La historia del conflicto entre los mega-proyectos multinacionales y los pueblos Indígenas en Guatemala ya se conoce bien.  Se ha vuelto tan frecuente que la mayoría de medios de comunicación parecen tener un artículo de archivo que simplemente re-publican cada vez que surge un nuevo conflicto y usualmente se refiere a un grupo pequeño de agitadores que impedían el progreso, hostigaban la población, operaba fuera de la ley, etc., etc.

Estos conflictos parecen seguir un estandarte prefabricado; un guión ensayado una y otra vez y que resulta del patrón que nace del matrimonio de la demanda mundial de una civilización de consumo, la avaricia de corporaciones multinacionales que obedecen la mantra económica de rentabilidad a todo costo y de un Estado racista, corrupto, y oligarca. 

Ya conocemos los caracteres de esta novela: un pueblo indígena arraigada a un territorio ancestral rico en recursos naturales; una empresa minera, hidroeléctrica, agro-industrial, petrolera, etc. que codicia esos recursos; y un Estado que reclama estos recursos como bienes de dominio público que traerán el desarrollo a la nación y riqueza a sus propias arcas.

También conocemos la trama de la historia.  La empresa llega con engaños y promesas ilusorias, el Estado interviene a favor de la empresa, después la militarización, las órdenes de captura contra líderes comunitarios, y tal vez hasta algunos muertos. Al final, la empresa queda con la suya: contratos de 50 años asegurando su bendita rentabilidad a cambio de unos cuantos regalías a la comunidad local (una escuela pintada con el logo de la empresa es lo más común) y unos acuerdos dudosos con el Estado que permitirá algún funcionario público comprar su quinta casa de lujo en la playa. 

Así se desenvuelve esas historias en Guatemala.  Lamentablemente, casi nunca se escucha sus verdaderos desenlaces: los pueblos mayas humillados, pisoteados, viviendo entre las desastres ambientales que dejan estos proyectos, su dignidad como sujetos de derecho enterrada debajo de los mitos del progreso y desarrollo, las tan anheladas márgenes de ganancia, y un colonialismo violento que se extiende hasta el presente. 

La historia ya está escrita y se repite una y otra vez.  El autor invisible que asegura la inmutabilidad del guión es el mismo sistema político de Guatemala—históricamente oligarca y actualmente obedientemente subordinado a las reglas de juego impuesto por la economía globalizada.  Pero de vez en cuando, por accidente o por la acumulación de tanta energía derramada en la lucha tenaz e incansable de los caracteres olvidados de la historia, se crea una pequeña fisura en estas historias escritas en piedra.  Estas fisuras cambian el texto y la trayectoria de la historia así permitiendo que se vislumbre otro tipo de conclusión. 

En el caso del pueblo Ixil de Cotzal, la fisura se abrió dentro de las paredes de mármol del tribunal más alto del país—la Corte de Constitucionalidad (CC).  Esta corte históricamente cumplía su rol de justificadora judicial del estatus quo político, económico y social de Guatemala.  Hace apenas un año, cumplió con este rol al negar el genocidio cometido por el ejército en contra de la población Ixil. 

Su metodología de voto mayoritario (de una magistratura de 5 o 7 jueces) aseguraba que la justicia seguía fielmente los mandatos de una oligarquía que consolidaba su control sobre la designación de la mayoría de los magistrados de la CC.  De esta forma se permitía la concesión de nombrar uno o dos magistrados “izquierdistas” para ejercer en las cortes más altas del país así manteniendo la pantalla de una democracia abierta mientras aseguraba que su influencia no pasaba de escribir sus opiniones disidentes a las decisiones judiciales decididas por los magistrados casados con la oligarquía y el Estado. 

Por alguna razón, una fisura se abrió en este sistema en el caso del pueblo Ixil de Cotzal.  Hace 3 años, las autoridades ancestrales de Cotzal impusieron un amparo en la CC alegando la violación de su derecho a ser consultado por parte del Estado y la empresa TERSA, empresa distribuidora de energía producida por la hidroeléctrica Palo Viejo de la multinacional ENEL.  Alejandro Maldonado, el actual vice-presidente elegido por el CACIF, dio vuelta a la cuidadosamente construida estructura de poder dentro de la CC y votó a favor del pueblo de Cotzal junto con los magistrados Gloria Porres y Mauro Chacón.  Por primera vez, el Estado de Guatemala reconoció el derecho de los pueblos indígenas a ser consultado sobre los mega-proyectos en su territorio ancestral. 

Tal vez Maldonado simplemente se confundió su voto.  Tal vez tuvo un mal día y no leyó el caso.  Tal vez su voto resultaba de alguna oscura lucha de poderes dentro de la CC. Tal vez algo del argumento del pueblo de Cotzal le tocó su razón o su corazón.  Lo que sea la razón, votó a favor de la comunidad Ixil de Cotzal y desde la CC, la máxima autoridad judicial en el país, salió un fallo histórico que reconoció el derecho de la consulta de los pueblos indígenas de Guatemala. 

