Para los pueblos indígenas de Guatemala que buscan reivindicar su autonomía es necesario avanzar en la construcción de un Estado Plurinacional que respetará la soberanía territorial de cada uno de los pueblos de Guatemala.  Pero, ¿cómo se construye una nueva relación con el Estado un pueblo indígena que históricamente ha sido pisoteado por ese mismo Estado?

Lo más fundamental es de comenzar adentro fortaleciendo las autoridades ancestrales y tradicionales y reconstruyendo las estructuras de autonomía comunitaria.  Construir una nueva relación con el Estado implica no depender de ese Estado sino tener las estructuras organizativas propias para vivir soberanamente.    

El pueblo Ixil ha estado metido en este proceso desde hace 15 años, emergiendo del Conflicto Armado con una determinada audacia de reconstruir el tejido social arruinado a través cinco siglos de invasiones y el genocidio cometido por el ejército en la década de los 1980´s.  Desde la firma de los Acuerdos de Paz, el pueblo Ixil ha estado reconstruyendo las diversas instituciones, organizaciones y colectividades ancestrales y novedosas que permiten un ejercicio de su autonomía. 

A nivel política, las autoridades ancestrales comunitarias se han restituidas como los dirigentes de la vida comunitaria orientando al pueblo en la gobernanza de sus territorios.  A nivel municipal, las Alcaldías Indígenas se han formado como voceros de las comunidades en la defensa del territorio y en el enfrentamiento con las políticas de explotación del Estado.  A nivel jurídico, estas mismas autoridades están retomando su rol ancestral de administradores de justicia comunitaria.

La Universidad Ixil nació hace unos años como un esfuerzo de reivindicar la epistemología propia del pueblo Ixil.  Busca valorar el conocimiento propio de los ixiles, desmentir la supuesta superioridad del conocimiento occidental, y renovar la tan importante transmisión del conocimiento de anciano a joven que asegura la continuidad de este conocimiento.  También se han emprendido impulsos para revalorar y consolidar la agricultura campesina como estilo de vida propio y digno. 

No es suficiente, sin embargo, confinar los esfuerzos solamente a la edificación de la autonomía territorial de los pueblos indígenas.  También es necesario exigir cambios dentro del Estado que muy insólitamente esté dispuesto a los cambios que buscan el fortalecimiento de un Estado Plurinacional. Por eso, es necesario buscar aliados dentro de este Estado despótico quienes estén dispuestos a refundar esa relación.  Tampoco hay que caer en la tentación fatalista de considerar que todos dentro del gobierno están en contra de los pueblos Indígenas.  Al encontrar estos aliados, hay que exigir la institucionalización del respeto mutuo que sería la base de esta nueva forma de relacionarse. 

En el caso del pueblo Ixil, se ha encontrado dos aliadas en posiciones de mucha influencia dentro del Estado Guatemalteco.  Estas aliadas son Thelma Aldana, fiscal general de la nación y Gloria Porras, presidenta de la Corte de Constitucionalidad.  En sus respectivas instituciones, tanta Aldana como Porras comienzan a afianzar los fundamentos de una nueva forma de relacionamiento con los pueblos indígenas en Guatemala. 

Este naciente respeto, sin embargo, no es solo simbólico ni coquetería sin diente.  Tanta Aldana como Porras, en los últimos meses, han firmado instrumentos que crean importantes precedentes legales para la nueva forma de relacionamiento entre el Estado y los Pueblos indígenas de Guatemala.

Es importante y alegórico que la apertura a la construcción de un país pluricultural en este momento ocurre dentro de las instituciones de justicia de Guatemala.  La justicia guatemalteca históricamente ha sido la herramienta más utilizada en contra de los pueblos indígenas de Guatemala.  La Reforma Liberal de Justo Rufino Barrios, para nombrar solo un ejemplo, usó la “ley” para expropiar grandes extensiones de tierra de los pueblos indígenas para favorecer los grandes terratenientes de café.  Hoy, sin embargo, por fin se está construyendo una nueva legalidad que reconoce los derechos y la autonomía de los pueblos indígenas. 

¿Cómo son estas aperturas hacia un país pluricultural que están floreciendo dentro de la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público de Guatemala?

Gloria Porras, presidenta de la Corte de Constitucionalidad, logró pasar un fallo histórico a un amparo presentado por la Alcaldía Indígena del municipio de Cotzal.  Las comunidades indígenas de Cotzal alegaron en este amparo que no habían sido consultados por el Estado ni por la empresa en un proyecto de transmisión de energía producida por una mega-hidroeléctrica también construida sin previa consulta. La Corte de Constitucionalidad, por voto mayoritario, falló a favor de las comunidades indígenas de Cotzal, reconoció su derecho de ser consultado sobre el modelo de desarrollo que se construye en sus territorios ancestrales, y exigió al Estado Guatemalteco realizar una consulta al pueblo Ixil de Cotzal. 

 Esta decisión, sin embargo, no solo reconoció y defendió el derecho de la consulta del pueblo Ixil.  Dentro de la redacción del fallo, también aparece una legitimación de las autoridades ancestrales ixiles.  Según la CC, las “instituciones como las municipalidad o alcaldías indígenas—distintas de las corporaciones municipales previstas en la ley ordinaria—dimanan de la tradición histórica de los pueblos originarios cuyo antecedente se remonta a la época colonial y su estela se extiende hasta tiempos contemporáneos…son percibidas como tradicionales e importantes autoridades locales….El hecho de que Cotzal cuente con Alcalde electo…no excluye la posibilidad de (autoridades tradicionales)”.    

