México

Jaque al Estado

Ignacio Díaz

01/03/2014

Opinión

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Bien armado y equipado, un conjunto heterogéneo de fuerzas sociales
se expande por los distintos municipios del Estado de Michoacán
para desplazar al principal cártel de la región

Autodefensas: más de una década de control absoluto del narco sobre las poblaciones de uno de los Estados más pobres del país provocó el surgimiento de grupos armados en decenas de pequeñas ciudades y pueblos rurales en la región. Un Estado nacional ausente y corrompido irrumpió para frenar su avance, cuando acorralaban a la organización criminal local. Formados tanto por terratenientes como campesinos, grandes y pequeños comerciantes, todos unidos por el hartazgo ante la extorsión económica y la violencia, el derrotero de estos grupos es todavía incierto. Son masivos, diversos y tienen amplio apoyo social, pero carecen de orientación política ante la pluralidad de fuerzas que los componen.

Son hombres de campo. Avanzan en caravana de vehículos, con los “cuernos de chivo” en alto (rifles Ak-47), a liberar al siguiente poblado de Los Caballeros Templarios, la poderosa organización criminal que opera en el Estado Michoacán, al suroeste del país. Cargan a sus espaldas muchos años de sometimiento a fuerza de extorsión, amenazas, homicidios y violaciones. Todos tienen familiares o amigos en las extensas listas de asesinados y desaparecidos. Ninguno ha recibido respuestas de un Estado corrompido a nivel federal, estadual y en los municipios. Ahora, hartos, han perdido el miedo.

La escena bien podría formar parte de un guion cinematográfico, pero no hay nada de ficción en este relato. Está sucediendo ahora. De los 113 municipios de Michoacán, en febrero más de 20 estaban bajo control de las autoproclamadas autodefensas y policías comunitarias, aunque desde mediados de enero policías y militares federales se hicieron presentes en estas pequeñas ciudades y poblados rurales tras una intervención ordenada desde la presidencia.

Los grupos civiles armados fueron desplazando al crimen organizado, primero lentamente desde febrero de 2013 y ya entre diciembre y enero últimos de una forma tan acelerada que acapararon la atención de la prensa nacional e internacional. “En menos de dos semanas las autodefensas han logrado lo que en siete años el Estado no hizo con armamento y servicios de inteligencia altamente sofisticados: acorralar al crimen organizado”, escribió Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Ocurre que la guerra contra el narcotráfico anunciada por el ex presidente Felipe Calderón (PAN) en 2006-2012 –siguiendo la política diseñada por Washington para la región desde los años 1970– y las medidas tomadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto (PRI) en los 14 meses que lleva en el poder, no sólo no han combatido el negocio de la droga sino que han multiplicado los crímenes en todo el país. Más de 121 mil muertes violentas durante el gobierno de Calderón, con un nivel de impunidad del 96% según cifras oficiales, sumadas a unas 30 mil desapariciones y 300 mil desplazamientos forzados estimados por organizaciones sociales, resumen el dramático resultado de esta guerra ordenada desde el Estado que no afectó en nada los negocios del crimen organizado.

Ante semejante tragedia social, el fracaso del Estado –en todos los niveles– ha quedado ahora ridículamente expuesto frente a la población nacional, que ve cómo un conjunto de grupos de autodefensa recientemente formado en Michoacán expulsa municipio por municipio a la principal mafia local.

La situación y los hechos

“Somos pueblo, somos miles. Somos un Consejo de Autodefensas Unidas de Michoacán, formado por empresarios, campesinos, presidentes municipales, huerteros, limoneros, estudiantes, padres de familia”, describe el médico cirujano José Manuel Mireles, líder del mayor conjunto de autodefensas hasta el 4 de febrero, que todavía se recupera en la capital mexicana de un grave accidente en avioneta sufrido en enero. Tanto él como el resto de los dirigentes de estos conjuntos armados que han hecho declaraciones a la prensa justifican la formación de sus grupos en la violencia y la extorsión impuestas por el cártel criminal Los Caballeros Templarios, que opera en el Estado Michoacán, con centro en la región agro-ganadera denominada Tierra Caliente.

El crecimiento de este cártel (cuyo nombre proviene de una orden militar cristiana del siglo XII) se registra desde hace unos cinco años atrás, pero tiene su origen en otro que operaba hace 12 años en la región. Sus negocios no se reducen al narcotráfico. Controlan y participan de todas las actividades económicas importantes de esa región, principalmente la minería, ganadería, agricultura y el comercio ilegal, a fuerza de extorsión, secuestros y homicidios, que en 2013 alcanzaron el nivel más alto de los últimos años: 990 asesinatos en un Estado de cuatro millones 300 mil habitantes (una tasa de 23 homicidios por cada 100 mil habitantes).