Este fallo además dio razón a la legitimidad de las autoridades ancestrales indígenas cuya autoridad había sido burlada y rechazada por empresas multinacionales y el mismo Estado guatemalteco.  Además, accedió que la relación indígena con la tierra sobrepase conceptos de simple propiedad privada para incluir conceptos de colectividad territorial que nace de cosmovisiones y paradigmas muy distintos a lo occidental. 

El fallo rechazó la afirmación del Estado que “consulta” era sinónimo de divulgación de información al rechazar la posición del Estado que la publicación de la licencia de un mega-proyecto en un diario nacional se constituía un proceso de consulta.  El documento del fallo de la CC constituye así un verdadero tesoro en materia de derechos de los pueblos indígenas; un documento sin precedentes que tiene la capacidad de sentar precedentes importantes para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala. 

Si el fallo representa una decisión tan importante e histórica, ¿por qué casi nadie se ha escuchado de ello?  ¿Por qué ha recibido cero atención mediática? Obviamente no conviene al Estado ni a la oligarquía que este fallo sale a luz nacional.  También, el hecho de que el fallo de la CC coincidió en tiempo con las revelaciones de corrupción del CICIG y al subsecuente terremoto social y político ocultó la importancia del fallo.

Pero también el hermetismo e invisibilidad relacionada con el fallo resulta de la completa incompetencia de las instituciones del Estado.  Dentro del fallo, los magistrados de la CC proponen un camino o proceso para realizar el proceso de consulta. La propuesta del proceso de consulta es necesaria, argumenta la CC, porque en 20 años el gobierno de Guatemala se ha mostrado su incapacidad y renuencia de reglamentar e implementar el derecho de consulta de los pueblos indígenas. 

Partiendo de las recomendaciones de James Anaya, ex relator de los pueblos indígenas de la ONU, la CC recomienda que deba haber primero un proceso de pre-consulta con diversos sectores de la sociedad para crear las reglas de juego de la consulta.  La consulta en sí, según la CC, involucrará solo 3 actores, el Ministro de Energía y Minas, la empresa TERSA, y la comunidad indígena de Cotzal (no la Municipalidad). 

El objetivo de este proceso de consulta, según el fallo de la CC, es “la disolución de factores de polarización y a propiciar el acercamiento de perspectivas y posturas que desemboque en la cristalización de acuerdos satisfactorias para todos los interesados.” Se exhorta que el proceso de consulta se realice en un periodo no mayor a 6 meses. 

Aquí es donde se queda al descubierto la incompetencia del Estado de Guatemala.  La CC nombra el Gabinete de Pueblos Indígenas como la entidad gubernamental para preparar y llevar a cabo la consulta. Exige al Ministros de Energía y Minas y de Ambiente (MEM y MARN) que manden toda documentación relacionada con el proyecto de TERSA en Cotzal al Gabinete de Pueblos Indígenas para que se informe sobre el caso y posteriormente convoquen las partes interesadas a la pre-consulta. 

Todo eso ocurrió hace 3 meses.  En el transcurso de estos 3 meses, no se ha escuchado absolutamente nada del Gabinete de Pueblos Indígenas ni de ninguna otra entidad del gobierno.  La estrategia de silencio del gobierno parece intentar relegar este fallo histórico a quedarse como un documento bonito e interesante, pero nada más.  La falta de diente que exige que se cumpla con la decisión de la más alta corte del país demuestra la disfuncionalidad del Estado de Guatemala. 

Entonces quedamos con la pregunta: ¿Qué hacer con este documento histórico, importante y sin precedente? Una opción sería de ponerlo en un cuadro sobre la pared como un símbolo y un recuerdo de aquella vez cuando el Estado de Guatemala finalmente respetó los derechos de los pueblos indígenas—en palabra si no en acción. 

La otra opción, y la más urgente y necesaria, es que los pueblos indígenas, como siempre, toman el protagonismo en la defensa de su dignidad y de sus derechos.  Si se espera que el Estado accione sobre la resolución de la CC, se quedará esperando la justicia otros 500 años y la fisura que se abrió con este fallo rápidamente se volverá a cerrar como un hueso fracturado que se vuelve a osificar. 

Hay que aprovechar de estas pequeñas fisuras que exponen la vulnerabilidad del sistema Estado-oligarquía.  Especialmente ahora en medio de la tumultuosa crisis política provocada por “La Línea” y el IGSS y tantos otros actos de corrupción, los pueblos indígenas tienen que aprovechar la coyuntura para reivindicar justicia por los casos de corrupción, discriminación, despojo y violencia sistémico que les afectan desde hace 5 siglos. 

El fallo de la CC que reconoce y defiende el derecho del pueblo Ixil a la consulta es, entre otras cosas, una oportunidad para lograr la tan anhelada unión de ciudad y campo, ladino e indígena.  Las manifestaciones que están barriendo todo el país deben ir más allá del descontento ladino y capitalino con un sistema político corrupto.  Es una oportunidad para que la gente de la ciudad se una a las luchas históricas y centenarias de los pueblos indígenas.  La fisura que representa el fallo de la CC debe ser una plataforma para seguir exigiendo la creación de un Estado que verdaderamente reconoce, respeta y defiende los derechos de los pueblos indígenas.