Límites de la estrategia política del PT
Malestar en una cultura de grandes reformas
06/08/2013
- Opinión
Impacto: tras las masivas manifestaciones de junio el gobierno del PT ensayó respuestas de corto alcance. Anuncios de inversiones en salud y transferencias de dinero a municipios no pudieron revertir la caída en la popularidad de Dilma Rousseff, a 14 meses de las elecciones presidenciales de 2014. La propuesta de plebiscitar una reforma política, prioridad de la Presidente, quedó estancada en el Congreso: la rápida y atinada respuesta de Rousseff fue neutralizada por los parlamentarios. Los sindicatos salieron a escena con menos impacto del esperado.
Pasó el temblor. Pero nada quedó como antes. La multiplicación de manifestaciones en plena Copa de Confederaciones de fútbol puso en jaque a los gobiernos estadales y a la propia Dilma Rousseff. Donde se esperaba algarabía y clima de festividad, a doce meses de la Copa Mundial en Brasil, primó lo contrario: protestas masivas y continuadas en un centenar de ciudades con la intervención de unas dos millones de personas en las calles.
Lo sabe la Presidente, que vio caer en un mes su popularidad entre 20 y 28 puntos según encuestas de opinión difundidas por la prensa en julio. Y esto ocurre a un año de las elecciones presidenciales.
Es el momento más difícil del Partido de los Trabajadores (PT) en su relación con las masas desde la asunción de Lula al poder el 1 de enero de 2003. En 2005 afrontó un enorme desprestigio tras la develación del pago de coimas mensuales a parlamentarios para garantizar su apoyo al Gobierno, pero jamás debió soportar movilizaciones sociales masivas en su contra.
Rousseff buscó dar respuestas a las demandas sociales con una propuesta de reforma política que presentó al Congreso el 2 de julio, basada en cinco puntos que pretende se plebisciten en las elecciones presidenciales de 2014: fin de la financiación privada de las campañas electorales; adopción del voto distrital para las elecciones legislativas; fin de las suplencias parlamentarias; fin de las coaliciones partidarias; y anulación del voto secreto de los legisladores. Pero sufrió un revés en el Congreso. Partidos aliados y hasta legisladores del PT se opusieron a su iniciativa. El presidente de la Cámara de Diputados, Henrique Eduardo Alves (PT), propuso instalar una Comisión para “discutir el proyecto”, cuya creación quedó suspendida. Y afirmó que es imposible alcanzar los votos necesarios para aprobar antes de octubre la consulta popular, requisito necesario para que pueda realizarse junto a los comicios de 2014. El Partido del Movimiento Democrático Brasileño (Pmdb), ex principal enemigo y hoy aliado del PT, que cuenta con la mayor cantidad de legisladores, fue uno de los principales opositores al proyecto.
Tras el rechazo del Congreso, la Presidente volvió a defender el llamado a un plebiscito desde Brasilia durante una reunión del Consejo de Desarrollo Económico y Social el 16 de julio: “La reforma es importante porque se trata de valores que queremos ver implantados en la vida pública y en el proceso de representatividad”. Argumentó que las respuestas más claras que se le pueden dar al país en este momento son “mejorar el nivel de representación y la actividad política”, a la que se le debe dar “mayor transparencia”. Y consideró que las pancartas en las manifestaciones “pedían más ética, más democracia, más oportunidades para el pueblo de ser oído. Todo eso pasa por una reforma política”. Ante la arremetida opositora, Rousseff aclaró que “nadie pidió la vuelta al pasado”, sino “más derechos, más democracia y más conquistas sociales”.
La reforma política fue uno de los “cinco pactos nacionales” que la Presidente propuso el 24 de junio a los 27 gobernadores y 26 alcaldes de las ciudades capitales. Los otros cuatro fueron llamados a la responsabilidad fiscal y el control de la inflación, así como a dar prioridad a la salud, educación y el transporte público.
Dos días después los parlamentarios aprobaron un proyecto de ley que destina el 100% de las regalías obtenidas por la explotación de los nuevos yacimientos de petróleo para la educación y la salud. El 8 de julio, Rousseff anunció un programa que dispone la contratación de profesionales extranjeros para reducir la falta estimada de 54 mil médicos en la salud pública, que recibe el 4% del gasto del PIB y atiende al 68% de la población. El objetivo es que trabajen en las regiones más pobres del país. También anunció para 2014 la construcción de seis mil nuevos centros de salud. Para responder a los problemas en el transporte público, se anunció la elaboración de un Plan Nacional de Movilidad Urbana y se tomaron algunas medidas de corto alcance, especialmente reducciones impositivas.