El cártel cobraba a los distintos sectores de la población los más diversos impuestos, que pagaban tanto las compañías mineras transnacionales y distintos empresarios como todos los ganaderos y agricultores medianos y pequeños e incluso comerciantes y trabajadores en general. También ocuparon tierras expulsando o asesinando a sus propietarios o ejidatarios y dominaban el transporte de minerales al puerto Lázaro Cárdenas para su exportación, principalmente a China. En paralelo financiaron campañas políticas de distintos Partidos, corrompieron las policías municipales, la justicia y fundaron empresas para blanquear dinero, muchas de las cuales recibieron fondos públicos para la realización de obras. Todo esto en uno de los Estados más pobres del país, donde al menos el 55% de sus habitantes está bajo la línea de la pobreza.

Contra esta dominación, cada vez más abusiva e insoportable, surgieron las primeras autodefensas (al margen de las policías comunitarias indígenas ya existentes en el municipio de Cherán y en el vecino estado de Guerrero, que representan un fenómeno distinto. Ver recuadro). En febrero de 2013 en Tepalcatepec y La Ruana grupos dirigidos por pequeños y medianos ganaderos y productores, con fuerte presencia de campesinos, tomaron el control de los municipios y expulsaron a los miembros del cártel, verdaderos gobernantes en esos y otros poblados, que se apropiaban de las ganancias de productores y hasta de salarios de jornaleros.

Tras ese primer ejemplo se formaron otras autodefensas. Con el tiempo tomaron el control de más zonas, crecieron en coordinación y armamento y ganaron el apoyo mayoritario de los distintos sectores sociales. Su objetivo es simple y evidente: correr de Michoacán al cártel y sus aliados para liberarse de la extorsión económica, el robo de tierras y los crímenes. Un deseo que comparten desde grandes empresas hasta pequeños jornaleros empobrecidos

Con ese fin avanzaron tácticamente en enero sobre todos los municipios que rodean Apatzingán, centro económico de la región de Tierra Caliente y sede central de Los Caballeros Templarios. Pero cuando era inminente la entrada de las autodefensas a esta ciudad el gobierno nacional decidió intervenir. El secretario de la gobernación aseguró que se impondría la ley y el desarme: 10 mil policías y militares federales llegaron el 13 de enero a la región y en su primera intervención asesinaron a dos jornaleros y una niña de 11 años en Antúnez. La indignación generada fortaleció la posición de las autodefensas, que aunque detuvieron su avance se negaron a entregar las armas y condicionaron cualquier negociación posible a la detención de los principales líderes del cártel.

El Gobierno debió dialogar y finalmente llegó a un acuerdo con algunos de los grupos el 27 de enero: aceptaron inscribirse en los llamados cuerpos de defensa rurales (compuestos por militares voluntarios según lo contempla la ley que rige al Ejército) como medida temporal. Luego podrán postularse para formar parte de las policías municipales, que hasta ahora estaban corrompidas y dominadas por Los Caballeros Templarios. No hubo ningún desarme.

A la semana siguiente –el 4 de febrero– el Presidente visitó Michoacán, anunció el control total por parte de las fuerzas federales de los municipios en conflicto –aunque sólo dos de los cabecillas del cártel fueron detenidos– y lanzó un plan de 45 mil millones de pesos (3.400 millones de dólares) en materia de salud, educación, seguridad social, vivienda, cultura y créditos a la producción. Prometió visitar el Estado una vez por mes, puso fin al asunto y tomó un avión de regreso a la capital. Ese mismo día el gobernador de Guerrero denunció que ni un sólo peso de los 30 mil millones prometidos por Peña Nieto tras el paso de dos huracanes en septiembre llegó a este Estado. Luego la prensa mostró que buena parte de los fondos anunciados como “extraordinarios” para Michoacán en realidad están contemplados en el presupuesto de este año.

Tras la visita presidencial finalmente las autodefensas ingresaron en conjunto con policías federales a Apatzingán, varias semanas después de que los principales criminales se fugaran. Señalaron domicilios, hubo detenciones y no se registró ningún disparo. La historia parecía alcanzar un final, pero sin los presos correspondientes, ni el desarme de los civiles, que anunciaron no se detendrán hasta “limpiar” los 113 municipios del Estado. Pese a lo anunciado por Peña Nieto, todo sigue en pleno movimiento.

