Heidi: “Las guerras del futuro”, Plaza & Janes editores, Barcelona, España, 1993, página 45.
[7] Resulta, en este sentido, muy expresiva la posición del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del Brasil, cuando expresan que: “Nossa soberania permanecerá preservada, em particular los aspectos em que tal conceito se mostra mais central: a posse e jurisdicao de nosso territorio, a sua indivisibilidade e a possibilidade de sustentarnos acoes políticas que visem a preservar todos os nossos intereses vitais. A flexibilizacao do conceito de soberania nao pode ultrapasar este limite, sob pena de corrermos o risco de estarnos surpimindo o Estado Brasilero”. Presidencia de la República, Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del Brasil y sus Fuerzas Armadas, Brasilia, página 19, citado por Eliécer Rizzo de Oliveira en “A Política se Defesa Nacional do Brasil: direcao política sobre as forcas Armadas”, ponencia incluida en: “Cooperación y Seguridad Internacional en las Américas”, Paz y Seguridad en las Américas (P&SA), FLACSO-Chile, Woodrow Wilson Center, Editorial Nueva Sociedad, Caracas, Venezuela, 1999, página 79 y 80.
[8] Véase: “De la soberanía territorial a la seguridad humanitaría”, ponencia de Hans Corell, Subsecretario General para Asuntos Legales del Consejo Legal de las Naciones Unidas, publicado en Política Externa, volumen 9, Nº 1, correspondiente al trimestre junio agosto del 2000.
[9] Toffler, Alvin y Heidi, Op. Cit., página 45
[10] Al respecto el socialdemócrata Carlos Andrés Pérez, ex Presidente de Venezuela, señalaba: “Yo he insistido [en que] el concepto de no intervención que debe afianzarse esencialmente, debe aceptar la presencia de derechos supranacionales que deben ser defendidos en la región .... Uno de esos derechos es el derecho a que se respete la soberanía popular expresada en las urnas por los habitantes de un país, y ese derecho debe ser defendido multilateralmente”, cita incluida en “El complot para aniquilar a las Fuerzas Armadas y a las naciones de Ibero América”, Estados Unidos, Washington D.C., 1993, Apéndice especial D.
[11] Véase: “Seis llaves para tergiversar los hechos”, en Toffler, Alkvin y Heidi, Op. Cit. páginas 236,237 y 238.
[12] Chomsky, Noam, citado por Ramos Benalcazar, Hernán en su artículo: “No siempre todo lo que brilla es oro”, publicado en el Diario El Comercio, 27/02/2001.
[13] Para la información a ser recopilada y proporcionada por los académicos, el recurso al que se ha acudido es el crear proyectos específicos, habitualmente financiadas por organizaciones no gubernamentales (ONG’s), como la Woodrow Wilson, o directamente por organismos gubernamentales como la USAID. Los proyectos actualmente más relevantes son: el denominado “Dialogo Interamericano”, encargado del estudio de la redefinición del concepto de soberanía y, principalmente, de las relaciones entre democracia y las Fuerzas Armadas, financiado por la fundación Woodrow Wilson; el Programa Paz&Seguridad en las Américas, financiado por el Programa Latinoamericano de la Woodrow Wilson Center de Washington; y, el proyecto denominado AAA, por sus siglas en inglés, denominado en español ResponDabilidad/Anticorrupción en las Américas, destinado a recopilar información sobre la corrupción, financiado por el propio gobierno estadounidense a través de la USAID.
[14] En su página web, el proyecto AAA se autodefine como: “El proyecto ResponDabilidad/Anti-Corrupción en las Américas (Proyecto AAA), auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), por el Departamento para América Latina y el Caribe, en su décimo año, es el primero y único proyecto regional en su tipo. Desde 1989, cuando este proyecto se inició, ha logrado formar conciencia en los ciudadanos del continente americano respecto a la necesidad de luchar contra la corrupción y adoptar gobiernos transparentes y responsables aprovechando las oportunidades que ofrecen los procesos democráticos”.
[15] Corell, Hans, Op. Cit., página 97.
[16] Chomsky, Noam, Op. Cit.
[17] Cueva, Selser y otros: “Tiempos Conservadores. América Latina en la derechización de occidente”, editorial El Conejo, Quito, Ecuador, 1987, página 60Op. Cit., página 61.
[18] PSTU: “La Amazonía bajo el cobijo internacional” 
https://www.alainet.org/es/articulo/148283
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