También reconoce que la relación entre los pueblos indígenas y sus territorios ancestrales sobrepasa una relación únicamente de propiedad privada. Otra vez la CC: “La consulta…debe ser configurada en conexión con…la exigencia de distinguir y proteger la singular significación que entraña para los pueblos indígena el vinculo con la tierra… (con sus) valores espirituales de esos pueblos que reviste su relación con las tierras o territorios que ocupan….La relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento materiales y espiritual.”

En el caso del Ministerio Público, Thelma Aldana, la fiscal general de la nación, visitó el pueblo Ixil el 22 de junio para acompañar el día que el pueblo Ixil conmemora el fusilamiento de 7 principales por renegar el trabajo forzado exigido por el dictador ubico.  El propósito de su visita era para firmar una Carta de Entendimiento de Coordinación y Cooperación entre el Ministerio Público y el Consejo de Autoridades Indígenas Ixiles.

Esta carta surge del reconocimiento de la fiscal general de las formas autóctonas de administración de la justicia del pueblo Ixil y consiente la necesidad de coordinar los esfuerzos entre dos entidades de justicia que existen equivalentemente en la Región.  La carta se compone de siete compromisos que incluyen la instalación de una mesa de trabajo que promoverá el intercambio de experiencias y la coordinación de un proceso de formación y capacitación para profundizar el conocimiento de los fundamentos y procesos propios de ambos sistemas de justicia con el objeto de mejorar la atención ciudadana de las comunidades.  Por primera vez, una máxima entidad de justicia de Guatemala reconoce y respeta otro sistema de justicia y autoridad que existe fuera de las instituciones tradicionales del Estado. 

La señora Aldana firmó este convenio no solo porque es una responsabilidad ética y legal del Estado de Guatemala de reconocer y respetar las formas ancestrales de justicia de los pueblos originarios.  También firmó el convenio porque un estado pluricultural que acepta y celebra diversas formas de ejercicio de la justicia es un estado más funcional.    

Miguel de León Ceto, secretario de la Alcaldía Indígena de Nebaj, explicó la funcionalidad del sistema de justicia ancestral en la Región Ixil así:

“Nuestro sistema de justicia funciona porque conocemos a nuestros vecinos.  Si hay un malhechor en nuestra comunidad, no puede esconder sus actos porque las autoridades lo conocen como un vecino. La gente que comete crímenes o delincuencia en las comunidades de la Región Ixil muchas veces prefieren ir con el juez o el Ministerio Público porque saben que es más fácil engañar al juez o el investigador del Ministerio porque ellos no le conocen de la misma forma que la autoridad comunitaria que es su vecino también.  Lo que pasa en nuestras comunidades es que muchos malhechores tienen miedo de acudirse a las autoridades (de justicia) tradicionales porque saben que ellos conocen sus vidas y sus prácticas”.

De León Ceto se refiere al tema de la intimidad o cercanía comunitaria que existe en las aldeas comunitarias que posibilita una efectiva administración de justicia.  Dentro de las comunidades y aldeas Ixiles, la gente se conoce.  Se conoce lo bueno y lo malo que cada quien hace y eso cohesión y proximidad comunitaria permite que la justicia sea eficiente y efectiva.  A nivel del Estado, sin embargo, la justicia se aleja de esta proximidad comunitaria.  El juez o el fiscal no conocen el entorno comunitario y por eso es más fácil para tergiversar los hechos. 

De esta forma, el convenio firmado entre el Ministerio Público y las autoridades ancestrales ixiles, no solo es un paso hacia el respeto gubernamental de los derechos de los pueblos indígenas, sino también un avance para el mejoramiento del sistema de justicia en todo el país. 

El reto del convenio es demostrar la veracidad de las palabras del fiscal Aldana: “Guatemala es un país multiétnica y multilingüe…Nos debemos respeto mutuo; tenemos que coexistir y coordinar acciones para construir un mejor país…Este convenio abre camino para la coordinación entre el Ministerio Público y los Pueblos Indígenas…y solo con esta coordinación podremos avanzar hacia la paz social.”

Un estado plurinacional y plurietnica que reconoce la autonomía de los pueblos Indígenas y celebra la diversidad no solo beneficia a los pueblos indígenas sino también es fundamental para que el país pueda avanzar hacia la tan anhelada paz social.  Los niveles de violencia en el país demuestran claramente que hasta ahora el sistema “oficial” de justicia no ha sido adecuado para construir la paz social en Guatemala. 

Imaginemos un Estado que abraza la diversidad y plurinacionalidad.  Dentro de unos años, el Ministerio Público podría facilitar un intercambio entre líderes comunitarios de un barrio violento de la Zona 18 y autoridades ancestrales ixiles.  En este intercambio, las autoridades ancestrales ixiles compartirían sus esfuerzos históricos en la administración de la justicia comunitaria.  Explicarían, como hizo el señor Miguel de León, como la proximidad comunitaria permite una justicia más eficiente y efectiva.  Compartirían las formas como se aprovechan de la proximidad e intimidad comunitaria para ejercer una justicia eficaz, firme y equitativa.  Aquellos líderes del barrio de la zona 18 regresarían a sus comunidades y en coordinación con el Ministerio Publico y la Policía construiría sus propias estructuras de justicia comunitaria en coordinación con el Estado. 

Solo es un ejemplo iluso, pero demuestra las posibilidades que existen cuando un Estado intenta construir políticas que permiten que florezca la diversidad y la pluriculturalidad.  La nación Ixil avanza en esta importante tarea de construir un país que se abre a la riqueza de experiencias que nacen de la particularidad de cada pueblo.  Es un avance que no solo le beneficia a su pueblo, sino a todo el país.