Autodefensas bajo la lupa

Hay consenso entre políticos y analistas de distinto tipo sobre los motivos que llevaron a muchos habitantes de Michoacán a formar parte de las autodefensas: el hartazgo frente a la extorsión y la violencia. Difieren, sin embargo, las interpretaciones sobre su origen y desarrollo. Algunos los consideran grupos paramilitares similares a los colombianos, formaciones dirigidas por cárteles narcotraficantes o por el propio gobierno nacional. También están los que ven en los portadores de las armas el inicio de una insurrección popular o la fuerza de un proceso revolucionario en marcha. Pero ninguna de esas lecturas parece hacer justicia, al menos hasta el momento, a los distintos agrupamientos que siguen avanzando en una de las regiones más pobres del país.

Si bien su desarrollo podría con el tiempo asemejarse a alguna de las variantes recién mencionadas, o incluso a varias simultáneamente, sobresale ante todo su carácter y composición diversa. Dentro del llamado Consejo de Autodefensas de Michoacán hay al menos 32 coordinadores de distintos grupos y apenas tres se comunican permanentemente con la prensa. Sólo dos de ellos y otros seis líderes de comunidades levantadas en armas estuvieron presentes y firmaron con el gobierno nacional el documento del 27 de enero, que fue calificado por Mireles como “puro teatro” seis días después: “yo supe que cabildearon con cada uno de los coordinadores que llevaron a la reunión, pero de la gente de combate no estuvo nadie”. “La prueba está en que al día siguiente mis compañeros toman los municipios de Los Reyes y Peribán y van a seguir avanzando”, anunció. Ese mismo día otro dirigente, Estanislao Beltrán, fue nombrado vocero oficial del Consejo en su reemplazo.

La mayoría de las autodefensas surgieron desde las mismas localidades, tienen autonomía entre sí y líderes propios. Aunque muchas de ellas se coordinan a nivel regional, otras tienen poca articulación con el resto y no todos se conocen entre sí. Pese a que hay intentos de unificación, no se trata de un fenómeno bajo dirección única: “Cada quien conduce su grupo como cree que está bien. No siempre estamos coordinados”, admitió Hipólito Mora, líder de las autodefensas de La Ruana, uno de los dos primeros distritos en levantarse en armas.

Hasta ahora los reclamos no van más allá de poner fin al control del crimen organizado sobra las poblaciones. Incluso Mireles aseguró que su guerra “no es contra el Estado mexicano, ni siquiera contra el Estado de Michoacán. Lo único que buscamos es que se reestablezca el estado de derecho para poder tener una vida en paz”. En una entrevista publicada por el diario español El País fue más allá: “Nosotros creemos mucho en nuestras instituciones. Vamos a darle lugar a los que sí son políticos, a los que sí les preocupa el pueblo para mejorarlo”.

Mireles ha sido años atrás candidato a senador por el PRI, formó parte del PRD durante el tiempo que emigró a Estados Unidos (donde viven 3,5 millones de michoacanos) y aunque mantiene críticas a los Partidos por su vinculación con el crimen organizado, afirma que sólo combate la extorsión de los grupos delictivos. Otros dirigentes entrevistados por periodistas mexicanos tampoco cuestionan al unísono al conjunto de los Partidos dominantes y varios mantienen una identificación histórica con ellos (principalmente con el PRI), aunque combaten a algunos alcaldes y al gobernador priísta.

Tampoco ha surgido ningún programa desde las autodefensas que vaya más allá de la lucha contra el cártel y sus cómplices. Menos aún hubo pronunciamientos desde la mayoría de las organizaciones de izquierda, a quienes los hechos parecen haberlas tomado por sorpresa y analizan la situación desde fuera.

Pero incluso frente a esta situación que parecería favorable para el gobierno nacional, éste no puede dar la respuesta que buscan las autodefensas: detener a los líderes de Los Caballeros Templarios, cuyos rostros y domicilios no son ningún misterio para los habitantes de Michoacán. El año pasado, en una burda operación, el Ejército aseguró haber asesinado al tercer jefe de la organización criminal, que seis meses después reapareció a través de un video y amenazó de muerte a Hipólito Mora. Otros dos jerarcas narcotraficantes fueron también presuntamente abatidos, pero nadie mostró sus cuerpos y en Michoacán aseguran que están vivos.