Una de las decisiones más publicitadas fue el anuncio de la transferencia de 3 mil millones de reales (1.360 millones de dólares) a los 4.700 municipios del país, en dos cuotas: una a saldar en agosto y otra en abril de 2014. Pero el ministro de Hacienda, Guido Mantega, aclaró que los gastos corrientes del Estado se recortarán en 7 mil millones de dólares, aunque sin afectar “las inversiones ni los servicios sociales”.
Un mes después de las protestas el ex presidente Lula da Silva buscó explicar al mundo las razones del estallido social desde un artículo publicado por The New York Times: “Los jóvenes, conectados a través de los medios sociales, sus ágiles dedos en su celular, han tomado las calles para protestar en varias partes del mundo”, dice el texto, donde sostiene que las protestas “reflejan la necesidad de ampliar la democracia y aumentar la participación ciudadana; de renovar la política, acercándola más al pueblo”. Con derroche de optimismo consideró que las manifestaciones fueron “el resultado de los éxitos sociales, económicos y políticos alcanzados los últimos años”.
Sindicatos en escena
Casi un mes después que irrumpieran masivas manifestaciones en un centenar de ciudades del país, las centrales obreras, el Movimiento Sin Tierra (MST) y otras organizaciones, a pesar de las diferencias que existen entre ellas realizaron una jornada de protesta conjunta el 11 de julio. En todos los Estados se registraron paros parciales de trabajadores en fábricas y Bancos, también en algunas escuelas, universidades y hospitales. Pero lo que más se notó fueron los cortes de calles y autopistas, así como la paralización del transporte público.
El llamado “Día Nacional de Luchas” marcó algunas reivindicaciones comunes entre las centrales obreras: reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales; rechazo a un proyecto de ley que busca permitir a las empresas ampliar el número de trabajadores subcontratados y a otro que dispone la disminución de ingresos para las jubilaciones prematuras; demanda de inversión del 10% del PIB en educación y de otro 10% en salud. Pero también expuso las diferentes opiniones sobre el Gobierno: mientras la Central Única de Trabajadores (CUT) salió a apoyar el plebiscito para la reforma política que impulsa sin éxito Rousseff y cerró filas con el PT, desde Fuerza Sindical denunciaron la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores durante el actual gobierno y advirtieron que si no hay respuestas a las demandas irán a una huelga general en agosto.
La CUT, ligada al PT, nuclea a casi dos millones 700 mil afiliados de 2.169 sindicatos, mientras Fuerza Sindical, ligada al Partido Demócrata Laborista –PDT– tiene poco más de un millón en 1.680 sindicatos, siendo su base principal los trabajadores metalúrgicos de San Pablo. Ambas centrales protagonizaron la jornada de movilizaciones con otras seis: UGT (850 mil afiliados), CTB (695 mil), Ncst (611 mil), CSB (242 mil) Cgtb (226 mil) y CSP/Conlutas (178 mil afiliados).
La acción conjunta de las centrales sindicales tuvo el impacto más fuerte en ciudades como Belo Horizonte, Porto Alegre y algunas urbes del Estado de Paraná, donde las principales fábricas automotrices pararon todas sus actividades. En Río de Janeiro los empleados bancarios (CUT) encabezaron las protestas y en San Pablo se organizó el acto central que concluyó la jornada, al que asistieron unas 10 mil personas en una concentración menor a la prevista.
Aunque las movilizaciones contrastaron con la masividad de las protestas que estallaron en junio (en total se movilizaron unos 100 mil trabajadores en todo el país según datos de las centrales obreras), lograron el objetivo de paralizar gran parte de las actividades en ciudades principales del país. Resta ver si sus demandas logran torcer los proyectos empresariales, que hasta ahora han prevalecido en la agenda del Gobierno.
Mientras tanto, las señales de la economía preocupan a Rousseff. La producción industrial cayó en mayo en 9 de los 14 polos productivos un 2% en promedio y la inflación (6,7% anual) comienza a general malestar entre los brasileños.
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