Semejantes maniobras absurdas evidencian en qué medida el Estado está corrompido y atravesado por las mafias, a tal punto que no puede siquiera arrestar a la mayoría de los principales criminales, aunque se los señale con el dedo. Sobre su descomposición se montan las nuevas autodefensas, cuyo camino lejos de acercarse a un fin recién está comenzando. El resultado es incierto.

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Misma palabra, distintos procesos

Hablar de “autodefensas” en México y América Latina puede remitir a organizaciones de origen, desarrollo y objetivos no sólo diversos sino hasta opuestos entre sí. Se trata de grupos armados que operan formalmente por fuera de las instituciones oficiales de seguridad y defensa, pero sus razones e intereses muchas veces no tienen nada en común. Veinte años atrás irrumpía en México un masivo levantamiento armado indígena en el Estado sureño de Chiapas, con tomas de varias cabeceras municipales y tras una declaración de guerra al Estado y las Fuerzas Armadas nacionales. Se hacía visible ante el país y el mundo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (Ezln), en cuya Primera Declaración denunciaba la aplicación de “una guerra genocida no declarada” contra el pueblo mexicano y anunciaba una lucha “por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz”.

Podría sorprender ante los hechos de hoy en Michoacán ubicar el origen de esta organización guerrillera, que tal como lo explicó su principal dirigente –el subcomandante Marcos– en febrero de 1994 al periódico La Jornada, “nació como un grupo de autodefensa”, que se reprodujo y expandió por distintas comunidades para frenar el robo de tierras y el maltrato de grupos armados financiados por terratenientes (conocidos como “guardias blancas”). Todavía hoy se mantienen en estado de defensa las comunidades indígenas que gobiernan de manera autónoma en decenas de los municipios de Chiapas. Poco tiempo después, en 1995, pero fuera de la órbita del Ezln, comenzaron a aparecer en el Estado de Guerrero autodefensas de raíz indígena, que conformaron la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (Crac-PC). Hoy esta organización y otro nuevo conjunto de policías ciudadanas tienen presencia, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 46 de los 81 municipios del Estado, donde se concentra el 65,47% de la población de Guerrero y la pobreza alcanza al 66,50% de los habitantes.

Si bien la Crac está reconocida legalmente, en 2013 el gobierno estatal inició una persecución de varios de sus dirigentes mientras combatían al crimen organizado. Hoy sus principales líderes están presos y otros son acusados de haber sido cooptados por el Gobierno. Este último caso puede servir de antecedente para los nuevos grupos de autodefensas en Michoacán, a quienes ahora el gobierno federal dice apoyar. Es cierto que las policías comunitarias en Guerrero surgen subordinadas a un proyecto político más amplio, orientado a garantizar la autonomía de los pueblos indígenas sobre sus territorios (al igual que en el municipio de Cherán en Michoacán, donde la población se levantó en armas en 2011), y se diferencian de los nuevos grupos armados que se expandieron con el único fin de correr al cártel dominante en la región. El aparente apoyo federal con el que cuentan ahora estas autodefensas, que incluye su registro ante el Estado, podría revertirse en el futuro, tal como ocurrió en Guerrero, donde tras un primer reconocimiento legal que incluyó financiamiento, el gobierno estatal terminó criminalizando a las policías comunitarias.

Paramilitarismo

Los Estados de Chiapas, Michoacán y Guerrero –con sus diferencias– concentran al 77% de las autodefensas existentes en el país según el criterio y las cifras oficiales (el resto de los grupos está disperso en al menos otros ocho Estados). Casi todas operan en zonas rurales empobrecidas y muchas se encuentran en conflicto con el crimen organizado o directamente nacieron como respuesta a éste, principalmente desde las comunidades indígenas. En todos los casos se trata de fenómenos hasta ahora sin punto de comparación con las llamadas autodefensas de Colombia, conformadas como estructuras paramilitares financiadas por grandes ganaderos y empresas, y apoyadas directamente desde el Estado, siendo las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia –formadas en 1996– las más conocidas. Estos grupos fueron creados para combatir tanto a las organizaciones guerrilleras como a todos los agrupamientos políticos o sociales de izquierda, con métodos mafiosos. Lejos de enfrentar a los cárteles del narcotráfico, controlaban –y controlan– parte del negocio de la producción y venta de droga. Verdaderos conjuntos fascistas, las autodefensas colombianas han devenido en lo que el actual gobierno de Juan Manuel Santos denomina ahora como “bandas criminales”, cuyos métodos de extorsión y modos de operar se asemejan mucho a los de los cárteles narcotraficantes.

Fuente: http://americaxxi.com.ve/revista/articulo/105/p-jaque-al-estado-en-m-eacute-xico-p

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